EL PAÍS 25.04.07. Ingenierías en el paisaje

ORIOL BOHIGAS 25/04/2007
Lo que llamamos paisaje natural es siempre -o casi siempre- el resultado de una operación en gran medida artificial. Es difícil encontrar fragmentos del planeta cuya forma y cuyo contenido no hayan sido profundamente modificados por la civilización humana: asentamientos residenciales, imposiciones agrícolas, pecuarias y forestales, líneas de transporte físico y energético, puertos y aeropuertos, industrias, parques, procesos de creación, muerte y resurrección de pretendidas especies naturales. Incluso las áreas que se consideran más vírgenes -reservas forestales, permanencias glaciares, mares- responden a un complejo sistema que incluso se le puede llamar ecológico y en el que, para bien o para mal, interviene significativamente la artificialidad de la civilización.

Reduciendo el asunto a los aspectos que podemos llamar visuales -diríamos estéticos, si el adjetivo no nos mortificase con tanta metafísica-, constatamos que la mayor parte de las antiguas implantaciones y modificaciones se han integrado y se asimilan a una cierta naturalidad del paisaje, mientras que las más recientes parecen abofetearla. Esta circunstancia se explicaría porque las primeras responden a procesos artesanales de larga duración, con unas referencias culturales que se asimilaron lentamente a una morfología unitaria y que persistieron durante periodos largos y consistentes. Los segundos, en cambio, se presentan con la agresividad de una nueva cultura social, económica y tecnológica, aparecida e impuesta velozmente en contraste con lo que la lenta tradición había codificado. Pero, a pesar de ello, no todas las modernas intervenciones agresivas estropean o reducen la buena lectura del paisaje. Algunas la subrayan con el añadido de una nueva y adecuada interpretación formal.

Deambulando por las carreteras europeas y contemplando los paisajes aéreos y marítimos tenemos que indignarnos ante la perniciosa ocupación de las costas con habitáculos turísticos horrendos, ante el desorden apocalíptico de los suburbios, ante los polígonos industriales y comerciales, ante todo aquello que realmente destruye el paisaje con métodos que pretenden ser tradicionales e incluso conservacionistas, pero que se traducen en una arquitectura y unos asentamientos fuera de escala y fuera de la real cultura del paisaje. En contraposición, de vez en cuando, aparecen objetos claramente diferenciados, impuestos con autonomía cultural que marcan unas insólitas rupturas y permiten nuevas interpretaciones sin menospreciar los auténticos escenarios tradicionales. A pesar de que suelen incluirse en el banal catálogo de las protestas populares que siempre se asustan de cualquier propuesta radical, hay que reconocer que el trazado de una autopista o un ferrocarril con sus galerías y sus contundentes viaductos, las torres metálicas de una línea de alta tensión, la exhibición tecnológica de las centrales energéticas y de las industrias petroquímicas, los campos de energía eólica con la serie ordenada de molinos de viento en la cresta de un monte, las altísimas antenas singulares, los embalses descomunales que subrayan a su manera la orografía, son elementos paisajísticamente más satisfactorios que las tristes indecisiones de un village turístico, la arquitectura llamativa pero tímida de los suburbios o la modesta floristería de la llamada arquitectura del paisaje.

El sorprendente, maravilloso viaducto de Millau en la autopista de Béziers a Clermont-Ferrand sobre el río Tarn, una obra del arquitecto Norman Foster y el ingeniero Michel Virlogeux, inaugurada hace poco más de un año, es un reciente ejemplo de esas felices intervenciones planteadas de acuerdo con la escala y con el empuje formal que corresponde a la escala y al empuje artificial del paisaje. Es el último episodio de una serie de puentes que se inició con la revolución industrial, que culminó con las grandes obras metálicas de los ingenieros del XIX y el XX y que incorpora hoy las mejores investigaciones formales y funcionales, apoyadas en las técnicas actuales más sofisticadas. No hay duda de que lo más respetuoso para la lectura del paisaje natural -es decir, artificial- son las intervenciones agresivas de lo artificial, las construcciones a gran escala que no intentan solidarizarse, sino distinguirse. Al revés de lo que debería ocurrir en la ciudad, donde el valor de la arquitectura, de la obra pública y del monumento tendría que medirse en función de los textos adyacentes, de la definición respetuosa de los espacios del entorno.

Esto nos llevaría a establecer algunas diferencias esenciales entre la mentalidad del ingeniero y del arquitecto, que quizá nos llevaría a conclusiones demasiado pretenciosas, si no banales y anecdóticas. Pero quizá podamos avanzar que, así como la ciudad es el campo de la arquitectura, el paisaje debe ser el del ingeniero y no el del arquitecto paisajista, el jardinero o el geógrafo. El campo del ingeniero que conserva la antigua especialidad de caminos, canales y puertos. Porque la artificialidad que ha de salvar la integridad del paisaje se basa, precisamente, en los caminos, los canales y los puertos.

Oriol Bohigas es arquitecto.

TRIBUNA: El debate sobre el urbanismo. Del declive a la regeneración

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/declive/regeneracion/elpepuespval/20070412elpval_7/Tes

EL PAIS

SALVADOR VICENTE MARTÍNEZ 12/04/2007

No digo ninguna barbaridad, ni descubro nada nuevo, si digo que el urbanismo valenciano se ha desmadrado en estos últimos dos lustros. Que la presión urbanística ha primado sobre lo público, cediendo el interés general en favor de intereses puramente crematísticos. En este periodo hemos salido de la lentitud agobiante de los procesos de urbanización, conducidos por tranquilos propietarios especuladores al paso de tortuga de las "Juntas de Compensación", al exceso de velocidad, en la puesta en marcha de demasiados proyectos de urbanización sobre un territorio limitado que, inevitablemente, acabarán saturando el mercado, desbordarán la capacidad de respuesta de los servicios y de las infraestructuras públicas, y lo que es peor, que están hiriendo al territorio y al medio ambiente de forma irreparable y quizás innecesaria. Y, todo ello al servicio de los intereses meramente recaudatorios del municipio -por falta de financiación- y de unos promotores, constructores y agentes urbanizadores puestos de acuerdo a través de unos comisionistas legalizados: expertos en el rescate de las plusvalías urbanísticas recalentadas. Lo lamentable es que este exceso de velocidad en la ocupación del territorio, que conlleva el uso abusivo del Derecho, con la consiguiente destrucción del paisaje tradicional valenciano, o la preferencia o mezcla de los intereses privados sobre los generales, parece que no tiene fin. La mentalidad de acumular grandes masas de dinero: de hacernos rápidamente ricos... por supuesto legalmente, pero a costa de los intereses de todos los ciudadanos y de las generaciones venideras, es más importante que nada en este mundo globalizado en el que habitamos. Así son las cosas y así nos luce el pelo.

La preocupación social que suscita la ocupación masiva de suelos reclasificados y el deterioro del medio ambiente natural sano, evidentemente constituye, en la actualidad -y con razón-, una de las áreas de las ciencias sociales más apasionantes y vivas, pues como sostiene la doctrina legal más solvente no sólo de la misma depende el logro de una vida colectiva digna, al establecer el marco físico que ha de servir de base para el desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, sino también en gran medida, la misma conservación de la especie humana, que en su fase actual de relación con el espacio amenaza con destruir la biosfera terrestre, con llegar al planeta vacío. El cambio climático que hoy padecemos no es más que la consecuencia lógica de nuestros propios actos, acelerando el proceso. A este ritmo, el mundo será una ruina y la Comunidad Valenciana un "socarral" en menos de 20 años.
Sin duda, no hay fórmulas "mágicas" para resolver el complejo mundo que nos hemos montado en torno al Urbanismo, desde su concepción como Obra Pública por excelencia que defendió Ildefonso Cerdá y que estuvo vigente entre nosotros hasta 1956. La racionalidad, la cultura, el sentido común, y sobre todo la generosidad con el paisaje, los espacios públicos abiertos, el oxígeno, el sol, el agua... la vida. Deben primar a la hora de concebir el diseño de nuestros pueblos y ciudades, en el momento de elegir nuestra forma de vivir.
Por ello, pienso que estamos a tiempo de hacer una reflexión a fondo del sistema, sobre su situación actual, el origen de los problemas, sus implicaciones políticas y regenerar el Urbanismo valenciano en una sociedad democrática avanzada de Derecho, para que de una vez por todas -por seguridad jurídica- se dé el adecuado tratamiento legal al fenómeno urbanístico y medioambiental en el que estamos involucrados a nivel europeo. Que satisfaga plenamente los principios constitucionales vigentes sobre el uso racional del suelo como recurso natural, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y la puesta en servicio de medidas que impidan, de manera efectiva, la opacidad en el mercado del suelo y, por ende, eviten la especulación de este recurso natural limitado: que es la única "especulación" taxativamente prohibida por la Constitución.
No en vano, el sabio Dr. Villamarín -hoy ya jubilado- ex vicepresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, me dijo un día que "el Urbanismo era un dogma de fe". Y como siempre, voy a acabar dándole la razón.
En fin, no es necesario un hombre del tiempo para saber en qué dirección sopla el viento.
Salvador Vicente Martínez Ferrer es titulado en Estudios Avanzados de Derecho Público y técnico Superior de la Generalitat.

