Europa asume el coste de ser verde

El recorte de emisiones de CO2 costará a cada europeo tres euros por semana hasta 2020 - España sale bien parada del reparto de obligaciones entre los países

Font: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Europa/asume/coste/ser/verde/elpepisoc/20080124elpepisoc_2/Tes

La Comisión Europea presentó ayer un ambicioso plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono con el que trata de convencer al resto del mundo, y especialmente a Estados Unidos, de que se sume a la lucha contra el cambio climático. El objetivo es alcanzar un acuerdo global que suceda a Kioto a partir de 2012. España sale bien parada del plan, pues se le exigen esfuerzos que parecen asumibles, a diferencia de la negociación de 1997 para repartir la carga de Kioto en la UE, donde fue penalizada.
Bruselas cedió en el último momento a la presión de la industria que argumenta que pagar por emitir CO
2 minará su competitividad internacional y se verá obligada a emigrar a países más permisivos. Las empresas de alto consumo energético estarán exentas de pagar por contaminar si en 2010 los países competidores no imponen límites equiparables.
Con este paquete legislativo, Europa pretende recortar en un 20% las emisiones de CO
2 en 2020 respecto a 1990 (o lo que es lo mismo, 14 puntos menos que con la tendencia actual). También pretende lograr en 2020 que el 20% de la energía sea renovable.
El plan le costará a cada ciudadano tres euros a la semana, lejos de los 60 euros a los que ascendería el coste por los destrozos del calentamiento si no se hiciese nada. El CO
2 producido al quemar combustibles fósiles se acumula en la atmósfera, retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta.
Las propuestas legislativas deben recibir aún el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo Europeo, donde se prevé que un buen número de países pelee por rebajar la cuota que les ha tocado en el reparto.
La Comisión ha optado por un reparto novedoso. Hasta ahora, cada país tenía un tope de emisiones y lo distribuía como quería entre industrias y ciudadanos. El sistema acabó distorsionado ya que contaminar era gratis en muchos sitios y los pocos países que se lo tomaron en serio vieron amenazada la competitividad de su industria.
Ahora, Bruselas mete a las industrias -cuyas emisiones se pueden medir y por lo tanto limitar- en una bolsa única en Europa. Estas empresas tendrán que acudir a subastas de derechos de emisión, aunque habrá excepciones y plazos por sectores y países más pobres. En resumen, cada cementera pujará con sus competidoras europeas por emitir. Las emisiones industriales suponen casi el 60% del total y Bruselas impone un recorte del 21% para 2020.
El resto procede de los "sectores difusos": coches, tráfico, calefacción, alumbrado..., a las que no se les puede asignar un cupo y más difíciles de recortar. Para éstas, Bruselas quiere una reducción global del 10% en 2020. Pero ese objetivo no es igual para todos. Dependerá del PIB per cápita. Francia tendrá que reducir sus emisiones un 14% y Alemania y el Reino Unido, un 16%. En el lado contrario, Rumania podrá aumentar su nivel un 19%. España, cuya riqueza está en la media de los Veintisiete, deberá limitar sus emisiones un 10%, en la media.
Para cumplir el doble objetivo, Bruselas impone a los países un porcentaje obligatorio de energías renovables: el 20%. Los que parten de un nivel muy bajo, como Reino Unido (1,3%) y Bélgica, (2,2%) tendrán que realizar un gran esfuerzo y pelearán por rebajar el objetivo. Además, un 10% de los carburantes deberán ser biocombustibles aunque no podrán proceder de la deforestación de selvas vírgenes. Se prevé una seria batalla.
España sale beneficiada con el nuevo sistema por tres factores. El primero es que se toma como año de referencia 2005 (porque los datos son fiables), pésimo en España, que ya emitía un 52% más que en 1990. El segundo es que se tiene en cuenta la población y España ha recibido una gran inmigración. Además, la UE ha premiado a los que ya habían realizado un esfuerzo en renovables. España tendrá que pasar del 8% de energía limpia al 20%. Según Industria, esto implica producir con fuentes renovables un 42% de la electricidad.
El resultado es que si el protocolo de Kioto permite a España emitir un 15% más que en 1990, la propuesta de Bruselas eleva esa cifra a un 30% para 2020. El descenso para cumplir Kioto es más abrupto que el necesario para cumplir el actual reparto (ver gráfico). La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que los objetivos son "ambiciosos pero alcanzables". La satisfacción era total en su ministerio, que ha peleado por cambiar el criterio de reparto de emisiones que la UE fijó en 1997, más duro para España. Paul Isbell, del Instituto Elcano, resumió: "Es el mejor acuerdo posible para España y es justo. Pero otros países no estarán satisfechos y querrán cambiarlo".
Los ecologistas criticaron el paquete legal, ya que consideran que es insuficiente y que la reducción del 20% es arbitraria. La UE peleó en Bali por conseguir una reducción de entre el 25% y el 40%. Por el contrario, la patronal europea criticó que la industria perderá competitividad.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, dio garantías de que la propuesta no perjudicará al empleo. "Queremos que las industrias se queden en Europa". El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, admitió su "preocupación porque las empresas se vayan a otros países con menos restricciones y continúen allí contaminando el planeta". Paguen o no, el objetivo de reducción de gases contaminantes no se modificará.
También explicó Barroso que en el caso de que las empresas europeas se vean perjudicadas por la competencia internacional, la UE podría obligar a los importadores por ejemplo de cemento, acero o aluminio, producidos con normativas menos exigentes, a comprar derechos de emisión. Es poco probable que esto se lleve a cabo debido a las resistencias de algunos países europeos que no quieren que las empresas que tienen parte de su producción en países como China se vean afectadas.

Reparto desigual
- La propuesta obliga a que el 20% de la energía sea renovable en 2020.- Francia, Alemania y Reino Unido cargarán con el mayor recorte; España queda en la media de los Veintisiete.- El plan recortará el PIB entre el 0,4% y el 0,6%, pero los efectos del calentamiento serían más caros.- La patronal afirma que peligra el empleo; los ecologistas, que no frenará el cambio climático.

Los jueces rechazan paralizar el túnel del AVE por el Eixample

La junta de la Sagrada Familia interpreta que el tribunal "aplaza" oponerse al túnel
BLANCA CIA - Barcelona - 24/01/2008

Font: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/jueces/rechazan/paralizar/tunel/AVE/Eixample/elpepiespcat/20080124elpcat_9/Tes


"No se aprecia del estudio informativo definitivamente aprobado que resulten perjuicios irreparables". La frase es uno de los argumentos del tribunal de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para denegar la suspensión de las obras del túnel del AVE que atravesará Barcelona y pasará junto al templo de la Sagrada Familia.
La dirección del templo entiende que las obras se podrán parar más adelante
El tribunal no ve que el trazado del túnel llegue a producir daños irreparables
La petición la planteó la junta constructora del templo con la pretensión final de que fuera la vía judicial la que impusiera la paralización de las obras y, en consecuencia, un cambio de trazado del tren de alta velocidad. Con esa resolución judicial, parece despejado el futuro del túnel del Eixample, cuyas obras de construcción se adjudicaron el pasado viernes.
Responsables de La Sagrada Familia alegan que el paso del tren puede ocasionar "daños irreparables" en el templo y por eso pidieron la suspensión cautelar del acto administrativo de la aprobación del trazado de 5,6 kilómetros del túnel, en definitiva, del estudio informativo que se hizo público en julio de 2007.
Y en eso se han centrado los jueces. Argumentan, en primer lugar, que la aprobación del estudio informativo "no implica la inmediata ejecución de la obra (...), no se advierten perjuicios irreparables que puedan derivar de la ejecución del acto recurrido -se refieren al estudio informativo-, existiendo, además, una razón implícita de interés general en la aprobación del estudio informativo". Es decir, que aprecian el interés general del túnel del tren. Ése fue uno de los argumentos que sostuvo la abogacía del Estado al oponerse a la paralización de la obra.
Añaden que, en todo caso, no hay ninguna situación de peligro en estos momentos "habida cuenta del más que apreciable lapso temporal que se presume hasta el inicio de los trabajos". El inicio de los trabajos está previsto para esta primavera, aunque el primer año es de preparación y montaje de la tuneladora.
Y siguiendo con ese mismo hilo, los jueces dicen que suspender el estudio informativo supondría "eliminar una obra que se estima viable y posible en su ejecución, respaldada por informes técnicos y por la declaración de impacto ambiental". Introducen, no obstante, una cautela peculiar: que el proyecto de construcción del túnel considere inviable el trazado, algo que, por otra parte, no suele ocurrir.
"En suma", relata el juez, " no se aprecia... que del estudio informativo resulten perjuicios irreparables".
El tribunal se cura en salud y señala que la cuestión, es decir, la paralización de las obras, se puede volver a plantear en un futuro: "El tribunal, en razón de las circunstancias concurrentes, considera razonable que se le informe sobre la compatibilidad entre el estudio informativo y la concreción del proyecto de construcción", concreta el auto. Y advierte de que si se produjera una incompatibilidad o "dificultad extrema", podría ser reconsiderada la medida cautelar de la suspensión. Dispone que la Administración -el Ministerio de Fomento- informe al tribunal si existe alguna modificación o problemas en la ejecución de la obra "con aportación del informe técnico correspondiente".
Es decir, que un tribunal de la Audiencia Nacional se podría convertir en algo parecido a un auditor de una obra pública. Y a ese punto es al que agarra el templo de la Sagrada Familia para interpretar que en un futuro los jueces pudieran paralizar las obras. "La Audiencia Nacional aplaza la orden de suspensión de las obras del AVE en tanto que no hay un proyecto definido", puntualiza un comunicado hecho público ayer por la junta constructora.
Para los responsables de la Sagrada Familia, el del túnel "puede considerarse inviable" cuando avancen las obras. Esta actitud contrasta con anteriores declaraciones del presidente de la junta, Joan Rigol, en las que dijo que daría por cerrado el asunto si los jueces denegaban la paralización de las obras.
Con el fallo en la mano, el Adif podrá plantear ahora la comprobación de la Sagrada Familia dentro de la revisión general de todos los inmuebles junto a los que pasará el tren de alta velocidad.

Hereu aprecia el "sentido común"
Como no podía ser de otra manera, el auto de la Audiencia Nacional suscitó reacciones contraopuestas. Un sonriente alcalde, Jordi Hereu, pareció ayer respirar más tranquilo al ver que se despejaba el camino del túnel: primero con la adjudicación de las obras y ayer, con la denegación de suspender unas obras todavía no iniciadas. "Se ha impuesto el sentido común", señaló para añadir que la suspensión cautelar del túnel "habría sido un precedente muy preocupante. Vamos mal si empezamos a parar obra pública a base de sentencias". De lo que sí se alegró fue de la petición de los jueces de estar puntualmente informados de los cambios o circunstancias de la ejecución del proyecto: "significará más transparencia porque habrá otro ámbito al que se tendrá que dar información".
Nada que ver la reacción de los tres grupos de la oposición municipal (CiU, PP y ERC). Xavier Trias (CiU) dejó claro que respetaba la decisión del tribunal pero no consideró cerrado el asunto hasta el resultado de las elecciones generales. Así, insistió en el mensaje lanzado por el democristiano Josep Anton Duran Lleida de que si CiU es decisiva para un hipotético gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una condición será cambiar el trazado.
Alberto Fernández Díaz (PP) también considera que la batalla del túnel se debe seguir planteando por la vía política. Para Jordi Portabella (ERC), el auto del juez es incompleto porque, en su opinión, sólo recoge los argumentos de los favorables al túnel.
Quienes no desisten en intentar paralizar el túnel sea como sea son los portavoces de la plataforma del AVE por el litoral, cuya demanda -en el mismo sentido que la de la Sagrada Familia- tiene que resolverse todavía.
Y en relación con la construcción del túnel, el Colegio de Ingenieros de Caminos se mostró ayer crítico por el hecho de que las obras se hayan adjudicado por el 27% menos de lo licitado. Tanta diferencia, argumentan, pone de manifiesto que el criterio prioritario es el económico.

