21 junio 2007

Aprendiendo de otras ciudades: Sobre el agotamiento del modelo urbanístico de Barcelona (J.M. Montaner)


Seguimos con Barcelona como modelo, pero allí el modelo está ya en crisis...
Artículo de J.M. Montaner aparecido en el diario el país, edición de barcelona
JOSEP MARIA MONTANER 12/06/2007

Tras más de 25 años de aplicación, el llamado modelo Barcelona está agotado. Las razones de su crisis son diversas y se producen al mismo tiempo que la necesidad de una revisión progresista del modelo de ciudad socialdemócrata que se ha desarrollado en Europa desde los años veinte del siglo pasado.

El eje del modelo Barcelona ha consistido en promover grandes acontecimientos; en favorecer un entendimiento entre la voluntad social de la iniciativa pública y los intereses de la iniciativa privada, y en otorgar a los técnicos toda la iniciativa del proyecto urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento ya no tiene el poder, la clarividencia y la capacidad para conseguir fuertes compensaciones sociales y urbanas de los operadores privados, tal como se había conseguido a mediados de los ochenta.

El cambio se ha producido, por lo menos, en tres sentidos. Han cambiado los operadores, que desde mediados de los años noventa forman parte del mundo financiero global y actúan con mayor desprecio por el contexto social, ambiental y urbano sobre el que intervienen. Ahora es más difícil encauzar sus intervenciones dentro de criterios municipales y en áreas de nueva centralidad, y resulta más rentable y tentador darles amplios poderes, como ya se hizo a finales de los noventa con el promotor Hines y su Diagonal Mar.

Ha cambiado la gestión municipal, más próxima a los intereses privados y llevada por técnicos menos competentes. En la reciente etapa la peor parte se la lleva la gestión del urbanismo. Los instrumentos de la disciplina urbanística, ya de por sí marcados por la sospecha de complicidad con la especulación, están cada vez más en entredicho. Si en Barcelona no hay tanta corrupción como en otras ciudades, sí que hay desconsideración hacia los vecinos afectados por cada una de las intervenciones.

Y también ha cambiado la composición social de la ciudad, mucho más fragmentada, con habitantes que ya han aceptado ser solo consumidores; habitantes que no se resignan a ello y exigen un urbanismo atento a la sociedad; inmigrantes de muy diversas procedencias, que ya son nuevos habitantes y que se van integrando, reclamando su derecho a más espacio público, cultural y simbólico; y turistas, habitantes por días, que consumen la ciudad como si fuera un parque temático y no un lugar donde viven personas.

En este sentido, la presión del turismo se nota cada vez más en ciertos barrios y es motivo de descontento entre una ciudadanía que ve sus derechos relegados frente a la preponderancia de la industria y el negocio turístico. Que les digan a los habitantes de la Barceloneta si no es la presión del turismo y de la gentrificación la que ha conseguido cambiar el Plan General Metropolitano para transformar un barrio que quedaba al margen y que ahora está en primera línea del frente turístico.

Respecto a la transformación social que comporta la inmigración, los responsables municipales han de reconocer que no sólo hace 25 años, cuando se fraguó el modelo, sino incluso hace 15 años, cuando se proyectó la reforma de Ciutat Vella, no se previó que se produciría en los últimos años esta fuerte transformación social. Y es cierto que Administración y ciudadanía, de momento, están respondiendo de manera integradora a este nuevo reto.

Estos tres niveles de cambio exigen una transformación de un modelo que se gestó antes y que los actuales gestores municipales no quieren ni plantear, tal como tampoco quieren reconocer que han incumplido la promesa de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ahora, cuando las propuestas municipales se refieren más a eslóganes que a realidades es cuando se ve la necesidad de una democracia más directa, crítica y completa. Pasado, presente y futuro de Barcelona son demasiado importantes para ser mal gobernados.

Las alternativas radican en unos nuevos referentes que pasarían, además de potenciar una ciudad mucho más sostenible y mucho más igualitaria (igualdad de géneros, igualdad de derechos para acceder a la vivienda), por un nuevo modelo urbano, metropolitano y participativo, con auténticos procesos de intervención, cuyos costes corrieran a cargo del municipio y no de los mismos vecinos, que sean libres y no manipulados, que devuelvan a una buena parte de la ciudadanía la confianza perdida en las instituciones y que consiga que las aspiraciones de los jóvenes encuentren lugares en las coordenadas municipales.

Los cambios que han hecho obsoleto el modelo Barcelona deberían convertirse en positivos, superando la autocomplacencia e incapacidad municipal para debatir las transformaciones necesarias y estimulando a la ciudadanía a que también lo haga. Sin embargo, lo que se hace es lo contrario: silenciar y perseguir en lo posible a todo aquel que tenga una idea alternativa de ciudad, que plantee nuevos modos de vida social y cultural, tal como se hace con el heterogéneo movimiento okupa. Y cuando la lucha vecinal es tan fuerte que al final se ha de retirar el proyecto previsto -de aparcamiento, de destrucción del patrimonio, de eliminación de árboles- se hace sin reconocer tal aportación y sin aprender que antes de proyectar y expulsar se debería estudiar, consultar y escuchar.

Si el modelo Barcelona surgió a principios de los ochenta como necesario motor para modernizar, actualizar y rehacer la ciudad, incorporando los operadores privados a los objetivos comunes, el modelo actual debería ser más social e imaginativo, expresión de los deseos de la ciudadanía, para que la democracia local logre contrapesar el dominio de los intereses de la globalización neoliberal. Para conseguirlo, el primer paso es reconocer el agotamiento del modelo y su necesaria transformación.

Foro Civitas Nova incide en unas jornadas en Ciudad Real en la necesidad de modelos urbanos más sostenibles

DIARIO DIGITAL de la MANCHA /
(2007,5,21)
Jueves 21 de Junio de 2007 / Año VI - 2301

José Fariña, arquitecto y licenciado en Derecho y director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, habló de las buenas prácticas en materia de sostenibilidad
[C. M. L. ] [Ciudad Real]

Expertos nacionales e internacionales hablaron ayer en Ciudad Real de la necesidad de implantar modelos de crecimiento urbano más sostenibles que los actualmente vigentes. En una jornada organizada por Foro Civitas Nova bajo el título de “Urbanidad sostenible”, los ponentes hablaron de cuestiones como las buenas prácticas en sostenibilidad, los criterios de un proyecto residencial sostenible, etc.
En la jornada se expusieron ejemplos prácticos, como el de la ciudad de Huelva. El arquitecto y experto en urbanismo Juan Manuel Buendía habló de esta ciudad y de su modelo urbanístico “impuesto”.
En su ponencia relató el caso de la “recuperación de un territorio a través de una plataforma ciudadana impulsada por el Colegio de Arquitectos de Huelva”. El objetivo era “recuperar un terreno en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, ocupados por cinco industrias químicas muy contaminantes, que cubren una superficie parecida a la de la propia ciudad de Huelva de una manera insostenible”. “Yo no sé lo que es sostenibilidad”, dijo Buendía, “pero puedo apuntar ideas sobre lo que es insostenible”, como el caso de Huelva, donde “desarrollos monousos están produciendo unos crecimientos nada adecuados para el futuro de nuestras ciudades”.
José Fariña, arquitecto y licenciado en Derecho y director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, habló de las buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Fariña apuntó que “las buenas prácticas son aquellas que se hacen en favor de la sostenibilidad” y las contrapuso a “las que habitualmente hacen las empresas y la administración”. Para este experto, es necesario “replantearse los sistemas de planificación, anclados en el pasado porque nacieron para satisfacer los modelos de ciudad de la revolución industrial”. Además de cambiar los “instrumentos” hay que “cambiar la mentalidad” de la gente y sus hábitos de vida, dijo Fariña, que están generando modelos de ciudad muy “ineficientes”, especialmente desde el punto de vista energético.
Relacionada con esta cuestión estuvo la ponencia de Ekhart Hahn, profesor de Ecología Urbana en Dortmund, quien habló del cambio climático como un desafío para las ciudades y el planeamiento urbanístico en el siglo XXI.Finalmente, en el denominado “panel blanco” se abordaron las pautas de futuro. El arquitecto Edzo Bindels, especialista en el diseño de espacios públicos y autor del Parque Lineal del Manzanares, en Madrid, expuso la experiencia holandesa.
Por su parte, la urbanista Isabela Velázquez explicó algunos ejemplos desarrollados sobre la base de la investigación europea en ciudades más sostenibles.
En la presentación de la jornada, celebrada en la sede del Colegio de Arquitectos, el presidente de Foro Civitas Nova repasó la actividad desarrollada por esta entidad.

La UE llevará la ley urbanística valenciana al tribunal de Luxemburgo


La Comisión Europea llevará la próxima semana el Tribunal de Justicia de la Unión la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por considerar que viola la normativa comunitaria sobre contratación pública al estar, presuntamente, plagada de imprecisiones. La secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, replicó que la Generalitat demostrará ante Luxemburgo que la ley valenciana es válida y recordó que es la de contratación del Estado la que no cumple con la norma europea, por lo que la Comunidad Valenciana no es la única afectada.

La medida fue anunciada ayer en el curso de un debate en el Parlamento Europeo sobre las lacras del urbanismo español, en especial el de la costa valenciana. En el curso de la discusión, el PP expuso que las políticas urbanísticas lograron el aprobado electoral en los pasados comicios mientras los socialistas alegaban que el éxito en las urnas no autoriza la violación de derechos.
La LUV tomó a finales de 2005 el relevo de la cuestionada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pero el cambio no despejó todas las dudas que suscitaba la LRAU, según señaló ayer el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy. "La nueva ley no corrige infracciones referidas a anuncios de licitaciones, a información requerida en esos anuncios y es confusa en la definición del objeto de los contratos", señaló McCreevy. "Voy a proponer a la Comisión que lleve este caso ante el Tribunal de Justicia". Un portavoz del comisario especificó

que la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo será presentada el próximo miércoles.