EL PAÍS 17.04.07 El clima de mi nieto

JOSÉ LUIS GALLEGO 17/04/2007
Asumido el cambio climático como algo que está ocurriendo, la cuestión que parece interesar ahora es cuándo se hará serio y hasta dónde nos va a afectar. Hay una especie de obsesión, plenamente justificada, por datar los acontecimientos a los que nos vamos a tener que enfrentar: por saber cómo, cuándo y dónde las cosas van a empezar a ponerse feas.
Sin embargo, los únicos cronistas oficiales del calentamiento global, los científicos, tienen pocas certezas que ofrecernos al respecto. Las cosas van a pasar, aseguran, pero ni su desesperante adicción al rigor ni la fidelidad que le profesan al método les permite soltar más prenda.
Hace un par de meses que los expertos en la ciencia del clima que trabajan para Naciones Unidas (IPCC) acaban de dejarnos un informe encima de la mesa. Cuesta interpretarlo más allá de los titulares que han reproducido todos los medios. Estos especialistas no establecen nada de manera categórica. Tampoco lo harían si les preguntásemos si mañana saldrá el Sol: "very likely", nos responderían. Por lo que uno cree que cuando dicen eso es que quieren decirnos que sí, que seguro que va a ocurrir.
Pero en cualquier caso, una vez descifrado su mensaje, resulta que hay bastantes más certezas respecto al cómo, cuándo y dónde de lo que parecía en un principio. Hay incluso una fecha para anunciar: 2100. Es probable que buena parte de los lectores decidan poner punto y final aquí a la lectura de esta tribuna. En ese tema del cambio climático son muchos los que han decidido pasar del eso no va a pasar al eso no me va a pasar a mí, y si de lo que me vas a hablar es de 2100, pues entonces dejémoslo aquí.
Pero como a muchos otros, a mí me ocurre que puedo tener un nieto que rondará mi edad en 2100. Y por supuesto, eso no me va a pasar a mí, desde luego, pero le puede pasar a mi nieto. Y es very likely (insisto: eufemismo científico del "va a pasar") que el clima de mi nieto no se parezca en absoluto al que hemos gozado hasta la fecha todos los que estamos aquí y ahora.
Es very likely que tenga que acostumbrarse a vivir periodos de calor extremo que le obligarán a padecer serias restricciones de agua, a sufrir sequías rigurosas salpicadas de lluvias torrenciales que se harán cada vez más violentas. También que asista a ver el mar pegando bandazos que (sin llegar a ser tsunamis, aclaran los expertos) puedan causar daños serios en la primera línea de costa. Que el Ártico se funda en verano y que los glaciares de los Pirineos desaparezcan por completo. Y no estoy siendo tremendista. Hay un escenario (el A1FI en el informe del IPCC) que augura como likely un aumento de temperaturas de más de seis grados y del nivel del mar de más de medio metro, y eso nos llevaría mucho más allá, a un escenario sumamente angustioso.
Pero es que según los científicos es también extremely unlikely (o sea "no va pasar de ningún modo") que el clima del que he gozado yo lo disfrute mi nieto. Saber eso me ha turbado más.
Los expertos ya han hecho su trabajo, tenemos su informe encima de la mesa. Y ese informe dice más cosas de las que nos han dicho que dice. Encima de ese trabajo han caído otros cuantos, como el que establece lo que nos va a costar la broma si seguimos con las manos en los bolsillos, firmado por sir Nicholas Stern (el primero de la clase entre los economistas) o el que dice los esfuerzos que vamos a tener que acometer los europeos según las autoridades energéticas de la Unión Europea. Hasta en Davos han dicho que a lo mejor sí, que tal vez habría que empezar a hacer algo.
Pero aquí no se mueve nada. Y a mi nieto lo estamos condenando a vivir en un entorno que no se va a parecer en nada al que he vivido yo. No hablo del mundo, hablo del planeta.
Es probable que le deje más dinero a él del que mi abuelo me dejó a mí, pero yo le robaré mucho más que dinero. Como el placer de levantar unas acículas de pino en el suelo del bosque y descubrir el fogonazo anaranjado de un robellón empapado de rocío. O asistir a la lluvia amarilla del hayedo en otoño, esa tormenta de hojas que quedará recogida tan sólo en la bellísima novela de Julio Llamazares. O subir al Turó de l'Home y hundirse en la nieve, ver arribar los patos a la laguna de l'Encanyissada, en el corazón de cristal del delta del Ebro, escuchar cómo silban los primeros vencejos sobre la Diagonal una mañana de abril, recién llegados de África. ¿Qué valor tiene todo eso? ¿Qué cara pondrá esa parte de nosotros que vivirá en 2100 al saber cómo se vivía aquí antes del cambio climático? ¿Qué reniego nos enviará?
Y lo más triste de todo es que lo de que a mi nieto le íbamos a cambiar el clima estaba anunciado desde hace más de 100 años.
En 1896 un científico sueco, Svante Arrhenius, pidió la venia a la comunidad internacional para decir que el famoso dióxido de carbono (CO2) estaba empezando a montar un lío allí arriba, donde se acumulaba por encima de lo habitual, y que podría causar el recalentamiento de la atmósfera. Al pobre Arrhenius no le hizo caso nadie. En 1938 Callendar habló sin tapujos de cambio climático y dijo que quienes lo sufrirían de verdad serían los que vivieran a finales del siglo XXI. Pasó sin pena ni gloria. En 1956 Plass estableció el mecanismo exacto. Ya lo teníamos. Y un año más tarde, el considerado como padre de la teoría del cambio climático, Roger Revelle, dijo que el aumento de las concentraciones de CO2 modificaría el clima de una manera severa y que no lo haría en un tiempo lejano, sino en poco más de un siglo. Revelle ya hablaba de mi nieto. Para demostrarlo cedió el testigo a Keeling, quien situó dos medidores en un volcán de Hawai y en la Antártida y esperó a recoger sus datos. La ciencia obtuvo el primer testimonio incuestionable, la famosa curva de Keeling, esa gráfica que tantas veces ha reproducido este mismo diario y dónde se demuestra que Arrhenius, Callendar, Plass y tantos otros llevaban razón sobre el clima de mi nieto.
Hemos tardado más de un siglo en aceptar la verdad del cambio climático. Si tardamos otro tanto en hacerle frente es very likely que los nietos de nuestros nietos jamás vean la luz. Tenemos que movilizarnos.
José Luis Gallego es escritor y periodista ambiental.

EL PAÍS 18.04.07El Constitucional dio en 1996 las competencias en Cercanías a la Generalitat, que no las exigió

El consejero responsable del transporte era Artur Mas, que entonces apoyaba al PP
FRANCESC ARROYO - Barcelona - 18/04/2007
Junio de 1996, día 27. El Tribunal Constitucional emite la sentencia 118/1996 en la que se pronuncia sobre los servicios ferroviarios en Cataluña. La sentencia es diáfana: las competencias en Cercanías corresponden, en virtud del Estatuto catalán de 1979, a la Generalitat de Cataluña. El Gobierno central tiene derecho a mantener su actividad, pero en ese caso, el Gobierno catalán tenía derecho a la "ordenación" de los tráficos. Es decir, tenía la potestad para decidir horarios y frecuencias. El Gobierno catalán nunca exigió el ejercicio de estas competencias.
CiU declinó ayer comentar la sentencia aduciendo que no disponía de ella. No obstante, un portavoz de la formación nacionalista explicó que los dos últimos consejeros de CiU en Política Territorial, Pere Macias y Felip Puig, no la recordaban en modo alguno. Lo cierto es que ninguno de ellos ocupaba el departamento cuando se produjo. Su titular era Artur Mas, que ayer no pudo ser localizado.
La sentencia se produjo tras un recurso presentado por el Gobierno catalán contra la Ley de Organización del Transporte (LOT) aprobada en los años de los gobiernos socialistas, pero la sentencia se produjo ya tras haberse formado el primer Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, que logró la presidencia con el apoyo de los diputados de CiU tras el denominado pacto del Majestic (nombre del hotel barcelonés donde se forjó la colaboración durante casi ocho años entre CiU y PP).
"La sentencia no puede ir más allá del Estatuto, que decía que el Gobierno central podía reservarse la potestad de operar ferroviariamente en Cataluña", afirmó el portavoz de CiU.
Capacidad ordenadora
En efecto, esa potestad figuraba recogida en el artículo 11.9, según recordaba el Tribunal Constitucional en la sentencia, pero tenía buen cuidado en precisar que, si bien Renfe podía seguir haciendo circular los trenes e incluso en la hipótesis de que las vías fueran propiedad de la Administración central, la ordenación, es decir, la decisión sobre el servicio, incluyendo horarios, frecuencias de paso y otras condiciones, eran competencia del Gobierno de la Generalitat.
La sentencia establecía también de modo claro que el Gobierno central podía no reservarse la ejecución directa del servicio de Cercanías. En este caso, la competencia pasaba a ser asumida de modo inmediato por el Ejecutivo autonómico. Éste, además de tener la capacidad ordenadora del servicio, podía reservarse la ejecución del mismo como ya hacía en los tramos en los que operaba Ferrocarrils de la Generalitat.
En todos los casos, el servicio cuyas competencias debían depender del Gobierno catalán era aquel que tuviera origen y final dentro del territorio de la comunidad y no pasara en ningún momento por suelo de otra comunidad autónoma. Los servicios que debían ser reconocidos como competencia del Gobierno de la Generalitat era tanto los correspondientes a viajeros como los de mercancías "sin perjuicio" de los que se reservara como ejecución directa el Gobierno central.
El portavoz de CiU recordó ayer que esta formación, mientras estaba en el Gobierno, expresó repetidamente su deseo de gestionar el servicio de Cercanías y sostuvo que no lo logró porque "como en otros casos y pese a sentencias favorables, el Gobierno central no aceptaba los traspasos". No obstante, señaló la misma fuente, se logró la incorporación de Renfe a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), aunque reconoció que lo hizo como observador y nunca como miembro pleno, en igualdad de condiciones a otros operadores como Metro o Ferrocarrils. De hecho, aún hoy, las zonas de Renfe difieren de las de la ATM. El Gobierno catalán, por su parte, sostuvo ayer que su actuación para obtener estos servicios ha estado vinculada a la aprobación del actual Estatuto, que no deja lugar a dudas sobre a quién corresponden las competencias. Este asunto tendrá que ser abordado en la próxima comisión bilateral Generalitat-Estado, según se decidió en el encuentro entre ambas administraciones celebrado el pasado lunes en Barcelona.

EL PAÍS 19.04.07. TRIBUNA: JORDI GARCIA-PETIT La otra verdad incómoda

Como si fueran una serie de catástrofes más, los medios de comunicación social van desgranando los datos más impresionantes del desastre climático presente y, muy probablemente, futuro del planeta. Aunque contenida e integrada en la normalidad, se aprecia ya una cierta alarma después de la difusión, el 6 de abril, de la segunda parte del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, referida a Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Según distintas fuentes, los representantes de los gobiernos de EE UU, China, Rusia y Arabia Saudita consiguieron imponer ligeros retoques en el texto, mezquinos intentos de ocultar a sus opiniones públicas la evidencia local del cambio climático o de proteger sus intereses petrolíferos. Pero lo que es la controversia científica sobre la realidad del cambio puede darse por zanjada. Arrancará ahora con fuerza el debate de ideas, la confrontación ideológica y la pugna de intereses en torno a responsabilidades y dejaciones, adaptaciones y extinciones, ganancias y pérdidas, todo ello a escala mundial.

