Proyectar el área metropolitana
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planificación territorial
ORIOL BOHIGAS
En las críticas más o menos solventes sobre el urbanismo de Barcelona aparece, desde hace años, el asunto del área metropolitana, como el más trascendental por su carácter estructural, por su envergadura dimensional y por su contenido social. Es un problema del que se deducen infinidad de temas secundarios que afectan a la forma de vivir y convivir de toda la comunidad. La inestabilidad del área en sus propias fases de planificación, la ineficacia funcional de sus redes de comunicación, la falta de continuidad y homogeneidad social, morfológica y simbólica, la degeneración suburbial, las periferias degradadas tienen una repercusión inmediata en la vida de cinco millones de catalanes. El tema se arrastra desde la década de 1950. Ante la prohibición por parte del Gobierno central de agregar a Barcelona directamente los municipios colindantes -tal como se hizo aquellos mismos años en Madrid- la capital catalana tuvo que buscar soluciones de coordinación -forzadas, inconclusas y, al fin, inútiles- entre los diversos núcleos autónomos. Estas soluciones se han sucedido en una dramática línea de fracasos y, a veces, incluso, originando problemas complementarios.
El asunto del área de Barcelona aparece en las críticas sobre urbanismo desde hace años
El primer intento fue el Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia (1953), un documento conocido habitualmente como Plan Comarcal que comprendía 27 municipios. Sirvió sólo para algunas operaciones concretas y para suscitar en 1956 el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona, que incluía 162 municipios. Este plan presentaba un conjunto de trabajos muy interesantes, con escasa propuesta proyectual, pero con abundantes análisis científicos, publicados en 27 volúmenes, que son, todavía, referencia y muestrario de la nueva generación de equipos pluridisciplinares en el campo del urbanismo. La gran cantidad de municipios incluidos en el plan explica un nuevo concepto del Área Metropolitana, referida más a una red de interdependencias y a unas relaciones de residencia y trabajo que a la simple proximidad física. Pero los procesos de aprobación y los instrumentos de aplicación no funcionaron y los esfuerzos administrativos se dirigieron hacia una nueva etapa: el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. Se aprobó en 1976 y se creó la Corporación Metropolitana como ampliación de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios. El plan y la estructura administrativa empezaron a funcionar en un área que sólo comprendía 27 municipios, muy pronto insuficiente para la expansión real.
En 1987 la Generalitat cometió el grave error de suprimir la Corporación sin ninguna razón más allá de los presuntos desequilibrios electorales. El plan se ha mantenido, sobre todo en la ciudad central, pero la totalidad del área ha seguido desatendida con escasas consecuencias proyectuales. Se inician los trabajos para un plan territorial que se desarrollan bajo la dirección del ingeniero Albert Serratosa y se prolongan hasta 1998. Sus autores se esfuerzan en divulgarlo e incluso lo publican muy concienzudamente, aunque sin alcanzar una aprobación definitiva.
En 2004, con el tripartito, la historia recomienza. El Departamento de Política Territorial inicia los estudios para un nuevo plan del área global: 164 municipios, 3.200 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes. Hace pocas semanas el anteproyecto ha sido presentado a información pública, una publicidad todavía informal pero suficiente para recoger la opinión de la ciudadanía y de los técnicos pertinentes. Al cabo de tres meses, la propuesta ya adaptada pasará a la aprobación inicial, a la reglamentaria información pública y a la aprobación definitiva. ¿Cuántos meses va a durar, todavía, ese atribulado proceso?
El lector se extrañará de que me haya detenido en esta historia de trámites casi inútiles. Pero es esta historia la que permite derivar observaciones críticas, quizá más que el contenido del anteproyecto, sin duda lleno de propuestas plausibles. Esos largos años de incertidumbre han sido decisivos en el creciente descrédito de nuestros políticos del Gobierno y de la oposición: o no se han interesado realmente por el problema urbano más grave del país -por razones partidistas- o no han sido capaces ni siquiera de iniciar su gestión -por razones de ineficacia. La supresión de la Corporación barrió posibilidades y destruyó la unidad política de gestión y proyecto. Con tanta frustración acumulada es lógico que algunos ciudadanos desconfíen y exijan una recomposición de las instituciones y los instrumentos. Que pidan programas más precisos, que los políticos concreten calendarios y expliciten su interés por la metrópoli y lo sepan comunicar a la ciudadanía como un tema prioritario, urgente, indiscutible. De momento, es muy buen síntoma ese anteproyecto. Pero hay que insistir en él, aunque no acabe de ser asimilado con entusiasmo ni siquiera con entusiasmo crítico. Ésa es la transformación básica para la total reordenación territorial de Cataluña, la transformación a la que el Gobierno debe reclamar una profunda participación popular. Es más fácil entretenerse en la polémica de los túneles, en la denuncia de los fallos ferroviarios, en las insuficiencias aeroportuarias, en el detalle de ciertas infraestructuras, pero hay que tener presente que todo ello depende directamente de las grandes decisiones territoriales, la primera de las cuales es, precisamente, el Área Metropolitana de Barcelona. De momento no oigo el ruido de la polémica ni el rumor del diálogo en la política y la ciudadanía. ¿Y los medios de comunicación seguirán en sus silencios no comprometidos?
