23 noviembre 2008

Regular la desregulación

Font: El País 18/11/2008


Afortunadamente, comienza a haber un cierto consenso sobre las causas y las salidas a la más grave crisis que ha vivido la actividad inmobiliaria en los últimos tiempos.

El País Conviene recordar que el sector inmobiliario español, como locomotora del desarrollo económico, produjo en el periodo 1997-2006 más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntas, lo que paradójicamente para algunos gurús del neoliberalismo, ocasionó un incremento especulativo de los precios no conocido hasta entonces: un 150% para la vivienda y un 500% para el suelo. Pero tal como argumentaban los responsables de entonces, no había que preocuparse, ya que si se construían tantas viviendas y tan caras era porque los ciudadanos las compraban.

Pero como la historia económica nos enseña, a los ciclos expansivos les siguen ciclos recesivos, siendo éstos tanto más profundos, cuanto aquellos fueron más desproporcionados. Adicionalmente, el escenario español se remata con la crisis de lassub-prime y financiera y sus graves afecciones a la economía globalizada mundial.

Afortunadamente, hoy se desvela, como causante principal del desastre, la desregulación acometida, antaño considerada como garante del acierto del mercado y hoy virulentamente rechazada por quienes más la ensalzaron. De hecho, pocas veces se cuestionaban aquellos desregulados procesos inmobiliarios. Más bien se aplaudían los préstamos hipotecarios superiores al 100% de su valor, apoyados en sobre-valoraciones totalmente irreales. Se tasaban patatales como solares y viviendas con incrementos anuales cinco veces superiores a la inflación. Se compraban grandes empresas por pequeñas y medianas, financiándose exclusivamente con préstamos garantizados en el valor especulativo de sus activos. Tampoco parecía preocupar la presumible incompatibilidad existente entre auditoras y empresas auditadas. A la Administración competente le pareció necesario, y así lo dispuso, considerar que todo el suelo (salvo el especialmente protegido) fuera susceptible de ser urbanizado y que el valor del urbanizable, aun solo a efectos de expropiación, fuera equivalente, desde el momento de su reclasificación, al beneficio del potencial negocio inmobiliario sin que sus propietarios invirtieran un euro ni hicieran nada (al menos confesable) que lo justificara.

Pues bien, toda esta estructura desregulada comenzó a desplomarse a mediados de los años 2000, derrumbándose repentinamente en el verano de 2007, impulsada por el seísmo globalizado de las hipotecas-basura.

Obviamente, la solución no puede ser otra que la inaplazable necesidad de regular la desregulación.

Procede en primer lugar, recuperar el flujo financiero, inyectando liquidez en las entidades de crédito para que discurra por los cauces del préstamo hipotecario, hoy exhaustos por causa de las euforias anteriores, tal como ya se ha adoptado.

En segundo lugar, procede acometer una intencionada regulación del mercado inmobiliario, actuando a largo y a corto plazo. A largo, disponiéndose, por un lado, una legislación del suelo Estatal que garantice el desarrollo sostenible, el derecho a la vivienda, una valoración inmobiliaria basada en lo preexistente y una regulación de la transformación urbanística que potencie la actividad productiva y penalice la retención especulativa y una legislación urbanística valenciana que desarrolle concertadamente esos principios y resuelva, de una vez por todas, el contencioso con la CE.

A corto plazo, dando salida en primer lugar al importante stock de viviendas sin vender (entre 80.000 y 120.000 en la Comunidad Valenciana, según estadísticas) pues, sin ello, gran parte del sector no dispondrá de recursos para nuevas inversiones. En segundo lugar, producir decididamente viviendas protegidas, para las que existe gran demanda insatisfecha, apostando intencionadamente por el régimen de alquiler, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, incluyendo la reurbanización urbana y redefiniéndose necesariamente unos precios oficiales de venta que no superen el esfuerzo económico del tercio de los ingresos para aquellas rentas familiares inferiores a 6,5 veces el IPREM. Téngase en cuenta que este umbral de esfuerzo es decisorio para la concesión del préstamo hipotecario, por lo que no puede admitirse un precio inflado de la vivienda a causa de que el valor de repercusión del suelo que ese precio conlleva, sea igual o superior al de viviendas de renta libre, como ocurre en algunas localizaciones urbanas.