Habrá que plantearse el coste ecológico de un minuto de telebasura o los vuelos por 20 euros
Destacar que el cambio es irreversible -como hacen algunos medios-, sin que ello asegure la existencia de una inquietud generalizada que movilizaría voluntades, puede provocar resignación, mansa aceptación del fenómeno, y un efecto todavía más perverso: "puesto que esto se acaba, apuremos al máximo los últimos restos de naturaleza plena". Cálculo erróneo que, si no se corrige, precipitará la llegada de las peores consecuencias del cambio climático y del expolio del medio ambiente. Hace unos 30 años que se conoce con suficiente certeza el efecto invernadero de gases emitidos por las actividades humanas. Si guiados por un primario principio de prudencia, se hubieran ido adoptando medidas de contención de las emisiones, probablemente se hubiera evitado que la última década fuera la más calurosa en los registros de temperaturas instrumentalizados desde 1850. Puesto que los gases ya emitidos perdurarán largo tiempo en la atmósfera, a lo que hay que aspirar, y aplicar en el empeño todos los esfuerzos, es a estabilizar la temperatura media global en torno a un aumento de 1,1 grados, la mejor estimación evocada en la primera parte del informe del IPCC, hecho público el 2 de febrero último.
Diluir la responsabilidad de lo ocurrido en el hombre, en la humanidad entera, sin dejar de ser una imputación correcta, oculta que hay niveles de grave responsabilidad identificables: gobernantes informados que no han actuado; empresas y particulares que han contaminado sin freno; científicos que han tergiversado los datos, ideólogos que han alentado a continuar por la senda de la alegre irresponsabilidad...Tal dilución presenta, no obstante, la ventaja de identificar también al sujeto obligado a actuar: la humanidad entera. Nada podrá cohesionarla más que la conciencia de saberse embarcada en la misma nave planetaria con la que nos hundiremos o nos salvaremos juntos. El cambio climático y el deterioro del medio ambiente convierten todos los demás problemas en secundarios, salvo en la medida que sean causa de cambio climático, como la pobreza de millones de desesperados, que para sobrevivir esquilman los suelos, o los conflictos armados, que además de sus mortíferos efectos, son fuente de grave contaminación y de incalculable destrucción de recursos. Piénsese en el enorme coste ecológico de la guerra de Irak.
Pero vayamos a la otra verdad incómoda. EE UU emite el 27% del CO2 sobre el total mundial y Europa el 24%, frente al 3% de Suramérica y al 2,5% de África. Por equidad en el reparto de responsabilidades, por imperativa necesidad, el esfuerzo de reducción de las emisiones debe recaer en los que más contribuyen al calentamiento global. El exceso de aquellas emisiones no es ni casual ni gratuito; obedece a un modelo de producción disparatado en muchos aspectos y a un consumo que atiende más a lo superfluo que a lo necesario. La eficiencia en el consumo energético de combustibles fósiles, las energías renovables y otras medidas reducirán las emisiones, pero ¿llegará la reducción a tiempo y por el volumen requerido para plantarse, como mal menor, en los dos grados de aumento como pretende la UE?
Los mayores emisores de CO2 , que son al mismo tiempo los mayores demandantes de recursos mundiales, no tendrán más remedio que reducir su crecimiento, tendiendo a un crecimiento próximo a cero en el mejor de los escenarios -sin descartar un decrecimiento sostenible-, pudiendo recuperar suficientes recursos de su propio despilfarro para conservar un nivel de vida más que aceptable; y deberán racionalizar su consumo, eliminando mucho de lo superfluo que tanto encandila a los partidarios del consumismo. Habrá que plantearse, por ejemplo, cuestiones tan alejadas de la perspectiva actual como el coste ecológico de un minuto de telebasura, la tecnología de uso personal sobredimensionada y efímera, o los vuelos turísticos a cientos de kilómetros por 20 euros. Sólo con muestras de autocontención por delante tendrán los países desarrollados la autoridad para negociar un reparto de las obligaciones y de los recursos con las economías emergentes de China -el segundo emisor mundial de gases por volumen-, India, Indonesia y Brasil, que con sus 2.700 millones de habitantes, sus tasas de crecimiento anual cercanas al 10%, sus necesidades galopantes de energía y recursos, y sus ansias de consumo al modo occidental van a poner al planeta al borde del colapso mucho antes de lo previsto.
Jordi Garcia-Petit es académico numerario de la Real Academia de Doctores.

EL PAÍS 19.04.07. Mercè Sala y Borrell ofrecieron a Pujol el traspaso de Cercanías a la Generalitat en 1993

Felip Puig dice que la transferencia no era viable, aunque la daba por firme en 2003
F. ARROYO / M. NOGUER - Barcelona - 19/04/2007

En 1993, la entonces presidenta de Renfe, Mercè Sala, ofreció al Gobierno catalán el traspaso de Cercanías. La respuesta fue negativa. Sala contaba con quien en aquel momento era ministro de Transportes, José Borell, pero las conversaciones no progresaron ante la negativa del Ejecutivo de Jordi Pujol, que no dio explicaciones precisas pero sugirió que tenía otras prioridades, según explicó ayer Sala. Fue Felip Puig quien ayer tuvo que lidiar con la polémica en nombre de Convergència i Unió. Y no dudó en calificar de "falso" que el Constitucional abriera la puerta al traspaso.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 1996 que establecía que la ordenación de los servicios de Cercanías eran competencia de la Generalitat voló ayer por los aires en el Parlament, lanzada desde unos escaños a otros. En la sala de plenos la citó el presidente José Montilla, pero Artur Mas, hoy líder de la oposición y responsable de transportes cuando se produjo el fallo del tribunal, no quiso saber nada del asunto y evitó entrar al trapo.
Previamente, en cambio, Mas hizo que saliera a la palestra el portavoz del grupo, Felip Puig, a sugerir que la interpretación de la sentencia no es tan lineal como parece y que, después de todo, el Gobierno central tenía la potestad de quedarse las competencias, a pesar de que CiU las deseara. Una opinión radicalmente diferente de la que mantenía el propio Puig en 2003 sobre que las competencias eran de la Generalitat sin discusión, de modo que el Gobierno catalán estaba dispuesto a adelantar una parta de 150 millones de euros necesarios para adecentar la línea de Puigcerdà, ya que el artículo 9.15 del Estatuto de 1979 reconocía, decía entonces, que la Generalitat tiene competencias sobre las líneas y los servicios que están circunscritos a Cataluña.
El Gobierno central, en general, se ha mostrado reticente al traspaso. Al menos, después de la sentencia, en los años del Gobierno del Partido Popular. La leyenda urbana sostiene que antes también. De hecho, Puig acusó ayer directamente a los socialistas de haber bloqueado repetidamente el traspaso.
En plena polémica, Mercè Sala, entonces presidenta de Renfe, decidió ayer romper su habitual silencio respecto al pasado para explicar que ella misma había ofrecido al Gobierno catalán, en 1993, abordar de forma seria el traspaso de Cercanías.
"Podríamos aprovechar de que estoy yo [al frente de Renfe] y que está Borell como ministro [de Transportes, hoy Fomento], y esto de las Cercanías traspasarlo a Cataluña", declaró Sala a la Cadena SER. Y añadió que la respuesta fue negativa: "Me dijeron: 'Mira, de momento, mejor no liarnos'. Esto era de una manera oficiosa", precisó la ex presidenta de Renfe para ironizar "como luego se puso de moda decir, me respondieron: 'Eso ahora no toca".
La propia Sala aventuró el por qué de la negativa: "Al principio la Generalitat tenía muchas competencias a mitad de camino y esto de los trenes todo el mundo sabe que es un problema, que no es fácil gestionar. No les hacia demasiada ilusión. Aquí siempre ha habido una competencia ferroviaria, lo que les daba mucho trabajo y responsabilidad, de modo que debieron decir que mejor hacer las cosas poco a poco. Supongo".
Fuentes de la dirección de CiU negaron ayer la existencia de ningún contacto "oficial" con Renfe para evaluar el traspaso. Las mismas fuentes afirman no tener "constancia" de contactos oficiosos.
Por parte de CiU, quien más se batió el cobre por Cercanías fue Pere Macias, hoy senador, y consejero de Política Territorial durante unos años. Macias aludió incluso a la sentencia en una conferencia pronunciada en febrero de 2001. Pero su trabajo fue de hormiguita, hasta lograr que Renfe aceptara formar parte, aunque no de forma plena, de la Autoridad del Transporte Metropolitano.
Por parte del PSC fue el diputado Roberto Labandera quien ayer explicó por qué el tripartito de Pasqual Maragall tampoco pidió el traspaso de Cercanías. "En aquel momento estábamos inmersos en el debate estatutario", dijo a modo de justificación.
Ejercicio de memoria
CiU ha reclamado siempre el traspaso de Cercanías. Sobre el papel y, a veces, incluso de palabra. Jordi Pujol así se lo comunicó al entonces ministro Mariano Rajoy en febrero de 1998. Pero todo tiene un límite. Una cosa es pedir y otra, estar dispuesto a recibir. En mayo de 1999, los socialistas llevaron al Parlament una propuesta para que Cercanías fuera gestionada por una empresa catalana. No prosperó porque contó con los votos contrarios de CiU y PP.
A finales de 2001, Pasqual Maragall, que era el líder de la oposición a CiU, reclamó a los diputados nacionalistas que votaran contra los presupuestos del Estado que se discutían en el Congreso. No le hicieron caso. El motivo aducido por Maragall era que perjudicaban a Cataluña porque las inversiones eran cada vez menores. Entre las partidas que caían figuraba la destinada a Cercanías. Los 15,4 millones de 2001 se convertían en 2002 en sólo 13,1 millones.
Los usuarios de Cercanías que sufran retrasos de más de 15 minutos recibirán un billete gratis
Magdalena Álvarez anunció ayer en el Congreso la medida, que sólo se aplicará en Cataluña
LARA OTERO - Madrid - 19/04/2007