Espero que el Departamento de Política Territorial maneje adecuadamente ese anteproyecto y lo catapulte acompañado de un programa de gestión en la perspectiva de una nueva Corporación o un megaayuntamiento con altas responsabilidades políticas, elegido democráticamente, para gobernar una gran ciudad regida y reglamentada unitariamente.
Oriol Bohigas es arquitecto.
El asunto del área de Barcelona aparece en las críticas sobre urbanismo desde hace años
El primer intento fue el Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia (1953), un documento conocido habitualmente como Plan Comarcal que comprendía 27 municipios. Sirvió sólo para algunas operaciones concretas y para suscitar en 1956 el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona, que incluía 162 municipios. Este plan presentaba un conjunto de trabajos muy interesantes, con escasa propuesta proyectual, pero con abundantes análisis científicos, publicados en 27 volúmenes, que son, todavía, referencia y muestrario de la nueva generación de equipos pluridisciplinares en el campo del urbanismo. La gran cantidad de municipios incluidos en el plan explica un nuevo concepto del Área Metropolitana, referida más a una red de interdependencias y a unas relaciones de residencia y trabajo que a la simple proximidad física. Pero los procesos de aprobación y los instrumentos de aplicación no funcionaron y los esfuerzos administrativos se dirigieron hacia una nueva etapa: el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. Se aprobó en 1976 y se creó la Corporación Metropolitana como ampliación de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios. El plan y la estructura administrativa empezaron a funcionar en un área que sólo comprendía 27 municipios, muy pronto insuficiente para la expansión real.
En 1987 la Generalitat cometió el grave error de suprimir la Corporación sin ninguna razón más allá de los presuntos desequilibrios electorales. El plan se ha mantenido, sobre todo en la ciudad central, pero la totalidad del área ha seguido desatendida con escasas consecuencias proyectuales. Se inician los trabajos para un plan territorial que se desarrollan bajo la dirección del ingeniero Albert Serratosa y se prolongan hasta 1998. Sus autores se esfuerzan en divulgarlo e incluso lo publican muy concienzudamente, aunque sin alcanzar una aprobación definitiva.
En 2004, con el tripartito, la historia recomienza. El Departamento de Política Territorial inicia los estudios para un nuevo plan del área global: 164 municipios, 3.200 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes. Hace pocas semanas el anteproyecto ha sido presentado a información pública, una publicidad todavía informal pero suficiente para recoger la opinión de la ciudadanía y de los técnicos pertinentes. Al cabo de tres meses, la propuesta ya adaptada pasará a la aprobación inicial, a la reglamentaria información pública y a la aprobación definitiva. ¿Cuántos meses va a durar, todavía, ese atribulado proceso?
El lector se extrañará de que me haya detenido en esta historia de trámites casi inútiles. Pero es esta historia la que permite derivar observaciones críticas, quizá más que el contenido del anteproyecto, sin duda lleno de propuestas plausibles. Esos largos años de incertidumbre han sido decisivos en el creciente descrédito de nuestros políticos del Gobierno y de la oposición: o no se han interesado realmente por el problema urbano más grave del país -por razones partidistas- o no han sido capaces ni siquiera de iniciar su gestión -por razones de ineficacia. La supresión de la Corporación barrió posibilidades y destruyó la unidad política de gestión y proyecto. Con tanta frustración acumulada es lógico que algunos ciudadanos desconfíen y exijan una recomposición de las instituciones y los instrumentos. Que pidan programas más precisos, que los políticos concreten calendarios y expliciten su interés por la metrópoli y lo sepan comunicar a la ciudadanía como un tema prioritario, urgente, indiscutible. De momento, es muy buen síntoma ese anteproyecto. Pero hay que insistir en él, aunque no acabe de ser asimilado con entusiasmo ni siquiera con entusiasmo crítico. Ésa es la transformación básica para la total reordenación territorial de Cataluña, la transformación a la que el Gobierno debe reclamar una profunda participación popular. Es más fácil entretenerse en la polémica de los túneles, en la denuncia de los fallos ferroviarios, en las insuficiencias aeroportuarias, en el detalle de ciertas infraestructuras, pero hay que tener presente que todo ello depende directamente de las grandes decisiones territoriales, la primera de las cuales es, precisamente, el Área Metropolitana de Barcelona. De momento no oigo el ruido de la polémica ni el rumor del diálogo en la política y la ciudadanía. ¿Y los medios de comunicación seguirán en sus silencios no comprometidos?
Espero que el Departamento de Política Territorial maneje adecuadamente ese anteproyecto y lo catapulte acompañado de un programa de gestión en la perspectiva de una nueva Corporación o un megaayuntamiento con altas responsabilidades políticas, elegido democráticamente, para gobernar una gran ciudad regida y reglamentada unitariamente.
Oriol Bohigas es arquitecto.
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