Finalmente, deben impedirse las prácticas fraudulentas que han caracterizado el mercado de vivienda protegida disponiéndose que su adjudicación se realice siempre mediante concurso público, transparentemente baremado y que se mantenga su calificación como protegida a lo largo de su vida útil, para rentabilizar socialmente los recursos públicos invertidos.

Todas estas medidas reguladoras de la desregulación, junto a otras análogas, se recogen en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-12 que el ministerio y la Generalitat valenciana vienen negociando y que, en poco tiempo, verá la luz, al parecer con alto grado de consenso. Esperemos que se aplique cuanto antes y deseablemente de manera concertada entre las Administraciones competentes y con los particulares emprendedores que estén dispuestos a participar. La situación del sector y del empleo es tan delicada, que toda musculatura es poca. La regulación racionalmente concertada, debe ser el mantra que dirija toda la actividad del sector, al menos a corto y medio plazo.

Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo.

Catalunya tindrà més de 1.500 depuradores l'any 2015, segons ha assegurat aquest divendres el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar

Font: AVUI 14.11.08
Catalunya tindrà més de 1.500 depuradores l'any 2015, segons ha assegurat aquest divendres el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar.

Actualment hi ha prop de 340 depuradores en funcionament que donen servei al 97% de la població del país. Baltasar ha visitat aquest divendres la depuradora d'Ivars d'Urgell, que té un cabal de disseny de 847,5 metres cúbics al dia, equivalent a 2.500 habitants, per la qual cosa dóna servei també als municipis de Barbens, i en un futur hi ha la previsió que el nucli de Seana es connecti a aquest sistema de sanejament.

Corrupción civil

Font: El País 23/11/2008

XOSÉ MANUEL PEREIRO 20/11/2008

Los sistemas de vigilancia del urbanismo por parte de las Administraciones públicas son un fiasco absoluto, a causa sobre todo del debilitamiento de las competencias de control municipal. Por ello, sería necesario actualizar las incompatibilidades del personal de los ayuntamientos, reforzar los cuerpos autonómicos de inspección y las unidades policiales especializadas. Además, habría que obligar a comparar las declaraciones de bienes de los ediles antes y después de ocupar el cargo, y por supuesto, acometer la demolición de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias.

Argumentos así de contundentes no han salido de la pluma de un columnista que denuncia el apocalipsis de la corrupción inmobiliaria, sino que forman parte de la intervención del fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, en el Parlamento gallego. Es el discurso de un alto cargo ante una institución más que insigne. Si la gente de orden y el pensamiento mainstream van por ese camino, imaginen como estará el asunto a nivelunderground.

Es de agradecer el esfuerzo del responsable del ministerio público en Galicia por intentar poner el dedo en esta llaga. Pero no sé yo si el problema se arregla con el cumplimiento de las leyes. En primer lugar, porque la normativa urbanística, al menos para un lego, es algo semejante a la teología: además de inescrutable, tremendamente susceptible en las interpretaciones y con una demora eterna en la tramitación. Me temo que incluso lo es para la gente de la toga. No pongo en cuestión la importancia del derecho romano en nuestro sistema jurídico, pero quizás los estudios para juez o fiscal deberían actualizar más las materias.

De hecho, antes de la reciente riada, o punta del iceberg, de alcaldes presuntamente cogidos con las manos en la masa (150 en toda España), en Galicia llegaban los dedos de una manopla para contar los casos de ediles condenados por cuestiones urbanísticas. Y en los dos o tres casos, por nimiedades, mientras son más que conocidos (aunque no se publiquen o no se denuncien por falta de pruebas) enriquecimientos exponenciales de autoridades, en coincidencia casual y temporal con su mandato. Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos.

Dicho de otra forma, o se pueden hacer barbaridades urbanísticas perfectamente legales o las leyes urbanísticas se pueden incumplir tranquilamente. Por no molestar con casos actuales, en mi primera visita a la Muxía pos-Prestige, noté como que faltaba algo ya desde la entrada. Efectivamente, la iglesia románica de Santa María estaba completamente oculta, excepto el campanario, por un edificio levantado entre la costa y el templo. Legalmente, supongo. Por aquellos días, el entonces gobierno local aprobó un PGOU que doblaba el número de viviendas y triplicaba la población en O Vilar, la única zona de expansión de la villa. Buena parte de la superficie, además de propiedad de concejales, estaba dentro del límite de 200 metros protegidos por la Ley de Costas, por lo que, según convenios firmados con dos inmobiliarias, "el Ayuntamiento se compromete a reducir dicha zona de protección de 200 a 100 metros por el procedimiento de excepcionalidad justificada que prevé la ley".