Devolución exprés del billete para los sufridos usuarios de los trenes de Cercanías de Barcelona. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció ayer en el Congreso de los Diputados con esa expresión que, a partir del próximo 1 de junio, aquellos usuarios que sufran retrasos superiores a los 15 minutos recibirán un billete para el mismo trayecto que habían efectuado. La medida es de cáracter indefinido.
Álvarez desveló sus planes, que sólo se aplicarán en Cataluña, mientras respondía a una pregunta del diputado Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds, quien a su vez solicitó a la ministra el plan de modernización de la red de Cercanías de Renfe, con una inversión y un "calendario" antes de un mes, para debatirlo y votarlo posteriormente en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja.
Hasta ahora, sólo se compensaba al usuario si la demora era superior a una hora con el 50% del importe del billete, y con el 100% si el retraso superaba los 90 minutos.
Ese criterio seguirá valiendo para las Cercanías del resto de España, ya que esta "medida excepcional" responde a un intento de Renfe de paliar los efectos que las obras del tren de alta velocidad (AVE) en la capital catalana están causando en los trenes del área metropolitana, según dijo la ministra. Una información que no coincide con la ofrecida por el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, en el Parlament. Nadal dijo que sólo el 7% de las averías de Renfe, que han afectado a un millón y medio de usuarios, se deben a las obras del AVE.
El procedimiento para recibir el billete de compensación consiste en dirigirse a las taquillas de la estación correspondiente y solicitar un documento que justifique el retraso. Con ese papel, el usuario dispone de un mes para solicitar el billete gratuito, que será válido durante otro mes más.
Una portavoz de Renfe explica que el justificante del retraso que actualmente se puede descargar de Internet para presentarlo ante la empresa del usuario afectado no servirá de momento para la obtención del nuevo billete y que se está estudiando cómo poder hacerlo telemáticamente.
AVUI 19.04.07
transports
Foment promet ara un retorn ràpid del bitllet de Renfe
Ho anuncia abans de les eleccions i després de nou mesos de caos La mesura s'aplicarà a partir de juny
Quim Torrent
A només un mes de les eleccions municipals, la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va fer un anunci que des de fa nou mesos els usuaris de Rodalies de Barcelona reclamen. Responent a una interpel·lació d'ICV al Congrés, la ministra va prometre "un retorn exprés del bitllet de Renfe quan el tren arribi amb més de 15 minuts de retard". La mesura, que es començarà a aplicar a partir del juny, consistirà a regalar un bitllet senzill als usuaris de la companyia quan es produeixin els retards.
L'acollida entre els usuaris, però, és força freda ja que la mesura arriba nou mesos després de començar el caos a la xarxa i quan ja no es produeixen tantes avaries. A més a més, tots els usuaris habituals utilitzen abonaments, per la qual cosa un bitllet senzill serveix de ben poc. Fa uns mesos, el Síndic de Greuges va demanar que es regalessin abonaments.
Fins ara el retorn del preu del bitllet ha funcionat especialment malament. Les cues que s'acumulen a les estacions, la pressa dels usuaris per anar a la feina i el fet que Renfe només retorna el bitllet si el tren arriba amb més de 90 minuts de retards han fet que només s'hagin presentat 8.425 reclamacions en aquests nou mesos. Aquest nombre tan baix -cada dia hi ha 400.000 persones que utilitzen el servei-, però, no ha impedit que encara s'hagin de retornar la meitat dels bitllets reclamats.
En la seva compareixença al Congrés la ministra es va tornar a mostrar orgullosa de la seva gestió i no va reconèixer pràcticament cap error, tot i el tercer grau a què la va sotmetre el diputat ecosocialista Joan Herrera. Álvarez va reconèixer que dels més de 200 quilòmetres de xarxa de ferrocarril de rodalia que hi ha, només s'ha instal·lat la nova catenària en 51. Això sí, en els pròxims mesos Foment licitarà la substitució de l'antiga catenària en 74 quilòmetres més. Álvarez, que un cop més va donar la culpa del mal estat de la xarxa catalana al PP, també va anunciar l'acceleració dels tràmits pel desdoblament de la línia de Vic fins a la Garriga.
Per la seva banda, Herrera va demanar a la ministra que presentés les millores perquè "es discuteixin i s'aprovin al Congrés, perquè ningú es fia de les promeses del ministeri de Foment". Ironitzant sobre la broma que va fer Álvarez en un programa de ràdio en què reclamava "un monument si el TGV arribava el 2007", Herrera li va assegurar que "no s'esperi" que els usuaris de Rodalies l'hi facin.
EL PERIÓDICO 19.04.07
CiU i el PP van rebutjar el 1999 que Catalunya gestionés Rodalies
• L'expresidenta de Renfe Mercè Sala assegura que Pujol no va acceptar la cessió de la xarxa el 1993
• Macias afirma que quan va ser conseller va reclamar la transferència, però que la prioritat era l'AVE
JOSEP TORDERABARCELONA
El 12 de maig de 1999, CiU i el PP van unir els seus vots al Parlament per impedir que s'estudiés la possibilitat que una empresa integrada per les diferents administracions catalanes gestionés el servei de Rodalies de Renfe. La proposta va ser presentada pel PSC a la Comissió de Política Territorial de la Cambra catalana i va comptar amb el suport d'ERC i Iniciativa.El PP, que llavors governava a Espanya, va justificar el seu vot en contra amb l'argument que Rodalies ja funcionava bé i que era millor "no tocar res". Per la seva part, CiU, que recolzava l'Executiu de José María Aznar, va rebutjar la proposta perquè considerava que les competències d'aquest servei havien de ser traspassades a la Generalitat i no a una empresa d'aquest tipus.OFERTA DE BORRELLL'expresidenta de Renfe Mercè Sala va explicar ahir que en el bienni 1993-1994 va expressar "oficiosament" a l'Executiu català la seva predisposició i la del llavors ministre d'Obres Públiques i Transports, Josep Borrell, a cedir la gestió d'aquest servei. Sala va explicar a EL PERIÓDICO que l'oferta va ser rebutjada pel Govern de Pujol.Fonts de CiU van replicar a l'expresidenta de Renfe que no hi va haver converses oficials sobre aquest tema, que no els consta que n'hi hagués d'oficioses, i van precisar que els contactes entre governs sobre aquest tipus d'assumptes, únicament tenen validesa si són oficials.PETICIONS NO ATESESUns anys després, l'1 de febrer de 1998, Pujol es va reunir amb Mariano Rajoy, llavors ministre d'Administracions Públiques. El president li va presentar una llista de 72 peticions de transferències, entre les quals hi havia la del servei de Rodalies. La resposta de Rajoy va ser negativa, cosa que no va impedir que CiU seguís donant el seu suport a Aznar.El novembre del 2001, Pasqual Maragall, com a líder de l'oposició, va reclamar, en va, als diputats de CiU al Congrés que votessin en contra dels Pressupostos de l'Estat presentats pel Govern del PP. El líder socialista es basava en el fet que les inversions previstes a Madrid eren un 40% superiors a les anunciades per a Catalunya.El grup de CiU, al capdavant del qual hi havia l'ara candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, va acabar recolzant uns comptes que comportaven un descens en les inversions en la xarxa de Rodalies de Barcelona, que va passar de rebre 15,4 milions el 2001 a 13,1 milions en les previsions per al 2002. En relació amb l'aeroport, CiU va recolzar una inversió de 1.234,8 milions d'euros per a l'aeroport de Barajas, mentre es dedicaven 379,4 milions per al del Prat.Encara que l'Estatut de 1979 ja donava a la Generalitat competències exclusives sobre els serveis de Rodalies i una sentència del Tribunal Constitucional del novembre del 2002 va corroborar aquesta exclusivitat, les demandes a favor del traspàs d'aquest servei van ser esporàdiques i poc insistents tant per part del Govern com de l'oposició catalana. Diversos dirigents de CiU van reiterar ahir que les seves reclamacions van ser desateses tant pels governs del PSOE com els del PP.L'AVE, PRIORITARIEn aquest sentit, Pere Macias va explicar a aquest diari que en la seva etapa de conseller de Política Territorial i Obres Públiques va lluitar per obtenir aquest traspàs, però que va topar amb l'oposició frontal del Govern que presidia Aznar.Macias admet, no obstant, que en aquell moment la prioritat del debat entre les dues administracions era el traçat de l'AVE. L'avui senador cita com a prova del fet que considerava necessari obtenir la gestió de Rodalies una conferència que va pronunciar sobre el tema el febrer del 2001 al Col.legi d'Enginyers, en què va reclamar una ràpida liberalització del sector ferroviari a Espanya, acompanyada per una descentralització de l'autoritat cap a les autonomies i les regions metropolitanes.
Els nacionalistes insisteixen que no van tenir opció d'obtenir el traspàs
EL PERIÓDICO
El portaveu de CiU al Parlament, Felip Puig, va afirmar ahir que és "una falsedat" que els governs nacionalistes tinguessin opció d'aconseguir el traspàs de la gestió de Rodalies gràcies a la sentència del Tribunal Constitucional que el 1996 va reiterar que es tractava d'una competència exclusiva de la Generalitat. Puig va afirmar que fins a l'entrada en vigor de l'actual Estatut, l'Estat es va reservar el dret a conservar aquesta competència.Puig va afirmar que els diferents governs de Jordi Pujol la van intentar aconseguir, però va advertir que l'èxit o el fracàs de l'empresa depenia únicament de la voluntat del Govern de torn, i va assegurar que cap dels executius, tant del PSOE com del PP, es van mostrar a favor de transferir a la Generalitat la gestió de Rodalies.
Montilla promet Rodalies i el Prat en aquest mandat
• El president garanteix també a Mas i Piqué que es farà el quart cinturó
MARC ANDREUBARCELONA
Potser no amb la premura que l'oposició exigeix ara ni amb l'optimista termini de sis mesos que es va marcar el vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira. Però la gestió del servei ferroviari de Rodalies per part de la Generalitat, així com la "gestió consorciada del Prat" i el "traspàs dels aeroports menors" es materialitzarà "en aquesta legislatura", segons va dir ahir el president José Montilla al Parlament.El desplegament de l'Estatut i, associat a ell, el debat sobre les grans infraestructures de transport va marcar la sessió de control al Govern i el debat als passadissos de la Cambra durant un ple en què es van tramitar els projectes de llei de contractes de conreu, Consell de la Cultura, Centre d'Estudis d'Opinió i la nova corporació audiovisual.En resposta al portaveu d'ERC, Joan Ridao --que va combinar autocrítica amb pressió independentista i va citar Lenin per dir que "no es pot ser més radical que la realitat"--, Montilla va reiterar el missatge contundent llançat la setmana passada a Madrid i dilluns després de la comissió Estat-Generalitat. És a dir: l'Estatut s'està desplegant de forma "àgil i eficaç" i, com que és una llei que obliga tant la Generalitat com "el Govern d'Espanya", no acceptarà "dilacions injustificades".COHESIÓ A PROVAPrecisament d'admetre dilacions, però sobre el quart cinturó, va acusar l'oposició Montilla, tractant de mostrar la falta de cohesió en el Govern. Després d'elogiar un article al líder del PP, Josep Piqué, amb propostes sobre l'aeroport del Prat, el president li va garantir que la infraestructura viària --a la qual s'oposen ICV-EUiA i, no tant, ERC-- es farà.Montilla l'hi va repetir al líder de CiU, Artur Mas, i va esgrimir com a prova un tram del quart cinturó "adjudicat el 30 de març". El president va posar en el mateix paquet de promeses els aeroports i Rodalies. Però Mas no va entrar a discutir Renfe amb Montilla i tots dos es van embrancar en una polèmica sobre qui respecta més l'altre.


