CASTILLA Y LEÓN. Un estudio premiado por el CES anima a intervenir en el mercado de la vivienda a ayuntamientos y Junta
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CASTILLA Y LEÓN
Un estudio premiado por el CES anima a intervenir en el mercado de la vivienda a ayuntamientos y Junta. Propone empresas públicas constructoras, la expropiación de solares y bajar el precio del suelo público para reducir el de los pisos
Un estudio premiado por el CES anima a intervenir en el mercado de la vivienda a ayuntamientos y Junta. Propone empresas públicas constructoras, la expropiación de solares y bajar el precio del suelo público para reducir el de los pisos
EL NORTE/VALLADOLID (22/12/2006).
Un trabajo premiado ayer por el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, de cuya autoría responden dos profesores de Derecho y Económicas de la Universidad de Burgos, destaca los instrumentos contemplados por las leyes y obviados por los ayuntamientos y la Junta que podrían incidir en un abaratamiento de la vivienda.Bajo el título 'Análisis de la burbuja inmobiliaria en España y su impacto en Castilla y León', el trabajo de investigación propone una batería de medidas intervencionistas respaldadas por la ley.El trabajo plantea la creación de empresas públicas municipales promotoras de suelo y constructoras de viviendas en todas las capitales de provincias y en municipios urbanos. Estas empresas se dedicarían a edificar viviendas protegidas, pero también de precio libre, para reinvertir el beneficio en la adquisición de más suelo que permita seguir interviniendo en el mercado urbanístico. Los redactores afirman que tanto los ayuntamientos como la Junta deben exigir a urbanizadores y constructores el cumplimiento escrupuloso de los plazos para no utilizar de forma especulativa el tiempo. No dudan en hablar de «dejadez» y «desidia» y afirman que la Junta, «rara vez, cuando no nunca», ha ejercitado este derecho.Además del cumplimiento de los plazos de urbanización marcados por los planes urbanísticos municipales, el estudio llama la atención sobre la necesidad de agilizar el papeleo que conlleva la urbanización y construcción de viviendas. Aseguran los redactores que los políticos deben mentalizarse para evitar remover a los funcionarios instruidos en los trámites y la normativa en vigor de los departamentos afectados. «El tiempo es oro y más en el mercado de la vivienda», precisan.InspecciónUn endurecimiento de la inspección, la obligación de construir en los solares de las ciudades, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, ampliar el porcentaje de viviendas protegidas en los terrenos que los promotores ceden a los ayuntamientos y la venta a más bajo precio a los constructores, ajustando este coste ventajosos al precio final de la vivienda, son algunas medidas que propone el trabajo premiado por el CES.El informe que analiza la burbuja inmobiliaria fue seleccionado ayer para su publicación por los miembros de Consejo, pero el premio del 2006 fue a parar a un trabajo elaborado por profesores de la Universidad de Valladolid y de otra de Chile denominado: 'Las disparidades territoriales en Castilla y León: estudio de la convergencia económica a nivel municipal'.
Un trabajo premiado ayer por el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, de cuya autoría responden dos profesores de Derecho y Económicas de la Universidad de Burgos, destaca los instrumentos contemplados por las leyes y obviados por los ayuntamientos y la Junta que podrían incidir en un abaratamiento de la vivienda.Bajo el título 'Análisis de la burbuja inmobiliaria en España y su impacto en Castilla y León', el trabajo de investigación propone una batería de medidas intervencionistas respaldadas por la ley.El trabajo plantea la creación de empresas públicas municipales promotoras de suelo y constructoras de viviendas en todas las capitales de provincias y en municipios urbanos. Estas empresas se dedicarían a edificar viviendas protegidas, pero también de precio libre, para reinvertir el beneficio en la adquisición de más suelo que permita seguir interviniendo en el mercado urbanístico. Los redactores afirman que tanto los ayuntamientos como la Junta deben exigir a urbanizadores y constructores el cumplimiento escrupuloso de los plazos para no utilizar de forma especulativa el tiempo. No dudan en hablar de «dejadez» y «desidia» y afirman que la Junta, «rara vez, cuando no nunca», ha ejercitado este derecho.Además del cumplimiento de los plazos de urbanización marcados por los planes urbanísticos municipales, el estudio llama la atención sobre la necesidad de agilizar el papeleo que conlleva la urbanización y construcción de viviendas. Aseguran los redactores que los políticos deben mentalizarse para evitar remover a los funcionarios instruidos en los trámites y la normativa en vigor de los departamentos afectados. «El tiempo es oro y más en el mercado de la vivienda», precisan.InspecciónUn endurecimiento de la inspección, la obligación de construir en los solares de las ciudades, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, ampliar el porcentaje de viviendas protegidas en los terrenos que los promotores ceden a los ayuntamientos y la venta a más bajo precio a los constructores, ajustando este coste ventajosos al precio final de la vivienda, son algunas medidas que propone el trabajo premiado por el CES.El informe que analiza la burbuja inmobiliaria fue seleccionado ayer para su publicación por los miembros de Consejo, pero el premio del 2006 fue a parar a un trabajo elaborado por profesores de la Universidad de Valladolid y de otra de Chile denominado: 'Las disparidades territoriales en Castilla y León: estudio de la convergencia económica a nivel municipal'.
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