Es que en esto no hay esa "alarma social" que empuja a la justicia a ser inflexible. Según un reciente reportaje de este periódico, el 70% de los cargos municipales implicados en escándalos urbanísticos resultó reelegido (y parte del 30% restante posiblemente se retiró motu proprio para hacer caja). La sociedad civil es unánimemente civil sobre los tirones de bolsos, pero no lo es tanto sobre los robos de bienes comunes como el territorio. O sea que la presión social, que es la que evita salidas del tiesto estético en el resto de Europa, y en casi toda la costa atlántica excepto Galicia, tampoco funciona.

No todo vale para crear esa "sociedad civil" que aquí escasea. Me refiero, por ejemplo, a ese sistema hidropónico de la Consellería de Medio Ambiente de crear de la nada y a la carta (y con una cuenta de 610.000 euros) un movimiento verde moderado y mandadiño, mediante la conversión de sindicalistas o afiliados en ecologistas, conservacionistas y "naturistas" -que no son gente amante de la naturaleza, sino de andar como la naturaleza los parió-. La conciencia social, incluida la ecologista, no se cría en invernaderos.

Construiran un barri de 1.350 pisos al costat de la Colònia Güell

La Generalitat i els ajuntaments de Santa Coloma i Sant Boi promouran el sector

Els camps que queden lliures entre els termes de Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló, a tocar de la Colònia Güell, es convertiran en un barri residencial amb 1.350 pisos. La meitat d'aquests seran de protecció oficial, i s'ha previst una reserva important per a zona verda i vials. Ahir es va constituir un consorci format per la Generalitat i els dos ajuntaments que serà l'encarregat de promoure el sector. Les obres començaran a mitjan any que ve.


El nou sector residencial té una superfície de 40,8 hectàrees, i la major part del terreny, excepte dues hectàrees, és al terme municipal de Santa Coloma. El 83% de l'espai es destinarà a espais lliures i serveis viaris, i el 17% restant a sòl residencial, equipaments i comerços. El projecte preveu un parc que inclourà la riera de Can Julià i el torrent de Ca n'Isbert.

L'àrea residencial se situarà més a prop del nucli urbà de Santa Coloma, mentre que la zona verda amb el parc quedarà a tocar de la Colònia Güell. Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la posició singular dels terrenys de l'entorn del barri que va promoure l'empresari tèxtil Eusebi Güell fa necessària la integració d'aquest sector en el conjunt de Santa Coloma. Alhora, la Generalitat i els ajuntaments consideren que el nou barri respon a «la necessitat de cobrir una demanda potencial d'habitatge als municipis adjacents». El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va considerar que els 675 pisos de protecció oficial que es faran «estan més enllà de la conjuntura econòmica», que afecta especialment el mercat immobiliari. Es preveu que les obres d'urbanització comencin el segon trimestre del 2009.

500.000 apartaments sense regular

Font: AVUI 20.11.08
Al gener entrarà en vigor un nou reglament que acabarà amb la manca de control. Els Ajuntaments seran els competents per donar les llicències

Elisabet Escriche

Barcelona
Ult. Act. 19.11.2008 - 23:19 hs

Només 23.000 apartaments turístics dels més de 500.000 que hi ha a Catalunya estan registrats. Per posar punt final aquesta manca de control, el gener que ve entrarà en vigor un nou reglament en què la Generalitat traspassarà als ajuntaments la responsabilitat de regular el sector.

La nova normativa obliga els apartaments a tenir una llicència municipal d’ús turístic. El permís permetrà, d’una banda, que per primer cop els habitatges puguin ser inspeccionats tant pels consistoris com pels departaments de Turisme, Consum i Habitatge, perquè deixen de ser considerats domicilis i, per l’altra, que els ajuntaments puguin decidir quins apartaments 
poden obtenir llicència i quins no.

Alguns consistoris, però, s’han mostrat molt crítics amb aquest traspàs de competències perquè no va acompanyat de partides econòmiques. De fet, diversos ajuntaments, com els Roses, Llançà, Torroella de Montgrí, Platja d’Aro i Lloret de Mar, han aprovat aquest últim any mocions contra la nova normativa que està a punt d’entrar en vigor.

