Urbanismo de obra pública vs agente urbanizador

En el diario Expansión aparece un artículo intitulado "Vivienda implanta la gestión privada del suelo pese a la oposición de la UE", en el que se observa las imprecisiones e incoherencias con que se tratan las previsiones que se contienen en la nueva ley de urbanismo.

En efecto, en Expansión hablan de gestión privada del suelo cuando lo que realmente se quiere potenciar es el urbanismo de obra pública por medio de la figura del agente urbanizador....

Volveré a hablar del tema cuando disponga de más tiempo

http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/economia_europea/es/desarrollo/930688.html

La nueva legislación institucionaliza la figura del agente urbanizador en todo el Estado. La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por la falta de garantías de esta figura, incluida en la normativa valenciana.

La nueva Ley del Suelo que ha impulsado el Ministerio de Vivienda se puede encontrar con un nuevo obstáculo. Después de tres años de debate institucional y empresarial sobre la reforma de la normativa de 1998 –con numerosas enmiendas de los grupos parlamentarios y la participación de los agentes del mercado inmobiliario en el debate– la ley puede generar un nuevo conflicto entre la Comisión Europea y el Gobierno.La preocupación de Bruselas surge porque la reforma generaliza la ejecución privada de los planes urbanísticos por medio de un agente no propietario de suelo, como sistema público de gestión indirecta.

Aunque, finalmente, el proyecto de ley admite que la legislación autonómica regule la tradicional gestión privada, esto puede dar lugar a que en algunas regiones se reconozca la iniciativa privada y el derecho a urbanizar de los dueños de los terrenos (promotoras inmobiliarias) y en otras no. Así, se rompería el principio constitucional de igualdad ante la ley, al tener el derecho de propiedad contenidos distintos en cada autonomía.Así lo considera el abogado urbanista del despacho de abogados Garrigues, Francisco Perales.

La figura jurídica supone una revolución en la normativa estatal, aunque varias comunidades ya la han incluido en sus legislaciones para agilizar el mercado del suelo ante el escaso dinamismo de las transacciones. La novedad estriba en que los propietarios de suelo tendrán derecho a promover la transformación del terreno de su propiedad y a presentar en el ayuntamiento el correspondiente plan parcial.

Pero, transcurrido el plazo que estipule la ley, entra en escena el agente urbanizador: ante la inactividad de los propietarios, cualquier persona física o jurídica podrá ejercitar su derecho a promover la transformación del suelo en régimen de libre competencia, presentando al consistorio una propuesta de actuación.

Ésta no es una figura nueva. De hecho, la creó la ley valenciana de 1994 y, precisamente, ante los positivos resultados que arrojó, el resto de las regiones han ido introduciéndola en sus marcos jurídicos, aunque con denominaciones diferentes.

Pero la Comisión considera que esta figura “no garantiza los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia” del proceso urbanístico, por lo que decidió abrir un expediente al Gobierno regional.

Tras un largo proceso de acusaciones y alegaciones, Bruselas tenía previsto adoptar en marzo la decisión de trasladar el conflicto al Tribunal de Estrasburgo, según confirmaron fuentes comunitarias. No obstante, la decisión de la Comisión se espera ahora para el mes de abril, a no ser que el Gobierno –único interlocutor válido ante Bruselas y encargado de la defensa de las comunidades autónomas en Estrasburgo– “presione al organismo comunitario para solventar fuera del ámbito judicial el incumplimiento de la legislación de contratación pública por parte de la norma valenciana”, explican las fuentes consultadas.Conflictos con la UE.

Por lo tanto, la nueva Ley del Suelo estatal, cuya elaboración ha capitaneado la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, podría generar otro conflicto con el Ejecutivo comunitario.

De hecho, algunas regiones gobernadas por el PSOE con leyes similares a la normativa valenciana (como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura) son partidarias de que la Comisión no siga adelante con un proceso judicial que duraría años y que pondría en tela de juicio la práctica urbanística nacional.

Por su parte, fuentes del Gobierno valenciano critican la “falta de apoyo” del Ejecutivo ante la batalla legal con Bruselas; sobre todo cuando la intención de Moncloa es generalizar esta figura.

Las inmobiliarias creen que dinamizará el mercado de suelo. El caso de la compañía inmobiliaria Astroc es paradigmático para explicar las posibilidades de desarrollo de la figura del agente urbanizador en España. Las acciones de la empresa subieron un 413% al cierre de 2006, tras sólo seis meses de cotización, lo que convirtió a Astroc en la mejor inmobiliaria, la mejor empresa de la Bolsa y la Oferta Pública de Venta (OPV) más rentable de las realizadas durante el pasado año. La empresa saltó al parquet en julio con una valoración inicial de 776 millones de euros. Al cierre de 2006 la capitalización se había multiplicado por cinco, hasta los 3.981,09 millones de euros. El presidente de Astroc, Enrique Bañuelos ha asegurado que “importantes grupos” han manifestado su interés por tomar participaciones significativas en Astroc y que la figura del agente urbanizador, creada en la Comunidad Valenciana, ha imprimido “mucho progreso” y ha supuesto una importante experiencia para gestionar “bien” proyectos globales. Esta medida ha sido vista con buenos ojos por otros operadores. “Uno de los principales problemas con que nos encontramos son los plazos. El agente urbanizador podría paliar en este problema, en cuanto su papel fundamental es impulsar desarrollos urbanísticos que permitan la creación de nuevos solares para viviendas”, apunta Julián Salcedo, director general de Mapfre Inmuebles.

Una oficina agilitza la recollida dels residus electrònics a les deixalleries municipals

http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=422150

Aquest dilluns, 2 d'abril, entrarà en funcionament l'OFIRAEE, una oficina virtual de coordinació logística per a la gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) procedents de les deixalleries i altres centres d'emmagatzematge municipals. Aquesta oficina és resultat d'un conveni marc signat entre els sistemes integrats de gestió (SIG) i l'Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els municipis interessats a gestionar els seus residus elèctrics i electrònics mitjançant l'OFIRAEE han d'adherir-se a aquest conveni. L'OFIRAEE rep les peticions de recollida de RAEE quan els ens locals ho sol·liciten i les deriva al SIG que els pertoqui. L'oficina disposa d'una eina informàtica que gestiona automàticament els processos logístics per retirar els RAEE acumulats a les deixalleries i altres centres municipals.

Arran del Reial decret 208/2005, sobre RAEE i la gestió dels seus residus, els productors d'aparells elèctrics i electrònics són responsables d'assegurar-ne una gestió respectuosa amb el medi ambient. Amb l'entrada en funcionament de l'OFIRAEE, els productors compleixen les obligacions que marca la directiva europea pel que fa a la gestió de residus. A més, es traspassa aquesta responsabilitat de l'Administració als productors. Per aprofitar processos logístics, minimitzar costos, homogeneïtzar processos i aprofitar sinergies, els productors s'agrupen en sistemes integrats de gestió (SIG). A Catalunya operen vuit SIG: les fundacions ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC, ECO-RAEE'S, i TRAGAMÓVIL, i l'associació AMBILAMP, que són, juntament amb les administracions públiques, qui promouen l'OFIRAEE. El repte dels productors d'aparells elèctrics i electrònics és aconseguir la seva implantació definitiva en el conjunt de l'Estat espanyol, prevista per al segon trimestre de 2007. Per això és necessària l'autorització dels SIG per part de les comunitats autònomes. A Catalunya estan autoritzats actualment vuit SIG. D'altra banda, fora de Catalunya s'està desenvolupant una prova pilot al municipi de Vitòria-Gasteiz, als municipis manxecs d'Almansa i Ciudad Real, i a diversos municipis d'Andalusia i de la Comunitat Autònoma de Madrid. L'objectiu principal: la recollida universal Aquest sistema assegura el principi de recollida universal que estableix el Reial decret 208/2005, al qual els SIG i l'OFIRAEE donen resposta. Aquest principi de recollida universal exigeix a tots els operadors logístics de l'àmbit del reciclatge de RAEE que recullin sense excepció a totes les deixalleries i altres punts d'emmagatzematge municipals del territori català i espanyol i que en retirin tots els RAEE. La creació d'OFIRAEE respon, a més, a una sèrie de necessitats i objectius que planteja el repte de la recollida selectiva dels residus elèctrics i electrònics a un abast més general.

Contra el desierto. Antonio Muñoz Molina.

MUY INTERESANTE NÚMERO 311 (ABRIL 2007).