Rodalies tornarà el bitllet si el retard supera el quart d'hora
• La mesura s'aplicarà, només a Catalunya, a partir de l'1 de juny com a compensació per les avaries
• Els passatgers hauran de sol.licitar un nou tiquet per al mateix trajecte a l'estació de destinació
MANUEL VILASERÓMADRID
¿Un mer gest de desgreuge o una compensació substancial? Sigui quina sigui la interpretació que se'n faci, la veritat és que a partir de l'1 de juny la companyia Renfe entregarà de manera immediata un bitllet per al mateix trajecte a tots els usuaris de Rodalies de Barcelona si el seu tren arriba amb més de 15 minuts de retard. Així ho va anunciar ahir la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, que va destacar que amb la mesura es multiplica per sis el grau d'exigència del compromís de puntualitat que regeix actualment.El procediment que hauran de seguir els passatgers afectats serà molt simple. Quan arribin a l'estació de destinació, hauran de presentar el bitllet cancel.lat al personal habilitat per Renfe, entre aquest els actuals nous informadors. Aquests entregaran un document justificatiu del retard, que el viatger podrà canviar immediatament a la finestreta per un tiquet per al mateix trajecte. Si decideix no fer-ho en el mateix moment, disposarà d'un termini de 15 dies. El nou bitllet caducarà al cap d'un mes.8.000 RECLAMACIONSEl sistema vigent estableix que el viatger té dret a rebre una compensació del 50% de l'import del bitllet per endarreriments de més de 60 minuts i del 100% per endarreriments superiors a 90 minuts o la cancel.lació del viatge. Per aquest mecanisme s'han atès des del mes de setembre passat 8.425 reclamacions avaluades en 10.200 euros, dels quals ja s'han tornat la meitat.La ministra va destacar que es tracta d'una mesura "excepcional i extraordinària", que no només augmenta la quantia de la compensació, sinó que la fa "més ràpida i simplificada" que el sistema actual. Renfe ho denominarà devolució exprés. A les xarxes de Rodalies de la resta de les grans ciutats no s'aplicarà, almenys de moment. Si no entra en vigor fins a l'1 de juny, és perquè la companyia ferroviària necessita una mica de temps per "establir els mecanismes adequats".Álvarez va fer públic l'anunci durant la resposta parlamentària a una interpel.lació del diputat d'ICV Joan Herrera sobre el caos de Rodalies. Aquest es va mostrar parcialment satisfet per les mesures que s'estan prenent --la devolució del bitllet l'havia proposat ell mateix en un debat celebrat anteriorment--, encara que va retreure que "s'hagin pres massa tard".Una vegada finalitzat el debat, el president de Renfe, José Salgueiro, va explicar als passadissos del Congrés que la devolució exprés es pot convertir en un sistema permanent que funcionarà una vegada s'hagi superat la successió d'avaries. "És una mostra de l'aposta de la companyia per la qualitat del servei". Salgueiro és conscient que l'import del bitllet no és un factor important a Rodalies perquè el que realment volen els passatgers és arribar a temps. De tota manera, establir "un compromís de puntualitat tan exigent" sí que és un signe que Renfe posa el llistó alt, va afegir.El fet que la devolució s'efectuï en bitllets i no en diners va precisament en aquesta línia dirigida a recompensar els usuaris que utilitzen de manera habitual Rodalies.
EL PUNT 19.04.07
renfe anuncia ara que tornarà el bitllet als viatgers de Rodalies que facin 15 minuts tardA partir de l'1 de juny es compensarà els usuaris amb el lliurament immediat d'un bitllet del mateix recorregutD. MARÍN AGÈNCIES. BarcelonaLa ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va anunciar ahir un nou sistema de compensació immediata per als viatgers de Rodalies de Barcelona que pateixin retards de més de quinze minuts a partir de l'1 de juny. Els usuaris afectats rebran de manera immediata un bitllet per al mateix recorregut. Actualment, els viatgers que arriben tard tenen dret a la devolució del 50% del preu del bitllet si el retard és de 60 minuts o més, i del 100% si el retard és de més d'hora i mitja. Només 8.425 usuaris han fet reclamacions per retards a Rodalies, segons la ministra, amb un cost de 10.200 euros en total, tot i que les avaries que hi ha hagut des de l'octubre han afectat 1,5 milions de passatgers, segons les dades del conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal.
Magdalena Álvarez ho va anunciar per sorpresa, durant una resposta parlamentària al Congrés. El diputat d'ICV Joan Herrera li havia formulat una interpel·lació sobre el mal funcionament del servei de Rodalies a Barcelona i per la necessitat d'establir en el termini d'un mes el calendari i la inversió d'un pla de modernització del servei abans d'emprendre el seu traspàs a la Generalitat.
La ministra es va treure de sobre el cas amb l'anunci d'aquest nou sistema de compensació immediata als usuaris, que només s'aplicarà de manera «excepcional» a Rodalies de Barcelona en atenció a la situació que està patint el servei durant els últims mesos. Tot i això, Álvarez va restar importància a aquestes avaries i va dir que s'han produït a Rodalies de Barcelona 8.425 reclamacions d'usuaris per avaries, per un import de 10.200 euros. Ja se n'han entregat un 50%, segons va dir la ministra. Cal tenir en compte que actualment només tenen dret a reclamació els retards de més de 60 minuts, amb un 50% de l'import, i de 90 minuts, amb el 100% de l'import.
Segons va explicar la ministra, el nou sistema de compensació s'aplicarà a partir de l'1 de juny i tindrà caràcter immediat per a l'usuari afectat per retards de més de 15 minuts. Aquests viatgers podran rebre in situ un bitllet equivalent al trajecte realitzat.
MESURA SENSE CONCRETAR La ministra no va donar anit més detalls durant la intervenció parlamentària. I és que hi ha estacions de Rodalies on els bitllets només es dispensen amb màquines automàtiques, si en aquests cassos s'habilitaran finestretes d'atenció al públic especials per evitar que al retard del tren s'hi sumi el retard de fer cua per reclamar la compensació, ni tampoc com s'aplicarà aquesta mesura als trens que circulen a partir de les 9 del vespre, quan el servei d'atenció a l'usuari i de dispensar bitllets està tancat a gairebé totes les estacions.
De tot això no en sabien res al servei de premsa de Renfe a Catalunya, que ahir al vespre es va limitar a ratificar l'anunci de la ministra però sense poder donar cap informació sobre la proposta.
Segons les dades del govern de la Generalitat, que reclama el traspàs de Rodalies en aplicació del nou Estatut, la sèrie contínua d'avaries del servei des de l'octubre passat han afectat a un total d'1,5 milions de viatgers. Suposant que la mitjana dels trajectes afectats fossin de dues zones, la compensació d'1,5 milions de viatgers amb un bitllet d'1,35 euros tindran un cost de 2.025.000 euros per a la companyia ferroviària, en cas d'aplicar-se ja aquesta compensació pels retards.
D'altra banda, el sindicat de maquinistes Semaf va denunciar ahir que aquest cap de setmana s'han repetit els incidents i bretolades als primers trens del matí, a la línia C-2. Els maquinistes demanen més seguretat als trens de la nit i matinada dels caps de setmana.

EL PAÍS 19.04.07¿Qué servicios sociales necesitamos?

JOAN SUBIRATS 19/04/2007

Estamos en puertas del mayor cambio en los servicios sociales de este país desde el restablecimiento de la democracia. La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (la mal llamada "ley de dependencia") va a implicar una enorme sacudida en la manera de funcionar de los servicios sociales de este país. El cambio de lógica es evidente. Hasta ahora, disponíamos de unos servicios sociales que, simplificando, estaban más bien pensados como enclave en el que las personas con mayores dificultades de supervivencia, conseguían mantenerse más o menos a flote con las ayudas previstas para ello en las administraciones públicas. Lo que está en juego ahora es que, al menos en el ámbito de las personas con problemas de autonomía, los servicios sociales sean la puerta de entrada universal, es decir, para cualquier ciudadano, de un conjunto de prestaciones, servicios y ayudas. Es, sin duda, una gran noticia, aunque no exenta de riesgos y problemas. Algunos de ellos tienen que ver con el hecho que las personas que no tengan reconocida su ciudadanía puedan tener acceso a esas prestaciones. Otro tema de gran calado es el alcance del sistema de copago que viene incorporado en la nueva ley y su despliegue en un ámbito como el sociosanitario, de perfiles imprecisos. Y no es tampoco menor el reto que suponen para los servicios sociales y el conjunto de profesionales que los personalizan el hecho que de la noche a la mañana vean incrementada la población que atiende de manera muy significativa, tanto cuantitativamente como, sobre todo, cualitativamente.
En estos inicios del siglo XXI, destacan algunos grandes vectores de transformación. Predominan más que nunca, incertidumbres y riesgos en los recorridos vitales de las personas. Ya no tenemos sólo un eje de desigualdad esencialmente vertical (arriba-abajo) y material, sino que estamos en sociedades más frágiles, con vínculos de integración social (dentro-fuera) mucho más vulnerables. Los servicios sociales se enfrentan, pues, a los viejos problemas de siempre, y a los nuevos problemas de la diversidad, de la mayor complejidad en el diagnóstico y de la creciente dificultad en la búsqueda de soluciones. Las políticas sociales, en sus diversos componentes, se han pensado y producido de manera poco fraccionable, a partir del supuesto de que era necesario responder a necesidades-demandas tendencialmente homogéneas. Y se ha tendido a ir acumulando respuestas. A cada nueva demanda, nuevos servicios, nuevos negociados administrativos, nuevas especializaciones profesionales. Todo eso no generó excesivos problemas, mientras se mantuvieron en pie los fuertes lazos sociales, las dinámicas sociales comunitarias y los grandes agregados sociales, ya que eran estos colectivos los que acababan integrando unas prestaciones y servicios fuertemente especializados. Hoy, a la desintegración social y a las renovadas dinámicas individualizadoras, le siguen correspondientes respuestas especializadas y segmentadas, compartimentos profesionales estancos y responsabilidades políticas no compartidas.
El punto clave de las políticas sociales de nueva generación sigue siendo la lucha contra las desigualdades, pero reconociendo las diferencias, y con una fuerte defensa de la autonomía individual, entendida como situación en la que no se da una situación de dominación de unos sobre otros, sean éstos quienes sean. Aspiramos a una fuerte equidad, valorando la diversidad y apostando por que cada cual pueda seguir sus trayectorias vitales y personales desde su autonomía. Ese conjunto de cambios condicionan y vienen acompañados de presiones en los servicios sociales. Ejemplos de todo esto son: fuerte diversificación de personas atendidas, envejecimiento de la población, erosión de las formas de convivencia familiares, dificultad de acceso al mercado de trabajo y a la emancipación de los jóvenes, y más en general los efectos de fragilización de los esquemas de protección social vinculados al mercado de trabajo. Todo esto acarrea una clara sobrecarga de trabajo de los profesionales de la atención primaria, que no se sienten acompañados ni ven reconocida su labor, lo que genera sensación de desánimo y frustración. Conviene ir entendiendo que las políticas de bienestar en su conjunto, se enfrentan a dilemas y deben responder a situaciones individuales y colectivas cuya problemática es muy raramente atribuible en exclusiva a un solo ámbito de esas políticas. Por tanto, es importante avanzar en perspectivas que apunten claramente al trabajo en red, y desde perspectivas integrales y transversales. Pero, eso debe evitar aparecer como una llamada a la desprofesionalización (difuminación de perfiles profesionales, asunción de jerarquías implícitas o explícitas en ese trabajo en red, etcétera), y más bien requiere un proceso de reprofesionalización, que permita participar en esas nuevas perspectivas desde una mayor clarificación de los perfiles propios de los servicios sociales y de sus profesionales.
Hemos de partir de la hipótesis de que los servicios sociales y sus profesionales tienen una especificidad propia con relación a otras políticas y otros profesionales. Lo que identifica a los servicios sociales es su capacidad de impulsar, desde sus recursos, al reforzamiento de la ciudadanía, y más concretamente de las opciones vitales de los individuos, contribuyendo a la cobertura de sus necesidades básicas, y a la densificación de los vínculos y lazos relacionales y comunitarios. Y contribuyen así, desde la proximidad, a la reducción y superación de los riesgos de exclusión social. Los servicios sociales se nos presentan, pues, como nódulos centrales y básicos de la red de bienestar en un territorio determinado. Sus profesionales han de ser entendidos como el valor añadido más importante de ese nódulo. Son ellos los que forman, orientan, encauzan y apoyan individual y colectivamente a personas y comunidades. Para que eso sea plenamente posible, es muy importante evitar rigideces, exceso de protocolos y trámites, contribuyendo a que donde hay información exista poder. Los servicios sociales pueden y deben ser el punto de entrada de los servicios de bienestar en su conjunto. Y pueden ser, al mismo tiempo, un nudo básico de la red de agentes públicos, sociales, comunitarios y familiares que en un territorio determinado asumen o pueden asumir las responsabilidades compartidas sobre el bienestar y la cohesión de esa colectividad. En ese sentido, la nueva ley acarrea sin duda problemas, pero no hay duda de que es también una gran oportunidad.

Cinco Dias, 17-04-2007, Vivienda. Los ricos también viven de alquiler.