“Estem d’acord que s’ha de normalitzar el sector, però no de la manera com ho vol fer el govern, perquè no tenim prou recursos per garantir el compliment de la llei”, explica el primer tinent d’alcalde de Platja d’Aro, Antoni Botallé. “Es repetirà la mateixa situació que amb la llei de la dependència”, afegeix.

El sector encara s’ha mostrat més crític. A part de coincidir amb els ajuntaments que hi ha una manca de mitjans per aplicar-la, denuncia que la normativa s’ha fet sense la seva participació. També critica que no fa un seguiment del tipus de serveis que ofereix l’habitatge. “No es dóna cap garantia a l’usuari final”, denuncia el president de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) i de Federatur, Lluís Torrent.

El govern recorda al sector que fins ara l’únic servei que preveia la llei era “una neteja habitual” de l’apartament. “Amb la nova normativa s’exigirà per primer cop la cèl·lula d’habitabilitat”, afegeix el subdirector general d’Ordenació Turística de la Generalitat, Joan Domènec Abad.

A més, segons Abad, el fet que hi hagi la implicació del departament de Consum és una garantia per a l’usuari. El govern també es compromet que la llicència sigui tan senzilla com es pugui perquè no suposi cap problema pels ajuntaments. “Perquè la Generalitat faci una bona promoció turística, és imprescindible saber també l’oferta d’apartaments amb què compten ”, adverteix el subdirector general d’Ordenació.

Santa Coloma instala placas solares en su cementerio

Font: EL PAÍS 20.11.08

Aprovechar cualquier rincón para fomentar el uso de las energías renovables, también el cementerio, es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) en materia de desarrollo sostenible. Y desde ayer 752 metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos trabajan a pleno rendimiento en el techo de los nichos del camposanto municipal.

El parque solar generará al año 124.374 kilovatios hora, lo que permitirá suministrar energía a 60 familias colomenses y reducir las emisiones de C02 a la atmósfera en 62 toneladas. La iniciativa es pionera en España y cuenta con el apoyo de la Diputación, Endesa y Conste, concesionaria del cementerio.Santa Coloma de Gramenet ha construido su mayor parque solar en el cementerio municipal, que, orientado al sur y situado en la ladera del Singuerlín, recibe al año muchas horas de sol. Éste es el quinto parque fotovoltaico en la ciudad, que hasta ahora había instalado sus placas sobre centros escolares, la biblioteca central del municipio y el polígono Bosc Llarg.

Entre los cinco producirán la electricidad consumida por 145 familias al año, (gracias a 1.083 metros cuadrados de paneles solares y 2.000 de paneles solares térmicos). "No es mucho, pero es la primera piedra para mitigar los efectos del cambio climático", resumió ayer Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma.

Si todo funciona según lo previsto, los impulsores del proyecto creen que el cementerio podría multiplicar por cuatro el número de placas en 2009, siempre dispuestas sobre los bloques de nichos y con una inclinación de 30 grados. El parque solar ha costado 720.000 euros, y Conste, la empresa concesionaria, ha corrido con los gastos. Para evitar posibles robos, ha instalado también un sistema de videovigilancia.

Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona, ex regidor del Ayuntamiento colomense y uno de los impulsores del proyecto, asegura que hay otras ciudades interesadas en la iniciativa.

También Castellar del Vallès (Vallès Occidental) ha anunciado que pondrá en alquiler los tejados de 10 edificios municipales para instalar placas solares, informa Ivanna Vallespín

12 noviembre 2008

Inauguració de l'escola pública "La Sínia".

Una rutinària maniobra de l’espai i el temps que d’ençà el big-beng aixafa qualsevol crit de llibertat per eixordadís que aquest sigui, ens situa en aquest moment fet d’inapreensibles instants i en aquest ínfim espai damunt del qual l’univers continúa la seva expansió per celebrar quelcom d’esperat: unes quantes pedres i d’altres materials d’artificial factura conformen per fí l’indret on els nostres fills -INCIPIENTS PROJECTES VITALS DE DIVINA BELLESA INCREADA EN L’ATZAR D’AQUESTA SÀBIA NATURALESA A LA QUAL L’ÉSSER HUMÀ TEMPTEJA D’EMULAR AMB LA SEVA PRIMITIVA DESTRESA-, rebran llur primera instrucció, terme aquest amb el qual només s’esbossa el que és raó de ser de la institució escolar que es desenvolupa en un lloc anomenat ESCOLA –en honor d’aquells pioners del pensament que albira vocació de progrès-, i que, ara, s’ubica en un entorn ontològicament inquietant, i per tant, ple de grans oportunitats.