¿Por qué no cambiamos las ciudades?

JOAN SUBIRATS 24/01/2008

Font: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/hablamos/ciudades/elpepiespcat/20080124elpcat_3/Tes

En esta extraña campaña electoral, tengo la sensación de que la gente sigue sin demasiadas ilusiones el acontecer diario de las estrategias de cada partido, en un espectáculo del que conocemos rutinas y liturgias, y del que sólo desconocemos el final, o quién se casa con quién. En el país vecino, Francia, están también en campaña electoral, pero en este caso se trata de las municipales. La primera vuelta se realizará el mismo día de las elecciones generales españolas, el 9 de marzo, y una semana después, la segunda vuelta en caso de que sea necesario. Los más de 30.000 municipios franceses han sido y son centrales en la vida política de ese país. No hay demasiados precedentes de destacados políticos franceses que no hayan batido el cobre en la política local antes de ir escalando posiciones en otras esferas de gobierno, manteniendo casi siempre sus responsabilidades locales. La crisis de las banlieu, y su reiterada aparición en la agenda política, ha obligado a que la campaña se centre en la necesidad de replantear el papel de los gobiernos locales, aumentando su protagonismo, y su capacidad de intervención. Sarkozy ha propuesto la creación de un ministerio específico para las ciudades, subrayando así el relieve de los temas urbanos en la agenda política y social francesa.En esta extraña campaña electoral, tengo la sensación de que la gente sigue sin demasiadas ilusiones el acontecer diario de las estrategias de cada partido, en un espectáculo del que conocemos rutinas y liturgias, y del que sólo desconocemos el final, o quién se casa con quién. En el país vecino, Francia, están también en campaña electoral, pero en este caso se trata de las municipales. La primera vuelta se realizará el mismo día de las elecciones generales españolas, el 9 de marzo, y una semana después, la segunda vuelta en caso de que sea necesario. Los más de 30.000 municipios franceses han sido y son centrales en la vida política de ese país. No hay demasiados precedentes de destacados políticos franceses que no hayan batido el cobre en la política local antes de ir escalando posiciones en otras esferas de gobierno, manteniendo casi siempre sus responsabilidades locales. La crisis de las banlieu, y su reiterada aparición en la agenda política, ha obligado a que la campaña se centre en la necesidad de replantear el papel de los gobiernos locales, aumentando su protagonismo, y su capacidad de intervención. Sarkozy ha propuesto la creación de un ministerio específico para las ciudades, subrayando así el relieve de los temas urbanos en la agenda política y social francesa.

No me parece que en las elecciones españolas ése sea un tema significativo. Estamos demasiado ocupados en cuestiones mucho más importantes: la unidad de España, la presencia de Pizarro y el bofetón a Gallardon, o la letra del himno patrio. Pero, si examinamos lo que ha ido sucediendo en España, la cosa merecería mucha más atención. La sociedad española ha sufrido procesos de urbanización sin precedentes. Si en 1900 un 50% de la población vivía en pueblos de menos de 5.000 habitantes, en el año 2001 ese porcentaje era del 15%. Tenemos 20 aglomeraciones urbanas extensas, con más de 250.000 habitantes, y cinco de ellas superan el millón. En este sentido España sigue la evolución mundial, ya que si en 1950 el 29% de la población mundial era urbana, en 1990 alcanzó un significativo 50%, y se calcula que en 2025 puede llegar al 75%. Las ciudades reflejan y concentran los valores, los problemas y las alternativas del conjunto de la sociedad hoy en el mundo y también en España.
Los grandes procesos de cambio de la sociedad española, en campos como el trabajo, la familia o la estructura social, han afectado de manera muy intensa a las ciudades. Es en las ciudades donde se concentran problemas y oportunidades, donde conviven procesos crecientes de individualización con dinámicas de segmentación social que tienden a separar funciones y personas. Podríamos decir que son las ciudades las que necesitan más -y más innovadora- capacidad de intervención y son esas ciudades donde, tras casi 30 años de gobiernos locales democráticos, se constata la falta de recursos y de capacidades intregrales de respuesta. Las políticas urbanas tradicionales, muy basadas en la planificación y el control de los usos del suelo (políticas urbanísticas), se ven impotentes para responder a los nuevos retos. Y tampoco son suficientes las estrictas políticas locales, hechas muchas veces desde una lógica muy restrictiva y poco capaz de plantearse problemas que las desbordan y que escapan de sus límites competenciales y territoriales. La gente transita a diario por un territorio en el que se entremezclan problemas y temas que afectan a sus vidas de manera directa. Ese espacio, ese territorio, es casi inevitablemente urbano. ¿Cómo repensar, pues, problemas y políticas de respuesta desde una perspectiva que reconozca la significación del espacio, del territorio en el que ello sucede, y que al mismo tiempo quiera mantener una perspectiva integral que permita abordajes más eficaces aprovechando el factor de proximidad? Se ha argumentado que la variable territorial es muy significativa a la hora de establecer la distribución de las oportunidades vitales y de consumo, y que es justamente en esas coordenadas territoriales donde se produce la tensión entre las funciones de las áreas urbanas como medio residencial para la población y los usos de esas mismas áreas como palancas de acumulación para otros sectores, todo ello en pleno debate sobre la sostenibilidad de las ciudades atendiendo a su evidente huella ecológica. Desde esta perspectiva se enfatiza el papel central del territorio tanto en nuevos procesos de acumulación en la economía globalizada, como en su calidad de soporte concreto y específico del bienestar de la ciudadanía.
Cada territorio concreto se ve afectado por un conjunto de políticas e intervenciones que descienden desde distintas esferas de gobierno marcando su desarrollo y las interrelaciones concretas de sus habitantes y su calidad de vida. Por otro lado, muchas ciudades se han ido convirtiendo en growth machines en las que se juegan los equilibrios de poder entre élites económicas locales, nacionales y globales que compiten por determinar usos y apropiarse de las plusvalías de sus crecimientos y restructuraciones. Se ha ido pasando de la idea de políticas urbanas centradas en asegurar el máximo bienestar ciudadano, a políticas urbanas que pugnan por generar mayor competitividad del territorio en cuestión, para así generar después oportunidades de bienestar a sus habitantes. Se ha ido, pues, subordinando el papel de las ciudades como contenedoras de infraestructuras sociales, para primar sus aspectos de competitividad global. Y ello es ya así en todo el mundo.
Estamos, pues, en momentos de profunda reconsideración de las políticas urbanas, al no sernos útiles las aproximaciones tradicionales -de carácter específicamente urbanístico-, precisamente cuando parece ser más decisivo el rol territorial-urbano en los desarrollos contemporáneos, y cuando las políticas locales en sus coordenadas actuales son también insatisfactorias. Se necesita repensar las ciudades, y hacerlo de manera que las distintas esferas de gobierno puedan participar e influir. Tenemos ahora la oportunidad de hacerlo. Necesitamos un foco de atención específico en las ciudades que pueda impulsar esa tarea desde el gobierno del Estado, desde una lógica no jerárquica, sino buscando la articulación del resto de instituciones y actores, y con el objetivo inequívoco de reforzar las capacidades de gobierno de las ciudades y los espacios urbanos.

Noticias inmobiliarias de la semana del 4 a 08/01/08 según el portal idealista.

el gobierno incluye el alquiler con opción a compra en el plan estatal de vivienda
el país, miércoles 9 ene 08

metro, jueves 10 ene 08

el gobierno ha incluido en el plan estatal de la vivienda 2005-2008 la modalidad de alquiler protegido con opción a compra que ya existe en algunas comunidades autónomas. arrendar un piso durante cinco años o más da derecho a tener la opción de comprarlo. dentro de los cambios al plan se incluye la ampliación del "precio de las viviendas que pueden ser subvencionadas" con precios concertados, a las que podrán acceder las personas cuyos ingresos no superen 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (iprem). con esta reforma el gobierno subvencionará la compra de viviendas de hasta 316.540 euros, cuando hasta ahora no podían superar los 273.375 euros. estas viviendas no pueden superar los 90 metros cuadrados


la banca teme que el repunte del paro eleve la morosidad de los créditos
el mundo, martes 8 ene 08


la fase de desaceleración en la que ha entrado la economía española, que ha ganado intensidad al detectarse un fuerte repunte de la inflación y del desempleo (los precios se han disparado al 4,3% y la tasa de paro ha experimentado el mayor aumento desde 2002) impacienta al sector financiero, que teme un repunte de la morosidad mayor del esperado si la tendencia de esas variables se prolonga en los próximos meses. el elevado endeudamiento de las familias españolas no juega a favor de las entidades y según el banco de españa los impagados de créditos a particulares para compra de bienes de consumo duradero repuntaron ligeramente hasta el 2,5% del saldo en junio del año pasado desde el 2,2% del trimestre anterior


el mercado inmobiliario francés se ralentiza bruscamente
le monde, martes 8 ene 08

después de una subida del 140% en diez años el mercado inmobiliario francés ha comenzado su ralentización en 2007 como habían advertido la mayoría de analistas. según las estadísticas de la federación nacional inmobiliaria (fnaim en sus siglas en francés) "el frenazo es brusco tras la subida del precio de la vivienda usada de 2007, que ha sido del 3,8% frente al 7,1% del año anterior y del 10,4% de 2005". el incremento ha sido más sostenido para las casas independientes (4,3%) que para los apartamentos (3,3%). esta tendencia ha afectado también a los alquileres, que sólo han crecido un 0,9% de media. la crisis financiera ha provocado que el ejercicio haya terminado en un periodo de dudas. de hecho, el cuarto trimestre ha registrado una subida interanual de sólo el 2,5%


la nueva ley hipotecaria impide a los hipotecados el cambio libre de entidad financiera
expansión, lunes 7 ene 08


los hipotecados tendrán mucho más difícil trasladar su préstamo a otro banco en su búsqueda de condiciones crediticias más ventajosas. la nueva ley hipotecaria que entró en vigor el pasado 9 de diciembre nació con el objetivo de abaratar costes pero muchos expertos denuncian que la letra pequeña de la reforma muestra que el cumplimiento de estos fines dista mucho de la realidad. un sutil cambio en la redacción del texto establece que en caso de que haya una contraoferta por parte de una segunda entidad el primer banco tan sólo deberá declarar ante notario que iguala o mejora dicha oferta para impedir al cliente el libre traslado de la hipoteca. "de este modo, un banco con malos servicios o simplemente peores que la competencia verá blindados sus préstamos, pues siempre podrá retener a sus clientes en contra de su voluntad, a menos que el deudor solicite una nueva hipoteca para cancelar la antigua", sostienen fuentes jurídicas