España desde el aire es un secarral creciente, jalonado de grúas, parques acuáticos y clubes de golf. Por contra, en el pobre y mísero Níger, los campesinos han logrado reverdecer el paisaje plantando con paciencia miles de ejemplares del gao, un árbol autóctono cuyas raíces fijan el nitrógeno a la tierra.Cada vez que vuelve uno a España desde latitudes más benignas el primer impacto visual que recibe es el de la extensión de los paisajes desérticos. Suele estar amaneciendo cuando el avión que ha cruzado el Atlántico atraviesa en diagonal la Península en dirección a Madrid: con la primera claridad azulada, lo que se ve desde la ventanilla son llanuras desiertas, serranías peladas, torrenteras secas. Algún campo de cultivo verdea muy débilmente: se ven a veces copas solitarias de árboles en medio de la extensión vacía, o manchas de bosque repoblado de un verde polvoriento. Y cuando el taxi lo lleva a uno del aeropuerto hasta la ciudad, la desolación, ya de cerca, se vuelve abrumadora: el aeropuerto, tan de última moda, tan reluciente de caprichos decorativos de arquitecto y de sugestiones tecnológicas más o menos fantasiosas, tiene algo de base futurista instalada en un planeta lejano y hostil a la vida, un planeta de geología trágica en el que el agua y el reino vegetal quedaron abolidos hace millones de años. No hay nada en esas laderas secas, en esos desmontes cruzados en ocasiones por la cicatriz de un torrente seco. Un amigo me asegura que en esos parajes marcianos que rodean la nueva terminal del aeropuerto de Madrid se extrae la tierra para esos recipientes en los que los gatos domésticos hacen sus necesidades. ¿Entre tantos ingenieros, arquitectos, paisajistas, a nadie se le ha ocurrid o l a c o n v e - niencia de plantar un solo árbol? El país entero, con raros oasis en sus márgenes, es un desierto creciente laminado de asfalto y de urbanizaciones ilegales, un horizonte en el que a veces se vislumbran como temblorosos espejismos bosques no de palmeras sino de grúas, y en el que a la clase política, de vez en cuando, se le ocurre como máxima hazaña ecológica abrir un parque acuático o inaugurar un campo de golf, de modo que la poca agua disponible se pueda despilfarrar más rápidamente. España, país de tantas identidades virulentas, entrecruzado cada vez más por fronteras interiores, es, visto desde el aire o simplemente desde un coche, un desierto casi unánime, de fealdad creciente, de suburbios que proliferan sin orden y parques industriales en medio de la nada. Miro el desierto pardo desde la ventanilla del avión que toma altura y un poco después, en la primera página del periódico en el que me sumerjo queriendo olvidar las horas de vuelo que me quedan por delante, veo imágenes que me recuerdan este mismo paisaje, tomadas desde mucha más altura, desde un satélite: son dos fotos, una de un desierto apenas sin matices y la otra de un territorio que parece el mismo pero que está marcado por manchas como pequeños lunares, algunas más extensas que otras, tan cerca a veces que llegan a formar una sola espesura. Son fotos de uno de los países más pobres y más secos del mundo, Níger, exactamente de su franja sur, que es donde se concentra la población.
La máxima gesta ecológica de la clase política es inaugurar campos de golfLa primera foto de satélite es de hace treinta años: la segunda es de ahora mismo. En este tiempo, a pesar de la sequedad creciente del clima y del crecimiento de la población, algo inusitado ha ocurrido en Níger. El desierto, en vez de avanzar, ha retrocedido. Se han plantado más de tres millones de hectáreas de árboles y se han recuperado para la agricultura, es decir, para el verdor y la vida, extensiones de tierra áspera batidas hasta hace poco por tormentas de arena y amenazadas por el avance de las dunas. Y todo eso sin grandes planes de regadío, apenas sin ayuda internacional. Los campesinos, en vez de arrancar los brotes espontáneos de árboles cuando labraban la tierra, decidieron recobrar la antigua sabiduría de respetarlos y cuidarlos. Comprendieron lo que tantas veces ha ignorado el labriego arboricida español, que el árbol no es un competidor, sino un cómplice. Cuidaron una especie local que casi se había extinguido, el gao, cuyas raíces fijan el nitrógeno a la tierra. Rodeaban cada brote nuevo de una pequeña poza y desviaban ligeramente las líneas de sus sembrados de legumbres. Plantaron baobabs. Decidieron que era más útil cortar sólo las ramas necesarias para la poda, en vez de talar un árbol entero para hacerlo leña y no tener nada cuando la leña hubiera ardido. El gao pierde sus hojas justo en la estación de las lluvias, con lo cual no compite por el agua con los sembrados, y las hojas, además, son un fertilizante natural. Las raíces sujetaban la humedad de las escasas lluvias y también evitaban las inundaciones súbitas y la pérdida de la tierra fértil que habría sido arrastrada con ellas. El equilibrio sigue siendo muy delicado, desde luego, y la agricultura es de subsistencia, en un país con una media de siete hijos por familia. Pero el rumor del agua y la sombra fresca y el verde de las vegetación devuelven a los seres humanos una intuición de paraíso que habían perdido.

EL PAÍS 01.04.07. Collserola: cuenta atrás para ser parque natural

El nuevo estatuto que se está pactando reforzará la prohibición de construir en la sierra metropolitana
JAUME BAUZÀ - Barcelona - 01/04/2007
Es inminente. Las administraciones han decidido coger el toro por los cuernos y declarar la sierra de Collserola parque natural. Esta denominación le otorgará mayores dosis de protección frente al acoso del ladrillo.

Collserola concentra a su alrededor casi la mitad de la población de Cataluña

La Generalitat aún tiene en proyecto construir dos vías que atravesarían la sierra
El documento base se publicará en el Diaro Oficial de la Generalitat en menos de un mes. Después se abrirá un periodo para que entidades vecinales y ecologistas presenten alegaciones. Según fuentes del departamento de Medio Ambiente, Collserola será parque natural antes de que finalice este año. "El proceso es muy complejo, pero los principales escollos ya se han superado", señala el director de Medio Natural, Joan Pellicer. "Ya hemos llegado a un acuerdo con casi todos los municipios colindantes con la montaña para trazar los límites del futuro parque", añade.

Las 8.836 hectáreas de la sierra de Collserola se ubican en medio de nueve municipios que concentran unos 4,5 millones de personas, casi el 50% de la población de toda Cataluña. Ayuntamientos y Generalitat ya han pactado los límites del recinto. Sólo falta Barcelona. "Hemos pedido a Medio Ambiente que considere marcar una franja de transición entre la ciudad y el parque. Creemos necesario establecer una zona colchón para preparar a la montaña ante el acceso de los ciudadanos. En ese área habrían centros de información y equipamientos similares, y tendría la consideración de parque urbano", explicó Ricard Fayos, director técnico de Urbanismo e Infraestructuras del Consistorio barcelonés.

Collserola siempre ha sido un bocado muy apetitoso para los amantes del ladrillo. Pero desde la década de los ochenta, 7.400 hectáreas están incluidas dentro del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), una fórmula que le ha otorgado una protección especial frente a los excesos urbanísticos. Por tanto, la verdadera amenaza para la montaña está en sus faldas, más cercanas a los núcleos de población.

"Gracias a la lucha que hemos mantenido los vecinos todos estos años, la situación en la sierra no es dramática", indica Pilar Nieto, portavoz de la plataforma cívica en defensa de Collserola. Y lanza una advertencia: "No daremos nuestra aprobación a un parque natural que sea una mera operación de imagen. Queremos la absoluta prohibición de construir".

Pero la urbanización no constituye ya una amenaza real para la sierra, indican otras fuentes. El PEIN protege casi el 90% de su superficie. Y el año pasado Collserola se integró en la Red Naturaleza 2000, una distinción de la Unión Europea que se concede a espacios naturales de especial valor ecológico, al tiempo que les confiere mayor protección. "La denominación de parque natural no va a impedir edificar, porque ya no se puede. Debemos entenderlo como un título que le va a dar un mayor valor ecológico", afirma Fayos.

Queda claro que los nueve municipios ubicados a lo largo del perímetro de Collserola renunciarán a crecer a costa de la sierra. Sin embargo, todavía hay algunos problemas no resueltos. Los usos urbanísticos de la montaña están regulados por el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976, que permitió el crecimiento de núcleos de viviendas en la montaña.

La amenaza inmobiliaria ha seguido vigente y hasta el momento las administraciones han solventado la papeleta comprando esos terrenos para luego recalificarlos como suelo forestal, o negociando con los propietarios una permuta de solares. "La declaración de parque natural es incompatible con edificar nada. Si nos encontramos con un particular que no quiere vender, habrá que solucionarlo en los tribunales", explicó Joan Pellicer.

Los departamentos de la Generalitat mantienen posturas contradictorias. Desde Medio Ambiente se insiste en que el parque quedará blindado frente a la edificación. Pero Obras Públicas va en otra dirección: "Se aplicarán criterios más rigurosos a la hora de conceder licencias, pero se permitirá un cierto crecimiento urbanístico y la construcción de algunas infraestructuras necesarias", señalaron fuentes del departamento que dirige Joaquim Nadal.

De hecho, el Plan de Infraestructuras 2006-2026 del Ejecutivo autónomo planea la construcción de un túnel que conectaría Horta y Cerdanyola. También de una carretera que uniría Molins de Rei, Sant Cugat, Cerdanyola y Montcada i Reixach, más conocida como vial de cornisa. Ambos proyectos, que datan de los años ochenta, atravesarían la sierra. Sin embargo, ningún equipo de Gobierno se ha atrevido a ejecutarlos hasta el momento.

Vecinos, asociaciones cívicas y administraciones llevan años centrando su atención sobre las construcciones. Pero quizá se han descuidado problemas que a la larga pueden ser tan graves para la fauna y flora de la sierra. La contaminación, el aislamiento y los incendios que se repiten casi cada verano ponen en serio peligro la colonia de rapaces, jabalíes, tejones, encinas, robles y pinos que habitan la sierra. Lluís Cabañeros, técnico medioambientalista del parque, subraya otro problema, tal vez el más importante: "Cada año nos visitan cerca de tres millones de personas. Luchamos para que eso no afecte al ecosistema y que Collserola no se convierta en un parque urbano".

18 hectáreas más para la montaña
El Ayuntamiento de Barcelona ha convertido en los últimos seis años 185.000 metros cuadrados de superficie edificable en Collserola en suelo forestal o zona verde.

Para ganar todo ese suelo, el Consistorio ha aplicado diferentes fórmulas legales: recalificar terrenos urbanizables a suelo forestal o negociar con los propietarios la permuta de terrenos para edificar en otro lugar.

La actuación más comprometida se desarrolló en Pedralbes, donde el Ayuntamiento recalificó como terreno forestal una franja de suelo de 62.000 metros cuadrados situada entre la montaña y la ciudad. "Con aquella intervención corrimos un riesgo jurídico muy grande", recuerda Ricard Fayos. "Pero era necesario para impedir el avance de los edificios hacia la sierra.

Desde 2001 el Ayuntamiento ha impulsado nueve actuaciones de este tipo. Esta política de parches obedece a que el Plan General Metropolitano, de 1976, está desfasado. Este documento, que regula los usos urbanísticos en la sierra, se redactó en pleno desarrollismo y es muy permisivo con la edificación.

Qui dona més!?... ERC quiere el metro en toda el área metropolitana

Arriben les eleccions...

ERC quiere el metro en toda el área metropolitana

La Vanguardia, 01.04.07

BARCELONA.

Jordi Portabella, de ERC, quiere mejorar la red de transporte público de Barcelona y sus alrededores. Para ello, propone un único metro para cubrir toda la región metropolitana. "El metro es el mejor sistema de transporte de Barcelona y su área metropolitana, pues cuenta con una gran capacidad, es rápido, económico y no contaminante", asegura Portabella. "Queremos que el metro llegue a Vilanova, Vilafranca, Manresa, Igualada, Mataró", comenta el líder de ERC. Y ello requeriría un presupuesto mínimo anual de 200 millones de euros.

Treinta años de Hábitat I: ya basta con el modelo neoliberal de las ciudades!