R. Díaz Guijarro / MADRID
Desde España suele identificarse al mercado inmobiliario con un sector dominado por los propietarios donde el alquiler ha perdido peso relativo en los últimos cuarenta años hasta quedar reducido a apenas un 11% del parque de viviendas. Además, la opinión pública comúnmente relaciona arrendamiento con jóvenes y familias con menores ingresos.
Hasta ahora la realidad es la que responde a esa foto fija, pero ¿es así en los principales países europeos?
La respuesta es no. Hasta tal punto la vivienda es un fenómeno local que en países como Reino Unido, Francia o Austria la realidad de sus capitales nada tiene que ver con lo que ocurre en el resto del territorio.
La Concejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de Madrid organizó ayer en la capital una jornada para debatir precisamente sobre estos asuntos y en ella pudo comprobarse cómo a pesar del mercado único, los modos de vida siguen siendo muy singulares.
Mención aparte merece el caso de Viena. La bella capital austriaca está considerada la cuarta ciudad más rica de la Europa de los 15. Con una población de 2,2 millones de habitantes cuenta con un parque de 940.000 casas, de las que el 86% son residencias principales o habituales, y el resto secundarias o temporales. El 77% de ese volumen de pisos se encuentra en alquiler, frente a un 19,5% en propiedad.
Pese a la antigüedad que acumula buena parte de esas casas (el 42% fue construido antes de 1945), su estado de conservación es óptimo y su localización suele corresponderse con alguno de los enclaves más bellos de la ciudad. Un tercio de estas casas en régimen de arrendamiento son alquileres privados, otro 27% son públicos y el 21% restante sociales, es decir, aquéllos dirigidos a los más desfavorecidos, aunque en Viena este concepto es un tanto particular.
'Son tan elevados los límites de renta que las autoridades locales han establecido para poder ser beneficiario de un alquiler social en Viena, que el 80% de los hogares tiene derecho a disfrutar de una de esas casas. Así, una unidad familiar compuesta por cuatro personas que tenga unos ingresos netos de 60.000 euros anuales puede vivir en un piso con un alquiler social cuyos precios medios oscilan en torno a siete euros por metro cuadrado', explicó el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Viena Walter Matznetter
Quizás esta apuesta por el alquiler y el dinero que destinan al mismo el promedio de las familias vienesas explique en alguna medida el alto nivel de vida que se respira en la ciudad.
La gestión de estos voluminosos parques públicos de casas en régimen de arrendamiento está casi en su totalidad en manos de asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a construir las viviendas con las ayudas y subvenciones que obtienen de la Administración.
También son habituales las rehabilitaciones integrales de edificios para después alquilar o vender sus casas.
La clave de este éxito del alquiler en Viena viene de antiguo. 'Hace ya más de 70 años las autoridades locales diseñaron una política de vivienda no con el carácter social que hoy tiene en la mayoría de los países occidentales. No se hicieron casas para un segmento de la población, se construían para todos porque la política de vivienda era económica, urbana y ecológica', añadió Matznetter.
Por el contrario, Londres y París responden más al modelo de una política de vivienda marcadamente social.
Ambas son grandes urbes, ya que concentran más del 15% de la población nacional y cuentan con una enorme diversidad de submercados inmobiliarios.
En Londres, el 40% del parque de viviendas es de alquiler, mayoritariamente público y social, gestionado hasta hace poco por las administraciones. El problema es que se trata de casas con graves deficiencias y malas condiciones de habitabilidad, dada su mala conservación durante décadas. De ahí que ahora se haya transferido su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro.
En París, sólo el 44% del parque es de propietarios, el 26% corresponde a alquileres sociales y otro 25% a arrendamientos privados. La capital gala busca equilibrar el mercado para que los ciudadanos tengan tanta oferta en propiedad como en arrendamiento.Madrid se compromete a tomar nota
La concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de Madrid, Pilar Martínez, hizo ayer de anfitriona en las jornadas sobre políticas de alquiler de las grandes ciudades europeas que se celebraron en plena Gran Vía madrileña y se comprometió a tomar 'buena nota' de lo que allí se debatiera.
Martínez recordó que el arrendamiento y la rehabilitación han sido y serán la prioridad del actual equipo de gobierno porque, según recordó, la realidad española no siempre se ha correspondido con un país de propietarios. La edil culpó a las políticas del desarrollismo de los años 60 de fomentar la propiedad y apostó por mejorar la seguridad jurídica de los propietarios para cambiar la actual realidad del alquiler en Madrid y el resto del país.
En este sentido, destacó que la agencia municipal ha gestionado 4.800 contratos de arrendamiento, lo que ha posibilitado que más de 10.000 jóvenes hayan accedido a un piso. No obstante, insistió en que el camino a seguir debe centrarse en la construcción de viviendas públicas para alquilar, de las que Madrid sólo cuenta con 6.000, más otras 3.500 actualmente en obras. De hecho, los últimos datos del Observatorio Municipal de Vivienda constatan que el parque de inmuebles en arrendamiento en Madrid sólo representa un 14,9% del total en el primer trimestre de 2007, un 28% menos que hace un año.

EL PAÍS 12.04.07. TRIBUNA: JOAN SUBIRATS. Manual para candidatos

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Manual/candidatos/elpepuespcat/20070412elpcat_7/Tes

Se acercan a pasos agigantados las elecciones municipales. Y no se nota sólo en las inauguraciones de estas últimas semanas, sino también en el espacio publicitario de más de 40 minutos con el que nos ha obsequiado Telemadrid hablando de ciudadanos en Cataluña. Hablando en serio, recomiendo a cualquier candidato que quiera saber de qué va la cosa, que se agencie cuanto antes el último volumen del Anuari Territorial de Catalunya que viene editando la Societat catalana d'Ordenació del Territori (scot@iecat.net) desde hace tres años. Los tres volúmenes editados, correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005, y por tanto, plenamente insertos en la legislatura municipal a punto de concluir, muestran la enorme significación que el debate territorial va teniendo en el país en los últimos tiempos. Las 200 fichas que la paciente labor del equipo dirigido por Àlex Tarroja, Margarida Castanyer y Montserrat Mercadé ha logrado reunir nos ofrecen un mosaico fascinante de la transformación de las ciudades, los pueblos y las comarcas catalanas, atravesados por conflictos y debates territoriales de todo tipo.
La construcción de grandes infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras) ocupa un lugar destacado. Y nos demuestra que seguimos plenamente atrapados por la fascinación del crecimiento como panacea universal a nuestros males pasados, presentes y futuros. El gran despliegue e impacto producido por la pomposamente calificada como reunión de la sociedad civil catalana en torno al tema de la gestión del aeropuerto de Barcelona y el poco relieve que tuvo la semana siguiente la primera convención del Tercer Sector de acción social de Cataluña nos indican por dónde van las prioridades de quienes tienen poder. La mitad de los cerca de 40 conflictos relacionados con infraestructuras que se recogen están relacionados con autovías y con la construcción del AVE. La gente protesta por los impactos que estas obras tienen en sus territorios, y también protesta por las pocas mejoras que se han dado en los trenes de Cercanías, o por el abandono de ciertos trayectos de Renfe. No se trata, pues, de conflictos unidireccionales del tipo todos contra toda obra, propios de lo que algunos denominan la cultura del no, sino que mucha gente parece priorizar ciertas cosas que no son priorizadas desde las posiciones de poder.
Otro de los grandes paquetes de conflictos es el relacionado con el crecimiento y la transformación urbana. Casi 50 casos vinculados a planes urbanísticos, 14 surgidos de procesos de transformación urbana (muchos de ellos en Barcelona o su conurbación) y 6 conectados con estaciones de esquí nos indican que las sensibilidades están a flor de piel. La mezcla de la cultura del crecimiento como panacea, la escalada de los precios urbanísticos a cotas insospechadas y la conexión arcas municipales exhaustas-plusvalías urbanísticas han puesto de los nervios a mucha gente que ve por todas partes indicios de que se reparten grandes porciones de pastel sin que la distribución de costes y beneficios del asunto esté muy compensada. El tercer gran apartado de debates sobre conflictos y problemas recogidos en el Anuari es el dedicado a temas de gestión de recursos, residuos, energía y protección de espacios naturales. Evidentemente, muchos de estos temas se entremezclan, y donde hay un nuevo plan urbanístico, una nueva infraestructura o una ampliación de estación de esquí asoma un tema de protección de espacios o se cuestiona la existencia de recursos naturales suficientes para que la sostenibilidad proclamada como valor por todos se consiga realmente garantizar. Destacan los temas energéticos, con especial relevancia para las iniciativas eólicas, con sus conocidos impactos paisajísticos y, por tanto, identitarios en muchos territorios. Con lo cual, una vez más, tenemos las evidentes contradicciones internas que todo debate en serio sobre el futuro de un territorio plantea desde las muchas perspectivas posibles.
Lo más interesante del volumen, y que justifica el título del artículo, es la evidente notoriedad de los ayuntamientos en este conjunto de cuestiones. Son más de 150 municipios los tocados de una u otra manera en las 200 fichas del estudio. Y algunos de ellos (como el de Barcelona, con más de 30 citas) aparecen profusamente. Cualquier aspirante a una plaza en los próximos gobiernos locales no puede dejar de buscar su ficha en el texto. Y, de paso, buscar con quiénes deberá medir sus fuerzas. En efecto, al margen de los partidos de todo el arco político y algunas fuerzas políticas exclusivamente locales, destacan la multitud de plataformas en defensa de cualquier trozo del territorio y los ya famosos Salvem que pueblan nuestra geografía, desde el Empordà a las comarcas del Ebro. Más de 60 plataformas y una veintena de salvem nos indican que la diversidad y riqueza de nuestra sociedad civil no se acaba en el IESE.
Tenemos, pues, aquí un utilísimo aviso para navegantes en forma de estudio. No debería caer en saco roto la experiencia que la gente del SCOT han ido recogiendo pacientemente a lo largo de estos años a partir de la red creada en torno a la lista de distribución de Internet (www.territori.org). Cada vez tenemos más indicios de que conviene acercarse a los temas territoriales con sumo tiento. Sabiendo que los instrumentos estrictamente técnicos son necesarios, pero no suficientes. Sabiendo que muchas de las decisiones que a veces quieren implantarse tienen grandes dosis de irreversibilidad. Y sabiendo, en definitiva, que por mucha razón que pienses que te asiste a la hora de emprender ciertas acciones, es conveniente que tengas en cuenta el mapa de actores sociales presentes y las vías para que puedas calibrar hasta qué punto comparten o no tus previsiones y razones. Cada vez será más difícil operar en el territorio con la sola fuerza de la jerarquía, el dinero y la técnica. Tejer complicidades, compartir diagnósticos, explorar soluciones, aprender a gobernar con la gente y no sólo para la gente será, espero, cada vez más necesario.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

EL PAÍS 13.04.07. CiU aplaude la propuesta de pacto nacional para la vivienda y ofrece un acuerdo estable

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/CiU/aplaude/propuesta/pacto/nacional/vivienda/ofrece/acuerdo/estable/elpepuespcat/20070413elpcat_3/Tes

Todos los partidos, salvo el PP, valoran el documento, aunque proponen correcciones
FRANCESC ARROYO - Barcelona - 13/04/2007