las compañías inmobiliarias cotizadas pierden 9.000 millones en dos semanas
cinco días, martes 8 ene 08


los inversores han dado la espalda a las inmobiliarias. el descenso de la venta de inmuebles en españa, las crecientes dificultades de financiación y el elevado endeudamiento del sector asustan. en dos semanas las 13 cotizadas han visto esfumarse 9.140 millones de capitalización, más de un tercio de su valor. en las cuatro primeras sesiones de 2008 las inmobiliarias han perdido 1.800 millones de euros. "muchas acciones están sufriendo un estrangulamiento. hay accionistas obligados a vender, quizá, para asumir compromisos financieros y no hay compradores, como le ha ocurrido a colonial", explica javier barrio de bpi


citigroup publica el mapa de la crisis
elconfidencial.com, viernes 11 ene 08

la crisis inmobiliaria y crediticia ya está golpeando a españa. donde se va a sentir con mayor crudeza según citigroup es en la costa mediterránea (andalucía, murcia y, en menor medida, la comunidad valenciana). le siguen castilla-la mancha y la rioja. en el otro extremo, las regiones con menor riesgo son madrid, país vasco y navarra. por eso las entidades financieras con mayor riesgo son las que tienen mayor exposición a estas zonas, en especial las cajas de ahorros regionales, algo que preocupa mucho al banco de españa que va a lanzar inspecciones masivas referidas al riesgo inmobiliario y al gobierno, que pretende evitar la quiebra de alguna gran inmobiliaria

cierran la mitad de las agencias inmobiliarias en franquicia
la gaceta de los negocios, jueves 10 ene 08

los carteles de "se vende" proliferan en edificios y también en locales que en su día fueron agencias inmobiliarias, la mayoría de las cuales funcionaba bajo la fórmula de franquicia. los datos de la guía de la franquicia elaborada por la consultora barbadillo & asociados apuntan a que las agencias inmobiliarias presentes en españa (contabiliza 41 marcas en 2007) han perdido 2.325 locales a lo largo del pasado ejercicio lo que supone que han reducido más de la mitad su número de agencias

la economía española pierde fuelle
financial times deutschland, martes 8 ene 08

la actividad económica española se ha visto impulsada hasta ahora por el boom del mercado inmobiliario. pero esta situación podría haber llegado a su fin: unas condiciones crediticias más estrictas como consecuencia de la crisis financiera internacional, la alta inflación y, no menos importante, la fortaleza del euro acosan la economía española. en los primeros nueve meses del año 2007 el número de autorizaciones para la construcción se ha hundido un 42% en comparación con el año anterior. según kim forkes de economy.com en moody's, los intereses más altos han frenado el sector de la construcción español. la gente quiere construir menos casas y los trabajadores están perdiendo sus puestos de trabajo en el sector de la construcción e inmobiliario. la combinación de propietarios de viviendas atormentados por las deudas y el retroceso en el empleo gravan el consumo privado. la comisión europea estima el superávit presupuestario español en 2007 será del 2% del pib. con ello madrid tendría suficiente espacio para amortiguar en cierta medida el descenso del crecimiento por el incremento de los gastos, especialmente en el ramo de la construcción

Fuente: http://www.idealista.es/

Sant Cugat. Sector Ronda Sur - Torre Negra.

El 21 de desembre de 2007, el pleno del Ajuntamiento de Sant Cugat del Vallès aprobó provisionalmente el pla especial d’usos de protecció i millora del Parc rural de la Torre Negra. La historia reciente del actualmente llamado Parc rural de la Torre Negra, es uno de los vigentes conflictos territoriales de Cataluña.

En efecto, una sentencia del TSJ de Catalunya del ya lejano 19 de septiembre de 2001 (Recurso contencioso-administrativo núm. 3277/1998, ponente Manuel Táboas Bentanachs), anula un acuerdo del Ayuntamiento de Sant Cugat de fecha 22-12-1998, por el que "se informa" (sic) desfavorablemente la tramitación del programa de actuación urbanística al sector de la Ronda Sur del citado municipio. Dicha sentencia, con remisión a constante jurisprudencia, destaca que:

4.- El derecho a la tramitación de los Planes quiebra en los casos en que el Plan proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento urbanístico vigente -así los planes de superior jerarquía o las normas legales de aplicación directa-, pues en tal caso razones de economía y de lógica imponen el inicial rechazo del proyecto al ser inviable o inútil la prosecución del trámite. Por contra, cuando los impedimentos para denegar la aprobación inicial son discutibles y por tanto no amparables en principio alguno de economía procesal, debe prevalecer el derecho al trámite y proseguirse la tramitación del expediente en el cual se pueden introducir las modificaciones, condicionamientos o plazos que la Ley permite.

5.- Es más, en el acto de aprobación inicial es suficiente ponderar esa potencialidad o susceptibilidad de subsanación de deficiencias o de introducción de modificaciones, condicionamientos o plazos, desde luego sin devaluar la trascendencia de la tramitación ulterior para terceros y para el ejercicio de las competencias de planificación urbanísticas en sede de aprobación provisional y definitiva, ya que no cabe olvidar que es en la fase de otorgar o denegar esas aprobaciones donde procede pronunciarse sobre el fondo de la/s cuestión/ones suscitada/s, debiendo ser examinado y decidido todo lo que corresponda, sin perjuicio y a salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas materias de fondo.Pues bien, en atención al planeamiento preexistente, especialmente el general en liza, suficientemente caracterizado el presente caso por la inexistencia de una imposibilidad legal, patente, notoria, insoslayable y manifiesta de que el instrumento de ordenación de autos no pudiera obtener la aprobación definitiva, en su caso, con la introducción de modificaciones, modalidades, condicionamientos, plazos o prescripciones de su razón debe estimarse que no nos hallamos en el supuesto excepcional que autoriza un rechazo "ad limine" ni siquiera por la vía de la suspensión de la aprobación inicial a modo de involucrar ese supuesto como de predeterminación de lo qué finalmente deba resolverse, por lo que, en consecuencia, en el caso aquí debatido la parte actora no puede, por ello, verse privada del tamiz de las sucesivas fases del procedimiento administrativo hasta que se produzca el acto final definitivo que poniendo término a la vía administrativa, en su caso, permitirá a los interesados acudir válidamente al proceso jurisdiccional para impugnarlo si disintiesen del sentido y términos en que venga pronunciado, en acentuado número de ocasiones bien diferentes de los de la aprobación inicial.Por todo ello, sin haberse probado terminantemente la existencia de un vicio con virtualidad bastante para evidenciar la necesidad de la no continuación del procedimiento, procede estimar el presente recurso contencioso administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva según lo pretendido por la parte actora, sin que sea dable prejuzgar en modo alguno el fondo de lo que sólo podrá decidirse ultimando la tramitación administrativa con todas las garantías y a resultas en su caso y en ese momento de las impugnaciones jurisdiccionales contencioso administrativas a que haya lugar.

Dicha sentencia del TSJ de Cataluña fue recurrida en casación por el Ayuntamiento de Sant Cugat y, en el seno de dicho proceso, se dicta el auto del Tribunal Supremo de fecha 20 de septiembre de 2006 -ponente Rafael Fernández Valverde, Cendoj 28079130052006100763-, en el que se acuerda la procedencia de la ejecución provisional de la sentencia dictada por el TSJ de Cataluña. Por otro lado, el recurso de casación fue desestimado mediante sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de abril de 2006 (ponente Jesús Ernesto Peces Morate, CENDOJ
28079130052006100499), en cuyo fj primero dice: "... la entidad demandante estaba legitimada para presentar a tramitación un Programa de Actuación Urbanística en terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado, y, abundando en argumentos favorables a esa tesis, señala en el fundamento jurídico sexto que los particulares tienen derecho a la tramitación de los Planes que se deban a su iniciativa, de manera que la Administración no puede cercenar a limine esta facultad, sin que la discrecionalidad sea justificación para omitir las razones de esa denegación, inexistentes en el acuerdo plenario municipal. - En definitiva, la Sala sentenciadora declara abiertamente en su sentencia que, en aplicación del régimen transitorio establecido en la Ley 6/1998, para el desarrollo del suelo urbanizable no programado la entidad demandante ostentaba derecho a presentar para su tramitación un Programa de Actuación Urbanística, que no le debió se inadmitido, sin justificación alguna, por el acuerdo plenario del Ayuntamiento, rechazando así los motivos de oposición de éste, de modo que no existe la pretendida incongruencia, por lo que el único motivo de casación admitido a trámite no puede prosperar..."

Posteriormente, en sentencia de fecha 18 de junio de 2004 (recurso contencioso-administrativo 131/2002, ponente Manuel Táboas Bentanachs), con remisión a la anteriormente citada sentencia, se resuelve el recurso contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 11/06/2001, en relación a la denegación de la solicitud de aprobación inicial del Proyecto de Actuación Urbanística y Plan Parcial de Ordenación del sector Ronda Sud - Torrenegra, se recoge idéntico criterio con remisión "... en línea -como afirma la propia sentencia en su fj 4º-, con reiterada doctrina jurisprudencial -ya desde las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 4ª de 10 de febrero de 1986 ( RJ 1986, 1423) , de 28 de abril de 1986 ( RJ 1986, 2973) , de 8 de julio de 1987 ( RJ 1987, 6864) y las que en ellas se citan-, y por ser criterio seguido por esta Sección y Sala tanto para los casos de denegación para la aprobación inicial como, por identidad de razón, para los casos de suspensión de la aprobación inicial con efectos equiparables o equivalentes -así por todas, la Sentencia n1 479, de 23 de mayo de 2002 ( JUR 2002, 250784) , núm. 523, de 6 de junio de 2002 ( JUR 2002, 259351) , núm. 749, de 19 de septiembre de 2002 ( JUR 2003, 98691) , núm. 468, de 5 de junio de 2003 ( JUR 2004, 34893) , núm. 645, de 4 de septiembre de 2003, núm. 667, de 12 de septiembre de 2003, núm. 715, de 1 de octubre de 2003 y núm. 322, de 4 de mayo de 2004 ( JUR 2004, 194350) -".

Finalmente, en sentencia de 24 de noviembre de 2005 (recurso 121 de 2002, ponente Francisco López Vázquez, CENDOJ 08019330032005100563), contra el mismo acuerdo de la Comisión de Gobierno de 11/06/2001, interpuesto por INMOBILIARIA GASA, S.A., en cuyo fj segundo se indica que "Como antecedentes de esta resolución deben citarse nuestras -sus- sentencias número 478, de 18 de junio de 2004 (recursos acumulados 127 y 131 de 2002), 183, de 2 de marzo de 2005 (recurso 122 de 2002), y 748, de 10 de octubre de 2005 (recurso 125 de 2002), que resolvieron impugnaciones del mismo acuerdo objeto de este contencioso, con remisión, a su vez, a la número 749, de 19 de septiembre de 2002 ( recurso 3277 de 1998 [ JUR 2003, 98691] ), referida sustancialmente a los mismos terrenos de autos".