Sent els nostres fills partíceps d’una inesgotable ansietat per conèixer del qual és vehicle EL NOSTRE MÓN SENSIBLE, no és sinó per mitjà d’ell com LA RAÓ, en el seu pedestal estant, albirant conceptes i abstraent conclusions, assenta EL CONEIXEMENT. Nogensmenys, les fronteres del nostre món sensible s’han anat desdibuixant per arribar a comprendre, amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, un indret anomenat ALDEA GLOBAL on uns quants milers de milions d’éssers humans -com ESPURNES DE RUTILANT LLUÏSSOR EN ARBORESCENT, CAÒTICA I FRACTAL ESTRUCTURA-, s’afanyen en perpetuar l’incandescent esclat d’hàbil genialitat amb què l’elf d’un antecesor nostre va induir el primer procés de combustió amb la calor i la llum pròpies del foc.

Què n’hem d’aprendre dels nostres fills!!... de ben segur, més del que nosaltres els poguem ensenyar. Només ens cal fer-los conscientment hereus d’aquesta -la nostra-, condició humana, dels seus VALORS i d’aqueixa inquietud per remoure els obstacles i defugir els paranys que impedeixen fer d’aquest un MÓN MÉS SOLIDARI, SOSTENIBLE I SAVI.

05 noviembre 2008

Projecte de llei sobre millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Al Diari de sessions del Parlament de Catalunya de 22/10/2008 es transcriu el debat a la totalitat del projecte de llei sobre millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
La llei preveu, en primer lloc, un sistema d’ajuts directes als ajuntaments finançat amb fons pressupostaris de la Generalitat per tal que aquests ajuntaments puguin elaborar programes d’adequació de les urbanitzacions radicades en el seu terme que presentin dèficits urbanístics. Aquests programes d’adequació han de contenir el conjunt de mesures que, a parer de l’ajuntament, són necessàries per tal de resoldre la problemàtica de cada una de les urbanitzacions i, si és el cas, rebre’n els serveis urbanístics. En tot cas, hauran d’incloure l’establiment de la situació registral de les finques, l’elaboració i aprovació del corresponent planejament general i derivat, l’elaboració del projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització bàsica.

Una vegada els ajuntaments hagin elaborat el corresponent programa d’adequació, si decideixen avançar en l’execució de les obres pel sistema de cooperació, podran accedir a un finançament pel cost de la urbanització. Aquest finançament prendrà la forma d’una bestreta de l’Institut Català del Sòl a l’ajuntament per tal que aquest pugui afrontar els costos de les obres..., i reintegrar-se, d’aquesta bestreta, l’Institut Català del Sòl, de manera directa a través de la percepció de les corresponents quotes d’urbanització. S’evitarà així que els parcel·listes hagin d’hipotecar les seves propietats davant d’una entitat de crèdit per tal d’obtenir d’avançada el finançament. L’institut avança els diners contra els rebuts de les quotes; és l’institut qui les cobra i es rescabala dels diners anticipats oportunament.