El recurso al tribunal cierra una fase que se abrió en abril del año pasado con el lanzamiento de un procedimiento de infracción al que las autoridades valencianas dieron respuestas "poco convincentes", según McCreevy.

La insatisfacción de la Eurocámara con la conducta de los responsables valencianos ha sido una constante durante años y fue recordada ayer en un debate en el hemiciclo vacío. El laborista británico Michael Cashman evocó las vejaciones sufridas durante su última vista a la región, el pasado mes de marzo, como investigador de la Comisión de Peticiones para informarse sobre las denuncias de ciudadanos víctimas, según él, "de incompetencia administrativa o de negligencia criminal o corrupción".

Carlos Iturgaiz, en nombre del Partido Popular, señaló que "los ciudadanos han hablado y dado mayorías absolutas en Valencia y Madrid", los dos principales focos del interés del Parlamento Europeo sobre las aberraciones urbanísticas españolas. Su acusación de que las investigaciones de los europarlamentarios se inmiscuyen en competencias nacionales y autonómicas fue respondida por el socialista Carlos Carnero con el argumento de que "no hay soberanías nacionales" cuando se atenta contra el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos. El verde David Hammerstein abundó en la idea de que "ganar elecciones no da permiso para obviar la legislación europea" y mantuvo que "el escándalo del ladrillo valenciano, andaluz y madrileño es un escándalo europeo".

El socialista valenciano Joan Calabuig insistió en la necesidad de que quienes adquieran una propiedad en la región tengan seguridad jurídica y consideró que, pasadas las elecciones, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa y rectificar. Entre las rectificaciones que pidió figura la de reformar la LUV.

La Eurocámara votará mañana jueves una resolución, no vinculante, que reclama reformas legislativas y procedimentales para poner coto a los desmanes urbanísticos en España y a la indefensión en que se encuentran algunos compradores. Los populares volvieron a expresar su protesta por lo que supone de "injerencia" que el Parlamento Europeo se inmiscuya en asuntos que competen en exclusiva a las autoridades españolas.


La Generalitat reaccionó poco después al anuncio con un comunicado. La secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, recibió la decisión del comisario McCreevy como una oportunidad "para defendernos de manera adecuada ante Europa". Según Serrano, la ley de contratación del Estado "es la que no cumple la normativa europea, por lo que el problema afecta a más comunidades autónomas españolas y no sólo a la valenciana". La secretaria autonómica acusó al Gobierno central de ocultar "que hay otras 13 autonomías en la misma situación" y también de haber "mutilado" el informe de alegaciones que la comunidad autónoma presentó a la Comisión Europea cuando abrió un expediente sancionador por esta norma.

El Parlamento Europeo expresa su "más enérgica condena" contra los macroproyectos de urbanización en España




El PE aprobó hoy una resolución no vinculante sobre los casos de urbanización masiva en España, presentada por los grupos PSE, ALDE, Verdes/ALE y GUE/NGL. En la resolución, los diputados expresan su "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España. También consideran que en muchos casos se han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas" y piden a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje para resolver los conflictos urbanísticos.



La resolución fue aprobada por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones. Los diputados "lamentan profundamente" que las prácticas de urbanización masiva se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid" (párrafo 2). Además, la resolución deja claro que "la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente (...) sin ofrecer una compensación adecuada constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos" (párrafo 1). Por eso, los diputados expresan "su más enérgica condena y oposición" hacia este tipo de prácticas emprendidas por "empresas constructoras y promotores inmobiliarios" (párrafo 3). En esta misma línea, se condena la "aprobación tácita por algunos municipios de planes urbanísticos que más tarde son declarados ilegales" (párrafo 4), al tiempo que "se ponen en tela de juicio los métodos de selección de los promotores y agentes urbanizadores" (párrafo 8). La Eurocámara recuerda que han existido "casos de práctica de corrupción relacionados con macroproyectos de urbanización que han conducido a la detención y condena de funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales" (considerando C). Por este motivo, el Pleno del PE "ruega" a las autoridades españolas y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, "en particular al gobierno de la Comunidad Valenciana", que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios más precisos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución Española con respecto a la utilidad pública y el interés social" (párrafo 7).




La única enmienda aprobada hoy por el Pleno es la número 3, que afirma que es "imperativo tomar medidas adecuadas que garanticen la correcta aplicación y el adecuado respeto de la Directiva marco del agua en lo que se refiere a los grandes proyectos urbanísticos". Comisiones de arbitraje Los diputados proponen que se creen "comisiones administrativas especiales" en las que participen los defensores del pueblo locales y con poderes de arbitraje para solucionar los conflictos relacionados con los proyectos urbanísticos (párrafo 11). En esta misma línea, se propone a las autoridades locales que consulten a los ciudadanos y los impliquen en los proyectos urbanísticos, con el objetivo de fomentar un desarrollo urbanístico "aceptable y sostenible" (párrafo 9). Comisión Europea La resolución "reconoce" los esfuerzos de la Comisión Europea (CE) para garantizar el cumplimiento por parte de España de las Directivas sobre contratación pública. Además, se recuerda que la CE "ha incoado procedimientos de infracción contra España por la deficiente aplicación de las Directivas de la UE sobre contratación pública" (considerando E).




Sin embargo, el Parlamento considera que se debería prestar más atención a los casos de "infracción de las directivas que regulan las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, las aguas y las políticas de protección del consumidor" (párrafo 5).Además, la Cámara insta a la CE a que emprenda una campaña de información dirigida a los ciudadanos europeos que adquieran propiedad inmobiliaria en otro Estado miembro (párrafo 13).

L’objeccció de consciència arriba al món del turisme



Isidre Estévez (laMalla.net)

És el malson de qualsevol ministre d'Economia o de Turisme i, de mica en mica, es va convertint en realitat. L'economia espanyola és absolutament dependent del turisme. Ho és per partida doble: per una banda, pels llocs de treball directes i indirectes que el sector genera a hotels, restaurants, comerços i tota mena de serveis; per una altra, pel boom immobiliari que el turisme desencadena i que ha omplert el país d' urbanitzacions. Ara, aquesta dependència del turisme li pot sortir cara a l'economia espanyola de la mà d'un enemic amb el qual ningú no sembla comptar: el canvi climàtic.
Fa tres anys, arran del retorn del PSOE a la Moncloa, el govern espanyol es va comprometre a acabar amb un model turístic, l'espanyol, que sempre ha posat l'accent en la quantitat més que no pas en la qualitat. El nou govern es va comprometre a acabar amb la imatge d'Espanya com un país que només té sol i platja per oferir. Les raons d'aquest anunciat canvi de rumb eren econòmiques, tota vegada que el turista de sol i platja, de nivell socioeconòmic baix, deixa pocs diners al país. Espanya havia de trencar el vell estereotip i demostrar que té altres atractius històrics, culturals i paisatgístics, reclams necessaris per atreure un turisme de qualitat i, per tant, benestant.
Les promeses, que també van ser llençades des del govern de la Generalitat, van caure aviat en sac trencat. Les costes mediterrànies continuen en mans de les multinacionals del sector, els beneficis de les quals depenen de portar el major nombre de turistes possible pel mínim cost possible. Pel que fa a la imatge, les campanyes de promoció d'Espanya a l'exterior continuen basades en la combinació habitual: sol, platja, paella. Un cop més, la quantitat ha guanyat la partida a la qualitat. La fórmula, però, pot tenir els dies comptats, no ja perquè els hotelers necessitin un altre públic, sinó perquè aquest públic pot deixar de venir.
Ignorar el canvi climàtic
El responsable de la nova situació és el canvi climàtic. Des de Catalunya a Andalusia passant pel País Valencià i Múrcia, els espais naturals del Mediterrani sucumbeixen en un mar de ciment i camps de golf, promoguts per ajuntaments i promotors privats. Pels promotors, la construcció és un negoci especialment lucratiu. Pels ajuntaments, les vendes de terrenys i l'arribada de nous ciutadans suposa una font de recursos irresistible. Aquest creixement es fa ignorant les dades dels científics que analitzen els efectes del canvi climàtic a la Mediterrània. Una ullada als programes dels diferents partits que van concórrer a les passades eleccions municipals demostra com tothom parla del canvi climàtic però passa per alt les conseqüències que el clima pot tenir per l'economia del país.