En dicho recurso la actora planteaba, junto a la pretensión anulatoria del acuerdo de la Comisión de Gobierno, una indemnización de daños y perjuicios que el Tribunal desestima dado que no considera que "... la genérica invocación de daños y perjuicios a título de responsabilidad patrimonial de la Administración haya quedado probada ni indiciariamente...".

Por todo ello se resuelve la estimación parcial del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto en nombre y representación de «Inmobiliaria Gasa, SA» contra el acuerdo de 11 de junio de 2001 de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, acuerdo que anulamos y dejamos sin efecto jurídico, condenando a la Administración demandada a admitir la solicitud efectuada y a darle el trámite previsto por la legislación urbanística. Desestimando la pretensión indemnizatoria.

Finalmente, por auto del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007, se acuerda la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de San Cugat del Vallés (Barcelona) contra la Sentencia de 24 de noviembre de 2005, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Cataluña (Sección Tercera), dictada en el recurso nº 121/02.

Paralelamente, por un lado se ha instado la ejecución de la sentencia en relación a la cual la prensa diaria nos tiene puntualmente informados (El Periódico, El Mundo, El País, etc...), y por otro los promotores privados han cuestionado determinadas decisiones municipales vinculadas a expedientes de gestión patrimonial que afectan a terrenos de titularidad municipal existentes en dicho ámbito territorial. En particular, destaco la sentencia del TSJ de Cataluña de fecha 10 de abril de 2007 (recurso 341/2004, ponente Ma. Pilar Martín Coscolla, CENDOJ 08019330032007100550), en la que, al margen de la controversia de las partes, se realiza una detallada y muy interesante síntesis del régimen jurídico aplicable a los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo, es una lástima que cada vez sea menos frecuente encontrar sentencias de la calidad técnica de la ahora citada dada la inflación normativa existente.

Finalmente, como afirma el propio Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès "L’espai de la Torre Negra ha romàs en la situació actual d’espai agrícola malgrat la qualificació de sòl urbanitzable que tenia fins a l’any 2003 i la pressió exercida per un important grup immobiliari que va adquirir el 40% dels terrenys. L’any 2003, l’Ajuntament, i posteriorment la Generalitat de manera definitiva, van modificar la qualificació del sòl".

Calafell anul.larà un pla il.legal per construir 1.384 vivendes

Un jutge investiga irregularitats en la venda de terrenys al poble de Querol
FERRAN GERHARD

CALAFELL QUEROL
L'equip de govern de Calafell (PSC, ADMC i ERC) ha obert un expedient per anul.lar el conveni que l'anterior govern local de CiU i ADMC va subscriure el mes de març amb la immobiliària Gaudir autoritzant-la a construir 1.384 vivendes al municipi. La revisió de l'acord es basa en un dictamen de Josep Mir, jurista de la Universitat Pompeu Fabra, que assegura que el conveni és il.legal.El socialista Ramon Ferré, tinent d'alcalde de Territori de la localitat, va explicar ahir que "estàvem a favor de buscar una solució consensuada, però davant la posició de la promotora de seguir amb el seu projecte, hem optat per l'anul.lació". El regidor va afegir que la immobiliària "no té dret a indemnitzacions a l'existir una vulneració prèvia de la normativa".

L'informe de Josep Mir enumera diverses irregularitats. Destaca que el càlcul de les vivendes protegides previstes es va fer en nombre de pisos, i no en metres quadrats edificables, que les finques municipals que s'havien d'alienar no van passar per la preceptiva subhasta i que les contribucions econòmiques de Gaudir s'havien de destinar a polítiques de sòl i vivenda, i no a finançar centres cívics, com va pretendre l'anterior govern. El conveni va ser molt criticat pel PSC i ERC, llavors a l'oposició, al témer una "marbellització" de la localitat.

Per un altre costat, en un tens ple municipal, l'Ajuntament de Querol (Alt Camp) va aprovar ahir assumir la despesa de la defensa de l'anterior equip, incloent-hi l'actual alcalde Miguel Uroz (PSC), denunciat pel fiscal per presumpta prevaricació i ús d'informació reservada en relació amb la requalificació i venda de terrenys. La plataforma Salvem Querol, que va denunciar els fets, va titllar de "vergonyosa" la decisió.

Font: El Periodico.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=468439&idseccio_PK=1051

Ofensiva judicial contra els bars sorollosos de Barcelona

Una associació reclama penes de dotze anys per als amos de tres locals musicals
DAVID MARÍN. Barcelona
L'Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica demana, com a acusació particular, penes de fins a dotze anys de presó per als propietaris de dos bars musicals de Barcelona. Un d'ells, el del bar Macumba, al carrer Aragó, té també una petició del ministeri fiscal de nou anys de presó per delicte mediambiental. Els altres dos, l'antiga propietària del bar Donegal, al carrer Nou de la Rambla, i el del Cangrejo, al barri del Raval, s'enfronten a unes peticions de més de dotze anys.

El cas d'El Portet, el local de Gràcia l'amo del qual va ser condemnat a una pena de quatre anys de presó per excés de soroll, podria no ser l'únic. L'Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica vol portar fins al final les denúncies que ha interposat contra els propietaris d'alguns locals que no han respectat ni advertiments ni precintaments de l'activitat per l'administració. Per al propietari del bar Macumba, del carrer Aragó, l'associació demana una pena de dotze anys de presó per un delicte mediambiental, tres delictes de lesions i tres delictes més de coaccions. La demanda de l'acusació particular de penes de presó està secundada per la fiscalia. Segons informava ahir el diari El Periódico, el fiscal demana nou anys de presó i 30.000 euros d'indemnització. L'escrit del fiscal encara no ha arribat a les parts.

L'associació contra el soroll manté una petició similar per al cas del bar Donegal: dotze anys de presó per a l'antiga propietària, que podrien incrementar-se amb una pena més de lesions perquè hi ha més afectats. El fiscal encara no ha presentat les seves peticions. Ara el local és a les mans d'un altre propietari, que, amb la intermediació de la patronal del sector Fecasarm, ha pactat amb l'entitat i amb els veïns afectats els treballs d'insonorització del local, que costaran uns 90.000 euros. Amb el bar Cangrejo, de Ciutat Vella, l'entitat manté una petició de pena similar.

«NO ENS AGRADA ARRIBAR A AQUEST PUNT» Segons l'advocat de l'associació, Lluís Gallardo, l'acord amb Donegal hauria de ser l'exemple a seguir. La via penal «no és la solució a llarg termini, sinó que calen solucions racionals i menys agressives». Però les querelles, diu Gallardo, han estat «l'única via perquè a curt termini es posi fi a situacions que afectaven greument i de manera constant la salut dels afectats».

Font: El Punt 05.12.07

L'Estat no permet fer parcs eòlics marins a 8 quilòmetres de la costa del delta de l'Ebre

El litoral des de Tarragona fins a la Selva, el més adequat

Un 40% del litoral de l'Estat espanyol és apte per a la construcció de parcs eòlics marins, un percentatge que inclou una franja del litoral català, des de les comarques del Tarragonès fins a la Selva. En canvi, l'estudi posa limitacions als parcs marins vuit quilometres endins des de la costa, especialment davant del delta de l'Ebre, el cap de Creus i el delta del Llobregat.
La proposta del Ministeri de Medi Ambient i del d'Indústria, Turisme i Comerç ha establert 118 àrees eòliques marines al llarg del litoral, i en cadascuna estableix quines zones poden ser aptes per a la construcció de parcs marins, quines en queden excloses i en quines, d'altra banda, la construcció d'un parc eòlic té condicionants ambientals.
Pel que fa al litoral català, les zones no aptes, d'un radi de vuit quilòmetres, es focalitzen al voltant del delta de l'Ebre, el delta del Llobregat i el cap de Creus. En tots tres àmbits queden excloses les reserves marines d'interès per a la pesca, els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000, els àmbits que formen part del pla d'espais d'interès natural (PEIN) i els aiguamolls catalogats en el conveni Ramsar. Més enllà dels vuit quilòmetres s'estableix que la zona té limitacions, per la qual cosa els projectes quedaran sotmesos a acurats estudis ambientals. La zona més apta del litoral català per a la construcció de parcs eòlics marins conforma una llengua que s'estén des de la costa del Tarragonès fins a la comarca de la Selva.
Un cop s'aprovi aquest estudi, ara s'ha obert un període d'exposició pública de 23 dies per presentar al·legacions, els promotors de parcs eòlics marins només podran presentar projectes de construcció per a les zones aptes.
L'elaboració d'aquest estudi estava previst en el reial decret que regula l'obtenció de les autoritzacions per construir instal·lacions de generació elèctrica que s'ubiquin en zones marines. Arran d'aquest estudi, el litoral espanyol té un percentatge d'un 42,8% de zones aptes, d'un 43,9% de zones amb condicionants ambientals, i d'un 13,3% que han quedat excloses de rebre qualsevol tipus de parc eòlic. Actualment el Ministeri d'Indústria té de tectades nou presol·licituds per construir parcs eòlics marins a la costa mediterrània, setze a la costa atlàntica i tres en illes.

Font: EL PUNT 12.12.07

EMMA ANSOLA. Barcelona

El Constitucional rechaza el recurso de Aragón contra el Estatuto por el derecho al agua

Font: Levante, 13-12-07
El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la nueva redacción del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, según informó ayer la oficina de prensa del citado organismo.
Levante-EMV/Efe, Valencia/Madrid La nota no adjuntaba el texto de la sentencia, si bien anunciaba que «se remitirá en los próximos días». La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, telefoneó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y este le dijo que agradecía el fallo en nombre de los valencianos y de los grupos de las Corts que votaron la reforma estatutaria, que fueron el socialista Tanto el Gobierno autónomo de Aragón como el de Castilla-La Mancha impugnaron el artículo 17.1 del nuevo Estatuto de Autonomía valenciano, que entró en vigor el 11 de abril de 2006. El de Castilla-La Mancha aún no ha sido resuelto. La sentencia fue aprobada por siete votos contra cinco. Los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, todos ellos adscritos al llamado sector conservador, han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia, que se notificará en los próximos días. De esta forma, han avalado la constitucionalidad de la norma valenciana los seis magistrados del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal. Las fuentes consultadas señalaron que el Constitucional aún debe pronunciarse sobre el recurso interpuesto contra el Estatuto valenciano por Castilla-La Mancha, aunque avanzaron que también será desestimado en aplicación de la doctrina establecida ayer porque en él se impugnó el mismo artículo. El de ayer es el primer pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía que se han reformado en esta Legislatura, aunque el tribunal aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados contra los de Cataluña, Andalucía y Aragón. El artículo 17.1 del Estatuto establece que «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal». Añade que «los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley». El Gobierno central pidió en su día al TC que desestimara tanto el recurso de Aragón como el de Castilla-La Mancha. La Abogacía del Estado reconocía en sus alegaciones que el precepto recurrido podría afectar al ámbito de autonomía de Castilla-La Mancha en la medida que los derechos que proclama podrían verse satisfechos en detrimento de los recursos hídricos de la comunidad autónoma, por la que discurre el Tajo, cuyas aguas son periódicamente trasvasadas a otras regiones, «sin duda para satisfacer necesidades imperiosas». De igual forma, reconocía que también podía afectar el ámbito de autonomía de Aragón si se considerara que la del río Ebro es «cuenca excedentaria» con la que satisfacer el derecho a la redistribución de sobrantes. Sin embargo, el Gobierno entendía que el artículo recurrido no obligaba al Estado «a contemplar en su legislación de aguas el principio o criterio de redistribución de sobrantes de las cuencas excedentarias para satisfacer con ellas al territorio valenciano». Según el Gobierno, «el principio de territorialidad impide que una norma de aplicación territorial limitada», el Estatuto, pueda decidir «una cuestión que afecta a otros territorios o al conjunto del Estado».