Construir otras ciudades es posible por un nuevo pacto social urbano basado en los habitantes. La quiebra del modelo neoliberal sobre las ciudades.A treinta años de celebrada la primera Cumbre Mundial “Hábitat I”, en Vancouver los pobladores, los ciudadanos del mundo, constatamos un retroceso muy marcado de las condiciones de vida así como de los derechos inalienables que tenemos todos sus habitantes. Al cabo de este tiempo no se ha cumplido ni siquiera de manera muy parcial con los objetivos y metas allí trazadas: el 15% de la población mundial está bajo desalojo a causa de las inversiones extranjeras en los países endeudados o en transición hacia la economía de mercado (como el caso de Karachi, Mumbai, New Delhi y Istanbul), las privatizaciones del sector y la liberalización del mercado inmobiliario (en gran parte de Europa, Rusia incluida, y EE.UU.), por limpiezas étnicas (desde la ex Yugoslavia hacia el Reino Unido), ocupaciones y guerras (Palestina y otras), especulaciones humanas sobre los desastres naturales, como en el caso del Tsunami y de New Orleans. Este muestra que ha fracasado también el objetivo n.º 11 de las Metas del Milenio de las Naciones Unidas que establece que tienen que ser mejoradas las condiciones de las viviendas de 100 millones de personas para 2020. Siendo realistas esta previsto que, en cambio, habrá 700 millones de chabolistas más. La principal razón de ello ha sido el fracaso de las estrategias facilitadoras y subsidiarias que asignaron el principal rol en materia de hábitat y desarrollo urbano al mercado, que debía auto-regularse y corregir los desequilibrios existentes. Lejos de mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de las mayorías de las ciudades, la globalización neoliberal ha traído nuevos problemas derivados de la mercantilización de los territorios y los servicios esenciales, y del dispendio de recursos vitales agotables como es el caso del agua. Este fenómeno está llevando a una pérdida acelerada de identidad de las comunidades humanas y de sus territorios, a una mayor segregación y marginalización de los habitantes de menores recursos, a la violación de derechos fundamentales de la persona y colectivos tales como la vivienda y la participacion, al alza indiscriminada de los precios del suelo urbano, a la puesta en marcha de desalojos masivos, y a la eliminación de contrapesos y regulaciones elementales, que caen derrumbados ante el embate de los grandes capitales. Junto con todo ello, las políticas neoliberales y los programas de ajuste estructural han alentado la privatización de los servicios públicos en todo el mundo y la transferencia de obligaciones elementales a las comunidades locales, ya sea a través de los gobiernos locales o de la comunidad organizada, circunscribiéndose el Estado a una labor subsidiaria insuficiente y a la focalización de las políticas de asistencia para atender a los más pobres, cuyo número sin embargo se ha incrementado en todas partes en el último decenio. Hoy día las inequidades son mucho más profundas a tal punto que ha sido puesta en cuestión la “gobernabilidad” de las ciudades donde crecen con fuerza cada vez mas dos mundos relacionados pero distintos: el formal y el informal, que crecen con sus propias normas, con sus propios códigos. En este contexto la idea de basar las políticas públicas en la formalización de los informales por medio de la simplificación de normas administrativas, y con la progresiva desaparición de la referencia al "derecho a la vivienda” también en los textos de UN-Hábitat, es de una superficialidad o ingenuidad impresionante. El imperio del capital en las ciudades del tercer mundo, no puede sino terminar modelando en ellas la espeluznante premonición que hiciera George Orwell en su famoso “1984”: ciudades policíacas donde se controla a millones de individuos miserables que sobreviven con gran dificultad en los alrededores de la ciudadela oficial. Sólo quienes no conocen las penurias que padece la gran mayoría de la población urbana en los países llamados en desarrollo, tales come en Lima, Sao Paulo, Mexico D.F., Buenos Aires, Abuja, Nairobi, Harare, pueden encontrar esta afirmación como exagerada. Y en lo que se refiere a las ciudades del “primer mundo”, o en transición hacia la economía de mercado, cualquier observador externo puede percatarse del proceso acelerado de “tercer mundialización” que experimentan año a año, no sólo debido a la migración creciente sino al propio deterioro de sus condiciones de existencia, a la creación de ghettos, que dieron origen por ejemplo, a las recien revueltas de la población joven de los barrios pobres de París, y de los habitantes de Bejing en contra de las destrucciones debidas a los Juegos Olimpicos. Y observamos también cómo ciudades históricas expulsan a sus habitantes y pierden el dinamismo de la vida en comunidad, tales como Venecia, Rennes, o Aachen, vaciándose de significado y hasta de contenido. Llamado para un nuevo pacto social urbano El desarrollo armónico de las ciudades, el respeto de los derechos fundamentales de las personas y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones, exige hoy más que nunca el establecimiento de un nuevo pacto social urbano que concierne a todos (associaciones de habitantes y movimientos sociales urbanos, autoridades locales y gobiernos, investigadores militantes y otros operadores) compartiendo principios (vivienda y ciudad como derechos, intervención pública, sustentabilidad, igualdad y no discriminación). En este pacto la autonomía y las diferencias de los actores deberian ser consideradas como parte de la soluccion de los problemas, no como problemas de cancelar por el mercado y la policia. Por lo tanto, este nuevo pacto social urbano implica ponerse de acuerdo en torno: al significado, material y simbólico, que tiene la ciudad para sus habitantes, para la región, para el país, para el mundo; a principios comunes que hagan viable una vida civilizada en su interior, con equidad de género y económica, en paz, con armonía y con sabiduría para administrar los conflictos como recursos. Entre otros: • Respeto de los derechos individuales, collectivos en/de la ciudad • No discriminación racial, social, economica y de genero • Carácter colectivo de los bienes públicos • Papel fundamental del sector publico y de la participacion para regolar y controlar el mercado • Limitaciones de la propiedad de acuerdo a las necesidades y a los intereses del conjunto, sobretodo en materia de bienes escasos como son el agua o la tierra. • Planificación participativa del desarrollo • Democracia local y subsidiariedad activa En lo que se refiere específicamente a la vivienda y al desarrollo urbano, se debe tener en cuenta que los problemas urbanos y de hábitat tienen características específicas de acuerdo a cada realidad concreta, y que – por lo tanto – el planteo de soluciones debe ser flexible, adaptado a las circunstancias, con un enfoque que parta de lo local y de las necesidades de mejoramiento que existen en cada territorio, y deben ser diseñadas con participación activa de los habitantes y sus organizaciones y no a espaldas o en nombre de ella. La aplicación de políticas uniformes de vivienda que promueven los organismos multilaterales y que no pueden ser modificadas por los países “beneficiarios”. Pero para ello es necesario que los estados nacionales, sobre todo en los países del sur, tengan posibilidades de contar con los recursos necesarios para que los programas adecuados a las necesidades reales de la gente tengan posibilidades de hacerse realidad. Desde esa perspectiva los movimientos sociales hemos estado proponiendo medidas prácticas tales como la imposición a las transacciones inmobiliarias especulativas y la creación de fondos populares para el mejoramiento de la vivienda, por ejemplo mediante fondos provenientes de la cancelación de la deuda externa. Sobre estas bases hacemos un llamado a Hábitat NNUU a acercarse a la gente, a renovar su vocación de servicio y su sensibilidad social, a dejar de lado filosofías privatistas y su fe inconmensurable en el mercado que tanto daño le ha hecho a los más pobres. En este treinta aniversario de Hábitat I, proponemos empezar un nuevo camino de diálogo en el que de una vez por todas se escuche realmente la voz de los habitantes, los verdaderos hacedores de las ciudades que hoy no tienen voz. Construir el espacio unitario de los movimientos sociales urbanos: hacia la Asamblea Mundial de los habitantes Este llamado será más fuerte a todos los niveles si los habitantes deciden conquistar los espacios y la legitimidad que le han sido negadas. Por lo tanto reforzamos la propuesta, lanzada durante el Foro Social Mundial, de construir el espacio unitario de las asociaciones y los movimientos sociales urbanos, que cuenta hasta ahora la adhesión de más de 200 organizaciones de más de 30 países: intercambio de experiencias, elaboración de estrategias comúnes, campaña de solidaridad global como la Campaña Desalojo Cero. Por lo tanto lanzamos un llamado a todos, organizaciones y redes, a organizar unitariamente en todo el mundo las Jornadas Mundiales Desalojos Cero y por el derecho a la vivienda (octubre de 2006) con ocasión del Worl Hábitat Day de UN-Habitat. Éstas serán una ulterior etapa para reforzar la voz de los habitantes frente a las contrapartes, pieza fundamental en la construcción de la Asamblea mundial de los Habitantes, de construir con los ritmos de los barrios, del nivel local/nacional/continental, que debería dar vida a la Via Urbana. Vancouver, 19-23 de junio de 2006

Alianza Internacional de Habitantes. Hacia los Estados Generales europeos por el derecho a la vivienda y la ciudad 2007

Recibidos en la sala de Honor del ayuntamiento de Bobigny (Francia), una cincuentena de representantes de asociaciones de habitantes, sindicatos de inquilinos, movimientos sociales, ONGs, incluso de representantes de las fuerzas políticas progresistas procedentes de siete países, se reunieron el 2 de febrero de 2007 con motivo de la propuesta de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), de la Red de Representantes electos y de Autoridades locales Progresistas de Europa (REALPE) y de la Asociación Nacional de los Representantes Electos Comunistas y Republicanos (ANECR), para dar continuación al llamamiento de los Estados Generales europeos a favor del derecho a la vivienda lanzado durante el FSE de Atenas.