I les conseqüències seran importants. La creixent sequera farà que cada vegada sigui més difícil aconseguir aigua per omplir les piscines, servir les dutxes i regar els camps de golf dels grans complexos turístics i les segones residències. Els experts preveuen que l'augment de les temperatures farà que la península tingui un clima semblant al que ara hi ha al nord d'Àfrica i, per tant, resulti un lloc poc recomanable per passar l'estiu. Paradoxalment, el clima mediterrani caracteritzat pel sol i els estius càlids però no tòrrids es traslladarà al nord d'Europa. Aquest canvi ja s'ha començat a produir, amb països com Anglaterra o Alemanya assolint temperatures que només fa uns anys haurien resultat impensables.
Això pot tenir efectes mortals per l'economia espanyola, no només perquè els turistes puguin fugir d'uns estius insuportablement càlids sinó perquè la majoria dels que arriben a la Península per passar les vacances procedeixen justament del nord d'Europa. I aquest és el problema: quina raó té un alemany per anar a Salou a prendre el sol quan el pot prendre a casa seva i amb una temperatura molt més agradable?
Objecció turística
L'amenaça que el canvi climàtic suposa per la supervivència del sector turístic a Espanya és, però, doble i es deriva no només del fet que els turistes no vinguin perquè el clima és desagradable, sinó justament com a mesura de protesta. És el que podríem qualificar d'objecció de consciència turística. No és pot parlar de moviment i és una gota d'aigua en l'oceà de desplaçaments de viatgers per Europa. Però el nombre de persones que, conscienciats pels efectes negatius que el turisme causa en el medi ambient decideixen no anar a l'estranger, està augmentant de manera significativa, sobretot a Anglaterra i Alemanya, dos països vitals pel mercat turístic espanyol.
Una enquesta recent ha assenyalat que un 11% dels britànics han decidit no volar i fer servir el cotxe per desplaçar-se al continent durant les vacances. El canvi de l'avió al cotxe pot comportar una menor disposició a fer distàncies llargues, sobretot en el cas de les famílies, el perfil més habitual als establiments hotelers de les costes. La mateixa enquesta apunta que un 3% dels britànics haurien decidit no sortir a l'estranger aquest any. En tots dos casos, els motius al·legats són la preocupació pel canvi climàtic i els danys que l'aviació causa en el medi ambient. Els resultats de l'enquesta han estat celebrats per Greenpeace, que ha demanat al govern britànic que se sumi a la tendència i limiti l'expansió de la indústria aeronàutica. Un 3% pot semblar poc, però al darrere d'aquesta xifra a priori insignificant s'amaguen més d'un milió i mig de turistes menys.
Fa uns dies Ryanair va admetre, per primera vegada, que la creixent sensibilització ecològica és un dels factors que ajuda a entendre les raons per les quals el mercat aeri comença a donar símptomes d'estancament. L'índex d'ocupació dels avions de la companyia ha baixat del 85 al 83% en un any; en el cas d'Easyjet, l'ocupació ha passat del 86 al 83%. Fins ara les companyies de baix cost s'havien negat a admetre la relació entre conscienciació ambiental per una banda i la demanda de vols per una altra. Tot i que els responsables de Ryanair apunten a diverses causes, el reconeixement que l'ecologia és un dels factors que expliquen el descens suposa un punt d'inflexió per unes companyies que fins ara menystenien i humiliaven als grups verds que gosaven atacar-les.
Ecoturistes
També a Alemanya els ecoturistes són una minoria però, tal i com passa a Anglaterra, es tracta d'una minoria creixent. A Mecklenburg, una regió bàltica, les platges estaven fins fa pocs anys desertes. Ara, però, un nombre creixent d'estiuejants les tria com el lloc ideal per gaudir d' unes vacances més barates, menys estressants i més ecològiques. Per milers de persones, el sol i la paella han donat pas al sol i les salsitxes. Fins ara els alemanys eren els reis del turisme de tour operator i colonitzaven mig Europa durant els mesos d'estiu. Aquest 2007, en canvi, la principal destinació turística dels alemanys serà... Alemanya.
Les raons d'un canvi tan important són, òbviament, múltiples i, per molt barates que siguin les tarifes aèries i les estades als hotels, el factor econòmic sempre juga a favor de quedar-se a casa. Però molts dels que han optat per Alemanya al.leguen factors mediambientals: mentre que per anar a Mallorca cal agafar un avió, a Mecklenburg s'hi arriba en tren, una opció molt més ecològica. Amb dies assolellats i temperatures que a l'estiu poden arribar als 30 graus, les vacances al Bàltic ja no són el que eren.
A les oficines de turisme de les platges bàltiques es freguen les mans, i tot gràcies a una paradoxa. Per una banda, el canvi climàtic ha fet que els alemanys conscienciats amb el medi ambient hagin decidit renunciar a viatjar a l'estranger. Per una altra banda, és aquest mateix canvi climàtic el responsable que els que volien sol i platja ja no l'hagin d'anar a buscar a la Mediterrània perquè el troben a casa. L'optimisme dels hotelers es converteix en preocupació en el cas dels ecologistes, que tenen por que les platges verges d'Anglaterra i els països nòrdics acabin convertides en una acumulació de Salous i Benidorms. La pregunta és saber com ompliran, a Calafell o a Polaris World, els apartaments i els camps de golf que, encara avui, continuen construint.

EL PUNT 05.06.07 L'Ajuntament de Tarragona dóna un permís de reforma sense avisar que l'edifici havia d'anar a terra


La majoria de veïns de prop d'El Corte Inglés presentaran al·legacions al POUMM.F.N..

Tarragona


La comunitat de veïns del bloc número 17 de l'avinguda República Argentina va rebre la llicència municipal d'obres per fer la reforma integral de la seva façana fa quinze dies. La setmana passada, però, s'assabentaven que el nou pla general d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Tarragona preveu fer desaparèixer el seu bloc de pisos per reordenar la zona, una actuació que també afecta els números 11, 13 i 15 de la mateixa via, les Cases Barates i el número 10 de l'avinguda Andorra.


La trentena de famílies que viuen a República Argentina número 17 havien acordat en junta invertir 300.000 euros en la reforma de la façana, que incloïa, entre altres coses, arreglar els balcons i tornar a pintar. De fet, ja se n'han gastat 12.000 en el projecte d'obra i el Departament de Llicències del consistori tarragoní els va donar el permís «fa 10 o 15 dies», explica el president de la comunitat de veïns, Josep Maria Gras.


Però la setmana passada es van assabentar que l'Ajuntament havia planejat reordenar la zona i posar-hi edificis nous i una zona verda, cosa que implicaria fer desaparèixer el seu bloc. El canvi seria possible gràcies al nou pla d'ordenació urbanística municipal, aprovat inicialment i que està en període d'exposició pública fins al 15 de juliol. Els veïns decidiran el proper divendres en assemblea si accepten el canvi proposat al POUM, cosa que suposaria canviar els seus blocs per uns de nous a la mateixa zona. En principi, Gras creu que la majoria d'afectats s'hi oposaran i que la comunitat presentarà al·legacions. S'espera que els dels números 11, 13 i 15 de República Argentina decideixin el mateix.


Els habitants del número 10 de l'avinguda Andorra i de les Cases Barates ja han decidit tirar per aquesta via i intentar canviar el pla general. Un punt que no hauria de ser difícil, ja que el PSC, el nou partit majoritari a la corporació local, ha expressat la predisposició a respectar el que decideixin els afectats.

EL PUNT 06.06.07 Granollers és la segona ciutat que implanta el servei de cotxe multiusuari


ACN. Granollers
L'Ajuntament de Granollers ha presentat aquest matí el nou servei de cotxe multiusuari, l'anomenat carsharing, que ja funciona a Barcelona amb una flota de 50 vehicles. El nou servei comptarà amb 4 vehicles ubicats en dos aparcaments públics de la ciutat, que estaran a disposició de la ciutadania per evitar l'ús del cotxe privat i per reduir l'emissió de gasos contaminants.


Estarà operatiu a Granollers les 24 hores del dia durant tot l'any i els usuaris podran reservar-lo per telèfon o Internet fins a 5 minuts abans del viatge. L'objectiu d'aquest nou servei que s'instal·la per primera vegada fora de Barcelona és facilitar els desplaçaments puntuals dels ciutadans, sense haver de ser propietaris d'un vehicle.

L'empresa Avancar, prestadora del servei, finança el cost del carburant i de l'assegurança a tot risc. Per utilitzar aquests vehicles públics és necessari que els usuaris paguin una quota anual en funció dels quilòmetres previstos i, després, els quilòmetres i el temps recorregut en cada viatge. La presentació dels nous vehicles multiusuari ha tingut lloc aquest matí a la plaça Barangé de Granollers i ha comptat amb la presència del president del consell d'administració d'Avancar, Miguel Àngel Dombriz, el gerent d'Avancar, Josep Sala, el regidor en funcions de Mobilitat, Jaume Vernet i l'alcalde en funcions de Granollers, Josep Mayoral.

