Alianza Internacional de Habitantes. Hacia los Estados Generales europeos por el derecho a la vivienda y la ciudad 2007

Recibidos en la sala de Honor del ayuntamiento de Bobigny (Francia), una cincuentena de representantes de asociaciones de habitantes, sindicatos de inquilinos, movimientos sociales, ONGs, incluso de representantes de las fuerzas políticas progresistas procedentes de siete países, se reunieron el 2 de febrero de 2007 con motivo de la propuesta de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), de la Red de Representantes electos y de Autoridades locales Progresistas de Europa (REALPE) y de la Asociación Nacional de los Representantes Electos Comunistas y Republicanos (ANECR), para dar continuación al llamamiento de los Estados Generales europeos a favor del derecho a la vivienda lanzado durante el FSE de Atenas.

Luchas, iniciativas y respuestas para los 18 millones de personas mal alojadas en la Europa del libre mercado. Sobre la mesa, la urgencia de vivienda, que afecta a unos 18 millones de personas en el continente europeo, de los cuales 3 millones carecen de vivienda. Esta es una situación que se agrava por el impacto provocado por la liberalización del mercado inmobiliario y las privatizaciones del sector de la vivienda social. Después del discurso de apertura de André Chassaigne, presidente de ANECR heredero del legado de Bernard Birsinger, Cesare Ottolini (AIH y Unione Inquilini) ha subrayado la importancia de los intercambios internacionales con el fin de conocer mejor los aspectos de la crisis de la vivienda, así como las iniciativas de lucha y las propuestas de alternativas. Sobre estas bases, se podrá crear una plataforma común entre actores que, conservando su propia autonomía, comparten el principio del derecho a la vivienda y de la necesidad de la intervención pública en el sector, y esto también a nivel internacional. Haciendo mención a los acuerdos tomados durante el FSE, Cesare Ottolini ha precisado que el objetivo era por lo tanto el de reforzar la dinámica con vistas a la organización de los Estados Generales europeos para el derecho a la vivienda en otoño de 2007. En la primera parte de la reunión se analizaron las situaciones actuales de cada uno de los países. David Incertis, de la Plataforma por una Vivienda Digna, ha señalado cómo principalmente los jóvenes, se movilizan de forma masiva en España desde hace algunos meses, para reivindicar el acceso a la vivienda. Los precios inaccesibles debidos al "boom" inmobiliario, incontrolables por el abandono de este sector por parte del estado, son posteriormente incrementados por la corrupción urbanística que alimentan los sectores en el poder, incluidos los partidos políticos. Con respecto a Italia, tres intervenciones distintas mostraron los daños de la liberación del Estado: Paolo Gangemi (PRC) ha denunciado la falta de una política de vivienda a pesar de la crisis que afecta a unas 600.000 personas amenazadas de desalojo. De ahí la necesidad de relanzar la lucha a todos los niveles, movimientos e instituciones incluidas. Simona Panzino (Action) ha anunciado la creación de un “Ministerio del derecho a la vivienda” en el edificio ocupado el día antes en Roma, como respuesta autogestionada y de lucha, frente a un gobierno de centro-izquierda que se supone debía aportar respuestas. Luisa Calimani (Rete Architetti Città Amica) indicó los daños del libre mercado en las ciudades. Las 350.000 viviendas construidas en Italia en 2006 no impiden el aumento de la precariedad, razón por la cual la cuestión deberá ser tenida plenamente en cuenta dentro del marco de la planificación urbanística. Carine Clement, de la Unión de Coordinación de los Soviet Rusos, explicó los efectos de la reforma del código de vivienda y las privatizaciones del sector, que afectan a millones de personas, sobretodo a las de mayor edad y a las económicamente débiles, las cuales han comenzado a movilizarse ya en varias ciudades. Movilización que resulta incluso más difícil, pero tan necesaria también en Polonia, declaró Kamila Siedlecka, miembro del Colectivo Rojo-Izquierda- Alternativa, que denuncia la ejecución de 4.000 desalojos en 2005 debidos al boom de los alquilieres provocado por la privatización del sector. J. Pierre Giacomo y Jacques Tiset, de la CNL, la mayor organización de inquilinos de Francia, han subrayado su negativa a la “marchandisation” del alquiler y a la precariedad, y, por ello, la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado como apoyo del derecho de los habitantes a permanecer, es decir a conservar su vivienda, con el fin de desarrollar un verdadero servicio público de vivienda. Por otro lado, el representante de Enfants de Don Quichotte, movimiento que acaba de entrar recientemente en escena por sus tiendas de campaña rojas que albergan a centenares de sin techo a orillas del Sena, ha señalado que la movilización ha sido capaz de hacer reaccionar, especialmente reflejado en el debate sobre el “derecho oponible” a la Vivienda. Por el contrario Joseph Jones, de la Thames Valley Gipsy Associations, ha denunciado la abolición de la ley que obligaba a las autoridades locales a establecer los emplazamientos para los campamentos de nómadas en el Reino Unido, hecho que pone en peligro de expulsión a decenas de millares de personas, y a comunidades enteras como en el caso de Dale Farm. Además Denis Uvier, de Solidarités Nouvelles, ha relanzado la importancia de los vínculos internacionales, para lo cual expuso las iniciativas sobre la requisa de viviendas vacias en Bélgica, incluso la Campaña Desalojos Cero y los campamentos de los sin techo que han tenido que levantar recientemente debido a las amenazas. Construir juntos las próximas etapas hacia Bruselas, otoño de 2007. La segunda parte del encuentro fue más política, con la presentación por parte de Marie- Noëlle Lienemann, antigua ministra de Vivienda en Francia, de la proposición de resolución sobre la vivienda en la agenda del Parlamento Europeo. El texto, juzgado de insuficiente también por Patrick Alexanian, provocó el apoyo de los diputados GUE-NL en el parlamento europeo, ya que se trata de insertar el derecho a la vivienda oponible en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que será presentada de nuevo en 2008 bajo la presidencia de Francia. Por consiguiente la vivienda accesible, que no es alcanzable por la ley de mercado propuesta por la directiva Bolkestein que será aplicada ampliamente a este sector, sería alcanzable a través del desarrollo de un servicio público de la vivienda. Y Olivier Tric d´ATTAC, ha vuelto sobre la cuestión de la financiación del sector, lo que será posible tener en medida suficiente con la introducción de una tasa europea sobre las edificaciones y el suelo libre a causa de la especulación. Con respecto a la autoridades locales, Lysiane Alezard de l´ANECR y REALPE ha confirmado su compromiso, recientemente relanzado también por el FAL durante el FSM de Nairobi, de cara a la puesta en marcha de los Estados generales de la vivienda, así como de dispositivos innovadores, como las ordenanzas anti-desalojos. Finalmente, los participantes aprobaron una declaración que compromete a cada uno a trabajar en la ampliación de esta dinámica siguiendo unas pautas compartidas. Los primeros éxitos se obtuvieron al día siguiente: más de 300 participantes en los terceros “Etats généraux” franceses en el mismo ayuntamiento de la ciudad-mundo de Bobigny. Próxima etapa, otoño 2007, los Estados Generales Europeos de la Vivienda y la ciudad: en Bruselas.