El Constitucional rechaza el recurso de Aragón contra el Estatuto por el derecho al agua
Font: Levante, 13-12-07
El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la nueva redacción del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, según informó ayer la oficina de prensa del citado organismo.
Levante-EMV/Efe, Valencia/Madrid La nota no adjuntaba el texto de la sentencia, si bien anunciaba que «se remitirá en los próximos días». La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, telefoneó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y este le dijo que agradecía el fallo en nombre de los valencianos y de los grupos de las Corts que votaron la reforma estatutaria, que fueron el socialista Tanto el Gobierno autónomo de Aragón como el de Castilla-La Mancha impugnaron el artículo 17.1 del nuevo Estatuto de Autonomía valenciano, que entró en vigor el 11 de abril de 2006. El de Castilla-La Mancha aún no ha sido resuelto. La sentencia fue aprobada por siete votos contra cinco. Los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, todos ellos adscritos al llamado sector conservador, han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia, que se notificará en los próximos días. De esta forma, han avalado la constitucionalidad de la norma valenciana los seis magistrados del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal. Las fuentes consultadas señalaron que el Constitucional aún debe pronunciarse sobre el recurso interpuesto contra el Estatuto valenciano por Castilla-La Mancha, aunque avanzaron que también será desestimado en aplicación de la doctrina establecida ayer porque en él se impugnó el mismo artículo. El de ayer es el primer pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía que se han reformado en esta Legislatura, aunque el tribunal aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados contra los de Cataluña, Andalucía y Aragón. El artículo 17.1 del Estatuto establece que «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal». Añade que «los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley». El Gobierno central pidió en su día al TC que desestimara tanto el recurso de Aragón como el de Castilla-La Mancha. La Abogacía del Estado reconocía en sus alegaciones que el precepto recurrido podría afectar al ámbito de autonomía de Castilla-La Mancha en la medida que los derechos que proclama podrían verse satisfechos en detrimento de los recursos hídricos de la comunidad autónoma, por la que discurre el Tajo, cuyas aguas son periódicamente trasvasadas a otras regiones, «sin duda para satisfacer necesidades imperiosas». De igual forma, reconocía que también podía afectar el ámbito de autonomía de Aragón si se considerara que la del río Ebro es «cuenca excedentaria» con la que satisfacer el derecho a la redistribución de sobrantes. Sin embargo, el Gobierno entendía que el artículo recurrido no obligaba al Estado «a contemplar en su legislación de aguas el principio o criterio de redistribución de sobrantes de las cuencas excedentarias para satisfacer con ellas al territorio valenciano». Según el Gobierno, «el principio de territorialidad impide que una norma de aplicación territorial limitada», el Estatuto, pueda decidir «una cuestión que afecta a otros territorios o al conjunto del Estado».
Aragón vaticina que el Estatut quedará sin efecto porque no sobra agua
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, dijo hoy que el artículo 17 del Estatuto de Valencia, que se arroga derechos sobre excedentes de aguas de otras cuencas, quedará sin efecto cuando se demuestre que en Aragón no sobra este recurso.
EFE Así se pronunció momentos antes de que comenzara el Pleno de las Cortes preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso aragonés contra el Estatuto de Valencia por el derecho que concede esta norma a los valencianos a redistribuir los sobrantes de agua de otras cuencas hidrográficas excedentarias.Biel insistió en que en Aragón no sobra agua, sino que faltan infraestructuras, y por ello dijo que la solución para contrarrestar este artículo 17 consiste en acelerar las obras del Pacto del Agua de Aragón.Con las regulaciones pendientes, ya no sobrará agua y nada podrá exigirse en función de este artículo, añadió.Además, el vicepresidente llamó la atención sobre la división en el seno del Tribunal Constitucional, ya que cinco de sus doce miembros han emitido un voto particular contra la desestimación del recurso, número que calificó de "significativo".En la misma línea se pronunció el diputado de IU, Adolfo Barrena, quien también incidió en la "fractura" que hay en un tribunal "tan importante para garantizar la democracia", y que achacó a "intereses partidistas".En todo caso recordó que los caudales excedentarios a los que se refiere el Estatuto valenciano están protegidos en la disposición adicional sexta del texto estatutario aragonés, que garantiza una reserva hidráulica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro para las necesidades presentes y futuras de Aragón.El presidente del PP, Gustavo Alcalde, por su parte, manifestó que la desestimación del recurso demuestra que "no tenía sentido" interponerlo, y más después de que en el trámite parlamentario del Estatuto de Valencia se incluyera específicamente en el artículo 17 una "coletilla" para garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes.El diputado de CHA Bizén Fuster consideró una "mala noticia" que una Ley Orgánica reconozca el trasvase como un derecho.Se demuestra, apuntó, que el trasvase del Ebro sigue siendo "una amenaza real" que se anuncia como propuesta electoral.El portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, dijo que parece que la sentencia del TC reconoce unos determinadas derechos a los valencianos, pero recordó que la ejecución de un trasvase es competencia del Gobierno de España y que cualquier modificación de la normativa hidráulica debe de ser aprobada en las Cortes Generales.