EL PAÍS 06.06.07 Arquitectura y poder

ORIOL BOHIGAS 06/06/2007

Deyan Sudjic es uno de los críticos de arquitectura más sagaces de su generación, con su capacidad para superponer en un solo juicio la realidad cultural y la problemática profesional con las interferencias sociales y políticas. Después de su libro 100-Miles City y de sus experiencias al frente de Domus y de la Biennale de Venecia, ha publicado otro libro, traducido recientemente al español con el título La arquitectura del poder (Ariel). Se puede considerar una radical denuncia de la extremada dependencia de la arquitectura y el urbanismo respecto a las decisiones que emanan de los poderes fácticos, tan potentes en las dictaduras como en las democracias, tan comprometidos con la política como con los intereses particulares de la moda, el comercio, la vacua exhibición cultural, la especulación inmobiliaria, el lujo mercantil, la búsqueda de identidades locales y nacionales. E incluso se puede interpretar como una crítica sobre la escasa calidad ética de muchos maestros de la arquitectura del siglo XX que se han sometido a esas imposiciones. O, según dice el subtítulo del libro, una agria explicación de "cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo".
Pero el libro no es ni mucho menos un panfleto agresivo, sino una valiosa interpretación de muchos fenómenos sociales y culturales de la modernidad y sus entornos. Hay tres aspectos que conviene subrayar para orientar la correcta lectura de esa sucesión de ensayos y hacerla, por tanto, más eficaz.
El primer aspecto es el enorme contenido informativo sobre cada una de las obras que se comentan, no limitado a la historia convencional del proceso, sino profundizado hasta intimidades que resultan al fin trascendentales. Como ha dicho Norman Foster, "es como si la reflexión académica y la columna de cotilleos se fusionaran. Sudjic nos lleva continuamente detrás de las bambalinas". Y lo dice, sin resentimientos, con admiración, precisamente uno de los protagonistas de esos cotilleos. Es sorprendente comprobar cómo algunas de las obras más sobresalientes de la arquitectura contemporánea no se comprenden ni se han comprendido cuando falta el punto de vista desde "detrás de las bambalinas", cuando no se han tenido en cuenta todas las interferencias en el proceso del encargo, el proyecto y la realización. Y este sería el segundo aspecto que subrayar: con este texto Sudjic establece un método descriptivo y crítico que tiene algunos precedentes significativos pero que hasta ahora no se había planteado con tanta radicalidad. Los resultados son muy satisfactorios, porque estas descripciones son más que un simple instrumento preparatorio para teorizar sobre las relaciones entre arquitectura y poder. Tienen en sí mismas un valor finalista que quizá se hubiera podido mejorar con el apoyo de alguna ilustración gráfica o con referencias de localización más explícitas. El libro es tan complejo que permitiría una reordenación temática con descripciones concretas sin necesidad de mantener el hilo de continuidad sobre la trascendencia inmoral del poder. Sería otro libro con menos programa beligerante, pero igualmente útil como ensayo de crítica arquitectónica.
El tercer aspecto que subrayar es que, a partir de cada ejemplo, Sudjic va formulando una visión general de la actual situación de la arquitectura, o, por lo menos, de las arquitecturas monumentales que, a través de los medios de comunicación y de las agencias de publicidad, se presentan como modelos de estilo y de método, disimulando su despreocupación ética y cultural. Hay que agradecer, no obstante, que a pesar de las descalificaciones morales de algunas obras y algunos arquitectos se logre distinguir, incluso entre los juicios más severos, las cuotas de calidad escuetamente arquitectónicas, aunque siempre queda la duda de si la diferencia de calidad intrínseca en las obras de Speer y en las de Koolhaas, en las de Iofan y en las de Meier, por ejemplo, no cuenta de alguna manera también la diferencia entre el nazismo, el comunismo y la democracia. Es decir, la relativa subordinación a mundos políticamente muy distintos.
Alguien ha dicho que el libro se lee como una novela. No es verdad porque su intensa carga informativa obliga a otro tipo de lectura menos relajada. Pero sí se puede decir que la estructura es claramente narrativa, siguiendo las desviaciones ocasionales que ofrece el propio discurso, dentro de una cierta tradición literaria anglosajona. Los temas no siguen un orden sistemático, clasificable, sino que aparecen por sugestión momentánea, a veces en la secuencia anecdótica de un cotilleo. Es una manera frecuente también en textos de Mumford, de Rykwert o de Hughes, que consideramos fundamentales en la historia y la crítica culturales. La superposición de los análisis se explica, así, también, con superposiciones y con largos paréntesis encadenados que van abriendo nuevos puntos de vista. No es una novela, pero es una lectura recomendable incluso para un público no comprometido en el tema, aunque el mayor provecho lo deberían encontrar los promotores públicos y privados que todavía mantienen una conciencia ética adormecida.
Oriol Bohigas es arquitecto.

EL PAÍS 08.06.07 La fiscalía no ve delito ambiental en la tala de árboles del parque del Tibidabo

B. CIA - Barcelona - 08/06/2007
La fiscalía no considera que se haya incurrido en un delito contra el medio ambiente en la tala de árboles en el parque de atracciones del Tibidabo. En concreto, el fiscal de Medio Ambiente no aprecia ninguna actuación irregular por parte del Ayuntamiento de Barcelona cuando ordenó la tala de árboles para instalar la atraccion del Péndulo, en funcionamiento desde hace un año aproximadamente.
El fiscal abrió diligencias por la denuncia formulada por la Plataforma Cívica de Collserola y la asociación de vecinos del Cim del Tibidabo contra el Ayuntamiento de Barcelona. Esas entidades sostienen que el consistorio está ampliando el parque de atracciones a costa de la masa forestal. En el caso de la atracción del péndulo, lo que se denunció fue la tala de encinas. El fiscal argumenta que el parque tiene calificación urbanística de suelo urbano pese a estar en plena montaña. La fiscalía apunta que el parque de atracciones está excluido del Plan Especial de Ordenación y Protección del parque natural de Collserola y también del Plan de Espacios Naturales (PEIN) ya que éstos se refieren a suelo forestal y no a espacios urbanos como el parque. Se da la peculiar circunstancia de que el complejo de atracciones, pese a estar integrado en el parque forestal, no tiene la protección específica. En consecuencia, el fiscal cree que las encinas taladas no están sujetas a protección especial. Siguiendo ese mismo razonamiento, algo similar podría ocurrir si finalmente el consistorio sigue adelante con el proyecto de instalar otra montaña rusa aunque la nueva composición de consistorio lo podría evitar.

EL PAÍS 12.06.07 El modelo Barcelona

JOSEP MARIA MONTANER 12/06/2007 Tras más de 25 años de aplicación, el llamado modelo Barcelona está agotado. Las razones de su crisis son diversas y se producen al mismo tiempo que la necesidad de una revisión progresista del modelo de ciudad socialdemócrata que se ha desarrollado en Europa desde los años veinte del siglo pasado. El eje del modelo Barcelona ha consistido en promover grandes acontecimientos; en favorecer un entendimiento entre la voluntad social de la iniciativa pública y los intereses de la iniciativa privada, y en otorgar a los técnicos toda la iniciativa del proyecto urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento ya no tiene el poder, la clarividencia y la capacidad para conseguir fuertes compensaciones sociales y urbanas de los operadores privados, tal como se había conseguido a mediados de los ochenta.Los instrumentos de la disciplina urbanística están cada vez más en entredichoEl cambio se ha producido, por lo menos, en tres sentidos. Han cambiado los operadores, que desde mediados de los años noventa forman parte del mundo financiero global y actúan con mayor desprecio por el contexto social, ambiental y urbano sobre el que intervienen. Ahora es más difícil encauzar sus intervenciones dentro de criterios municipales y en áreas de nueva centralidad, y resulta más rentable y tentador darles amplios poderes, como ya se hizo a finales de los noventa con el promotor Hines y su Diagonal Mar.Ha cambiado la gestión municipal, más próxima a los intereses privados y llevada por técnicos menos competentes. En la reciente etapa la peor parte se la lleva la gestión del urbanismo. Los instrumentos de la disciplina urbanística, ya de por sí marcados por la sospecha de complicidad con la especulación, están cada vez más en entredicho. Si en Barcelona no hay tanta corrupción como en otras ciudades, sí que hay desconsideración hacia los vecinos afectados por cada una de las intervenciones.Y también ha cambiado la composición social de la ciudad, mucho más fragmentada, con habitantes que ya han aceptado ser solo consumidores; habitantes que no se resignan a ello y exigen un urbanismo atento a la sociedad; inmigrantes de muy diversas procedencias, que ya son nuevos habitantes y que se van integrando, reclamando su derecho a más espacio público, cultural y simbólico; y turistas, habitantes por días, que consumen la ciudad como si fuera un parque temático y no un lugar donde viven personas.En este sentido, la presión del turismo se nota cada vez más en ciertos barrios y es motivo de descontento entre una ciudadanía que ve sus derechos relegados frente a la preponderancia de la industria y el negocio turístico. Que les digan a los habitantes de la Barceloneta si no es la presión del turismo y de la gentrificación la que ha conseguido cambiar el Plan General Metropolitano para transformar un barrio que quedaba al margen y que ahora está en primera línea del frente turístico.Respecto a la transformación social que comporta la inmigración, los responsables municipales han de reconocer que no sólo hace 25 años, cuando se fraguó el modelo, sino incluso hace 15 años, cuando se proyectó la reforma de Ciutat Vella, no se previó que se produciría en los últimos años esta fuerte transformación social. Y es cierto que Administración y ciudadanía, de momento, están respondiendo de manera integradora a este nuevo reto.Estos tres niveles de cambio exigen una transformación de un modelo que se gestó antes y que los actuales gestores municipales no quieren ni plantear, tal como tampoco quieren reconocer que han incumplido la promesa de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ahora, cuando las propuestas municipales se refieren más a eslóganes que a realidades es cuando se ve la necesidad de una democracia más directa, crítica y completa. Pasado, presente y futuro de Barcelona son demasiado importantes para ser mal gobernados.Las alternativas radican en unos nuevos referentes que pasarían, además de potenciar una ciudad mucho más sostenible y mucho más igualitaria (igualdad de géneros, igualdad de derechos para acceder a la vivienda), por un nuevo modelo urbano, metropolitano y participativo, con auténticos procesos de intervención, cuyos costes corrieran a cargo del municipio y no de los mismos vecinos, que sean libres y no manipulados, que devuelvan a una buena parte de la ciudadanía la confianza perdida en las instituciones y que consiga que las aspiraciones de los jóvenes encuentren lugares en las coordenadas municipales.Los cambios que han hecho obsoleto el modelo Barcelona deberían convertirse en positivos, superando la autocomplacencia e incapacidad municipal para debatir las transformaciones necesarias y estimulando a la ciudadanía a que también lo haga. Sin embargo, lo que se hace es lo contrario: silenciar y perseguir en lo posible a todo aquel que tenga una idea alternativa de ciudad, que plantee nuevos modos de vida social y cultural, tal como se hace con el heterogéneo movimiento okupa. Y cuando la lucha vecinal es tan fuerte que al final se ha de retirar el proyecto previsto -de aparcamiento, de destrucción del patrimonio, de eliminación de árboles- se hace sin reconocer tal aportación y sin aprender que antes de proyectar y expulsar se debería estudiar, consultar y escuchar.Si el modelo Barcelona surgió a principios de los ochenta como necesario motor para modernizar, actualizar y rehacer la ciudad, incorporando los operadores privados a los objetivos comunes, el modelo actual debería ser más social e imaginativo, expresión de los deseos de la ciudadanía, para que la democracia local logre contrapesar el dominio de los intereses de la globalización neoliberal. Para conseguirlo, el primer paso es reconocer el agotamiento del modelo y su necesaria transformación.Josep M. Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).