Finalment, la llei preveu també un sistema d’ajuts directes als parcel·listes que tinguin dificultats per satisfer les quotes d’urbanització. Així, aquells que tinguin més de seixanta-cinc anys, que visquin a la urbanització de manera permanent i no disposin d’altres immobles, disposaran d’un tractament especial que podrà anar fins a la inscripció de l’import de la quota com un cens sobre la finca, cens que només haurà de satisfer-se en el moment de la transmissió.
El projecte preveu la possibilitat de dedicar totalment o parcialment l’import resultant de l’alienació dels sòls procedents de la cessió pels sistemes urbanístics a la implantació d’infraestructures, serveis i equipaments necessaris per a la urbanització corresponent, facilitant així l’equilibri econòmic de les operacions de rehabilitació i consolidació.
El projecte també preveu la creació d’una junta avaluadora d’obres d’urbanització amb la finalitat de dirimir els eventuals conflictes que puguin derivar-se de la recepció de les obres
ja finalitzades per part de les administracions locals, amb intervenció de l’Administració local, de l’Administració autonòmica i naturalment també del conjunt de les associacions de parcel·listes a nivell global i de cadascuna de les urbanitzacions.
El diputat del Grup Parlamentari Convergència i Unió Joan Raventós va destacar:
a) Que s’hauria d’ampliar la línia d’ajuts tendents a facilitar el pagament de les quotes d’urbanització no únicament i exclusivament a aquells de més de seixanta-cinc anys, que també, sinó a tots aquells col·lectius que requereixen una especial protecció: parelles amb ingressos baixos, famílies monoparentals, discapacitats, famílies joves amb criatures que estableixen la seva primera residència a les urbanitzacions com a conseqüència de l’elevat preu de l’habitatge a les ciutats.
b) Que, cal evitar també que la iniciativa privada quedi al marge d’aquest procés. S’ha de donar als parcel·listes l’oportunitat, a través de les entitats col·laboradores de l’Administració, de ser abanderats en la resolució dels seus dèficits urbanístics i optar als fons econòmics per a la redacció dels programes d’adequació.
c) Va proposar que la llei ha incorpori la redacció d’un catàleg d’urbanitzacions que ajudi a conèixer amb exactitud el nombre d’afectats i la seva problemàtica.
El Diputat Roberto Labandera del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi no es va mostrar gaire partidari del catàleg "...perquè per nosaltres l’eix fonamental de l’acció d’aquesta llei és donar suport al món municipal, i sobretot a aquell municipi que no només té la iniciativa, sinó que té el nivell de consens i la voluntat política de tirar endavant l’endreçament, l’ordenament de les seves urbanitza-cions. La creació de catàlegs..., que evidentment que són molt útils; una altra cosa és que establim un mecanisme per generar o per tenir un observatori, unes diagnosis, etcètera, sobre la situació. Però la creació de catàlegs i fer dependre el sistema d’actuació a l’actuació dels catàlegs segurament pot endarrerir una feina que és necessària que es comenci a fer des de ja. I és per això que nosaltres aquest tema volem també destacar-lo des del primer moment".
En relació al sistema de finançament de les actuacions va afirmar que "...Parlem sempre de subvencions, no d’ajuts a fons perdut. És un préstec el sistema aquest, és un sistema de préstecs, i els préstecs s’han de retornar. Hem d’establir els mecanismes per a facilitar el seu retorn a aquelles famílies que tinguin els problemes de renda, però s’han de retornar, i és un factor important".
Per la seva part el parlamentari Pere Bosch d'ERC conceptuà els programes d'adequació com "... els fulls de ruta per regular la situació urbanística i determinar les obres i els serveis que caldrà implementar", en relació al qual considera que caldrà afinar els seus continguts mínims suggerint que es desenvolupin dins d’una estratègia conjunta que afecti la totalitat del municipi, i que, més enllà de la possibilitat que obre l’article 19.2, contempli aspectes com una diagnosi sobre la realitat sociodemogràfica de la urbanització i memòries que determinin en d’altres, la
sostenibilitat ambiental i econòmica, la mobilitat generada o el compliment de les mesures de prevenció d’incendis, elements tots ells fonamentals per a garantir el futur viable de la urbanització que volem consolidar.

Quant al fons anual per a fomentar la formulació i execució de programes d'adequació de les urbanitzacions es remet a la possibilitat ja esmentada a la part expositiva del projecte de llei de procedir a una reversió dels terrenys que s’havia previst urbanitzar i passar-los a la condició de sòl rústic en determinats supòsits considerant que els esforços no només s’han d’orientar a regularitzar determinades situacions i a la plena execució de les obres d’urbanització, sinó també a tot allò que tendeixi a la compactació urbana i redueixi la dispersió urbanística, i a valorar igualment tots aquells programes d’adequació que apostin per l’extinció parcial –o, si escau, total– d’aquelles urbanitzacions en les quals aquesta mesura
resulti encara possible i recomanable.