Luchas, iniciativas y respuestas para los 18 millones de personas mal alojadas en la Europa del libre mercado. Sobre la mesa, la urgencia de vivienda, que afecta a unos 18 millones de personas en el continente europeo, de los cuales 3 millones carecen de vivienda. Esta es una situación que se agrava por el impacto provocado por la liberalización del mercado inmobiliario y las privatizaciones del sector de la vivienda social. Después del discurso de apertura de André Chassaigne, presidente de ANECR heredero del legado de Bernard Birsinger, Cesare Ottolini (AIH y Unione Inquilini) ha subrayado la importancia de los intercambios internacionales con el fin de conocer mejor los aspectos de la crisis de la vivienda, así como las iniciativas de lucha y las propuestas de alternativas. Sobre estas bases, se podrá crear una plataforma común entre actores que, conservando su propia autonomía, comparten el principio del derecho a la vivienda y de la necesidad de la intervención pública en el sector, y esto también a nivel internacional. Haciendo mención a los acuerdos tomados durante el FSE, Cesare Ottolini ha precisado que el objetivo era por lo tanto el de reforzar la dinámica con vistas a la organización de los Estados Generales europeos para el derecho a la vivienda en otoño de 2007. En la primera parte de la reunión se analizaron las situaciones actuales de cada uno de los países. David Incertis, de la Plataforma por una Vivienda Digna, ha señalado cómo principalmente los jóvenes, se movilizan de forma masiva en España desde hace algunos meses, para reivindicar el acceso a la vivienda. Los precios inaccesibles debidos al "boom" inmobiliario, incontrolables por el abandono de este sector por parte del estado, son posteriormente incrementados por la corrupción urbanística que alimentan los sectores en el poder, incluidos los partidos políticos. Con respecto a Italia, tres intervenciones distintas mostraron los daños de la liberación del Estado: Paolo Gangemi (PRC) ha denunciado la falta de una política de vivienda a pesar de la crisis que afecta a unas 600.000 personas amenazadas de desalojo. De ahí la necesidad de relanzar la lucha a todos los niveles, movimientos e instituciones incluidas. Simona Panzino (Action) ha anunciado la creación de un “Ministerio del derecho a la vivienda” en el edificio ocupado el día antes en Roma, como respuesta autogestionada y de lucha, frente a un gobierno de centro-izquierda que se supone debía aportar respuestas. Luisa Calimani (Rete Architetti Città Amica) indicó los daños del libre mercado en las ciudades. Las 350.000 viviendas construidas en Italia en 2006 no impiden el aumento de la precariedad, razón por la cual la cuestión deberá ser tenida plenamente en cuenta dentro del marco de la planificación urbanística. Carine Clement, de la Unión de Coordinación de los Soviet Rusos, explicó los efectos de la reforma del código de vivienda y las privatizaciones del sector, que afectan a millones de personas, sobretodo a las de mayor edad y a las económicamente débiles, las cuales han comenzado a movilizarse ya en varias ciudades. Movilización que resulta incluso más difícil, pero tan necesaria también en Polonia, declaró Kamila Siedlecka, miembro del Colectivo Rojo-Izquierda- Alternativa, que denuncia la ejecución de 4.000 desalojos en 2005 debidos al boom de los alquilieres provocado por la privatización del sector. J. Pierre Giacomo y Jacques Tiset, de la CNL, la mayor organización de inquilinos de Francia, han subrayado su negativa a la “marchandisation” del alquiler y a la precariedad, y, por ello, la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado como apoyo del derecho de los habitantes a permanecer, es decir a conservar su vivienda, con el fin de desarrollar un verdadero servicio público de vivienda. Por otro lado, el representante de Enfants de Don Quichotte, movimiento que acaba de entrar recientemente en escena por sus tiendas de campaña rojas que albergan a centenares de sin techo a orillas del Sena, ha señalado que la movilización ha sido capaz de hacer reaccionar, especialmente reflejado en el debate sobre el “derecho oponible” a la Vivienda. Por el contrario Joseph Jones, de la Thames Valley Gipsy Associations, ha denunciado la abolición de la ley que obligaba a las autoridades locales a establecer los emplazamientos para los campamentos de nómadas en el Reino Unido, hecho que pone en peligro de expulsión a decenas de millares de personas, y a comunidades enteras como en el caso de Dale Farm. Además Denis Uvier, de Solidarités Nouvelles, ha relanzado la importancia de los vínculos internacionales, para lo cual expuso las iniciativas sobre la requisa de viviendas vacias en Bélgica, incluso la Campaña Desalojos Cero y los campamentos de los sin techo que han tenido que levantar recientemente debido a las amenazas. Construir juntos las próximas etapas hacia Bruselas, otoño de 2007. La segunda parte del encuentro fue más política, con la presentación por parte de Marie- Noëlle Lienemann, antigua ministra de Vivienda en Francia, de la proposición de resolución sobre la vivienda en la agenda del Parlamento Europeo. El texto, juzgado de insuficiente también por Patrick Alexanian, provocó el apoyo de los diputados GUE-NL en el parlamento europeo, ya que se trata de insertar el derecho a la vivienda oponible en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que será presentada de nuevo en 2008 bajo la presidencia de Francia. Por consiguiente la vivienda accesible, que no es alcanzable por la ley de mercado propuesta por la directiva Bolkestein que será aplicada ampliamente a este sector, sería alcanzable a través del desarrollo de un servicio público de la vivienda. Y Olivier Tric d´ATTAC, ha vuelto sobre la cuestión de la financiación del sector, lo que será posible tener en medida suficiente con la introducción de una tasa europea sobre las edificaciones y el suelo libre a causa de la especulación. Con respecto a la autoridades locales, Lysiane Alezard de l´ANECR y REALPE ha confirmado su compromiso, recientemente relanzado también por el FAL durante el FSM de Nairobi, de cara a la puesta en marcha de los Estados generales de la vivienda, así como de dispositivos innovadores, como las ordenanzas anti-desalojos. Finalmente, los participantes aprobaron una declaración que compromete a cada uno a trabajar en la ampliación de esta dinámica siguiendo unas pautas compartidas. Los primeros éxitos se obtuvieron al día siguiente: más de 300 participantes en los terceros “Etats généraux” franceses en el mismo ayuntamiento de la ciudad-mundo de Bobigny. Próxima etapa, otoño 2007, los Estados Generales Europeos de la Vivienda y la ciudad: en Bruselas.

AVUI 04.04.07. Els ajuntaments no podran vetar l'obertura d'abocadors

Els ajuntaments no podran vetar la instal·lació d'abocadors de residus, incineradores, ecoparcs o deixalleries fent servir el procediment clàssic de denegar la llicència municipal. Tampoc es podrà rebutjar aquest tipus d'instal·lacions amb recursos legals com la modificació del pla urbanístic municipal o al·legant que la instal·lació es troba en terreny no urbanitzable.

Senzillament, la futura llei reguladora de residus farà desaparèixer el tràmit de llicència municipal i determinarà que abocadors, ecoparcs o deixalleries es construiran allà on determini el nou pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus, una figura que aprovarà el govern per decret.

La supressió dels entrebancs urbanístics i municipals que sovint afecten els projectes de gestió de residus és l'apartat més destacat de l'avantprojecte de llei de modificació de la llei reguladora de residus elaborat pel departament de Medi Ambient i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). L'avantprojecte va ser aprovat la setmana passada, en primera instància, pel consell tècnic del govern i serà sotmès aquest mes al dictamen preceptiu de la Comissió de Govern Local (on es troben les entitats municipalistes). El projecte podria ser aprovat pel govern aquesta mateixa primavera perquè se'n pugui fer de manera immediata la tramitació parlamentària.

El projecte de llei de residus especifica que el planejament urbanístic ha de preveure "les reserves de sòl necessàries per a l'execució de les instal·lacions de gestió de residus previstes". A més, "es declara d'utilitat pública i interès social, als efectes de la legislació d'expropiació forçosa, l'establiment o ampliació d'instal·lacions d'emmagatzematge, valorització i eliminació de residus".Teresa Lahuerta, cap del servei jurídic de l'ARC, considera que l'objectiu de la modificació de la llei de residus no és impedir la participació ciutadana o el control municipal sinó "optimitzar la planificació que el Govern fa respecte a la gestió dels residus".

Per a quan uns NOTARIS SENSE FRONTERES? :-O EL PAÍS 05.04.07. Fronteras

JOAN SUBIRATS 05/04/2007

Si uno se asoma al buscador más celebre y le ordena hurgar en el término fronteras lo que más sobresale en sus primeras páginas es la cantidad de gentes, grupos y colectivos que se autodenominan "sin fronteras". Por supuesto médicos, pero también arquitectos, veterinarios, bomberos, payasos, ingenieros, economistas, reporteros, educadores, danzantes, discapacitados e incluso galgos, presentan orgullosos sus credenciales sinfronteristas. Todo esto indica a buen seguro, la voluntad de expresar su solidaridad, sus ansias de colaborar con otros seres más allá de las fronteras trazadas por el orden internacional. La sensación sería "por encima de muros, banderas, alambradas, mares o culturas, nos sentimos parte de una misma humanidad, que sufre de manera parecida percances, miserias y contratiempos".

Pero, como contraste, estos días y a raíz del culebrón de Endesa y sin que medie campeonato de fútbol alguno, hemos visto renacer de nuevo "el sentido patrio" y fronterizo más auténtico. Sin recato alguno, especialistas y comentaristas nos hablan de "los intereses de España", "de los campeones nacionales" (para referirse a empresas aparentemente patrióticas), de lo que "han ganado los italianos a los alemanes", o que "España ha hecho el ridículo en los mercados internacionales". Cuando, desde mi modesto entender, lo poco auténticamente comprensible del largo proceso de las opas ha sido que, al margen de banderas y lazos de consanguinidad, el dinero une mucho más que el pasaporte.

Me resulta ciertamente patético el final de este intrincado asunto. Unos hablando de perspectivas estratégicas del país y de sus gentes, cuando de lo que están queriendo hablar es de la revalorización increíble de sus activos. Otros hablando de la importante labor del Gobierno en este tema, al preservar los intereses nacionales, cuando ya nadie sabe qué lengua hablan ni qué bandera lucen los que acaban llevándose el gato al agua de la compra.

El índice del IBEX español está llegando a límites históricos nunca alcanzados, pero no tenemos ni idea de si eso indica lo bien que vamos todos o sólo algunos, de si estamos mejor que ayer y peor que mañana o al revés. Hablamos de "migrodólares" o de "migroeuros", pero no nos permitimos abordar los problemas de las "migropersonas". Las instituciones financieras pugnan por atraer los mayores porcentajes de las remesas de emigrantes, pero no mueven ni un dedo para invertir en los países de origen, considerados "inseguros" e "inestables". En 1999 se podía leer que "la inversión de los fondos españoles en el resto de las bolsas de la unión monetaria se duplica cada tres semanas". Ocho años después el ritmo sigue igualmente frenético en esa especie de "OSG" (organización sin gobierno) que son los "brokers sin fronteras". El desequilibrio es tremendo. Frente al dinero que campa a sus anchas por todo el planeta, cualquier otro aspecto de la vida en el que uno necesite o quiera desplazarse por el mundo, todos son trabas, límites, fronteras. ¿Hemos de seguir aceptando esa enorme disparidad y contradicción? ¿Hemos de seguir aceptando que la movilidad planetaria del dinero es natural y la movilidad de las personas es insegura y artificial? Sobre todo, cuando tenemos pruebas evidentes de que la aparente libertad de movimientos del mercado es de todo menos natural y virginal. Todos meten mano en ello. Países, Gobiernos, banderas y comisiones reguladoras llenas de manuales del buen gobierno. ¿Dónde están las fronteras que tan fervorosamente alzamos entre mercado y política cuando nos conviene, y que pudorosamente ocultamos si resulta que al final nos beneficia?