Aragón vaticina que el Estatut quedará sin efecto porque no sobra agua
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, dijo hoy que el artículo 17 del Estatuto de Valencia, que se arroga derechos sobre excedentes de aguas de otras cuencas, quedará sin efecto cuando se demuestre que en Aragón no sobra este recurso.
EFE Así se pronunció momentos antes de que comenzara el Pleno de las Cortes preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso aragonés contra el Estatuto de Valencia por el derecho que concede esta norma a los valencianos a redistribuir los sobrantes de agua de otras cuencas hidrográficas excedentarias.Biel insistió en que en Aragón no sobra agua, sino que faltan infraestructuras, y por ello dijo que la solución para contrarrestar este artículo 17 consiste en acelerar las obras del Pacto del Agua de Aragón.Con las regulaciones pendientes, ya no sobrará agua y nada podrá exigirse en función de este artículo, añadió.Además, el vicepresidente llamó la atención sobre la división en el seno del Tribunal Constitucional, ya que cinco de sus doce miembros han emitido un voto particular contra la desestimación del recurso, número que calificó de "significativo".En la misma línea se pronunció el diputado de IU, Adolfo Barrena, quien también incidió en la "fractura" que hay en un tribunal "tan importante para garantizar la democracia", y que achacó a "intereses partidistas".En todo caso recordó que los caudales excedentarios a los que se refiere el Estatuto valenciano están protegidos en la disposición adicional sexta del texto estatutario aragonés, que garantiza una reserva hidráulica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro para las necesidades presentes y futuras de Aragón.El presidente del PP, Gustavo Alcalde, por su parte, manifestó que la desestimación del recurso demuestra que "no tenía sentido" interponerlo, y más después de que en el trámite parlamentario del Estatuto de Valencia se incluyera específicamente en el artículo 17 una "coletilla" para garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes.El diputado de CHA Bizén Fuster consideró una "mala noticia" que una Ley Orgánica reconozca el trasvase como un derecho.Se demuestra, apuntó, que el trasvase del Ebro sigue siendo "una amenaza real" que se anuncia como propuesta electoral.El portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, dijo que parece que la sentencia del TC reconoce unos determinadas derechos a los valencianos, pero recordó que la ejecución de un trasvase es competencia del Gobierno de España y que cualquier modificación de la normativa hidráulica debe de ser aprobada en las Cortes Generales.
Cuatro estatutos tienen pendientes seis recursos por la ´batalla´ del agua
El agua y a quién corresponde su gestión es el origen de seis de los diez recursos pendientes en el Tribunal Constitucional (TC) y presentados contra los estatutos de autonomía de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, por regiones vecinas que batallan así por el control hídrico.
EFE El Constitucional desestimó ayer el recurso del Gobierno de Aragón contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana por el tema del agua (uno de los primeros presentados) y deberá resolver el resto de las impugnaciones que, previsiblemente, se abordarán por orden de entrada en este Tribunal.Sobre el texto estatutario valenciano, Castilla-La Mancha tiene presentado un recurso al mismo artículo, que ayer fue desestimado, y que establece el derecho de los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.Por ello, fuentes del Constitucional avanzaron que, al haberse rechazado el recurso del Gobierno aragonés, el del Ejecutivo castellano-manchego seguirá el mismo camino.Hasta ahora las autonomías que han presentado alegaciones por el tema del agua se han basado en el artículo 149 de la Carta Magna que establece que el Estado tiene "competencias exclusivas sobre la legislación, ordenación, concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las aguas que discurran por más de una comunidad autónoma".De las seis reformas de estatutos aprobadas esta legislatura, sólo dos no han sido recurridas: el de Baleares y el de Castilla y León, si bien este último podría ser recurrido finalmente por la Junta de Extremadura.En concreto, el Ejecutivo extremeño ha encargado un informe al Consejo Consultivo regional sobre la posibilidad de recurrir el artículo 70.4 del Estatuto castellano-leonés que otorga la competencia exclusiva a la cuenca hidrográfica del Duero, ya que incluye a dos municipios cacereños.Extremadura sí tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el TC, contra el Estatuto andaluz por considerar que el texto vulnera la Carta Magna al arrogarse competencias exclusivas sobre el Guadalquivir.El hecho de que ambas comunidades sean del mismo signo político no ha impedido al Gobierno extremeño defender lo que considera ajustado a la ley, mientras que el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, considera que Extremadura está en su "perfecto derecho" de recurrir si cree que el artículo 51 perjudica a su región.El Estatuto de Cataluña es el que tiene más recursos ante el Constitucional, siete en total, aunque sólo tres de ellos -los de Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja- están relacionados con cuestiones sobre el agua.Así, el Gobierno valenciano avala su recurso en que Cataluña no puede reservarse las competencias en la gestión de los sobrantes de agua del Ebro, porque es una cuestión que corresponde al Estado y recuerda que es un río que discurre por varias comunidades autónomas.El Ejecutivo murciano se pronunció en este sentido al entender que el Estatuto catalán "blinda" el Ebro y la Generalitat se atribuye la capacidad de decidir sobre asuntos que afectan a las nueve comunidades de esta cuenca.El recurso de La Rioja comparte el sentir del murciano y se basa en un informe del Consejo Consultivo de la región que lo considera "necesario y viable" al incidir de manera directa en su ámbito competencial.Finalmente, La Rioja tiene también planteado un recurso contra el Estatuto aragonés por la gestión del agua del río Ebro.

Qué es compulsa y cuándo compulsar.