EL PAÍS 13.06.07 Cultura científica y cohesión social

VLADIMIR DE SEMIR 13/06/2007
La evolución y transformación de nuestra sociedad es un proceso ineluctable. La actividad productiva tradicional basada en el desarrollo industrial deja paulatinamente paso a una sociedad que basa la mayor parte de la generación de su riqueza en la eclosión de las ideas y oportunidades que emergen de la economía del conocimiento. Una ciudad como Barcelona, que fundamentó su poder económico en las fábricas surgidas de la revolución industrial, lucha por consolidar un nuevo modelo económico y social que le permita seguir siendo una ciudad de referencia y sobre todo un entorno social en el que poder desarrollar las capacidades de su ciudadanía, tanto de la autóctona como de la venida de cualquier parte del mundo.
Barcelona debe seguir basando su bienestar y cohesión social en la mezcla de actividades
En este contexto de cambio, la ciudad corre un serio riesgo. La tradicional mezcla de actividades en la que siempre ha basado su progreso puede peligrar ante una determinada tendencia que la dirige hacia una especialización que puede llegar a comprometer su futuro. Residencia, comercio, ocio, cultura y turismo han sido los habituales complementos de la fuerte actividad productiva de carácter industrial. Si ésta última no se sustituye correctamente por las nuevas actividades ligadas a la industria del conocimiento, la ciudad puede llegar a quedar coja de uno de sus principales motores de desarrollo. Para resumirlo de una forma metafórica: ¿queremos ser Florida o California?
En efecto, el dilema actual de Barcelona -y, en general, de Cataluña- es saber si estamos construyendo el Miami o el San Francisco del sur de Europa. Nuestro éxito a corto y medio plazo como ciudad de ocio y turismo, por una parte, y de comercio y de residencia, por otra, nos puede hacer pensar que es suficiente con apostar por nuestra capacidad de atracción de gentes de cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta tendencia puede llegar a comprometer nuestro equilibrio económico e incluso puede expulsar a buena parte de nuestra amplia y esencial clase media.
Un segmento de nuestra población que no puede competir, por una parte, con el poder adquisitivo de los turistas y jubilados europeos que nos visitan o se instalan -y que por tanto encarecen el comercio, la vivienda y, en general, la vida cotidiana-, y que tampoco está dispuesto a competir a la baja con los inmigrantes que vienen a intentar sobrevivir asumiendo trabajos de bajo coste del sector de servicios y con poco valor añadido. Nuestra especialización en este modelo sería una apuesta sin futuro, sobre todo si además tenemos en cuenta su volatilidad en función de nuevas modas y nuevas ofertas con las que, con toda seguridad, no podremos competir.
Sin duda, sin desdeñar este sector actualmente tan floreciente para algunos, pero que siempre debería ser sólo complementario, hemos de insistir en trabajar por la creación de un ecosistema social y económico que permita sustituir la tradicional pero obsoleta industria -en proceso de deslocalización por razones ecológicas y económicas- por las actividades de medio y alto valor añadido que conllevan los sectores de la industria cultural, de la información y del conocimiento. Es en esta coyuntura y contexto que nos jugamos mucho si no ponemos los acentos en el desarrollo de un entorno educativo, científico y tecnológico que nos lleve a ser capaces de construir una sociedad creativa, innovadora y capaz de protagonizar el importante cambio social y económico que se está produciendo. Para ello no sólo son necesarias las correspondientes infraestructuras urbanas -universidades, centros de investigación, redes informáticas, eficaz transporte local e internacional...- sino que la ciudadanía, incluida la que viene en busca de su El Dorado de supervivencia, ha de entender el proceso que está en curso y asimilar y protagonizar los cambios que nos están llevando hacia la sociedad del conocimiento. El comisario europeo de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, lo ha resaltado recientemente: "Las ciudades han de encontrar los caminos para que sus habitantes puedan acceder a la información científica y deben tener como una actividad prioritaria la promoción del conocimiento".
Está claro que la reacción en cadena de la sociedad del conocimiento basada en la ecuación investigación + desarrollo + innovación (I+D+i) necesita ser acompañada del catalizador de la cultura científica para que todos, autóctonos y foráneos, podamos entender y participar en el proceso de cambio y aprovechar las oportunidades sociales y económicas que están surgiendo en este proceso. En este contexto, está claro que cultura científica se convierte en sinónimo de cohesión social. Éste es el profundo sentido de haber incorporado el programa Barcelona Ciencia como una de las 10 líneas esenciales del Plan Estratégico del Sector Cultural de Barcelona.
Barcelona debe seguir basando su bienestar y cohesión social en la mezcla de actividades, y debe apostar por una síntesis entre Miami y San Francisco, entre Florida y California, con el añadido de poder hacerlo en un caldo de cultivo geográfico e histórico excepcional: el creativo mundo mediterráneo.
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Vladimir de Semir es Comisionado de Barcelona Ciencia

EL PUNT 13.06.07 Els danys col·laterals del Bicing

Tres mesos després de posar-se en marxa, el servei de Bicing (de lloguer de bicicletes per utilitzar com a transport públic) ja té 47.000 abonats. Amb el centenar d'estacions que ja hi haurà a la ciutat a partir del 6 de juliol, l'acollida del servei ha estat un èxit. Tot i això, el servei també ha generat discrepàncies. Les empreses de lloguer de bicis acusen l'Ajuntament de competència deslleial i per això volen que es retalli el temps màxim d'ús del servei (ara és de dues hores). Les entitats d'usuaris de la bicicleta aplaudeixen la iniciativa, però troben a faltar que es reforci la xarxa de carrils bici, les zones de trànsit pacificat i més places d'aparcament. En definitiva, i en això coincideixen sector privat i usuaris, que ho posin més fàcil a la circulació de la bici per la ciutat.
L'associació Bicitours Barcelona, que agrupa una quinzena d'empreses de lloguer de bicis que operen a la ciutat, s'han queixat de com s'ha posat en marxa el servei, que els ha generat una pèrdua de negoci important. Malgrat això, les empreses esperen poder tancar un acord la setmana que ve amb l'Ajuntament per fixar un seguiment en comú d'aquest servei, perquè no els faci competència deslleial.
Les empreses reclamen que l'Ajuntament faci marxa enrere en el pla de futur que preveu que el Bicing es contracti directament per targeta de crèdit (ara cal donar d'alta una targeta específica, a través de pàgina web o a les oficines municipals), perquè això obriria la porta a l'ús dels turistes. Segons Esther Boada, membre de l'associació, en aquest punt hi ha acord amb l'Ajuntament. També reclamen un estudi específic a partir d'ara per determinar si els usuaris agafen la bici més d'una hora (el màxim ara és dues hores) perquè, si és així, s'estudiï retallar aquest temps màxim. Des de l'Ajuntament es limiten a confirmar les negociacions amb les empreses i deixen clar que en cap cas el Bicing vol fer-los competència deslleial, i que estan oberts a retocar aspectes si és necessari.
Les entitats d'usuaris de la bicicleta volen que el Bicing no quedi com una «acció aïllada» en la promoció de la bici, segons Diana González, del BACC. Per això exigeixen millores immediates en la xarxa de carrils bici, «molts en situació precària», i de les zones 30. Amics de la Bici recorda que, amb el nou servei, hauria calgut «solucionar altres problemes» de la circulació de les bicis.
Des que es va implantar, al març, el Bicing ha augmentat progressivament el nombre de bicicletes a disposició dels usuaris i les estacions on agafar-les i aparcar-les repartides per la ciutat. El 6 de juliol es completarà la primera fase, amb 1.500 bicis i unes 100 estacions. Tot i aquest volum tan espectacular d'abonats (fins ahir 47.000), l'àrea de Mobilitat precisa que el servei no està saturat, i que ara es mouen en la dotzena d'usos diaris per cada bicicleta, dins el previst. Alhora, diuen que s'haurà de veure l'evolució en els propers mesos, ja que ara aquest ús també està molt lligat al bon temps.
Més enllà del que apunten veus crítiques, sobre si, en part, el Bicing l'utilitzen usuaris novells que fan servir per primer cop una bicicleta, l'Ajuntament assenyala que el fet que hi hagi nous conductors de bicis és sinònim que «hi ha més persones conscients del que és anar en bici», i, per tant, s'afavoreix «la consciència» que vianants i usuaris de la bici han de conviure. També neguen que les queixes relacionades amb la bicicleta hagin augmentat. A més, recorden que en els propers mesos es completarà la xarxa de carrils bici i de zones 30.