Lo que parece cierto es que cuando hablamos de fronteras hablamos de límites no siempre reales. Hablamos de barreras levantadas entre personas que responden a criterios muy aleatorios. Hablamos de una metáfora que ha causado terribles consecuencias. Levantamos fronteras entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores, entre blancos y negros, entre ricos y pobres, entre los de dentro y los de fuera, entre los que comen cerdo y los que no lo comen, entre los que creen en nuestro Dios y aquellos que tienen otro o simplemente prefieren no tener ninguno. Y más allá de todo esto, hemos creado la peor de las fronteras: la frontera entre las personas y las no personas. Estamos rodeados de fronteras mentales y materiales. Físicas y psíquicas. Culturales y sociales. Queremos saber más o tener más, para poder así superar nuestras propias limitaciones, nuestras propias fronteras. Pero cuanto más sabemos o más tenemos, más conscientes somos de los nuevos límites que nos rodean. Y así, dibujamos fronteras cada vez más cercanas, como si la única seguridad la pudiésemos encontrar quedándonos solos o aislados en esa residencia de Sitges de alto standing a la que se acaba de autorizar para que alce nuevas fronteras en lo que antes era espacio público. Vivimos en una época sin fronteras en Internet, en las Bolsas o en las ideas. Pero vivimos también cada vez con más fronteras que separan culturas, saberes y voluntades. Levantamos muros que resultan patéticos cuando nadie se los acaba creyendo. Organizamos el mundo en fronteras, pero son cada vez más los que cruzan y traspasan fronteras haciendo turismo o simplemente tratando de sobrevivir. Reconocemos que la creatividad está en la frontera y la mezcla. Pero sólo aceptamos esta realidad cuando hablamos de música o de comida, y casi siempre consideramos inadmisibles o inasimilables a las personas que cantan estas canciones o cocinan estas comidas. "Personas sin fronteras" sería la organización por crear cuando aceptamos que toda frontera interna o externa nace con nosotros y acabará con nosotros. Y eso simplemente equilibraría un poco el actual despelote del dinero sin fronteras.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Manifestación 21 abril: "Frente al cambio climático, menos CO2"

Aquest és un missatge de la Xarxa de ciutadans contra el canvi climàtic.

Hola a Tod@s,
Ante el alarmante fenómeno de cambio climático que está viviendo nuestro planeta, y del que la actividad humana constituye la causa principal, la Red de Ciudadanos Contra el Cambio Climático os invita a participar en la manifestación del próximo 21 de abril, cuyo eslogan será "Frente al cambio climático, menos CO2". La manifestación, cuyo manifiesto se incluye más abajo, reclamará la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

La manifestación se desarrollará en Madrid, entre la Plaza de Jacinto Benavente y el Museo Reina Sofía. Esperamos contar con vuestra asistencia.

Un saludo.

Susana León

Area Desarrollo Sostenible

sostenible@mpdl.org

Movimiento por la Paz,

MPDLC/ Martos nº15

Madrid 28053

TF: 914 297 644

fax 91-429-73-73

QUOD VITAE SECTABOR ITER!!!! AVUI 02.03.07. L'àrea del Mediterrani, gran perdedora del canvi climàtic

Comença a Brussel·les la nova reunió d'experts sobre impacte social i ambiental de l'escalfament Sequeres, falta d'aliments i catàstrofes naturals, principals amenaces
Joaquim Elcacho

Les pluges cada vegada més irregulars faran créixer, al mateix temps, el risc de sequera i les inundacions catastròfiques a l'àrea mediterrània. L'agricultura haurà de fer front a canvis molt importants i deixarà de ser rendible a moltes regions a causa de la falta d'aigua i l'augment de l'erosió. Zones naturals de gran importància, com els aiguamolls i les àrees costaneres, es veuran seriosament alterades per l'increment del nivell del mar. Aquests són alguns dels punts que estudiarà a partir de demà i fins a dijous a Brussel·les el Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (GIECC). Si el mes de febrer passat el grup I del GIECC va donar a conèixer a París l'actualització de les dades sobre els coneixements científics del canvi climàtic i les seves causes, a partir de demà el grup II d'aquest col·lectiu d'experts creat per l'ONU revisarà a fons els impactes, la capacitat d'adaptació i la vulnerabilitat dels sistemes socio-econòmics i naturals davant el canvi del clima. Document de treball.

L'esborrany de document que han elaborat els experts reitera que el canvi climàtic és un repte sense precedents per a la humanitat i la major part dels ecosistemes del planeta. Al mateix temps, la proposta de resolució certifica que les modificacions que ja s'han començat a detectar a la Terra tindran efectes especialment crítics en les comunitats humanes més pobres i en les espècies naturals i hàbitats més sensibles. Al continent europeu, les regions més afectades seran la mediterrània i les regions àrtiques. Per contra, algunes de les regions riques del centre i el nord del continent es podrien beneficiar de l'increment de les temperatures, amb més possibilitats d'èxit per a sectors com el turisme i l'agricultura. Himàlaia sense glaceres

En el conjunt del planeta, si no hi ha una actuació política decidida per evitar-ho, l'escalfament global provocarà que entre 1.100 i 3.200 milions de persones pateixin de falta d'aigua potable en l'horitzó de l'any 2080. En aquest període, entre 200 i 700 milions de persones es veuran afectades per l'escassetat d'aliments, segons s'apunta en el document que s'estudia a partir d'avui a Brussel·les.

Entre les previsions més negatives, l'esborrany de resolució del GIECC preveu que l'Himàlaia perdrà quatre cinquenes parts de l'extensió de les seves glaceres en només 20 anys. Aquest procés provocarà un increment de les inundacions catastròfiques i una disminució tràgica dels recursos d'aigua per als milions de persones que viuen de l'agricultura i la ramaderia al peu d'aquesta cadena de muntanyes.

ES POSSIBLE MILLORAR L'ACCESSIBILITAT ALS POLÍGONS. El Punt, 21.3.07. Girona. Només un 1% dels desplaçaments als polígons urbans de Girona es fan amb

Només un 1% dels desplaçaments als polígons urbans de Girona es fan amb transport públic. Els sindicats diuen que la freqüència de pas dels autobusos no és l'adequadaNomés un 1% dels desplaçaments als polígons urbans de Girona, Mas Xirgu iDomeny es fan amb transport públic, mentre que un 11% es realitzen a peu oen bicicleta i un 88% són en vehicle privat. El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, va demanar ahir més «conscienciació» i implicació dels empresaris, mentre que CCOO i UGT van dir que no es tenen en compte els treballadors per establir horaris i freqüències. Aquest tema es vatractar en una jornada de seguiment de l'acord estratègic. L'assessor del pla de mobilitat de Girona, Ole Thorson, manté que caldriaincidir en els aparcaments privats que hi ha als polígons per desmotivarl'ús del cotxe privat i a la vegada fomentar l'ús del transport públicentre els treballadors. El secretari per a la Mobilitat considera que elproblema bàsic és de conscienciació, tot i que va reconèixer que hi hazones de les comarques gironines amb mancances clares pel que fa altransport públic als polígons, com és el Baix i l'Alt Empordà. El delegatdel govern, Jordi Martinoy, va destacar la importància de la trobada perarribar a solucions conjuntes. La regidora de Mobilitat, Isabel Salamaña,també va remarcar la necessitat de millorar el tema de la mobilitat delstreballadors.El secretari general de CCOO, Aureli Àlvarez, i el de la UGT, Camil Ros,van coincidir a criticar les freqüències i els horaris del transportpúblic. «No s'ha parlat amb els sindicats i el que faria falta són gestorsque poguessin determinar les necessitats», va destacar. Segons vaafegir-hi, el 40% dels terrenys que ocupa una empresa es destinen aaparcaments i l'ús del cotxe privat «va en contra dels interessos delstreballadors (per les despeses que comporta) i dels empresaris».En la jornada, que es va portar a terme a l'edifici Mercadal de laFundació UdG, es va fer una taula rodona, que va tenir la presència delsecretari general de l'associació empresarial de transports públics percarretera de la FOEG, Carles Palacio, i el membre de la comissió executivade Pimec Girona, Carles Ribas.Nadal va destacar que calen models de ciutat més compactes i que lasituació és deguda a una mala planificació.Ribas va manifestar que els empresaris ja tenen moltes dificultats i vademanar la implicació de tothom per solucionar el tema de la mobilitatdels treballadors.Targetes anuals per als empleatsEl secretari general per a la Mobilitat, Manel Nadal, manté que una de lespossibles solucions és incorporar el servei de transport públic en lanegociació col•lectiva i que es comprin targetes anuals de transportcol•lectiu per als treballadors. En la jornada, es va recordar que hi hamoltes persones que no tenen carnet de conduir, entre les quals hi hamolts immigrants i joves, i que és bàsic solucionar el problema de lamobilitat laboral per a aquest col•lectiu i per a conseguir fer menys úsdel vehicle privat. El secretari general de la UGT va posar com a exempleel polígon de Riudellots per fer referència al problema de les freqüènciesdel transport públic, que, segons afirma, «no s'adeqüen a les necessitatsdels treballadors».

QUE NO S'ENTERVOLEIXI EL MENYS COMÚ DELS SENTITS. La veu de l'Anoia 20/03/2007. ERC demana la creació de la vegueria Penedès o una nova unitat territ

La veu de l'Anoia 20/03/2007

ERC demana la creació de la vegueria Penedès o una nova unitat territorial

El candidat a l'alcaldia de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Portabella, ha anunciat que ERC demanarà al govern que creï una nova unitat administrativa formada per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l'Anoia que ho decideixin voluntàriament.

Portabella no ha especificat si es tractarà d'una nova vegueria, però tant ell com el president del partit, Josep Lluís Carod-Rovira han remarcat que "amb vegueria o sense, hi ha una realitat que se sobreposa a l'estructura administrativa".

L'Executiva Nacional d'ERC ha aprovat per unanimitat aquesta proposta, en el marc de la Revisió del Pla General Territorial de Catalunya. La proposta manifesta el reconeixement del partit que "el Penedès és un territori singular", ha explicat Portabella: "El Penedès té fonaments i arrels històriques que es remunten al segle XIV, i no va ser fins a la divisió del 1833 que s'inicià un procés, imposat des de l'exterior, d'esquarterament d'aquest territori. Malgrat això, el Penedès ha esdevingut des del segle XIV una unitat geogràfica, social, cultural i econòmica indiscutible".