Cuatro estatutos tienen pendientes seis recursos por la ´batalla´ del agua
El agua y a quién corresponde su gestión es el origen de seis de los diez recursos pendientes en el Tribunal Constitucional (TC) y presentados contra los estatutos de autonomía de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, por regiones vecinas que batallan así por el control hídrico.
EFE El Constitucional desestimó ayer el recurso del Gobierno de Aragón contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana por el tema del agua (uno de los primeros presentados) y deberá resolver el resto de las impugnaciones que, previsiblemente, se abordarán por orden de entrada en este Tribunal.Sobre el texto estatutario valenciano, Castilla-La Mancha tiene presentado un recurso al mismo artículo, que ayer fue desestimado, y que establece el derecho de los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.Por ello, fuentes del Constitucional avanzaron que, al haberse rechazado el recurso del Gobierno aragonés, el del Ejecutivo castellano-manchego seguirá el mismo camino.Hasta ahora las autonomías que han presentado alegaciones por el tema del agua se han basado en el artículo 149 de la Carta Magna que establece que el Estado tiene "competencias exclusivas sobre la legislación, ordenación, concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las aguas que discurran por más de una comunidad autónoma".De las seis reformas de estatutos aprobadas esta legislatura, sólo dos no han sido recurridas: el de Baleares y el de Castilla y León, si bien este último podría ser recurrido finalmente por la Junta de Extremadura.En concreto, el Ejecutivo extremeño ha encargado un informe al Consejo Consultivo regional sobre la posibilidad de recurrir el artículo 70.4 del Estatuto castellano-leonés que otorga la competencia exclusiva a la cuenca hidrográfica del Duero, ya que incluye a dos municipios cacereños.Extremadura sí tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el TC, contra el Estatuto andaluz por considerar que el texto vulnera la Carta Magna al arrogarse competencias exclusivas sobre el Guadalquivir.El hecho de que ambas comunidades sean del mismo signo político no ha impedido al Gobierno extremeño defender lo que considera ajustado a la ley, mientras que el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, considera que Extremadura está en su "perfecto derecho" de recurrir si cree que el artículo 51 perjudica a su región.El Estatuto de Cataluña es el que tiene más recursos ante el Constitucional, siete en total, aunque sólo tres de ellos -los de Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja- están relacionados con cuestiones sobre el agua.Así, el Gobierno valenciano avala su recurso en que Cataluña no puede reservarse las competencias en la gestión de los sobrantes de agua del Ebro, porque es una cuestión que corresponde al Estado y recuerda que es un río que discurre por varias comunidades autónomas.El Ejecutivo murciano se pronunció en este sentido al entender que el Estatuto catalán "blinda" el Ebro y la Generalitat se atribuye la capacidad de decidir sobre asuntos que afectan a las nueve comunidades de esta cuenca.El recurso de La Rioja comparte el sentir del murciano y se basa en un informe del Consejo Consultivo de la región que lo considera "necesario y viable" al incidir de manera directa en su ámbito competencial.Finalmente, La Rioja tiene también planteado un recurso contra el Estatuto aragonés por la gestión del agua del río Ebro.
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