EL PUNT 14.06.07 El govern limitarà els 80 km/h només a la primera corona metropolitana

A la resta de municipis de la regió la velocitat variarà en funció dels nivells de contaminacióEMMA ANSOLA. BarcelonaLa proposta de reduir la velocitat de circulació a 80 quilòmetres per hora per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica quedarà limitada a setze municipis, els que conformen la primera corona metropolitana. A la resta de municipis de la regió s'aplicarà un pla de regulació de la velocitat segons els nivells de contaminació i de congestió del trànsit, que es donaran a conèixer a la carretera amb panells lluminosos. Aquesta és una de les 77 mesures que s'inclouen en el pla d'actuacions que elaborarà el Departament de Medi Ambient i que encara està pendent de ser aprovat pel govern de la Generalitat.
En la primera corona metropolitana no es podrà circular a més de 80 quilòmetres per hora. La mesura entrarà en vigor tan bon punt quedi aprovat el pla d'actuacions per fer front als nivells de contaminació atmosfèrica –es preveu que serà el juliol–. En els altres 24 municipis que conformen la regió metropolitana, declarada pel govern zona d'especial protecció, s'aplicarà un pla de reducció de velocitat en funció dels nivells de contaminació i la congestió de vehicles, que podria variar dels 40 als 80 quilòmetres per hora en vies principals, autopistes i autovies. La reducció en aquest segon àmbit suposaria una inversió molt més alta, ja que caldria la instal·lació de panells lluminosos, senyalització i radars, i la seva aplicació no es faria efectiva fins a finals del 2008. D'aquesta manera ha quedat modificada la primera proposta que va realitzar el Departament de Medi Ambient i Habitatge i que preveia reduir la velocitat a 80 en un total de 40 municipis de la regió metropolitana, un àmbit limitat pels municipis de Castelldefels, Granollers, Terrassa i Martorell.
La responsable de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, Maria Comelles, va explicar aquestes modificacions en un acte de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals, però ahir el Departament no va voler confirmar ni desmentir les paraules de la directora en espera que el pla d'actuacions, que inclou 76 mesures més, sigui aprovat pel govern. Actualment el pla l'estudia la comissió jurídica i encara ha de passar pel consell tècnic del govern perquè s'aprovi definitivament.
Jordi Oliver, de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals, explicava ahir a El Punt que una petita reducció de la velocitat, com ara passar de 100 a 80 quilòmetres per hora, pot suposar rebaixar gairebé a la meitat les emissions de partícules en suspensió inferiors a 10 micres, les PM10. A més, i segons Oliver, hi ha estratègies de descongestió del trànsit que consisteixen a circular a una velocitat d'entre 60 i 80 quilòmetres. A la trobada sobre contaminació, també va assistir-hi l'epidemiòleg Jordi Sunyer, que va destacar la necessitat de trobar mesures per afrontar la contaminació a la regió de Barcelona, que a més de ser alta es comporta de forma constant, és a dir, sense pics però sempre present.
Aquest és el primer pla que es fa a tot l'Estat espanyol i és fruit de la directiva europea sobre qualitat de l'aire, que obliga els estats membres a reduir els nivells de contaminants abans del 2010. A Catalunya són les PM10 i els diòxids de nitrogen, bàsicament provocats pel trànsit i l'activitat industrial, els que sobrepassen un 30% els límits que marca Europa. A més de la reducció de velocitat, el pla conté altres mesures com l'obligació per als municipis de més de 50.000 habitants de l'àrea afectada de redactar plans de mobilitat urbana que incloguin una avaluació de les emissions i la manera de reduir-les.
I si no funciona, peatge el 2010Durant l'acte celebrat a la Casa Elizalde de Barcelona, la directora de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Maria Comelles, ja va avançar que si les mesures que ara es preveuen aplicar no permeten aconseguir reduir els nivells de contaminació de l'aire caldrà aplicar actuacions més dràstiques, com els peatges. Aquests peatges s'aplicarien tenint en compte criteris ambientals i es pagarien en funció del nombre de passatgers en un vehicle, el tipus de combustible, o fins i tot les hores de pas. Això, però, és una mesura que Comellas va qualificar de «tabú» en el si del govern i més quan el ciutadà no gaudeix d'un bon transport públic. De fet, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha reiterat la seva oposició a instal·lar un peatge urbà a la ciutat de Barcelona. Hereu sempre s'ha mostrat més partidari d'aplicar altres mesures, com per exemple l'ampliació de l'àrea verda. Durant el 2006, a l'àrea de Barcelona, 28 de les 35 estacions de control atmosfèric van superar els nivells d'emissió de partícules en suspensió i en 7 estacions es va superar la mitjana anual d'òxids de nitrogen.

EL PAÍS 15.06.07. La vivienda: política europea, sin tratado

SALVADOR MILÀ I SOLSONA 15/06/2007

La construcción de la unidad europea, a lo largo de más de 50 años, se ha basado no sólo en aportaciones institucionales -tratados, organismos, directivas y reglamentos-, sino también en la incorporación de nuevas políticas para abordar nuevos problemas comunes a los ciudadanos de la Unión, ampliando así los ámbitos de competencia en los sucesivos tratados. Me atrevo a afirmar que la utilidad de la Unión Europea, entendida como conjunto de demandas sociales y acciones concertadas para resolverlas, ha salido reforzada cuando ha surgido de abajo arriba, como es el caso de la lucha contra el cambio climático y ahora con las políticas de cohesión urbana y de vivienda.
La falta de viviendas a precios asequibles influye directamente en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social y de movilidad
Un factor determinante para recuperar el interés ciudadano en la vida política es aplicar soluciones efectivas a los problemas de acceso a una vivienda
Hasta ahora los temas urbanos y de vivienda no se entendían como políticas comunes de la Unión, si bien el proyecto frustrado de Constitución Europea colocaba el objetivo de la cohesión territorial al mismo nivel de los objetivos de cohesión social y económica. Pero la movilización social por una vivienda digna y unas ciudades habitables ha llevado al Parlamento Europeo a adoptar resoluciones reclamando acciones de la Comisión Europea y de los consejos de ministros de la UE, al constatar que la falta de viviendas decentes a precios asequibles influye de manera directa en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social y de movilidad, a la vez que numerosas ciudades europeas padecen problemas relacionados con la vivienda: oferta insuficiente o excesiva, subidas de precios, viviendas vacías, mal estado de los inmuebles, degradación de determinados barrios, los sin techo, sin olvidar la incidencia de los problemas de salubridad y de degradación medioambiental.
Los problemas de la vivienda se hacen más complejos en la medida de que casi siempre van asociados a las deficiencias en el espacio urbano, a la falta de equipamientos y a la exclusión social y cultural de determinadas zonas urbanas, ya sean centros históricos degradados o determinados barrios periféricos, con problemas de convivencia. De otra parte, se constata cómo los ejes principales de las políticas ambientales de carácter global sólo tienen éxito si se basan en una gestión urbana que haga de la sostenibilidad un factor de calidad de vida de sus ciudadanos, como en el caso de la lucha contra el cambio climático, por la preservación de la biodiversidad y del buen estado ecológico de las aguas, el ahorro y la eficiencia energética o la recuperación de residuos.
Es así como las políticas de cohesión urbana y de vivienda se han hecho un hueco en las repletas agendas de las instituciones comunitarias; el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores ha declarado prioritario el problema de las personas sin hogar y de la exclusión vinculada a la vivienda en el marco de la estrategia europea de inclusión y protección social, en tanto que los ministros de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano, en su reunión informal del pasado mes de mayo en Leipzig, han solemnizado que las ciudades europeas son la expresión del modelo económico, social y cultural al que aspiramos, a la vez que manifiestan la diversidad de las regiones europeas.
Más allá de declaraciones y buenos propósitos, es de destacar que por primera vez una parte sustancial de los fondos estructurales europeos -308.000 millones de euros en el periodo 2007-2013- se destinaran a las ciudades directa o indirectamente, tanto en aspectos de rehabilitación y mejora del espacio físico urbano como a las políticas sociales. La Comisión Europea debe tener cada vez más en cuenta los aspectos territoriales y urbanos al evaluar las políticas de integración económica y cohesión social, en tanto que las ciudades europeas han de saber integrar sus estrategias de desarrollo en el contexto de la construcción de un modelo europeo avanzado.
Ahora que nuestras ciudades inician una nueva andadura política, un factor determinante para recuperar el interés y la participación de la ciudadanía en la vida política es que se apliquen soluciones efectivas a las problemáticas derivadas del acceso a una vivienda digna y asequible, a la calidad del medio ambiente urbano y a la mejora de los servicios públicos de carácter social y ambiental. Conviene, por tanto, dar a estas políticas una dimensión europea, hacer que el proceso de construcción de la Europa social y política tenga a los pueblos y ciudades como protagonistas.
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Salvador Milà i Solsona es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento catalán

EL PUNT 19.06.07. El govern estima que afrontar el repte de l'habitatge costarà 8.222 milions

Ho preveu en ajuts i inversió el segon esborrany del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 XAVIER MIRÓ. Barcelona

El govern català estima que els ajuts i les inversions per afrontar el problema de l'habitatge costarà prop de 8.222 milions d'euros en la propera dècada. S'hi inclouen els ajuts per comprar o llogar un pis de protecció oficial, per rehabilitar i millorar l'accessibilitat als habitatges ja existents, per pagar el lloguer de persones grans o amb discapacitats i per evitar desnonaments en el cas de persones amb risc d'exclusió social. Aquesta estimació, però, també inclou les inversions públiques i privades que seran necessàries en l'adquisició de sòl i la construcció d'habitatges per donar resposta als diversos sectors afectats.

D'aquí a deu anys es calcula que 440.000 llars es trobaran en una situació precària que els permetrà accedir a beneficis de les polítiques d'habitatge, sigui perquè, per exemple, rebran ajuts per haver adquirit un habitatge de protecció oficial o sigui perquè els rebran per evitar ser desnonats del pis que ocupen. Avui dia, «més del 60% de la població necessita algun tipus d'ajut» pel que fa a l'accés o al manteniment del seu habitatge perquè aquest «és el problema social més important del nostre país», afirmava ahir el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, en la presentació del segon esborrany del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016, que encara es negociarà quinze dies més amb 50 entitats econòmiques i socials i grups polítics i que el govern pretén aprovar a mitjan juliol.

