EL PAÍS 18.04.07El Constitucional dio en 1996 las competencias en Cercanías a la Generalitat, que no las exigió

El consejero responsable del transporte era Artur Mas, que entonces apoyaba al PP
FRANCESC ARROYO - Barcelona - 18/04/2007
Junio de 1996, día 27. El Tribunal Constitucional emite la sentencia 118/1996 en la que se pronuncia sobre los servicios ferroviarios en Cataluña. La sentencia es diáfana: las competencias en Cercanías corresponden, en virtud del Estatuto catalán de 1979, a la Generalitat de Cataluña. El Gobierno central tiene derecho a mantener su actividad, pero en ese caso, el Gobierno catalán tenía derecho a la "ordenación" de los tráficos. Es decir, tenía la potestad para decidir horarios y frecuencias. El Gobierno catalán nunca exigió el ejercicio de estas competencias.
CiU declinó ayer comentar la sentencia aduciendo que no disponía de ella. No obstante, un portavoz de la formación nacionalista explicó que los dos últimos consejeros de CiU en Política Territorial, Pere Macias y Felip Puig, no la recordaban en modo alguno. Lo cierto es que ninguno de ellos ocupaba el departamento cuando se produjo. Su titular era Artur Mas, que ayer no pudo ser localizado.
La sentencia se produjo tras un recurso presentado por el Gobierno catalán contra la Ley de Organización del Transporte (LOT) aprobada en los años de los gobiernos socialistas, pero la sentencia se produjo ya tras haberse formado el primer Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, que logró la presidencia con el apoyo de los diputados de CiU tras el denominado pacto del Majestic (nombre del hotel barcelonés donde se forjó la colaboración durante casi ocho años entre CiU y PP).
"La sentencia no puede ir más allá del Estatuto, que decía que el Gobierno central podía reservarse la potestad de operar ferroviariamente en Cataluña", afirmó el portavoz de CiU.
Capacidad ordenadora
En efecto, esa potestad figuraba recogida en el artículo 11.9, según recordaba el Tribunal Constitucional en la sentencia, pero tenía buen cuidado en precisar que, si bien Renfe podía seguir haciendo circular los trenes e incluso en la hipótesis de que las vías fueran propiedad de la Administración central, la ordenación, es decir, la decisión sobre el servicio, incluyendo horarios, frecuencias de paso y otras condiciones, eran competencia del Gobierno de la Generalitat.
La sentencia establecía también de modo claro que el Gobierno central podía no reservarse la ejecución directa del servicio de Cercanías. En este caso, la competencia pasaba a ser asumida de modo inmediato por el Ejecutivo autonómico. Éste, además de tener la capacidad ordenadora del servicio, podía reservarse la ejecución del mismo como ya hacía en los tramos en los que operaba Ferrocarrils de la Generalitat.
En todos los casos, el servicio cuyas competencias debían depender del Gobierno catalán era aquel que tuviera origen y final dentro del territorio de la comunidad y no pasara en ningún momento por suelo de otra comunidad autónoma. Los servicios que debían ser reconocidos como competencia del Gobierno de la Generalitat era tanto los correspondientes a viajeros como los de mercancías "sin perjuicio" de los que se reservara como ejecución directa el Gobierno central.
El portavoz de CiU recordó ayer que esta formación, mientras estaba en el Gobierno, expresó repetidamente su deseo de gestionar el servicio de Cercanías y sostuvo que no lo logró porque "como en otros casos y pese a sentencias favorables, el Gobierno central no aceptaba los traspasos". No obstante, señaló la misma fuente, se logró la incorporación de Renfe a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), aunque reconoció que lo hizo como observador y nunca como miembro pleno, en igualdad de condiciones a otros operadores como Metro o Ferrocarrils. De hecho, aún hoy, las zonas de Renfe difieren de las de la ATM. El Gobierno catalán, por su parte, sostuvo ayer que su actuación para obtener estos servicios ha estado vinculada a la aprobación del actual Estatuto, que no deja lugar a dudas sobre a quién corresponden las competencias. Este asunto tendrá que ser abordado en la próxima comisión bilateral Generalitat-Estado, según se decidió en el encuentro entre ambas administraciones celebrado el pasado lunes en Barcelona.