Josep Llobet del Grup Parlamentari Popular va considerar que l’article tant 19, que regula el fons, com l’article 21, que regula el que és el finançament de les urbanitzacions, d’entrada ens sembla correcte, però molt millorable. Es remet a l'estudi econòmic del departament de Política Territorial i Obres Públiques que pressuposten per als propers vint anys una inversió de 200 milions d’euros que considera insuficient i sosté que cal fer un esforç majoritari perquè conjuntament aconseguim que moltes d’aquestes persones i parcel·listes que tenen una dificultat molt important a l’hora d’assumir aquestes quotes d’urbanització tinguin no només un préstec, sinó que, alhora, els mateixos ajuntaments puguin assumir una quota superior mitjançant ajuts per part del Govern de la Generalitat i, per tant, aquesta quota d’urbanització sigui menor per als mateixos afectats.
Finalment va manifestar la preocupació "... perquè en la mateixa valoració que fa el departament diu que les actuacions seran de vint actuacions anuals; durant vint anys, quatre-centes actuacions en urbanitzacions, quan el mateix estudi ve a dir que només en la demarcació de Barcelona hi han vuit-centes urbanitzacions, i estem enraonant de dues mil urbanitzacions arreu de Catalunya. Per tant, si a vint anys intentem solucionar el problema de quatre-centes urbanitzacions, n’hi haurà més de mil que quedaran pendents de la solució".
El diputat José Domingo del Grup Mixt va definir la llei "... como una ley ciertamente tacaña o cicatera. Es una ley que no llega a mucho. Hoy mismo el señor Labandera, con valentía y con contundencia, ha dicho: «Esta ley no prevé ayudas, sino únicamente que prevé préstamos.", va sostenir que "es muchas veces más fácil reconvertir las segundas residencias en primeras residencias –y este sería un objetivo bueno, que estas urbanizaciones muchas de ellas se convirtieran realmente en primeras residencias– y para ello creo que podríamos contemplar un régimen de ayudas, como han hecho otras comunidades autónomas..." i va considerar com a precepte clau l'article 7è del projecte segons el qual:
7.1. Els propietaris o propietàries dels sòls integrats en les urbanitzacions objecte de regularització, classificats de sòl urbà no consolidat o de sòl urbanitzable delimitat, tenen el deure de cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes urbanístics, d’acord amb el que estableix l’article 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
7.2. Les urbanitzacions en les que existeixin cessions pendents de sistemes urbanístics, previstes en l’instrument de planejament a l’empara del qual es dugué a terme l’operació de transformació del sòl, o en el planejament aprovat per a regularitzar àmbits urbanitzats que no en disposessin, la cessió dels sistemes s’efectua sense dret a rebre cap tipus de contraprestació urbanística o d’indemnització, excepte que no s’haguessin obtingut els beneficis urbanístics. S’entén que la transmissió de les parcel·les i immobles de les urbanitzacions objecte de regularització s’ha efectuat lliure de les càrregues urbanístiques de cessió de sistemes i que s’han obtingut els beneficis urbanístics derivats de l’execució del planejament, si no s’ha estipulat el contrari en el contracte o acte de transmissió.
7.3. El deure de cessió a què fa referència l’apartat anterior es materialitza mitjançant el corresponent projecte de reparcel·lació. Aquest projecte és títol suficient per a inscriure el sòl a favor de l’administració actuant en el Registre de la propietat, SENSE QUE ES REQUEREIXI EL CONSENTIMENT DEL TITULAR REGISTRAL, mitjançant la documentació determinada per la legislació hipotecària.
7.4. Els propietaris o propietàries de sòls integrats en urbanitzacions objecte de regularització, classificats de sòl urbà no consolidat o de sòl urbanitzable delimitat, tenen el deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i urbanitzat, el sòl corresponent al percentatge de l’aprofitament urbanístic del sector o del polígon d’actuació que preveu la legislació urbanística.
7.5. En supòsits excepcionals d’àmbits amb edificació consolidada on no sigui possible la redistribució material dels terrenys, el projecte de reparcel·lació pot establir que la cessió de sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic sigui substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic.
7.6. L’import obtingut de l’alienació d’aquest sòl de cessió corresponent al percentatge d’aprofitament o l’equivalent econòmic es pot destinar, totalment o parcialment, a costejar la implantació d’infraestructures, serveis i equipaments dins l’àmbit d’actuació o l’ampliació o el reforçament d’aquelles infraestructures, serveis i equipaments externs que han de donar servei al referit àmbit.