Pel que fa a l'habitatge existent, els estudis de la Generalitat assenyalen que uns 300.000 necessiten obres importants de rehabilitació i que un 63% d'aquests estan ocupats per titulars que no poden fer front al cost de les obres de reforma. Pel que fa a la mobilitat, uns 100.000 habitatges en edificis de tres plantes no disposen d'ascensor i prop de 100.000 llars més haurien d'adequar-se per facilitar la mobilitat a gent gran o persones amb discapacitats físiques.

A més de generar instruments de suport als ajuntaments per fer front al problema com a protagonistes principals, el pacte també preveu nous fons de finançament perquè puguin desenvolupar les seves competències en la compra de sòl i en el seu desenvolupament així com en la construcció d'habitatge protegit.

- Federació de Fundacions d'Habitatge Social

- Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària

- Associació de Promotors Constructors d'Habitatge

- Cambra de Contractistes d'Obres

- Plataforma per l'Habitatge Digne

- Federació de Cooperatives d'Habitatge

- Col·legis de Registradors de la Propietat

- Col·legis d'Administradors de Finques

- Associació de Consumidors

- Confederació d'Associacions de Veïns

- Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida

- Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis

- Federació de Caixes d'Estalvi de Catalunya

- Organització de Consumidors

- Prohabitatge

- Provivenda

- V de Vivenda

- Col·legi d'Arquitectes

Gent gran i discapacitat

Pel que fa a les mesures dirigides a la gent gran i a les persones amb discapacitat, la Generalitat es compromet a no fer constar les despeses fixes que aquestes persones tenen per a l'habitatge –100% de la hipoteca, lloguer, IBI, despeses de comunitat o despeses bàsiques de subministrament–en el càlcul d'ingressos que es tenen en compte per concedir tots els serveis que els presta l'Institut Català de Serveis Socials (ICASS). La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a establir un programa que permeti a les persones grans cedir el seu habitatge actual per al mercat de lloguer social a canvi d'una llar adequada a les seves necessitats.

24 mayo 2007

EL PAÍS 11.05.07. El Gobierno elabora la propuesta final del Pacto para la Vivienda

Generalitat da por "casi" cerradas las primeras negociaciones
LLUÍS PELLICER - Barcelona - 11/05/2007
El Gobierno catalán casi ha cerrado la primera fase de las negociaciones para alcanzar el Pacto Nacional para la Vivienda, que implica a todos los agentes públicos y privados del sector y cuyo objetivo es levantar 160.000 viviendas públicas en 10 años.
El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, explicó ayer que ahora se está redactando "un segundo documento" que será "prácticamente definitivo".

Baltasar aseguró que hay "una práctica y teórica unanimidad" entre todos los agentes consultados por los representantes del Gobierno catalán para alcanzar el pacto.
"Ahora nos podemos dar unas semanas para formular un segundo documento", añadió.
Fuentes empresariales y de la Administración coinciden en que todos los participantes en el acuerdo podrían estampar su firma antes de verano.
El segundo documento incluirá aportaciones de los empresarios, las entidades sociales y los partidos políticos con los que Baltasar ha negociado en las últimas semanas.
"Todas encajan dentro del pacto", aseguró". Otra cosa es la exigencia de CiU de negociar también los contenidos de la ley de vivienda y, en concreto, de retirar del texto legal la figura del alquiler forzoso. Baltasar aseguró que ambos proyectos tienen "tiempos diferentes" y afirmó que el pacto se cerrará antes de que se apruebe la norma.

Baltasar anunció, además, la creación de un barómetro para captar el "clima de confianza" del sector de la vivienda. Este estudio, explicaron los responsables del departamento, lo realizará el Instituto Cerdà cada seis meses y constará de 2.200 entrevistas a administraciones, empresarios, agentes sociales y ciudadanos. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, dijo que el informe aportará una visión cualitativa sobre el sector. El 80% de las preguntas serán fijas y permitirán obtener series históricas. El 20% restante irá cambiando.
Por otra parte, un grupo de afectados por casos de acoso inmobiliario en Barcelona denunció ayer la impunidad con que actúan las inmobiliarias y pidieron a los ciudadanos que luchen contra este fenómeno
informa Efe.

EL PAÍS 14.05.07. La ciudad federal.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ciudad/federal/elpepuespcat/20070514elpcat_1/Tes

Miquel Caminal 14/05/2007

Pericles decía en la antigua Atenas que todos somos capaces de juzgar la política, aunque sean pocos los que la diseñan y administran. La democracia no es literalmente el pueblo que se autogobierna, sino el pueblo que tiene el control sobre el poder de gobernar. La ciudad es el territorio ideal para desarrollar la democracia, donde el poder de gobernar se ejerce en la proximidad.

Por supuesto, me refiero a la ciudad republicana y federal, la que permite comprender el poder como algo propio de la ciudadanía y al alcalde como un primer ciudadano. Esta ciudad tiene que ser proporcionada en territorio y población, y heterogénea en su composición. Las grandes ciudades de millones de habitantes son más bien deformaciones de ciudad, los pequeños municipos necesitan cooperar entre ellos para ser ciudad.

La ciudad media es la ideal. En cambio, es conveniente la estructura y el funcionamiento federal de la ciudad excesivamente grande, y es pertinente la unión federal de los pequeños municipos. El poder en sentido democrático y federal es la acción colectiva para conseguir cosas, pero el poder es también la legítima autoridad para tomar decisiones en nombre de todos. Se necesitan a la vez estas dos caras del poder para el buen gobierno. El excesivo poder del alcalde puede caer en una derivación monárquica, clientelar y discrecional del ejercicio del gobierno. Por eso es deseable una real descentralización del gobierno de la gran ciudad, un equilibrio territorial de poderes y la creación y el impulso de canales de participación ciudadana y de control del gobierno local.

No se trata, sin embargo, de caer en el maniqueísmo de considerar que la primera cara del poder es siempre buena y, por el contrario, desconfiar permanentemente de los gobernantes elegidos por una tendencia irreprimible a dejarse corromper. Se puede ser un buen alcalde (Cataluña ha tenido excelentes alcaldes en democracia) y puede haber acciones colectivas o grupos de presión que no tienen otro interés que su propio beneficio, exclusivo y excluyente. Todos, gobernantes y gobernados, podemos entrar en la vía de la corrupción, en el sentido de buscar únicamente el enriquecimiento personal mediante la especulación y la acción ilegal o dudosamente legal. Es más, la corrupción a gran escala se produce cuando el poder público es corrompido por el interés privado. La corrupción puede aparecer y multiplicarse cuando hay mil tentaciones para caer en ella y no hay control para impedirlo.

Se piensa con razón que los que mandan en la economía y en las instituciones tienen más información, más recursos, más influencia y, si les falta algo, acostumbran a saber también cómo burlar la ley. Suceda o no suceda esto, nunca hay que renunciar a establecer un equilibrio de poderes (porque se vigilan y controlan entre ellos) y, especialmente, a promover formas de participación ciudadana para juzgar y controlar a quienes tienen la legitimidad, mediante elección, de gobernar la ciudad.

EL PAÍS 21.05.07. Los municipios temen la crisis del ladrillo

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/municipios/temen/crisis/ladrillo/elpepuespcat/20070521elpcat_2/Tes

Los ayuntamientos exigen una reforma de su financiación para superar el cambio de ciclo
SERAFÍ DEL ARCO - Barcelona - 21/05/2007

Los ayuntamientos temen los efectos de la crisis del ladrillo. El paisaje ha sido el mismo en todos los municipios. Grúas levantando pisos en el área metropolitana de Barcelona y en el Pirineo, en el Ebro y en la Costa Brava. Un monólogo sin apenas interrupciones. Los ayuntamientos han aprovechado la bonanza económica para salvar sus cuentas durante la última legislatura. El boom constructor y la bajada de tipos de interés les han permitido ir trampeando sus presupuestos. Pero el ciclo empieza a cambiar y los municipios temen que les pille el toro, puesto que ni el Gobierno ni la Generalitat han abordado los dos grandes problemas del mundo local: qué competencias tienen y cómo se financian.

En 2005 -últimos datos disponibles- los ayuntamientos catalanes gastaron 1.024 euros por habitante, el 19% más que en 1993, según un estudio de las profesoras de la Universidad de Barcelona Núria Bosch y Marta Espasa con datos del Ministerio de Economía y Hacienda. En paralelo, durante la última década, la deuda de las corporaciones locales se ha reducido notablemente, al pasar del 4% al 2,8% del PIB, según el Banco de España.
¿Cómo lo han conseguido? "La situación económica ha sido buena, con tipos de interés bajos. Eso nos ha permitido un cierto juego", admite Antoni Fogué, responsable del área de Gobierno Local de la Diputación de Barcelona y teniente de alcalde de Servicios a la Persona de Santa Coloma de Gramenet.
El boom del ladrillo ha tenido un papel capital. Los dos tributos que más han crecido están estrechamente vinculados al sector. Son el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU). Ambos, de carácter potestativo (no obligatorio) son los que han ganado más peso en la estructura de ingresos de los ayuntamientos durante la última legislatura (veáse cuadro), especialmente el primero. En el análisis hay que tener en cuenta la supresión del IAE, recuerda la profesora de la UB Maite Vilalta.