Font: http://www.administracionpublica.com/content/view/277/34/

Mª Esperanza Serrano Ferrer
22.06.2007

El Secretario no está obligado a la compulsa de documentos que han de producir efectos en otras Administraciones, práctica viciosa, con la que hay que acabar, aunque suponga un enfrentamiento con los vecinos, si bien puede accederse a la pretensión cuando lo habilite una norma o la propia Administración a la que va destinado el documento sea la que de forma expresa y quedando constancia de ello manifieste la validez de la compulsa municipal.
Es necesario diferenciar la copia auténtica, de la compulsa de documentos. Y terminar con la creencia equivocada de que toda compulsa que se haga la tiene que hacer el secretario.En cualquier caso, los secretarios que continúen compulsando, no deben hacerlo sobre documentos que no vayan a quedar en las dependencias municipales para formar parte de expedientes o para remitir a otras administraciones (cuando el Ayuntamiento funcione como registro de documentos para otra administración). Porque en los casos en que el ciudadano viene a que se le compulse un documento para presentarlo en otro lugar, el secretario se está excediendo de su ámbito de actuación e invadiendo el de otros profesionales, pudiendo incurrir en intrusismo y responsabilidad penal.
Si a través de la compulsa lo que pretenden los ciudadanos son «copias auténticas de documentos públicos administrativos», si éstos no han sido emitidos por el Ayuntamiento, su expedición no le corresponde. El Secretario de Administración local tiene una fe pública limitada en el espacio, pues sólo es interna, reducida en el ámbito de su propia Corporación, aunque alguien pueda hacerla valer en otro sitio, pero no es general, como la de los notarios. Un Secretario local no puede dar fe de documentos privados, que no obran en expedientes de su Corporación local. No puede certificar de actos y hechos, que no son de su Corporación o que no están documentalmente en ella. En muchos pequeños municipios se usa al Secretario para que compulse documentos privados, porque es más cómodo para los vecinos. Esto es otra práctica viciosa, que todo Secretario debe rechazar, porque, además, no tiene atribuciones para ello.
Hay que aclarar en primer lugar que el legislador no utiliza el término compulsa sino “cotejo” (art. 38.5 de la LRJAP). Siendo el cotejo una acción más amplia que la compulsa o entendiendo la compulsa un resultado del cotejo: Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia cotejar es «confrontar una cosa con otra u otras; compararlas, teniéndolas a la vista.» Y compulsar es «cotejar una copia con el documento original para determinar su exactitud»
El administrado/interesado/ciudadano puede presentar escritos en cualquier Administración Pública y llevar una copia de ellos para que le indiquen la fecha de presentación. Si a esta instancia adjunta documentos originales y quiere conservarlos, aporta copia de los mismos y el funcionario encargado del Registro coteja y pone el sello de compulsa en las copias, devolviendo los originales (arts. 35 c), 38.5 y 70.3 de la LRJAP). El acto de compulsa lo tiene que hacer quien recibe los documentos (el funcionario del Registro de recepción de documentos), pues es el único que puede ver si coinciden original y copia.
Y diferente de esto es la expedición de las copias auténticas: Cuando hay documentos de un expediente, de los que hay que dar copia para alguien. El art. 46 de la LRJAP dice que «cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos y privados».
Es necesario diferenciar la copia auténtica, de la compulsa de documentos. Y terminar con la creencia equivocada de que toda compulsa que se haga la tiene que hacer el secretario.
Muchos autores como Pérez Luque consideran que compulsa y la copia auténtica son dos acciones diferentes. Ambas son el resultado del cotejo de documentos (comparar un original y su copia); pero el resultado es distinto: la copia auténtica como un documento público expedido por un fedatario (interviene la fe pública) que tiene un valor probatorio pleno sobre los hechos o actos que documente, equivalente al documento original y puede presentarse con efectos probatorios plenos, de acuerdo con el artículo 319.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 46 de la Ley 30/1992. La compulsa, sin embargo, es el resultado de una operación del cotejo que realiza un funcionario municipal encargado de recibir documentos, y a ella hacen referencia el artículo 35 de la Ley 30/1992, el artículo 158 del ROF y el artículo 8 del Real Decreto 772/1999: en ella no interviene la fe pública, por lo que el documento no alcanza el estado de documento público. Por este motivo, no hay fundamento legal para sostener que las compulsas correspondan al secretario al no estar incluida dentro de la función de fe pública; pero eso si, quién la haga tiene que ser funcionario (no laboral): el artículo 158 del ROF no menciona en ningún momento que deba ser el secretario quien compulse los documentos que se presentan. Y el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, aunque de aplicación en la administración general del Estado, se refiere a los funcionarios del registro como los encargados de compulsar, y no atribuye esta función a un puesto de trabajo concreto.
En cualquier caso, los secretarios que continúen compulsando, no deben hacerlo sobre documentos que no vayan a quedar en las dependencias municipales para formar parte de expedientes o para remitir a otras administraciones (cuando el ayuntamiento funcione como registro de documentos para otra administración). Porque en los casos en que el ciudadano viene a que se le compulse un documento para presentarlo en otro lugar, el secretario se está excediendo de su ámbito de actuación e invadiendo el de otros profesionales; y extralimitarse (art. 2 del Real Decreto 1174/1987) en el uso de la fe pública administrativa certificando de autenticidad o compulsando documentos producidos por otros Organismos a efectos externos podría implicar una asunción de funciones (intrusismo) reservadas a otros funcionarios (de la Administración que produjo el documento, o los Notarios): la función de «fe pública» sólo alcanza a los actos, acuerdos y documentos que obren en las dependencias a cargo de la Secretaría. El funcionario que compulsa debe conocer la responsabilidad que asume por posible falsedad en documento público o por expedición de copias auténticas de documentos que no le correspondan y a los que se refiere también dicho Real Decreto 772/1999. Es práctica frecuente, la solicitud de compulsa de documentos expedidos por otras Administraciones. La función de la fe pública del Secretario está perfectamente delimitada en la Ley, pero si la propia Administración, donde debe surtir efecto, considera suficiente la compulsa del documento por el Secretario, el principio de eficacia plasmado en el artículo 103 de la Constitución, faculta a los Secretarios para estas compulsas, siempre que algún organismo expresamente lo señale (como la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 8 de junio de 1987 que faculta a la «Secretaría del Ayuntamiento para la compulsa de los docentes que cita»).
El problema es determinar hasta qué punto el Ayuntamiento está habilitado para compulsar o cotejar las copias de documentos que junto con los originales pretendan los ciudadanos y que hayan de producir efectos en otra Administraciones Públicas. El artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA), en su apartado c) establece que los ciudadanos tienen derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. Lo que significa que la compulsa de documentos se refiere a documentos que han de surtir efectos en la Administración municipal.
En el mismo sentido, el art. 8 del Real Decreto 772/1999, de 9 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de Registro, se refiere a «la aportación de copias compulsadas al procedimiento», reconociendo el derecho del ciudadano a la inmediata devolución de los originales por las oficinas del registro en las que se presente la solicitud, escrito o comunicación, determinándose la forma de realizar la compulsa o cotejo y su acreditación por diligencia, lo que claramente viene a decir que sólo procede la compulsa, previo cotejo, de aquellos documentos que se presenten en el registro del Ayuntamiento como oficina habilitada para su recepción y posterior tramitación. Tratándose de solicitudes, escritos y comunicaciones que se dirijan a la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, la compulsa sólo procederá si existe un convenio con dichas Administraciones a efectos de recepción de los documentos que a ellas se dirijan en el registro municipal, por lo que si el Ayuntamiento no ha suscrito convenio para el registro general de escritos, solicitudes o comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Administración autonómica, no está el Ayuntamiento habilitado para recibir tales solicitudes y escritos y por consiguiente para la compulsa de copias de documentos que, junto con los originales y para la devolución de éstos, se presenten.
Si a través de la compulsa lo que pretenden los ciudadanos son «copias auténticas de documentos públicos administrativos», si éstos no han sido emitidos por el Ayuntamiento, su expedición no le corresponde, conforme al artículo 91 del repetido Real Decreto 772/1999, ni el Secretario está habilitado para ello, salvo que, como hemos dicho, lo haya sido por norma expresa. Lógicamente ha de ser el funcionario de la Administración a que se dirige el escrito, el que debe realizar este cotejo y así, en la Administración Local es el encargado del Registro -art. 185 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre-, y lo mismo ocurre en otras Administraciones, sin perjuicio de que en algunos supuestos (desglose de documentos) haya de ser el Jefe de la Unidad Administrativa que tramite el expediente el que acuerde su desglose y devolución conforme al artículo 170 del ROF.
El objetivo del artículo 35 c) de la LRJPA, es evitar a los administrados el tener que desprenderse de documentos que puedan necesitar para otros fines, facilitándoles el cotejo de las copias, para que éstas surtan los efectos de los originales: a partir de ahí pueden sacarse las conclusiones competenciales necesarias.El Secretario no debe, ni está obligado, a la compulsa de documentos que hayan de producir sus efectos en otras Administraciones, salvo que exista convenio, en aplicación del art. 38.4.b) de la LRJPA para la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de registros con el fin de establecer criterios comunes en lo que a expedición de recibos, copias selladas y copias compulsadas se refiere. Si en su municipio no se ha suscrito un convenio de estas características, no estará habilitado el Ayuntamiento para recibir solicitudes o escritos dirigidos a otras Administraciones ni, por consiguiente, para la compulsa de copias de los documentos que junto con los originales y para la devolución de éstos se presenten. El Secretario de Administración local tiene una fe pública limitada en el espacio, pues sólo es interna, reducida en el ámbito de su propia Corporación, aunque alguien pueda hacerla valer en otro sitio, pero no es general, como la de los notarios. Un Secretario local no puede dar fe de documentos privados, que no obran en expedientes de su Corporación local. No puede certificar de actos y hechos, que no son de su Corporación o que no están documentalmente en ella.
En muchos pequeños municipios se usa al Secretario para que compulse documentos privados, porque es más cómodo para los vecinos. Esto es otra práctica viciosa, que todo Secretario debe rechazar, porque, además, no tiene atribuciones para ello.En cuanto a la compulsa de documentos notariales, cuando los mismos deban figurar en los expedientes municipales se puede admitir que las realice el Secretario en aplicación de la regla antes expuesta. Sin embargo, cuando se trate de escrituras o documentos notariales cuya compulsa se solicite para la presentación o remisión a otro órgano administrativo o entidad podría considerarse intrusismo su intervención a la luz de lo dispuesto en la específica normativa notarial. Así, el art. 31 de la Ley Orgánica del Notariado de 28 de mayo de 1862 dispone que «sólo el Notario a cuyo cargo esté legalmente el protocolo podrá dar copias de él» y el art. 222 del Reglamento, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, que «sólo el Notario en cuyo poder se halle legalmente el protocolo estará facultado para expedir copias u otros traslados o exhibirlos a los interesados». Los convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas para establecer sistemas de intercomunicación y coordinación, entre ellos la denominada «ventanilla única», previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA), son convenios cuando menos bilaterales y que permiten a las Administraciones, en este caso a los Ayuntamientos interesados, establecer las condiciones de igualdad o equidad reciprocas según las cuales los administrados podrán utilizar, por ejemplo el registro de documentos, de cada uno de aquellos Ayuntamientos que suscribieron el convenio.
La compulsa de documentos, previo cotejo con su original, sólo procede para los presentados en el Registro del Ayuntamiento, ya sea para su tramitación en el mismo, o bien para su remisión a otras Administraciones competentes para conocer y resolver la materia de que se trate, cuando con las mismas se tiene suscrito el convenio de «ventanilla única», pero no para aquellos otros que el interesado pretenda compulsar documentos cuando no procedan del Ayuntamiento o no consten en la documentación custodiada en sus dependencias. Al igual que sucede con los certificados, no son raros tampoco los casos en los que la exigencia de compulsas del secretario procede de las administraciones «superiores». Cuidado con las certificaciones y compulsas impuestas.Las copias auténticas se expedirán a la vista de los documentos originales, por lo que donde falten éstos no se puede ejercer esa función. La expedición de la copia auténtica puede hacerse extendiendo una diligencia en el documento, en su anverso o en su reverso, haciendo constar que es copia auténtica del original que consta en las dependencias municipales y que ha sido exhibido al fedatario (es aconsejable que se haga mención a petición de quien se expide el documento); y también puede hacerse mediante transcripción literal del contenido del documento original lo que será necesario sólo cuando éste no admita una fotocopia debido a su estado de conservación. Por seguridad es aconsejable rayar los espacios en blanco para evitar adiciones posteriores a la expedición de la copia.
La intervención de fedatario público hace que el documento así expedido tenga el valor de documento público en los términos que refiere el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que enumera entre ellos a efectos probatorios los documentos expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. La copia auténtica es un documento público revestido de un especial valor probatorio, pues el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que los documentos enumerados en el artículo 317 «harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan».La función de «fe pública» está reservada a los Secretarios de Administración Local por los artículos 92 (Derogado por la DD única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sustituida por la DA 2ª de la misma Ley que se ocupa de los Funcionarios con habilitación de carácter estatal) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 162 (Derogado por la DD única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local y 1.2 y 8 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (pendiente de actualización). Con rotunda claridad establece el art. 204 del ROF: «las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa». Y dispone el art. 8 del RJFHN que en todas las Corporaciones existirá un puesto de trabajo denominado Secretaría al que corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo con el alcance y contenido previsto en este Real Decreto.
Al Secretario corresponde, pues, el ejercicio de la fe pública, cuyo contenido y alcance se precisa en el art. 2.º del RJFHN: la función de fe pública comprende «certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y de los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la entidad».La Ley de bases de régimen local en su artículo 92 reservaba (Derogado por la DD única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sustituida por la DA 2ª de la misma Ley que se ocupa de los Funcionarios con habilitación de carácter estatal) la función de fe pública al puesto de trabajo de secretaría. Hasta el 2004 la fe pública municipal era exclusiva de la secretaría (con excepciones en el caso de la certificación sobre libros contables, en manos del interventor); pero con la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de modificación de la Ley 7/1985, aquella exclusividad desaparece en los Ayuntamientos de los municipios llamados de gran población, pues en ellos se distribuye esta función entre tres órganos: al secretario general del Pleno le corresponde la función de fe pública sobre los acuerdos tomados por el Pleno y las comisiones de éste (artículo 122.5 de la LRBRL); al concejal secretario de la Junta de Gobierno local la relativa a los acuerdos que tome este órgano colegiado (artículo 126.4) y por último el resto de la fe pública al titular del órgano de apoyo a aquél (disposición adicional 8ª de la LRBRL).

EL TSJC ordena a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que aprovi el programa d'actuació urbanística de la Torre Negra

El Grup Núñez i Navarro ha informat dins del procediment d'execució de la Sentència del Tribunal Suprem de data 11 d'abril de 2006, que se seguiex davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest organisme va emetre una interlocutòria el 19 de novembre passat on ordena a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que en un termini de cinc dies aprovi inicialment el programa d'actuació urbanística del sector conegut com la Torre Negra

El Grup Núñez i Navarro ha informat dins del procediment d'execució de la Sentència del Tribunal Suprem de data 11 d'abril de 2006, que se seguiex davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest organisme va emetre una interlocutòria el 19 de novembre passat on ordena a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que en un termini de cinc dies aprovi inicialment el programa d'actuació urbanística del sector conegut com la Torre Negra. El consistori està obligat a continuar el tràmit fins l'aprovació definitiva del Programa d'Actuació Urbanística del Sector SCU 25 (Torre Negra).