Carme Trilla, secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, logró ayer un pleno con el proyecto de pacto nacional para la vivienda. CiU recibió el documento por la mañana y por la tarde, tras una reunión con Trilla, Carles Sala, diputado responsable del área de Vivienda se deshizo en elogios hacia el plan. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, sostuvo ayer que ya esperaba esta acogida para el plan porque era similar a lo que había percibido en sus reuniones con promotores, agentes de propiedad inmobiliaria y colegios profesionales.
CiU no dará una respuesta al Gobierno hasta dentro de tres semanas, explicó ayer Carles Sala, porque necesita analizar con calma los diversos puntos del documento recibido. Pero eso no obsta para que, tras una primera lectura, acogiera el documento afirmando que ofrece un "pacto ambicioso". Sala aseguró que esta propuesta "puede ser un instrumento que permita el cambio de tendencia en una situación grave", la del acceso a la vivienda para determinados colectivos.
- CiU, por el pacto. La principal preocupación de CiU tras una primera aproximación es que el plan se cumpla. "Creemos que debería constituirse, una vez alcanzado el pacto, una comisión de seguimiento que actúe de modo escrupuloso para garantizar que se logran los objetivos pactados", afirmó Sala, que aprovechó para señalar que su partido cree imprescindible esta vigilancia "a la vista de como actuó el anterior tripartito".
"Queremos estar en el pacto y celebramos que la prioridad del Gobierno sea la vivienda protegida, aunque creemos que los porcentajes entre alquiler y venta deberían equilibrarse y alcanzar el 50% en cada sector". También es del agrado de CiU la aparición de "ayudas directas" al consumidor y, sobre todo, "que haya desaparecido la alusión a la confiscación y al alquiler forzoso".
Pero siendo esto importante, no lo es menos que el plan no se limite a ser una propuesta entre partidos y que incluya la conveniencia de tener presente al resto de actores, "tanto a los sectores financieros como al mundo local o a los constructores", explicó Sala.
Estos sectores han sido, casi, los primeros en conocer las líneas generales de la propuesta de pacto nacional.
Francesc Baltasar se reunió en días anteriores con la asociación de promotores y constructores, con los productores de vivienda social (cooperativas y sindicatos), con los agentes de la propiedad inmobiliaria y con los colegios profesionales. La acogida general ha sido buena, según asegura el consejero y confirmaron ayer algunos de estos agentes.
- Ciutadans: más alquiler. La buena acogida de CiU no fue la única que tuvo el documento, que ayer fue remitido de modo formal a todos los grupos políticos. Ciutadans también cree que el documento representa un paso adelante. "Nosotros ya hemos apoyado la ley de la vivienda y, hasta donde conozco el documento, que no he leído a fondo, me parece positivo", afirmó el diputado José Domingo. "No obstante, nos gustaría que se alterara el porcentaje de alquiler. En nuestra opinión, no es razonable que el dinero de la Administración se destine a vivienda para la venta. Es preferible potenciar el alquiler, garantizando la movilidad. Si se construye preferentemente vivienda pública de alquiler, como, por ejemplo, en Holanda, se consigue a la vez que baje el precio del alquiler libre y, al mismo tiempo, el precio general de la vivienda", añadió.
- PSC: era necesario. Los partidos que dan apoyo al Gobierno catalán expresaron también su satisfacción por el contenido del documento. Roberto Labandera (PSC) sostuvo que se trata de algo "necesario". "Es un buen punto de partida que hace un diagnóstico de la situación y propone medidas correctoras para atender a los colectivos que más lo necesitan". Labandera resaltó también que el pacto fuera más allá de los partidos políticos y la insistencia en obtener suelo. "Sin suelo no hay posibilidad de una política de vivienda", dijo.
- ERC: alquiler desgravable. Pere Aragonés (ERC) fue, quizá, la voz más crítica, pese a que empezó con los elogios. En especial a la producción de suelo. "El problema de ahora es que no teníamos suelo para una política seria. Es verdad que los efectos no se verán mañana, pero el plan es a 10 años y entonces sí serán visibles los efectos". Su objeción está relacionada con los aspectos que dependen del Gobierno central. Sobre todo, la fiscalidad del alquiler, que debería, sostuvo, poder ser "desgravado de la declaración de la renta".
- ICV: liderazgo de la izquierda. Pero la formación más satisfecha era ICV. La diputada Dolors Clavell afirmó que el grupo parlamentario se siente "orgulloso de la propuesta" y añadió que es una muestra del "liderazgo de la política de izquierda que impulsa ICV en materia de vivienda". A juicio de Clavell, lo importante del documento es que va más allá de la mera diagnosis. "Estamos en el momento de la queja. Todo el mundo dice que estamos muy mal y que así no se puede seguir. El mérito del documento es atreverse a plantear soluciones. Define los retos y propone cómo conseguirlos". Además, agregó Clavell, que "la derecha esté de acuerdo con el plan es una garantía de que en Cataluña no haya posibilidad de marcha atrás en este asunto".
El único grupo que declinó dar su opinión fue el del Partido Popular.
EL PUNT 13.04.07
El pacte nacional per a l'habitatge preveu promoure 250.000 pisos protegits fins al 2016CiU comparteix els eixos bàsics del pla i avisa que vetllarà pel seu complimentA. SEGURA I. VILA. BarcelonaEl tripartit vol que Catalunya tingui 160.000 nous habitatges de protecció oficial ja construïts el 2016. I que fins aquest any s'hagi preparat sòl per fer-ne fins a 90.000 més. En total, 250.000 pisos protegits en deu anys, 50.000 dels quals abans que acabi aquesta legislatura. Això és el que preveu el primer esborrany del pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016, que l'executiu vol pactar amb partits, agents socials i administracions locals i que ahir ja va començar a negociar amb CiU.
El govern vol, a més dels 250.000 habitatges protegits, mobilitzar sòl perquè se'n construeixin 150.000 més de lliures. I proposa també posar al mercat de lloguer 40.000 habitatges del parc desocupat –uns 20.000 en aquesta mateixa legislatura–, i atorgar ajudes directes a 140.000 famílies –60.000 en els pròxims quatre anys–. Dels 160.000 pisos socials que hauran d'estar construïts en la propera dècada, l'esborrany elaborat per la conselleria de l'ecosocialista Francesc Baltasar només concreta la quantitat que es compromet a fer la Generalitat, a través de l'Incasol: 25.000 a raó de 2.500 anuals. Els ajuntaments, els operadors privats i les caixes d'estalvi hauran de construir els 135.000 restants, però la quantitat que li tocarà a cadascú no es concreta i s'haurà de negociar.
El projecte de pacte nacional per a l'habitatge, lliurat ahir a CiU, fixa cinc reptes fonamentals: millorar la qualitat del parc d'habitatges, millorar les condicions de l'allotjament de la gent gran i de les persones discapacitades, prevenir l'exclusió social i residencial i garantir un habitatge digne i adequat per a les persones mal allotjades –els sense sostre, la sobreocupació i l'infrahabitatge–. Aquests reptes hauran de ser subscrits tant per la Generalitat com pels ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals, els promotors d'habitatge, les cooperatives, les fundacions, els constructors, els agents immobiliaris, els bancs i caixes, les entitats sense ànim de lucre, els sindicats i els col·legis professionals.
Ahir, la directora general d'Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, va iniciar la ronda de negociacions reunint-se amb el diputat de CiU Carles Sala, que va celebrar «el canvi de rumb» del tripartit, que «ja no impulsa les mesures punitives i coercitives previstes en el projecte de llei del dret a l'habitatge». Sala feia referència, sobretot, a la possibilitat de forçar el lloguer de pisos buits que incorpora el text ara en tramitació parlamentària, i que la federació ha criticat amb duresa. «En els eixos principals hi ha coincidència» i CiU «pot assumir» la proposta, celebra Sala, que va lamentar, però, que el govern aposti ara perquè «un 60% de l'habitatge protegit sigui de compra i un 40% de lloguer, quan creiem que els percentatges s'haurien d'invertir o, com a màxim, d'igualar en un 50%». Tot i això, CiU «vol ser dins del pacte», explica Sala, i en les pròximes tres setmanes farà «aportacions perquè pugui ser acceptat per totes les entitats del sector». Sala veu «ambiciós» el volum de pisos a construir i va avisar el tripartit que CiU farà «un seguiment escrupolós», atès que «el nivell de compliment dels compromisos del tripartit 1 i del tripartit 2 no supera el 50%».

AVUI 13.04.07. L'Estat combat l'especulació a la costa comprant sis finques.

La ministra Narbona anuncia adquisicions a Tossa, Torredembarra, Deltebre, Roses, l'Escala i cap de Creus Les noves intervencions seguiran el model del Club Méditerranée i Radio Liberty a la platja de Pals
Joaquim Elcacho

El ministeri de Medi Ambient és a punt de completar l'adquisició de tres finques a primera línia de costa a Tossa de Mar, Torredembarra i Deltebre; i estudia les condicions de compra de tres finques costaneres més, totes elles de gran valor ecològic, a Roses, l'Escala i el cap de Creus, segons va explicar ahir a Barcelona la ministra Cristina Narbona. La compra d'aquestes sis finques se sumaria a les recents inversions estatals en la restauració dels terrenys ocupats pel Club Méditerranée (Cap de Creus) i Radio Liberty (platja de Pals), que van sumar 8 milions d'euros.
En conjunt, aquesta seria l'actuació més important realitzada fins ara pel ministeri de Medi Ambient per combatre l'ocupació urbanística a primera línia de costa a Catalunya. Cal recordar que la protecció de la costa (domini marítim-terrestre) continua sent competència de l'administració central.
Evitar noves ocupacions
"Aquestes actuacions a Catalunya formen part d'un programa estatal que preveu continuar invertint durant els pròxims anys entre 20 i 50 milions d'euros anuals per adquisicions de finques del litoral, amb l'objectiu d'evitar l'ocupació d'aquests espais amb actuacions urbanístiques noves", va explicar ahir la ministra Cristina Narbona en una trobada amb periodistes.
En el cas de Tossa de Mar, la declaració d'utilitat pública de la finca que adquirirà el ministeri podria ser aprovada immediatament pel consell de ministres. En aquest cas es tracta d'una parcel·la d'uns 1.900 metres quadrats i la inversió seria de 500.000 euros, va indicar Narbona.
A Torredembarra i Deltebre, la inversió del ministeri de Medi Ambient serà d'uns 10 milions d'euros i els terrenys que passaran a ser de propietat pública seran d'unes 260 hectàrees. A Roses, l'Escala i el cap de Creus, les noves adquisicions ministerials en estudi afecten 500.000 metres quadrats, segons va explicar la ministra Cristina Narbona.

Urbanismo de obra pública vs agente urbanizador

En el diario Expansión aparece un artículo intitulado "Vivienda implanta la gestión privada del suelo pese a la oposición de la UE", en el que se observa las imprecisiones e incoherencias con que se tratan las previsiones que se contienen en la nueva ley de urbanismo.

En efecto, en Expansión hablan de gestión privada del suelo cuando lo que realmente se quiere potenciar es el urbanismo de obra pública por medio de la figura del agente urbanizador....

Volveré a hablar del tema cuando disponga de más tiempo

http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/economia_europea/es/desarrollo/930688.html

La nueva legislación institucionaliza la figura del agente urbanizador en todo el Estado. La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por la falta de garantías de esta figura, incluida en la normativa valenciana.

La nueva Ley del Suelo que ha impulsado el Ministerio de Vivienda se puede encontrar con un nuevo obstáculo. Después de tres años de debate institucional y empresarial sobre la reforma de la normativa de 1998 –con numerosas enmiendas de los grupos parlamentarios y la participación de los agentes del mercado inmobiliario en el debate– la ley puede generar un nuevo conflicto entre la Comisión Europea y el Gobierno.La preocupación de Bruselas surge porque la reforma generaliza la ejecución privada de los planes urbanísticos por medio de un agente no propietario de suelo, como sistema público de gestión indirecta.

Aunque, finalmente, el proyecto de ley admite que la legislación autonómica regule la tradicional gestión privada, esto puede dar lugar a que en algunas regiones se reconozca la iniciativa privada y el derecho a urbanizar de los dueños de los terrenos (promotoras inmobiliarias) y en otras no. Así, se rompería el principio constitucional de igualdad ante la ley, al tener el derecho de propiedad contenidos distintos en cada autonomía.Así lo considera el abogado urbanista del despacho de abogados Garrigues, Francisco Perales.

La figura jurídica supone una revolución en la normativa estatal, aunque varias comunidades ya la han incluido en sus legislaciones para agilizar el mercado del suelo ante el escaso dinamismo de las transacciones. La novedad estriba en que los propietarios de suelo tendrán derecho a promover la transformación del terreno de su propiedad y a presentar en el ayuntamiento el correspondiente plan parcial.