Más vecinos, más servicios
La mácula del crecimiento de los municipios son las mayores obligaciones para los gobiernos locales. Más casas, más gente y más servicios. El alcalde de Cadaqués, población de 3.000 habitantes censados que en tres años verá cómo se construyen 400 casas, resumía con claridad su temor la semana pasada: "El problema son los servicios con los que hay que dotar a las nuevas casas: agua potable, luz, alcantarillado, plantas depuradoras...". "Y los servicios a los nuevos vecinos", añade Fogué: bibliotecas, atención social, protección. "Mientras que por cada obra se ingresa una vez, nuestros gastos se van consolidando año tras año", explica el responsable de la Diputación.

La insuficiencia financiera cobra importancia en este punto. La eterna queja de las corporaciones locales. Los ayuntamientos destinan alrededor del 30% de su presupuesto a proporcionar servicios que no son de su competencia, gasto no obligatorio que es mayor en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la inmensa mayoría. Gasto vinculado a seguridad, protección social, ancianos y guarderías, además de cultura. "Somos la Administración más cercana al ciudadano y no lo podemos dejar a la estacada. Cuando alguien te viene con un problema, de entrada, le atiendes", explica el edil de Santa Coloma.

"Pero en ese 30% también está incluida la fiesta mayor de turno. En realidad, el gasto por suplir a otra administración es del 10%", matiza Vilalta. Básicamente servicios que debería dar la Generalitat. Sólo el 28% de dicho gasto supletorio se financia a través de transferencias procedentes de otras administraciones.

Los ayuntamientos y los expertos exigen una reforma a fondo de la financiación local, que permita dar respuesta a los "nuevos problemas, como los residuos o la inmigración", sostiene Fogué. Un modelo que para Vilalta debe garantizar la suficiencia de recursos, la autonomía y que contenga un mecanismo la solidaridad.

La construcción no va a seguir tirando de la economía, al menos como nos tiene acostumbrados, y los tipos de interés ya están subiendo. Empiezan a verse las orejas al lobo.

09 mayo 2007

EL PERIÓDICO 08.05.07. El propietari d'un restaurant de Gràcia anirà a la presó per sorolls

• El Suprem confirma quatre anys de presó per a l'expropietari d'El Portet en una sentència pionera
• Els veïns afectats d'un edifici adjacent van patir durant dos anys insomni i estrès
J. G. ALBALATBARCELONA


Per primera vegada a Catalunya, el propietari d'un restaurant de Barcelona ingressarà a la presó per complir una condemna pels perjudicis que el soroll que provenia del seu establiment ocasionava als seus veïns.

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de quatre anys de presó i el pagament d'una multa de 8.640 euros contra Dionisio Mestre Rodríguez, un dels administradors el 2003 de l'empresa gestora del bar restaurant El Portet, al carrer de Sicília, 394, a Gràcia, que ara té uns altres propietaris.

La confirmació de la sentència dictada el 20 de març del 2006 per l'Audiència de Barcelona comportarà que Dionisio Mestre hagi d'ingressar a la presó d'aquí a uns dies, quan s'executi la decisió, ja que la pena que se li ha imposat és de quatre anys de presó. Els tribunals solament tenen la potestat d'aplicar la llibertat condicional quan la condemna no supera els dos anys.

El que era propietari del restaurant, així mateix, haurà d'indemnitzar quatre veïns amb 16.000 euros i no podrà exercir activitats vinculades a la restauració en tres anys.

AVÍS PER A NAVEGANTS
"Aquesta sentència és una satisfacció i un avís per a navegants. Serà dur per al condemnat, però uns veïns han suportat durant dos anys sorolls insuportables que van lesionar la seva salut psíquica", va assegurar ahir Lluís Gallardo, que va exercir l'acusació particular en nom dels afectats.

"Hi ha altres processos oberts a Barcelona contra altres locals que van per la mateixa via, tot i que encara no hi ha sentència i s'està investigant", va dir el lletrat.

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs presentat per Dionisio Mestre contra la sentència condemnatòria i, fins i tot, retreu que no s'hagi imputat també a aquesta persona, a més d'un delicte contra el medi ambient, un altre de "lesions" als veïns, amb la qual cosa la pena hauria estat més gran.

L'alt tribunal destaca en la seva sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Enrique Bacigalupo, que el llavors propietari de l'establiment sabia, arran de les inspeccions de l'Ajuntament de Barcelona, "el perill generat per l'explotació del restaurant per al medi ambient", així com per a "la salut de les persones que van resultar lesionades" i que eren veïns d'un edifici adjacent. La Sala Penal subratlla que, d'acord amb la jurisprudència, "obra amb dol tothom que coneixent el perill concret generat per la seva acció no adopta cap mesura per evitar" el delicte.La resolució de l'Audiència de Barcelona ja recollia que el restaurant va començar el 2003 la seva activitat sense la llicència municipal d'obertura, que no li va ser concedida mai al no adoptar l'acusat les mesures correctores exigides pel consistori, entre elles la insonorització del local, amb la finalitat que els sorolls no afectessin de cap manera els veïns, especialment durant l'horari nocturn.

DESOBEDIÈNCIA
Malgrat les inspeccions --els veïns van denunciar reiteradament els fets-- i els requeriments de l'ajuntament, el que era propietari del local no va prendre cap mena de mesures per evitar el soroll. Al final, l'autoritat municipal va acordar precintar el local, però l'acusat va arribar a trencar el precinte per tornar a obrir un altre cop el seu restaurant.La sentència de l'Audiència de Barcelona relatava amb precisió que els veïns afectats --quatre d'ells es van presentar com a denunciants i han exercit l'acusació particular-- van patir, arran dels sorolls que provenien d'El Portet, una "contínua situació d'insomni i estrès" a la nit.

Almenys en un dels casos, un afectat va desenvolupar un quadro clínic ansiós-depressiu que ha necessitat tractament farmacològic. Per aquesta raó, Dionisio Mestre ha d'indemnitzar els perjudicats pels "danys i perjudicis causats a la salut psíquica i a la intimitat".

El Suprem declara provat tots i cada un d'aquests extrems i desestima totes les al.legacions de Dionisio Mestre sobre la insuficiència de proves respecte a l'autoria, de la relació causal entre els sorolls constatats i les afeccions d'alguns veïns i del risc de greu perjudici per a la salut i les persones. "La prova ha estat correctament valorada", sentencien els magistrats de l'alt tribunal.

EL PERIÓDICO 08.05.07. Els micropisos d'11 a 25 m2 es venen a preu d'or a Barcelona

• El difícil accés a la vivenda dispara l'oferta de baixos i 'galliners'
• La pujada de les hipoteques afavoreix la venda d'immobles més petits
PATRICIA CASTÁNBARCELONA
Una persona que només pugui pagar uns 400 euros mensuals d'hipoteca a 30 anys haurà d'optar, en aquest moment a Barcelona, per comprar-se un piset d'11 metres quadrats. La bogeria immobiliària que viu la ciutat, unida a l'increment de les hipoteques, ha portat molts compradors a reduir les seves expectatives i, amb elles, les dimensions de les seves futures vivendes. Els baixos i els pisos alts sense ascensor encapçalen aquesta infraoferta assequible de fins a 25 metres quadrats.
Els preus més modestos del moment són a partir dels 82.000 euros; per 11 metres quadrats, a preu d'or. Aquesta dimensió és la mínima que ofereixen els principals portals immobiliaris del país, fotocasa.es i idealista.com. El pis en qüestió, en un únic ambient amb minilavabo, és al carrer de les Carretes amb Sant Pau i resulta a 7.455 euros el metre quadrat.
El gestiona una coneguda immobiliària de la ciutat. Però no és, proporcionalment, el més car. A Sants-Montjuïc, un estudi de 16 metres quadrats costa més de 120.000 euros. I a Gràcia, un de 18 metres quadrats, en un únic ambient i en un cinquè pis d'altura, per reformar totalment, es ven per 135.000.
PORTERIES
La proliferació de minipisos, com ja va avançar aquest diari, és una constant des de fa cinc anys. Però els preus rècord dels últims anys han anat reduint les possibilitats de molts compradors, resignats a espais cada vegada més petits, en la mateixa mesura en què han animat molts venedors a treure a la venda pisos que abans havien estat porteries, als baixos, o habitacions de servei a dalt de l'edifici. Aquests últims, denominats galliners en el sector, s'arriben a anunciar com a "àtics".
Si fins fa poc creixia l'oferta de pisos d'uns 30 metres quadrats, ara els espais disponibles tendeixen a ser encara més miserables. Pisos de 15, 20 i 25 metres quadrats dibuixen l'oferta d'aquells que no poden accedir a res més però insisteixen a comprar. "En alguns barris tenim molts compradors interessats en aquestes dimensions, sobretot gent molt jove i immigrants", assenyala el responsable d'una immobiliària local. Solen comptar amb pressupostos límit d'entre 120.000 i 150.000 euros. Amb una mica de sort, per aquest import s'aconseguiran uns 35 metres quadrats habitables.
Un altre venedor, a Sants, indica que la venda ha caigut de manera tan notòria a la ciutat que un pis de 240.000 euros que "abans es venia sol" ara triga mesos a despatxar-se. Molts esperen que els preus segueixin baixant, però els que tenen pressa per comprar i s'han vist afectats per l'augment de les hipoteques s'han passat als pisos més petits, per als quals sempre hi ha possibles compradors.
El Poble-sec, Nou Barris i punts de Ciutat Vella copen aquesta oferta limitada. Un detall: d'11.400 pisos oferts a Barcelona a través del portal fotocasa.es, tan sols 52 estan per sota dels 150.000 euros.