La proposta de resolució que ha presentat l'Executiva Nacional d'ERC recorda que "en l'actualitat, les polítiques més avantguardistes dels països de l'Europa Occidental no només respecten, sinó que fomenten i potencien les especificitats regionals, allà on es donen, per la important generació de riquesa cultural i econòmica que comporta". És per aquests motius i, a més, "per les adhesions de 44 ajuntaments, tres consells comarcals, set associacions empresarials, de més d'un centenar d'entitats i de desenes de milers de particulars que recolzen aquesta iniciativa", que ERC ha acordat manifestar la singularitat del territori del Penedès i sol·licitar la creació d'un "nou àmbit funcional de planificació territorial". Una desena llarga d'ajuntaments de l'Anoia ja s'han pronunciat a favor de formar part de la vegueria Penedès

ARA VA DE BO. EL PAÍS 21.03.07. Tres líneas de autobús conectan el Baix Llobregat con el aeropuerto

GLÒRIA AYUSO - L'Hospitalet - 21/03/2007

La Entidad Metropolitana del Transporte pone en marcha hoy tres nuevas líneas de autobuses para agilizar las conexiones entre municipios del Baix Llobregat y el aeropuerto.
La línea L77, de la empresa Oliveras, comunica la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Boi con el aeroporto con intervalos de 20 minutos, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. El servicio será útil también para los vecinos de las comarcas de Anoia y Bages que acceden a través de FGC a Sant Boi. Con el mismo billete, gracias a la tarifa integrada, podrán llegar hasta el aeropuerto.
La línea PR1, gestionada por Rosanbús, amplía su recorrido, y desde la plaza de Catalunya de El Prat continuará hasta el aeropuerto con un intervalos de 30 minutos, conectará la estación de Renfe con en núcleo urbano, la zona de mercancías del aeropuerto y las terminales de pasajeros. El horario será de siete a diez.
La empresa Oliveras inicia también hoy la explotación de la línea L78 entre Sant Boi y El Prat, con una frecuencia de paso de 20 minutos los días laborales y de 30 los festivos, desde las seis hasta las diez de la noche. Pese a su proximidad geográfica, las dos ciudades no contaban hasta ahora de ninguna conexión.

DESFULLANT LA BOMBOLLA ESPECULATIVA. Avui, 22.3.2007. El nombre d'habitatges sense poder-se vendre s'elevarà a mig milió aquest exercici

La licitació rècord del 2006 provocarà una gran allau de vivendes en un mercat amb una demanda deprimida Els preus cauran a l'Estat per primer cop des dels noranta
B. Badrinas
A finals d'aquest any s'incorporarà al mercat espanyol un estoc de com a mínim mig milió de vivendes sense comercialitzar, un fet que pressionarà a la baixa els preus residencials, segons un estudi de la Universitat de Barcelona i la consultora Forcadell. Aquest fort augment de l'oferta es produirà com a conseqüència del gran nombre d'habitatges iniciats l'any passat, que va arribar a les 925.000 unitats, una xifra mai assolida a l'Estat, i que entraran al mercat al llarg d'aquest exercici.
La venda d'habitatges al mercat espanyol se situa anualment al voltant de les 400.000 unitats, encara que aquest any podria estar per sota d'aquesta quantitat, ja que s'espera un més petit dinamisme del segment inversor, espantat per l'augment de l'oferta i l'alça dels tipus de interès.
Aquest excés provocarà la primera caiguda del preu de l'habitatge des de la passada dècada dels noranta. De fet, l'estudi pronostica un suau retrocés del 4% en el conjunt de l'Estat, encara que serà més accentuat en determinades àrees, com la ciutat de Barcelona. "El descens afectarà en un grau més elevat els pisos de segona mà, que han experimentat una forta revalorització els últims anys", va explicar ahir el professor Gonzalo Bernardos, que ha dirigit l'estudi. Menys licitacions
Aquest escenari recessiu podria allargar-se més enllà d'aquest any. Les previsions preveuen per a aquest exercici la licitació de 725.000 nous habitatges, una quantitat menor que el 2006 però encara per sobre de la capacitat d'absorció i de les necessitats del mercat espanyol. La gran quantitat de sòl que acumulen les companyies immobiliàries dificulten un descens més gran en la promoció de pisos.

EL PAÍS 08.03.07. TRIBUNA: El problema de la vivienda / y 3 ¿Derecho a la vivienda: uso o propiedad?

ANTÓN COSTAS 08/03/2007

Además de constituir una preocupación fundamental para muchas familias de rentas bajas y medias, la vivienda se está convirtiendo en una prioridad para los gobiernos. De ahí que hayan comenzado a incluir la vivienda entre las prioridades de su agenda política. Esta prioridad se manifestará de modo más intenso en los programas electorales de los próximos comicios locales.

Esta mayor sensibilidad política al problema de la vivienda es, en gran parte, la reacción a dos tipos de movimientos sociales. Por un lado, la rebelión de los jóvenes mileuristas, a la que me referí en el artículo del martes, quienes, incapaces de emanciparse y salir de casa de sus padres, han comenzado a movilizarse.

Por otro, al activismo de muchos actores sociales que llevan tiempo trabajando, tan afanosa como precariamente, en la búsqueda de soluciones concretas para grupos marginales y familias pobres con graves problemas de acceso a una vivienda digna. Al actuar como verdaderos empresarios altruistas de políticas públicas, estos activistas cívicos dan voz a colectivos sin capacidad por sí mismos para colocar sus necesidades en la agenda política de los gobiernos.

Una de las novedades que aportan estos movimientos es la reivindicación de un nuevo derecho a la vivienda, similar al derecho que se reconoce a la educación, a la salud o al acceso a servicios públicos básicos como la electricidad y el agua. O más recientemente, el derecho a la dependencia. Este derecho a la vivienda, una vez reconocido, obligaría a los poderes públicos a responsabilizarse de su provisión dando contenido jurídico y material al precepto constitucional del derecho de todo español a la vivienda.

Hay muchas razones para considerar que el acceso a un alojamiento digno y asequible es un elemento básico de la ciudadanía y de la cohesión social. Pero el camino hacia la formulación de la vivienda como un derecho universal será largo y difícil de construir.

Entre otras razones, porque exigirá llevar a cabo una operación de cirugía cultural, consistente en separar el derecho a un alojamiento digno y asequible de la aspiración a ser propietario de la vivienda. La cultura de propiedad de la vivienda, aunque reciente en el tiempo, es muy fuerte en la sociedad española. Más del 80% del stock de vivienda habitada en España lo es en régimen de propiedad, un porcentaje que está a mucha distancia de cualquier otro país desarrollado. Como señalé ayer, esa cultura de propiedad ha sido fuertemente incentivada por las políticas de vivienda que se han llevado a cabo en el último medio siglo.

Pero lograr que todo español sea propietario de su vivienda no puede ser una obligación de los poderes públicos. Sí lo es, en cambio, el asegurar el derecho ciudadano a acceder, en condiciones de precio asequible, al disfrute de los servicios de una vivienda que permita llevar una vida digna.

Cuando se habla de equiparar el derecho a la vivienda con el derecho a la sanidad, la educación, la dependencia, el agua o la electricidad, supongo que de lo que se está hablando es de los servicios que presta la vivienda, no de su propiedad.

Identificar el derecho a la vivienda con la propiedad da lugar a muchos agravios comparativos. ¿Qué sentido tiene financiar la propiedad a los jóvenes, y no el alquiler social asequible? La condición de joven no nos dice nada acerca de su situación económica en el futuro. Es muy posible que estemos proporcionando viviendas de protección oficial en propiedad a jóvenes que hoy son mileuristas pero mañana pueden ser ejecutivos con buenos ingresos. En todo caso, dado que no es posible tener una vivienda en propiedad de forma gratuita o a precios subvencionados para todo el que la necesite (habría que dedicar a vivienda todo lo que se gasta en educación, salud, pensiones, seguridad o infraestructuras), hay que seleccionar y sortear quiénes serán los agraciados. Pero la selección y el sorteo produce muchas injusticias comparadas, como se puede comprobar analizando con cuidado los actuales procesos de reparto de la vivienda de protección oficial, especialmente la de promoción privada.

El derecho a la vivienda tiene que descansar sobre algún criterio que permita guiar y evaluar las políticas. Ese criterio puede ser el concepto de precio asequible, entendido como aquel precio igual al porcentaje máximo de la renta (normalmente el 35%) que un hogar debería dedicar a la vivienda sin poner en riesgo todos los demás consumos que son necesarios para llevar una vida digna, además de reservar una parte para el ahorro. Esta noción de precio asequible debería incluirse y cuantificarse en todas las normativas sobre vivienda de protección oficial. Tendríamos de esa forma un criterio cuantitativo con el que medir y evaluar las políticas de vivienda.

Como señalé ayer en estas mismas páginas, los instrumentos actuales de las políticas de vivienda -las deducciones fiscales en el IRPF y la vivienda de protección oficial de régimen general- no tienen efectos sobre las familias de escasos recursos. Por tanto, se necesitan nuevas políticas públicas que vayan dando cuerpo a un futuro derecho al acceso a una vivienda asequible.

Esas nuevas políticas que garanticen a las familias pobres y de rentas bajas el derecho a acceder a una vivienda asequible necesitan apoyarse en dos pilares básicos. Por un lado, en ayudas públicas directas al alquiler o a la compra, y que permitan a las familias con escasos recursos situarse en ese umbral de asequibilidad. Por otro, en la promoción de vivienda social de alquiler protegido.

¿Cómo se financiaría esa nueva política de apoyo directo a la vivienda de las familias con menos recursos? Por parte estatal, con el aumento de ingresos presupuestarios que se lograría reduciendo el nivel actual de desgravación por vivienda en el IRPF, de acuerdo con las recomendaciones que de forma unánime hacen todos los expertos. Por parte autonómica y local, dedicando el suelo público existente, y el que se pueda obtener en el futuro, a la construcción de vivienda de protección oficial, de promoción pública o privada, de alquiler social. Ese es el camino. Aunque sea largo. Porque el derecho a la vivienda no puede depender, como ahora ocurre, de la suerte de un sorteo.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

El Pais 13/3/2007. Tribuna: El problema de la vivienda. ¿Falla el mercado o fracasan las políticas?

España ha sido el país europeo que más viviendas nuevas ha puesto en el mercado durante los últimos cinco años, un número mayor que toda la vivienda construida en Francia, Alemania e Italia juntas. En todo caso, una cantidad superior a la demanda procedente de la formación de nuevos hogares, contando con la inmigración.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda. Como señalé en el artículo de ayer, si hoy tuviesen que comprarla contando sólo con los recursos provenientes de los ingresos del trabajo y de las prestaciones sociales (desempleo y pensiones), aproximadamente el 25 % de la población estaría en esa situación. Esta dificultad la sufren ya los hijos de las clases medias. Ante esta situación, la pregunta surge de inmediato: ¿falla el mercado o fallan las políticas?

Una economía que ha sido capaz de poner en el mercado ese volumen de viviendas nuevas no puede ser un mercado donde el volumen de oferta es rígido. En todo caso, el problema de la oferta está en la tipología de la vivienda que se ha construido (superficie inadecuada y régimen de propiedad en vez de alquiler), en la localización y función de muchas de ellas (viviendas no principales utilizadas como segundas residencias en la costa y en parajes del interior y de la montaña) y en los precios (astronómicos en relación con las rentas de los colectivos más débiles).