Font: Diari Avui

http://www.avui.cat/article/barcelona/14901/tsjc/ordena/lajuntament/sant/cugat/valles/aprovi/programa/dactuacio/urbanistica/la/torre/negra.html

Joan Rubió y Enric Sagnier, dos modelos residenciales burgueses

ORIOL BOHIGAS 12/12/2007

El volumen de información e interpretaciones críticas sobre la arquitectura modernista ha sido en los últimos años muy considerable tanto en la intensificación de las parcelas ya estudiadas como en la resituación de obras y personajes menos conocidos. Estos días está abierta en la vieja residencia de estudiantes de la Escuela Industrial una interesante exposición sobre el arquitecto Joan Rubió i Bellver (1870-1952), que ha motivado un catálogo selectivo con aportación de nuevas ideas. También estos días se ha publicado un libro monumental -con el lujo que corresponde a su antigua clientela- sobre Enric Sagnier (1858-1931), un arquitecto con obra abundantísima en Barcelona, pero a menudo ligeramente marginado o ambiguamente clasificado en los documentos de historia y crítica.
El modernismo se ha analizado como un movimiento anclado en una revolución estilística
La exposición y el catálogo de Rubió complementan con nuevos puntos de vista la única monografía solvente que conocemos, publicada hace ya más de 30 años -Joan Rubió i Bellver y la fortuna del gaudinismo-, obra magnífica de Ignasi Solà-Morales i Rubió en la que se le situaba muy acertadamente en el ámbito aproximadamente gaudiniano y en la precisión de una teoría arquitectónica que intentaba extravertir científicamente la obra de su maestro.
En la exposición y el catálogo que comento, Manuel Solà-Morales i Rubió plantea un tema que aporta nuevas consideraciones urbanísticas. Dentro de una intencionadamente sesgada selección de la obra de Rubió, se destacan 11 "torres" o "chalets" construidos en Barcelona entre 1900 y 1910 que, como explica Manuel Solà-Morales, representan el inicio de una tipología residencial característica de la burguesía barcelonesa de principios de siglo, un sistema de ordenación urbana con casas unifamiliares modestamente aisladas y un nuevo tipo de expansión al margen del ensanche del siglo XIX. La torre Espinal, en la Colonia Güell; la de los Matons, derribada en los años cincuenta; el chalet Golferichs, en la Gran Via, mutilado pero salvado de la especulación y restaurado; la torre Alemany; la Fornells; la Lluís Sánchez; el Frare Blanc; la Dolcet; la Casacuberta; la Rialps; la Ripol, desaparecida en los años setenta. La mayoría están situadas en el primer tramo de la falda del Tibidabo y, en parte, en una urbanización promovida por el doctor Andreu, lugar típico de esa nueva manera de ocupación urbana al servicio de una nueva forma de residencia burguesa.
Aparte de las grandes obras sociales, institucionales y religiosas de Rubió, esas torres tienen la virtud de implantar un tipo arquitectónico y un asentamiento urbano muy persistente, incluso más allá de sus limitaciones o sus sugerencias estilísticas. Se deben valorar en este conjunto los inteligentes esfuerzos en la sofisticada y elegante reestructuración lógica de la fantasía modernista, resuelta con la exigencia de las grandes posibilidades -entonces simultáneas y superpuestas- de las nuevas tecnologías y las tradicionales artesanías del ladrillo y el azulejo, las bóvedas y los arcos equilibrados, la geometría de los grandes poliedros y el orden del hierro y el cristal. Pero quizá lo más significativo fue la creación de unos modelos que marcan en Barcelona una nueva forma de vivir, más allá, incluso, de los aciertos visuales que explican la genialidad y, a la vez, la temporalidad del arquitecto.
En paralelo, la burguesía de la época usaba también -y con más frecuencia- otro modelo: el piso del ensanche dentro de un minucioso orden estructural, que se debe en buena parte a la gran acumulación de experiencias de Enric Sagnier, ese arquitecto al que, por primera vez, se presenta ahora con todo lujo -sobre todo en términos gráficos- en el libro que he mencionado, editado por Antoni Sagnier, un abnegado descendiente del arquitecto que acredita, como en el caso de Rubió -y en el de Domènech, Jujol y tantos otros- la importancia relevante de cada familia barcelonesa en subrayar las cualidades de sus antepasados.
La coincidencia de esas nuevas documentaciones -Rubió y Sagnier- está en que de ambas se puede extraer una visión relativamente nueva de las derivaciones del modernismo, que a menudo ha sido analizado prioritariamente como un movimiento anclado sólo en una revolución estilística. Las casas de Rubió -en las laderas de la montaña- y los pisos de Sagnier -en el ensanche del llano, especialmente en el entorno de la Rambla de Catalunya, que es casi su territorio exclusivo- son dos inteligentes y oportunas aportaciones tipológicas aparte de ser -o no ser- puntuales aciertos arquitectónicos. Ambos arquitectos hicieron grandes obras institucionales que marcan el perfil urbano de Barcelona, pero quizá su cualificación histórica se apoya mejor en la experiencia residencial aparentemente más modesta. Lo cual indica también, comparado con la situación actual, un cambio socialmente significativo: hoy día son pocos los arquitectos que se esfuerzan en cualificarse en el estudio y el proyecto de viviendas, aferrados a la insolidaridad y a la propaganda formal del edificio monumento. ¿Se acabó la voluntad de crear modelos y de usar la arquitectura como instrumento urbano al servicio de la sociedad?

Font: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Joan/Rubio/Enric/Sagnier/modelos/residenciales/burgueses/elpepuespcat/20071212elpcat_4/Tes

Oriol Bohigas es arquitecto.

PROYECTO POLÉMICO EN LOS TRIBUNALES. VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat desobedece el fallo de los terrenos de la Torre Negra

ALBERT SEGURA

SANT CUGAT DEL VALLÈS
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha incumplido el plazo de cinco días que le concedió la semana pasada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para iniciar la tramitación del programa de actuación urbanística (PAU) de la Torre Negra, un espacio de 150 hectáreas situado en la falda de Collserola. La constructora Núñez y Navarro es, desde hace años, propietaria de terrenos en esta zona, donde pretende edificar.Ayer, cuando se cumplía el plazo fijado por el tribunal, Lluís Recoder (CiU), alcalde de Sant Cugat, hizo pública una declaración institucional para insistir en la calificación de suelo no urbanizable de los terrenos, que se produjo en el 2003. La empresa constructora los había comprado antes, cuando eran urbanizables no programados.

Recoder hizo la declaración ante los medios de comunicación en un acto en el que no admitió preguntas y al que acudió acompañado de los concejales Joan Recasens (CiU), Salvador Gausa (PSC), Xavier Boix (ICV-EUiA), Berta Rodríguez (PPC) y Raül Granje (ERC). "Desde el máximo respeto a la administración de justicia, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando conjuntamente para garantizar la total preservación de la zona", declaró.

TIPIFICACIÓN PENAL

Rafael Jiménez, abogado de Núñez y Navarro, advirtió ayer que "incumplir una sentencia está tipificado legalmente con penas". Jiménez aseguró que "es indiferente lo que el ayuntamiento diga", en referencia a la declaración institucional del consistorio. Y añadió: "Algo habrán hecho mal para que no les den la razón a ellos".

Font: El Periódico 13/12/2007.

Noticias sobre el mercado inmobiliario

las inmobiliarias venden activos para afrontar la crisis
expansión, martes 11 dic 07

las inmobiliarias españolas han puesto en marcha una desenfrenada política de desinversión de activos con el objetivo de aliviar un endeudamiento financiero que asciende a casi 300.000 millones de euros, una cantidad que representa casi el 30% del pib español. según los expertos, más del 40% de esta deuda financiera es sobreendeudamiento. en la mayoría de los créditos que en los últimos años han financiado el crecimiento del sector, el coste financiero del préstamo está estrechamente ligado bien a la evolución bursátil de los títulos bien a la relación entre el nivel de deuda y el valor bruto de unos activos que, hoy día, sufren una travesía en el desierto por la falta de liquidez. según richard ellis, los activos inmobiliarios se devaluarán un 10% en 2007


50.000 jóvenes madrileños ya pueden solicitar la ayuda para el alquiler en enero
elpais.com, jueves 13 dic 07

la comunidad de madrid se ha sumado al plan sobre la renta básica de emancipación, una ayuda de 210 euros al mes para jóvenes trabajadores de entre 22 y 30 años. en la región, unos 50.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta paga que podrán pedir desde el 2 de enero. el ejecutivo regional será el gestor de las solicitudes y el ministerio de vivienda el financiador de las ayudas. por el momento ya han suscrito el convenio de colaboración los gobiernos de andalucía, asturias, aragón, castilla-la mancha, cantabria, valencia, canarias, baleares, ceuta y melilla. aún faltan por firmar otros cuatro (al margen del país vasco y navarra) para cumplir con el objetivo de establecer acuerdos con todas las comunidades antes del 1 de enero, fecha prevista para el arranque oficial de las solicitudes


los tipos hipotecarios que pagan las familias suben al 5,5% casi un punto por encima del euribor
elconfidencial.com, miércoles 12 dic 07

los tipos hipotecarios (aquellos que realmente pagan los clientes a bancos y cajas de ahorros) siguen subiendo pese al descenso del euribor producido entre octubre y noviembre. el tipo que pagan de media los españoles pasó de 5,497% de septiembre al 5,551% en octubre, lo que significa un incremento de casi medio punto porcentual. la causa de este comportamiento tiene que ver con que las cuotas que se revisan tienen un efecto de arrastre estadístico de los 12 meses anteriores. pero hay otro factor: los bancos y cajas de ahorros parecen estar ensanchando sus márgenes de intermediación ante el estrechamiento del mercado hipotecario. en otras palabras, el negocio será más pequeño por lo que se necesita mayor remuneración para compensar la pérdida de la clientela


todo esto me resulta familiar
the economist, jueves 13 dic 07

para algunos observadores japoneses la crisis crediticia estadounidense tiene un soniquete inquietantemente familiar. a pesar de las importantes diferencias entre la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la explosión de la burbuja inmobiliaria japonesa tras 1989, las similitudes son sorprendentes: ambas eran burbujas relacionadas con el sector inmobiliario y se falló estrepitosamente en el enfoque de ambas crisis porque la mayoría de las señales de aviso no se produjeron en los sedes centrales de las grandes corporaciones bancarias sino en las subsidiarias. los economistas japoneses consideran un riesgo importante el esfuerzo interventor en apuntalar el mercado, que nubla la transparencia y evita que los precios de los activos se reajusten rápidamente en un nuevo equilibrio. sin embargo la alegría por el mal ajeno no existe en japón: después de todo la crisis de las hipotecas basura también amenaza la ansiada recuperación económica nipona