Pero, transcurrido el plazo que estipule la ley, entra en escena el agente urbanizador: ante la inactividad de los propietarios, cualquier persona física o jurídica podrá ejercitar su derecho a promover la transformación del suelo en régimen de libre competencia, presentando al consistorio una propuesta de actuación.

Ésta no es una figura nueva. De hecho, la creó la ley valenciana de 1994 y, precisamente, ante los positivos resultados que arrojó, el resto de las regiones han ido introduciéndola en sus marcos jurídicos, aunque con denominaciones diferentes.

Pero la Comisión considera que esta figura “no garantiza los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia” del proceso urbanístico, por lo que decidió abrir un expediente al Gobierno regional.

Tras un largo proceso de acusaciones y alegaciones, Bruselas tenía previsto adoptar en marzo la decisión de trasladar el conflicto al Tribunal de Estrasburgo, según confirmaron fuentes comunitarias. No obstante, la decisión de la Comisión se espera ahora para el mes de abril, a no ser que el Gobierno –único interlocutor válido ante Bruselas y encargado de la defensa de las comunidades autónomas en Estrasburgo– “presione al organismo comunitario para solventar fuera del ámbito judicial el incumplimiento de la legislación de contratación pública por parte de la norma valenciana”, explican las fuentes consultadas.Conflictos con la UE.

Por lo tanto, la nueva Ley del Suelo estatal, cuya elaboración ha capitaneado la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, podría generar otro conflicto con el Ejecutivo comunitario.

De hecho, algunas regiones gobernadas por el PSOE con leyes similares a la normativa valenciana (como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura) son partidarias de que la Comisión no siga adelante con un proceso judicial que duraría años y que pondría en tela de juicio la práctica urbanística nacional.

Por su parte, fuentes del Gobierno valenciano critican la “falta de apoyo” del Ejecutivo ante la batalla legal con Bruselas; sobre todo cuando la intención de Moncloa es generalizar esta figura.

Las inmobiliarias creen que dinamizará el mercado de suelo. El caso de la compañía inmobiliaria Astroc es paradigmático para explicar las posibilidades de desarrollo de la figura del agente urbanizador en España. Las acciones de la empresa subieron un 413% al cierre de 2006, tras sólo seis meses de cotización, lo que convirtió a Astroc en la mejor inmobiliaria, la mejor empresa de la Bolsa y la Oferta Pública de Venta (OPV) más rentable de las realizadas durante el pasado año. La empresa saltó al parquet en julio con una valoración inicial de 776 millones de euros. Al cierre de 2006 la capitalización se había multiplicado por cinco, hasta los 3.981,09 millones de euros. El presidente de Astroc, Enrique Bañuelos ha asegurado que “importantes grupos” han manifestado su interés por tomar participaciones significativas en Astroc y que la figura del agente urbanizador, creada en la Comunidad Valenciana, ha imprimido “mucho progreso” y ha supuesto una importante experiencia para gestionar “bien” proyectos globales. Esta medida ha sido vista con buenos ojos por otros operadores. “Uno de los principales problemas con que nos encontramos son los plazos. El agente urbanizador podría paliar en este problema, en cuanto su papel fundamental es impulsar desarrollos urbanísticos que permitan la creación de nuevos solares para viviendas”, apunta Julián Salcedo, director general de Mapfre Inmuebles.

Una oficina agilitza la recollida dels residus electrònics a les deixalleries municipals

http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=422150

Aquest dilluns, 2 d'abril, entrarà en funcionament l'OFIRAEE, una oficina virtual de coordinació logística per a la gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) procedents de les deixalleries i altres centres d'emmagatzematge municipals. Aquesta oficina és resultat d'un conveni marc signat entre els sistemes integrats de gestió (SIG) i l'Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els municipis interessats a gestionar els seus residus elèctrics i electrònics mitjançant l'OFIRAEE han d'adherir-se a aquest conveni. L'OFIRAEE rep les peticions de recollida de RAEE quan els ens locals ho sol·liciten i les deriva al SIG que els pertoqui. L'oficina disposa d'una eina informàtica que gestiona automàticament els processos logístics per retirar els RAEE acumulats a les deixalleries i altres centres municipals.

Arran del Reial decret 208/2005, sobre RAEE i la gestió dels seus residus, els productors d'aparells elèctrics i electrònics són responsables d'assegurar-ne una gestió respectuosa amb el medi ambient. Amb l'entrada en funcionament de l'OFIRAEE, els productors compleixen les obligacions que marca la directiva europea pel que fa a la gestió de residus. A més, es traspassa aquesta responsabilitat de l'Administració als productors. Per aprofitar processos logístics, minimitzar costos, homogeneïtzar processos i aprofitar sinergies, els productors s'agrupen en sistemes integrats de gestió (SIG). A Catalunya operen vuit SIG: les fundacions ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC, ECO-RAEE'S, i TRAGAMÓVIL, i l'associació AMBILAMP, que són, juntament amb les administracions públiques, qui promouen l'OFIRAEE. El repte dels productors d'aparells elèctrics i electrònics és aconseguir la seva implantació definitiva en el conjunt de l'Estat espanyol, prevista per al segon trimestre de 2007. Per això és necessària l'autorització dels SIG per part de les comunitats autònomes. A Catalunya estan autoritzats actualment vuit SIG. D'altra banda, fora de Catalunya s'està desenvolupant una prova pilot al municipi de Vitòria-Gasteiz, als municipis manxecs d'Almansa i Ciudad Real, i a diversos municipis d'Andalusia i de la Comunitat Autònoma de Madrid. L'objectiu principal: la recollida universal Aquest sistema assegura el principi de recollida universal que estableix el Reial decret 208/2005, al qual els SIG i l'OFIRAEE donen resposta. Aquest principi de recollida universal exigeix a tots els operadors logístics de l'àmbit del reciclatge de RAEE que recullin sense excepció a totes les deixalleries i altres punts d'emmagatzematge municipals del territori català i espanyol i que en retirin tots els RAEE. La creació d'OFIRAEE respon, a més, a una sèrie de necessitats i objectius que planteja el repte de la recollida selectiva dels residus elèctrics i electrònics a un abast més general.

Contra el desierto. Antonio Muñoz Molina.

MUY INTERESANTE NÚMERO 311 (ABRIL 2007).

España desde el aire es un secarral creciente, jalonado de grúas, parques acuáticos y clubes de golf. Por contra, en el pobre y mísero Níger, los campesinos han logrado reverdecer el paisaje plantando con paciencia miles de ejemplares del gao, un árbol autóctono cuyas raíces fijan el nitrógeno a la tierra.Cada vez que vuelve uno a España desde latitudes más benignas el primer impacto visual que recibe es el de la extensión de los paisajes desérticos. Suele estar amaneciendo cuando el avión que ha cruzado el Atlántico atraviesa en diagonal la Península en dirección a Madrid: con la primera claridad azulada, lo que se ve desde la ventanilla son llanuras desiertas, serranías peladas, torrenteras secas. Algún campo de cultivo verdea muy débilmente: se ven a veces copas solitarias de árboles en medio de la extensión vacía, o manchas de bosque repoblado de un verde polvoriento. Y cuando el taxi lo lleva a uno del aeropuerto hasta la ciudad, la desolación, ya de cerca, se vuelve abrumadora: el aeropuerto, tan de última moda, tan reluciente de caprichos decorativos de arquitecto y de sugestiones tecnológicas más o menos fantasiosas, tiene algo de base futurista instalada en un planeta lejano y hostil a la vida, un planeta de geología trágica en el que el agua y el reino vegetal quedaron abolidos hace millones de años. No hay nada en esas laderas secas, en esos desmontes cruzados en ocasiones por la cicatriz de un torrente seco. Un amigo me asegura que en esos parajes marcianos que rodean la nueva terminal del aeropuerto de Madrid se extrae la tierra para esos recipientes en los que los gatos domésticos hacen sus necesidades. ¿Entre tantos ingenieros, arquitectos, paisajistas, a nadie se le ha ocurrid o l a c o n v e - niencia de plantar un solo árbol? El país entero, con raros oasis en sus márgenes, es un desierto creciente laminado de asfalto y de urbanizaciones ilegales, un horizonte en el que a veces se vislumbran como temblorosos espejismos bosques no de palmeras sino de grúas, y en el que a la clase política, de vez en cuando, se le ocurre como máxima hazaña ecológica abrir un parque acuático o inaugurar un campo de golf, de modo que la poca agua disponible se pueda despilfarrar más rápidamente. España, país de tantas identidades virulentas, entrecruzado cada vez más por fronteras interiores, es, visto desde el aire o simplemente desde un coche, un desierto casi unánime, de fealdad creciente, de suburbios que proliferan sin orden y parques industriales en medio de la nada. Miro el desierto pardo desde la ventanilla del avión que toma altura y un poco después, en la primera página del periódico en el que me sumerjo queriendo olvidar las horas de vuelo que me quedan por delante, veo imágenes que me recuerdan este mismo paisaje, tomadas desde mucha más altura, desde un satélite: son dos fotos, una de un desierto apenas sin matices y la otra de un territorio que parece el mismo pero que está marcado por manchas como pequeños lunares, algunas más extensas que otras, tan cerca a veces que llegan a formar una sola espesura. Son fotos de uno de los países más pobres y más secos del mundo, Níger, exactamente de su franja sur, que es donde se concentra la población.
La máxima gesta ecológica de la clase política es inaugurar campos de golfLa primera foto de satélite es de hace treinta años: la segunda es de ahora mismo. En este tiempo, a pesar de la sequedad creciente del clima y del crecimiento de la población, algo inusitado ha ocurrido en Níger. El desierto, en vez de avanzar, ha retrocedido. Se han plantado más de tres millones de hectáreas de árboles y se han recuperado para la agricultura, es decir, para el verdor y la vida, extensiones de tierra áspera batidas hasta hace poco por tormentas de arena y amenazadas por el avance de las dunas. Y todo eso sin grandes planes de regadío, apenas sin ayuda internacional. Los campesinos, en vez de arrancar los brotes espontáneos de árboles cuando labraban la tierra, decidieron recobrar la antigua sabiduría de respetarlos y cuidarlos. Comprendieron lo que tantas veces ha ignorado el labriego arboricida español, que el árbol no es un competidor, sino un cómplice. Cuidaron una especie local que casi se había extinguido, el gao, cuyas raíces fijan el nitrógeno a la tierra. Rodeaban cada brote nuevo de una pequeña poza y desviaban ligeramente las líneas de sus sembrados de legumbres. Plantaron baobabs. Decidieron que era más útil cortar sólo las ramas necesarias para la poda, en vez de talar un árbol entero para hacerlo leña y no tener nada cuando la leña hubiera ardido. El gao pierde sus hojas justo en la estación de las lluvias, con lo cual no compite por el agua con los sembrados, y las hojas, además, son un fertilizante natural. Las raíces sujetaban la humedad de las escasas lluvias y también evitaban las inundaciones súbitas y la pérdida de la tierra fértil que habría sido arrastrada con ellas. El equilibrio sigue siendo muy delicado, desde luego, y la agricultura es de subsistencia, en un país con una media de siete hijos por familia. Pero el rumor del agua y la sombra fresca y el verde de las vegetación devuelven a los seres humanos una intuición de paraíso que habían perdido.