Pero en esa inadecuación de la oferta han tenido mucha influencia las políticas públicas. Por un lado, por la inacción de los poderes públicos en la promoción de vivienda adecuada para estos colectivos. Probablemente algo ha tenido que ver la espectacular mejora de las condiciones financieras del crédito a la vivienda (bajos tipos de interés y alargamiento del plazo de la hipoteca) que se produjo con la entrada en vigor del euro a finales de la década de 1990. Esas condiciones crediticias hicieron creer a nuestros gobiernos que el mercado por sí solo era capaz de suministrar independientemente vivienda a todo aquel que la demandase, independientemente de su nivel de ingresos. La famosa frase de Francisco Álvarez-Cascos afirmando que si los precios subían era porque la gente podía comprar reflejaba esa política de laissez faire. ¿Para qué actuar desde la política pública si el mercado era eficiente?

Llevados también por esa creencia, muchos ayuntamientos se dedicaron a desarrollar lo que podríamos llamar un urbanismo fiscal; es decir, a obtener ingresos con el planeamiento urbanístico y con la venta del suelo público donde deberían haberse construido viviendas de protección oficial a precio asequible para la gente con escasos recursos o directamente pobres, para financiar (en los casos de mayor honestidad) otros equipamientos sociales, como polideportivos y todo tipo de mejoras y eventos.

Por otra parte, las políticas de vivienda estatales no han tenido, en general, el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pobres y de las familias de rentas bajas. Sus objetivos básicos han sido, en primer lugar, favorecer el acceso a la propiedad de las clases acomodadas; es decir, crear una sociedad de propietarios. En segundo lugar, utilizar la política de vivienda como un instrumento de política económica para estimular el crecimiento y el empleo. Con este objetivo es indiferente para quién sean las viviendas que se construyen.

Hay muchas razones para defender que las políticas públicas incentiven a los ciudadanos a consumir más vivienda de lo que harían si no existiesen esos incentivos. Sabemos que la vivienda hace a las familias mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos. Además, se trata de una forma de ahorro que permite a sus titulares afrontar contingencias inesperadas y hacer frente a necesidades relacionadas con la vejez y la dependencia, liberando parcialmente de esa carga al sector público. Sin olvidar que las leyes protegen más la propiedad de la vivienda que otros activos en los que una familia también puede ahorrar, lo que hace de la vivienda un activo más seguro frente a contingencias como, por ejemplo, un posible embargo por impago de una multa.

El problema es que la forma a través de la cual el Estado canaliza este apoyo a la vivienda no favorece a los más pobres. Por un lado, las deducciones en el IRPF por compra de vivienda -el principal instrumento de apoyo a la misma- no tienen efecto directo sobre las familias con ingresos bajos por un motivo muy sencillo: no tienen rentas suficientes que les permitan deducir nada en el IRPF. Tanto es así que muchos hogares no llegan ni al límite de rentas que obliga a declarar.

Además, el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general o especial, tanto de venta como de alquiler, están por encima de lo que sería el precio asequible que deberían pagar las familias con menores recursos si dedicasen como máximo el 35 % de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler. Así, el precio asequible para una familia de rentas bajas en Barcelona en 2004 era de 68.157 euros, mientras que el precio de una VPO de régimen general era de 97.269 euros, y de régimen especial, de 70.146 euros. En los dos últimos años la cosa no ha mejorado.

La conclusión parece clara. El resultado conjunto del urbanismo fiscal practicado por los ayuntamientos, de los incentivos fiscales del IRPF y de la orientación que hasta ahora ha seguido la VPO es lo que estamos viendo: si sólo cuentan con sus ingresos actuales, los hogares de rentas bajas y las familias pobres no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna y asequible, ya sea de compra o de alquiler. Esa es la causa de la rebelión de los mileuristas de la que les hablaba ayer.
Actualmente, ya nadie duda de que sin un mayor activismo público en el mercado de la vivienda de protección oficial (especialmente la VPO de alquiler de precio asequible), el problema de acceso para los grupos sociales más débiles irá en aumento. Para lograrlo hay que dar contenido al derecho a la vivienda del que habla nuestra Constitución. Pero el problema que se plantea al llegar a este punto es qué debemos entender por derecho a la vivienda y cómo debemos financiarlo. De eso les hablaré mañana.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

Per una llei de centres de culte. EL PAÍS 08.03.07. La Generalitat fijará los requisitos para abrir nuevos oratorios

La Generalitat fijará los requisitos para abrir nuevos oratorios
JESÚS GARCÍA - Barcelona - 08/03/2007


La llegada de inmigrantes sudamericanos ha hecho crecer con fuerza a la comunidad evangélica en Cataluña, donde cuenta ya con 100.000 fieles y 453 centros de culto. Casi el triple que la comunidad musulmana que, aunque es más numerosa (250.000) dispone sólo de 169 oratorios. La Generalitat presentó ayer estos datos y anunció que una ley autonómica fijará los requisitos necesarios para abrir nuevos templos.

El consejero de la vicepresidencia, Josep Lluís Carod, presentó ayer el Mapa de las Religiones, un documento que contabiliza, por comarcas, los centros de culto que hay en Cataluña. Como es natural, la gran mayoría (73%) de los 3.449 templos en uso en 2007 pertenecen a la iglesia católica. El interés del estudio, continuación de otro elaborado en 2004, es comprobar la dinámica de las religiones minoritarias que, en general, crecen con la inmigración.

Hace tres años, la comunidad islámica regentaba 139 oratorios. Hoy dispone de 169, la mayoría situados en bajos de edificios y locales comerciales de pequeñas dimensiones. Estos 30 nuevos centros suponen un incremento del 21,6%, que el profesor Joan Estruch, coordinador del estudio, tildó de "sostenido". De hecho, desde 1995 se abren una media de 10 oratorios cada año. Muchos están "en condiciones precarias", admitió Estruch.

La comunidad evangélica crece a un ritmo cuatro veces superior a la musulmana: ha ganado 112 nuevos centros en tres años. El profesor precisó que han aumentado las iglesias de la rama pentecostal, integrada básicamente por sudamericanos.

Más iglesias ortodoxas

También crecen con vigor las iglesias ortodoxas, que pasaron de 8 en 2004 a 18 este año. "Es el resultado de la diseminación, por toda Cataluña, de la inmigración procedente del Este de Europa", precisó Estruch. La ortodoxa es ya la cuarta comunidad más numerosa (50.000 fieles), seguida de los Testigos Cristianos de Jehová, que aglutina a unos 40.000 catalanes en 147 centros de culto.

Otras tendencias al alza, como las del hinduismo o el budismo, se explican por hechos "coyunturales"; por ejemplo, la cantidad de personas que se han unido a Amma, la santa india que periódicamente visita Barcelona para dar abrazos.

Hasta ahora, cada municipio fija sus normas sobre la apertura de nuevos oratorios. La Generalitat pretende poner fin a esa dispersión y para ello está elaborando una Ley de Centros de Culto. Según explicó la directora general de Asuntos Religiosos, Montserrat Coll, la normativa "apoyará a los alcaldes que en sus municipios topen con dificultades", en alusión clara a la oposición de ciertos vecinos a la apertura de oratorios islámicos.

Movimiento por la paz. Red de ciudadanos contra el cambio climático. El lazo verde: póntelo, pónselo

El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Con este motivo proponemos lucir un lazo verde para llamar la atención de los ciudadanos, de los medios de comunicación y de los que deciden sobre el desperdicio de energía y la urgencia de pasar a la acción. El Cambio Climático es un asunto que debe pesar en el debate político.

¿Por qué un lazo verde? El color verde es el color de la vida y la esperanza. Se usa desde hace mucho para definir el vitalismo consciente de los que se sienten responsables, en su justa medida, pero responsables de los problemas que nos afectan.

¿Cómo hacer un lazo? Para enlazarse es suficiente una cinta verde de tela, formando un lazo con un imperdible. Puede acompañarse con el distintivo Salvemos nuestro clima.

El distintivo internacional Salvemos nuestro clima, refleja el impulso y la buena voluntad para resolver el problema del cambio climático. Impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace y otras entidades, intenta llamar la atención respecto a todas las iniciativas frente al efecto invernadero. Más información en www.saveourclimate.org

Las macrociudades implican tremendas presiones sobre sus habitantes, y acaban produciendo ciudades ingobernables...

JOAN SUBIRATS. EL PAIS, TRIBUNA 09/03/2007

Una de las primeras cosas que sorprende al llegar a la nueva terminal de Iberia en Barajas, más conocida como T4, es su tremendo tamaño. No es una terminal, sino dos, y cada una de ellas de proporciones colosales. Pero, el susto no acaba ahí, ya que un enorme cartel publicitario te indica, al tomar la carretera hacia la ciudad, que estás en el centro de un experimento urbano: "Valdebebas: una nueva forma de hacer ciudad". Por mucho que uno indague y escudriñe el horizonte no ve la mencionada ciudad por parte alguna. Lo que en cambio sí se ve es el enorme esfuerzo de las máquinas para aplanar el terreno y dejarlo reparcelado y listo para la pronta llegada de las grúas y los trabajadores de la construcción.

En ese imponente erial, la única sombra de ciudad existente es la nueva ciudad deportiva del Real Madrid que quién sabe por qué Florentino Pérez decidió hacer en estos terrenos (o a lo mejor él si sabe por qué). En la web destinada al efecto (www.parquedevaldebebas.com), se nos informa de que "la nueva forma de hacer ciudad" es uno de los mayores proyectos urbanísticos de la Comunidad de Madrid, abarcando más de 10 millones de metros cuadrados. También se nos dice que la operación surgió de un convenio de gestión y planeamiento urbanístico suscrito por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, justo tras la espantada de Tamayo y Sáez), la comisión gestora del tema y el Real Madrid.

En la nueva ciudad, se piensan construir 12.500 viviendas, el nuevo campus de la justicia, nuevas instalaciones de la Feria de Madrid y un gran parque, de cinco veces el tamaño del Retiro, sin olvidar un carril bici. La publicidad afirma que del proyecto surgirá "una ciudad acorde con el siglo XXI", "con una calidad de vida desconocida hasta ahora", en la que el ciudadano podrá "encontrar la condiciones para disfrutar de una forma de vida equilibrada en un espacio plural en el que no tenga que renunciar a nada". Pero, no se precipiten, aún no se venden pisos.