3 de cada 10 demandantes de vivienda se decanta por el alquiler
idealista.com, martes 11 dic 07

tres de cada diez personas que buscan casa a través de internet están interesadas en alquilar una vivienda. este dato ha sido extraído al analizar cómo buscan casa los usuarios de idealista: actualmente el 34% de todas las búsquedas de vivienda que registra el portal son de viviendas en alquiler, mientras que este porcentaje era del 28,1% hace sólo 12 meses, lo que supone un 21% de crecimiento. la subida de los tipos de interés y la continua escalada del precio de la vivienda parecen ser los responsables de este crecimiento que se ha notado más en zonas urbanas y sobre todo en las comunidades que cuentan con grandes ciudades y el precio de la vivienda es más elevado. por comunidades autónomas, madrid es donde mayor penetración tiene la búsqueda de alquiler: cuatro de cada diez búsquedas realizadas en la comunidad (42,8%) están dirigidas al mercado del alquiler; mientras que en cataluña el porcentaje de búsquedas supone casi un cuarenta por ciento


la tasa de morosidad de las hipotecas sube hasta el 0,65%
el periódico de catalunya, lunes 10 dic 07

la tasa de morosidad de los créditos concedidos a las familias para la adquisición de vivienda (cuando el impago supera los tres meses) alcanzó el 0,65% en el tercer trimestre del año, con lo que superó por segundo trimestre consecutivo el medio punto porcentual y registró la cota más alta desde 2004 según datos del banco de españa. la morosidad registrada en el tercer trimestre supera en más de dos décimas la cifra con la que se cerró 2006 (0,43%) y casi dobla el porcentaje alcanzado en 2004 (0,33%)


los inmuebles dan solidez al patrimonio de las familias
expansión, viernes 14 dic 07

entre 2002 y 2005, la mediana (punto estadístico entre los extremos) de la riqueza de los hogares españoles aumentó un 68%, hasta los 177.000 euros, según la encuesta financiera de las familias que presentó ayer el director general del servicio de estudios del banco de españa, josé luis malo de molina. los activos inmobiliarios representaban el 80% del total frente al 81,9% de 2002. malo de molina afirmó que los activos inmobiliarios dan solidez al patrimonio porque al margen de las oscilaciones del ciclo su tendencia en el medio plazo siempre es alcista


la venta de viviendas cae un 12% hasta septiembre por el parón de la demanda
el mundo, miércoles 12 dic 07

las estadísticas confirman el freno de ventas que sufre el mercado inmobiliario y que aboca a una situación muy delicada a buena parte del sector. entre enero y septiembre las compraventas de pisos descendieron un 12% frente a los mismos meses de 2006, según un informe del colegio de registradores de la propiedad. en total se cerraron 626.612 operaciones de compraventa de inmuebles frente a las 712.110 que se registraron en los nueve primeros meses de 2006. este descenso de ventas se ha agudizado en la segunda parte del ejercicio. además, los datos que manejan los registradores indican que las casas de segunda mano son las que están sufriendo con más intensidad el freno de la demanda


las vegas de los monegros
metro, jueves 13 dic 07

el gobierno de aragón y la empresa privada idl han firmado la creación del segundo complejo de ocio más grande del mundo. el macroproyecto, que incluye 32 hoteles-casino y cinco parques, además de un hipódromo, campos de golf, un gran centro de convenciones y hasta una plaza de toros fue presentado en la capital aragonesa con cifras y plazos: una inversión de 17.000 millones de euros para un proyecto cuya primera fase se podrá inaugurar en la primavera de 2010. idel, integrado por una docena de empresas de diferentes países, anunció que sus previsiones de visitas están en torno a los 25 millones


los fondos han paralizado la compra de inmuebles hasta este verano
el economista, lunes 10 dic 07

los fondos extranjeros más oportunistas esperan a que el ajuste del sector en españa sea más agudo. según sus cálculos dentro de seis meses aparecerán oportunidades para comprar activos inmobiliarios en españa con importantes descuentos, según explica cristina calvo, socia directora de ashurts, quien asegura que durante el próximo año la crisis de liquidez financiera continuará afectando a la salud de muchas inmobiliarias españolas, que están asfixiadas por la deuda que tienen y por el frenazo que registran las ventas de sus promociones


cae un 40% la construcción de pisos y el sector calcula que se destruirán 500.000 empleos
abc, jueves 13 dic 07

el grupo de inmobiliarias por la excelencia que agrupa a las principales promotoras españolas ha confirmado que el ritmo de inicio de la construcción de nuevas viviendas ha caído un 40% desde el mes de agosto, cuando estalló la crisis subprime, hasta octubre, si se compara con el ritmo de viviendas iniciadas en el mismo periodo del año anterior. según el secretario general del g14 pedro pérez esta caída viene propiciada por un proceso de ajuste de la oferta de la demanda en el que los promotores han dejado de comenzar obras ante la dificultad que encuentran para vender las que ya tienen en el mercado. en este contexto pérez advirtió de que lo normal es que el sector inmobiliario destruya 250.000 puestos de trabajo al año durante los dos próximos ejercicios por el efecto del parón de las nuevas promociones

Noticias sobre el mercado inmobiliario

el parón inmobiliario fuerza a los inversores a tirar los precios para vender sus pisos
el mundo, lunes 3 dic 07

la crisis de ventas que sufre el mercado inmobiliario también toca de lleno a los inversores que hace unos años compraron viviendas sobre plano con el fin de obtener suculentas plusvalías en las operaciones de reventa. la parálisis de la demanda ha puesto la soga al cuello a buena parte de estos inversores que no encuentran comprador para sus inmuebles antes de la entrega de llaves y la formalización de la escritura. de ahí que estén tirando los precios y rebajando sus expectativas de beneficios para poder desprenderse de las viviendas antes de la entrega. en caso contrario tendrán que enfrentarse al pago del crédito hipotecario que pesa sobre el inmueble. por ejemplo en valdeluz, una nueva urbanización en la provincia de guadalajara, es posible adquirir viviendas de un dormitorio de manos de un inversor por 150.000 euros. si el comprador acude directamente a la oficina de ventas el precio asciende a 240.000 euros, según remax. esa misma casa no valía más de 120.000 euros hace dos años


el piso exige casi el triple de su sueldo a cada joven
metro, miércoles 5 dic 07

un joven madrileño necesita unos ingresos mínimos anuales de más de 44.000 euros para adquirir una vivienda. sin embargo su salario medio real supera por poco los 16.000 euros. es decir, un menor de 35 años debería cobrar un 173% más para hacerse con una casa propia, según datos del consejo de la juventud de españa. hasta que los sueldos suban en esa proporción, a los jóvenes no les quedará otra que seguir destinando más del 80% de su salario a reducir la deuda con el banco, un porcentaje que en ciudades como teruel desciende hasta el 45%


varapalo al alquiler forzoso en catalunya
público, martes 4 dic 07

la medida más atrevida y también más polémica del proyecto de ley para el derecho a la vivienda de la generalitat ha suspendido el examen final. el alquiler forzoso ha sido declarado inconstitucional por el consejo consultivo, órgano jurídico no vinculante pero al que el gobierno catalán siempre escucha. el artículo en cuestión señala que la administración podrá obligar a los propietarios de una vivienda a alquilarla en caso de que se incumpla la función social de la propiedad. eso ocurriría sólo en lugares con alta demanda de vivienda. pasados dos años de la primera advertencia, el govern podría expropiar temporalmente para alquilar el piso durante cinco años. el consejero de vivienda de la generalitat aseguró que el texto se reescribirá "para realizar una propuesta que se ajuste a derecho"


no hay burbuja inmobiliaria en el este de europa
el economista, lunes 3 dic 07

sólo en el primer semestre de este año el endeudamiento de las familias del este europeo, desde hungría hasta rusia, creció un 42%, pero la red de investigación sobre la nueva europa de unicredit se muestra optimista al respecto. la crisis de las hipotecas que arrasó estados unidos por el momento no parece que vaya a afectar a los países del ex telón de acero. la fuerza del este se asienta en tres pilares: su solidez macroeconómica, que sigue garantizando un crecimiento del pib superior al 6,5%; la capacidad de las familias de hacer frente a su creciente endeudamiento gracias a un aumento constante de los salarios; y que la burbuja inmobiliaria queda muy lejos de estos lares


vivienda instala un teléfono gratuito contra el mobbing inmobiliario
adn, martes 4 dic 07

las personas que sufran mobbing inmobiliario contarán a partir del próximo año con un teléfono gratuito de asistencia, según anunció la ministra de vivienda, carme chacón. el ministerio, en colaboración con la federación española de municipios y provincias (femp), desarrollará la primera experiencia piloto en diez ayuntamientos. la línea de asistencia se destinará principalmente a personas mayores o con pocos recursos, que son las víctimas más habituales del mobbing y que a menudo carecen de información suficiente a la hora de defenderse de estas prácticas


el frenazo inmobiliario influye en el paro, que sufre el peor dato desde 2003
expansión, miércoles 5 dic 07

el frenazo que está teniendo el sector inmobiliario está influyendo de lleno en el mercado laboral en forma de una acusada destrucción de empleo, según se desprende de los datos del ministerio de trabajo correspondientes al mes de noviembre. en términos relativos la construcción fue el sector en el que más creció el paro el mes pasado; 11.180 personas, lo que supone un incremento del 4,65% respecto a octubre. pero en términos interanuales el incremento es del 16,06%, hasta 34.819 personas. hay que retroceder hasta diciembre de 2002 para encontrar un dato peor


eeuu ultima un plan para evitar los embargos de casas por la crisis
el economista, martes 4 dic 07

el secretario del tesoro, henry paulson, ha reconocido que el gobierno de los estados unidos trabaja a marchas forzadas para evitar que los ciudadanos que posean hipotecas de alto riesgo pierdan sus casas en los próximos meses. de momento, parece que los planes incluyen aumentar el número de personas que podrán cobijarse en las ayudas gubernamentales e institucionales y encontrar nuevas soluciones asequibles al reajuste de tipos de interés que se avecina durante los próximos meses. cerca de dos millones de ciudadanos en eeuu tienen una hipoteca de alto riesgo que debe ajustarse a finales de 2008


aumenta el cese de empresas inmobiliarias
el país, viernes 7 dic 07

entre enero y septiembre de 2007 23.981 sociedades inmobiliarias han iniciado su andadura, mientras que 4.192 han cesado su actividad, según un informe de axesor. en 2006 el número de disoluciones era un 140% más bajo: 1.736 y el de constitución de empresas era de 30.179. el mayor número de ceses de negocio se detecta en las empresas dedicadas al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, ya que según axesor "se está detectando un cambio profundo en el mercado, donde ya no se ve la vivienda como bien de inversión y hay casi tantas constituciones de empresas como disoluciones"


la ocde minimiza los miedos a la quiebra inmobiliaria
financial times, viernes 7 dic 07

el gran boom inmobiliario en los países industrializados ha terminado finalmente pero ello no debería convertirse en una caída en picado, según indicó la ocde. este organismo añadió también que el índice de crecimiento de la economía mundial en 2008 tendrá su tasa de crecimiento más baja en cinco años debido a las turbulencias en los mercados financieros e inmobiliarios y de los costes más elevados de la energía. sin embargo el boyante comercio mundial, el alto empleo y las recientes elevadas tasas de rentabilidad corporativa deberían ayudar a la economía mundial a absorber estos golpes. la ralentización en el mercado de la vivienda se ha visto exacerbada por la crisis hipotecaria. aunque los precios de la vivienda están cayendo en los estados unidos, la ocde no espera que muchos otros países sean tan vulnerables a una caída


la inversión apuesta por el mercado de oficinas
expansión, lunes 3 dic 07

el actual proceso de desaceleración que vive el mercado residencial de españa no está afectando al sector inmobiliario de oficinas. de hecho, el ritmo de inversión seguirá creciendo en el ámbito de oficinas, centros comerciales, logística, hoteles y residencias de tercera edad. "el excelente dinamismo vivido en los últimos dos años en el mercado de alquileres de oficinas en madrid y barcelona, con incrementos en rentas de hasta un 30% en determinadas zonas de la capital" seguirá potenciando este tipo de operaciones, según la directora de inversiones de knight frank virgina asenjo


Font: http://www.idealista.es