Las macrociudades implican tremendas presiones sobre sus habitantes, y acaban produciendo ciudades ingobernables llenas de islas difícilmente comunicables

Tenemos un nuevo ejemplo de lo que algunos consideran la clara ventaja de Madrid sobre Barcelona. Proyectos ambiciosos, situados en los márgenes de la M-40, al lado de un aeropuerto que como poco es intercontinental, y que proyecta Madrid hacia el futuro, y con metro y tren de cercanías previsto. Y la cosa no se acaba aquí. Si uno otea el horizonte desde Valdebebas, observa que les caben, al menos, dos o tres más "nuevas formas de hacer ciudad" hasta llegar a la M-50, y así integrando Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares y allá al fondo, esperando, Guadalajara. Tengo la impresión de que el concepto de desarrollo y progreso que se expresa en este tipo de operaciones no coincide con el que deberíamos de ser capaces de ir inoculando en nuestras mentes y en las mentes de nuestras élites dirigentes. Madrid ha optado por el modelo Distrito Federal y se encamina con fuerza a la megalópolis. Su economía crece con fuerza, pero como siempre, deberíamos preguntarnos cómo se distribuye esa riqueza y sobre qué espaldas y con qué costes están levantando ese futuro. Las macrociudades acarrean tremendas presiones sobre sus habitantes, en términos de movilidad, tiempos y gastos energéticos. Pero además acaba produciendo ciudades ingobernables, insostenibles, inseguras, inabarcables, incontrolables. Acaban siendo ciudades llenas de islas, de fragmentos, internamente homogéneos, pero entre sí muy difícilmente comunicables. Más que "nuevas formas de hacer ciudad", estamos ante construcciones de "no lugares" (Marc Augé), de desarraigo, de lugares que nadie puede reconocer ni reconocerse.

Lo curioso es que hay personas, de indudable influencia intelectual, que parecen estar encantados con este tipo de procesos, o que al menos les parecen ineluctables. En uno de los últimos números de la revista Arquitectura Viva, firmaba un editorial Luis Fernández Galiano en la que se decía: "Madrid se acelera porque España lo hace... La velocidad del cambio es vertiginosa, y la naturaleza inédita de la mutación urbana provoca a al vez admiración y ansiedad. Sin lugar a dudas, el actual estirón territorial tensa hasta el límite tanto la tolerancia material de la malla ciudadana como la resistencia inmaterial de los nervios ciudadanos, pero hasta los habitantes más castigados... aceptarán al cabo la penitencia de la confusión si la alternativa a la energía desordenada del auge no es otra que el declive de un Madrid menguante". No hay nada mejor que justificar los costes personales y colectivos de franjas de población muy concretas, si eso que no sabemos que es, pero que llamamos "Madrid", avanza.

En un reciente seminario sobre Respuestas locales ante inseguridades globales, celebrado en el CIDOB y que reunió a expertos y experiencias de Brasil y España, el profesor Imanol Zubero afirmaba que en las macrourbes la gente que puede se encierra en prisiones elegidas, en guetos voluntarios, ya que de ser la ciudad símbolo de libertad y seguridad ("el aire de la ciudad nos hace libres" decía un proverbio medieval), estamos cada vez más asociando ciudad a peligro. ¿Es ese el modelo de ciudad que buscamos? ¿Hemos de estar realmente preocupados por que Madrid "nos gane"? Me gustaría saber, aprovechando la oportunidad de las elecciones locales que se avecinan (si es que nos deja alguien hablar de algo que no sea el rifirrafe PSOE-PP), que piensan nuestros próceres municipales con relación al futuro de la ciudad de Barcelona. Podríamos preguntarles qué modelo de ciudad y de gobierno urbano nos proponen. ¿Podemos tener un proyecto autónomo? ¿No sería bueno que ese proyecto logre ser lo más ampliamente compartido y pactado con los múltiples actores públicos y no públicos que forman la comunidad local? ¿No deberíamos avanzar en procesos de gobernación colectiva del espacio metropolitano? La cooperación interna, la capacidad de evitar contraponer crecimiento e igualdad, puede acabar convirtiéndose en un medio para alcanzar calidad de vida sin sacrificar cohesión social interna ni daños irreversibles en el medio ambiente urbano. La proximidad emerge como un espacio desde el que pueden ofrecerse respuestas más adecuadas a la diversidad y a los nuevos retos emergentes, tanto a escala local como a escala global. Ésa podría ser otra "nueva forma de hacer ciudad".
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

La rebelión 'mileurista'. El País 06/03/07.

Una incipiente rebelión comienza a recorrer las grandes urbes españolas. Es la de los mileuristas airados, movidos por la dificultad para acceder a un alojamiento digno y asequible. Una rebelión que encontrará nuevo aliento con la proximidad de las elecciones municipales.
En gran parte son hijos de las clases medias. Pero prestan su voz a otros colectivos sin capacidad de movilización, para los cuales la vivienda está agravando situaciones personales y familiares de riesgo. Dentro de ese grupo se encuentran jóvenes, divorciados, familias monoparentales, hogares con un solo miembro, familias sin núcleo, desempleados de larga duración, prejubilados con bajas pensiones, personas mayores en régimen de alquiler, personas con necesidades especiales e inmigrantes. Especialmente aquellas nuevas tipologías de familia en las que sólo entra un sueldo o una pensión.

Esa dificultad para acceder a una vivienda está comenzando a producir efectos sociales indeseados. Los medios de comunicación se hacen eco diariamente de casos de exclusión social por motivos de vivienda, de sobreocupación y hacinamiento, de alojamiento en espacios insalubres e inhabitables y de mobbing inmobiliario.

Pero quizá la patología social más sorprendente es el retraso en la emancipación de los jóvenes, que al afectar ya a los hijos de clases medias da a la vivienda una carga política de profundidad. En mi generación, el 75% de los jóvenes de entre 25 y 35 años vivíamos emancipados, es decir, fuera del domicilio de nuestros padres. Hoy ese porcentaje ha caído al 50%, algo que no tiene comparación con ningún otro país de nuestro entorno.

Probablemente, la vivienda está siendo la señal visible de un malestar más profundo que se está inoculando en las sociedades desarrolladas. Es un malestar cuyo origen está en la pauperización de los salarios y en el empleo precario que la globalización y el cambio técnico están introduciendo en nuestra economía. Es un malestar que, por cierto, me recuerda lo ocurrido a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, cuando la primera oleada de cambio técnico y la globalización trajeron, a la vez, más riqueza y mayor desigualdad.

Por primera vez desde los "felices sesenta", ahora los salarios reales (descontada la inflación) no han seguido la expansión de la economía. Al contrario, han disminuido. Los beneficios del crecimiento se han ido a las rentabilidades de las empresas. De ahí los días de vino y rosas que vive la Bolsa española. Es verdad que se ha creado mucho empleo, pero es un empleo de bajos salarios. Por ese motivo, la participación de los salarios en la distribución de la renta nacional no deja de caer desde principios de la década de 1990, a pesar del aumento en el número de empleados.

Frente a esta depresión de los salarios ha emergido el pico de los precios de la vivienda. De ahí el abismo que se ha ido formando entre lo que ganan los jóvenes y lo que tienen que pagar por la vivienda. Ese abismo es lo que mueve a la rebelión mileurista, una rebelión que, al menos de momento, no va contra las causas del malestar, sino contra una de las consecuencias: la dificultad de acceder a la vivienda.

El ejemplo de Barcelona puede ilustrar la magnitud de ese abismo. La Agencia Tributaria publica la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes fiscales, que nos permite conocer los ingresos laborales, por desempleo y pensiones. Esos datos nos dicen que el 25% de los residentes de Barcelona tenían en 2004 (año más reciente para el que tenemos estos datos) ingresos anuales muy bajos, iguales o inferiores a 6.000 euros. Esta situación ha cambiado poco en 2005 y en 2006.

He de advertir de que la estadística no nos permite conocer si esas personas viven solas o comparten hogar con otras que tengan ingresos adicionales. Pero si transformamos esos ingresos individuales en renta familiar, los datos señalan que en Barcelona existían en 2004 un 25% de hogares con ingresos medios inferiores a 10.000 euros. Si ahora comparamos estos ingresos con los precios de la vivienda comenzamos a comprender las causas del malestar.

Otra forma de ver la gran dificultad con que se encuentran los hogares de menores rentas es calcular el esfuerzo económico que han de hacer para acceder a una vivienda económica. Ese esfuerzo, medido en el número de años que le cuesta a una de esas familias pagar la vivienda utilizando para ello toda la renta anual, era en 2004 de 21 años, frente a 15 años en el 2001. Para las clases medias ese esfuerzo era de nueve años y para las de rentas altas de siete años. De 2004 hasta 2006 la cosa más bien ha empeorado.

Ahora bien, y esta aclaración es importante, eso no significa que todos los hogares comprendidos en ese 25% de rentas bajas o muy bajas no tengan vivienda propia, o no puedan acceder a ella en el futuro. Muchos, entre ellos, los pensionistas o personas mayores prejubiladas o en desempleo, tienen una vivienda en propiedad comprada hace años. Si la tuviesen que comprar o alquilar hoy con las rentas de la pensión o del desempleo les sería imposible. Por otro lado, muchos jóvenes mileuristas reciben ayudan de sus familiares o tienen riqueza para acceder a la vivienda. De hecho, un elevado porcentaje de jóvenes que viven emancipados en Barcelona declaran no pagar nada por alquiler o hipoteca de la vivienda en que viven. Por lo tanto, o la vivienda es de algún familiar o alguien de ese núcleo familiar les ayuda a pagarla.

Lo que dicen esos datos es que de entre ese 25% de rentas muy bajas, aquellos que no tengan vivienda previa, ayuda familiar u otro tipo de ingresos, lo tienen mal si las políticas públicas de vivienda no hacen algo para facilitárselo.

Pero el problema es que las políticas de vivienda, tanto los incentivos fiscales a la vivienda como la vivienda de protección oficial, están dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de las clases medias y altas, pero no tienen efecto directo sobre los hogares de rentas bajas ni sobre los pobres. Comprender por qué ocurre esto es el paso previo para poder diseñar nuevas políticas que posibiliten a los jóvenes el acceso a un alojamiento digno y asequible. Mañana veremos por qué fracasan las políticas.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

viena: la gran casera. el país, miércoles 28 feb 07

"el ayuntamiento de viena es el mayor propietario de viviendas de europa".

Los vieneses conocen este lema desde hace decenios y hoy sigue siendo una realidad, según kurt stürzenbecher, presidente de la comisión de vivienda de viena. casi un 60% de la población de esta capital de 1,7 millones de habitantes vive en pisos que pertenecen al ayuntamiento o son subvencionados.

Viena destina a viviendas un presupuesto de 500 millones de euros y subvenciona la construcción de 5.500 pisos al año.

El precio de las viviendas en alquiler del ayuntamiento no es muy alto y es la mitad de lo que costaría la vivienda si fuera privada.

Las leyes brindan una fuerte protección al inquilino, que prácticamente no puede ser desalojado, de forma que la mayoría no necesita tener un hogar en propiedad.

Viena es la ciudad pionera en garantizar el derecho a la vivienda asequible desde los años veinte del siglo pasado.