26 junio 2008

Proyectar el área metropolitana

ORIOL BOHIGAS
En las críticas más o menos solventes sobre el urbanismo de Barcelona aparece, desde hace años, el asunto del área metropolitana, como el más trascendental por su carácter estructural, por su envergadura dimensional y por su contenido social. Es un problema del que se deducen infinidad de temas secundarios que afectan a la forma de vivir y convivir de toda la comunidad. La inestabilidad del área en sus propias fases de planificación, la ineficacia funcional de sus redes de comunicación, la falta de continuidad y homogeneidad social, morfológica y simbólica, la degeneración suburbial, las periferias degradadas tienen una repercusión inmediata en la vida de cinco millones de catalanes. El tema se arrastra desde la década de 1950. Ante la prohibición por parte del Gobierno central de agregar a Barcelona directamente los municipios colindantes -tal como se hizo aquellos mismos años en Madrid- la capital catalana tuvo que buscar soluciones de coordinación -forzadas, inconclusas y, al fin, inútiles- entre los diversos núcleos autónomos. Estas soluciones se han sucedido en una dramática línea de fracasos y, a veces, incluso, originando problemas complementarios.
El asunto del área de Barcelona aparece en las críticas sobre urbanismo desde hace años
El primer intento fue el Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia (1953), un documento conocido habitualmente como Plan Comarcal que comprendía 27 municipios. Sirvió sólo para algunas operaciones concretas y para suscitar en 1956 el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona, que incluía 162 municipios. Este plan presentaba un conjunto de trabajos muy interesantes, con escasa propuesta proyectual, pero con abundantes análisis científicos, publicados en 27 volúmenes, que son, todavía, referencia y muestrario de la nueva generación de equipos pluridisciplinares en el campo del urbanismo. La gran cantidad de municipios incluidos en el plan explica un nuevo concepto del Área Metropolitana, referida más a una red de interdependencias y a unas relaciones de residencia y trabajo que a la simple proximidad física. Pero los procesos de aprobación y los instrumentos de aplicación no funcionaron y los esfuerzos administrativos se dirigieron hacia una nueva etapa: el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. Se aprobó en 1976 y se creó la Corporación Metropolitana como ampliación de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios. El plan y la estructura administrativa empezaron a funcionar en un área que sólo comprendía 27 municipios, muy pronto insuficiente para la expansión real.
En 1987 la Generalitat cometió el grave error de suprimir la Corporación sin ninguna razón más allá de los presuntos desequilibrios electorales. El plan se ha mantenido, sobre todo en la ciudad central, pero la totalidad del área ha seguido desatendida con escasas consecuencias proyectuales. Se inician los trabajos para un plan territorial que se desarrollan bajo la dirección del ingeniero Albert Serratosa y se prolongan hasta 1998. Sus autores se esfuerzan en divulgarlo e incluso lo publican muy concienzudamente, aunque sin alcanzar una aprobación definitiva.
En 2004, con el tripartito, la historia recomienza. El Departamento de Política Territorial inicia los estudios para un nuevo plan del área global: 164 municipios, 3.200 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes. Hace pocas semanas el anteproyecto ha sido presentado a información pública, una publicidad todavía informal pero suficiente para recoger la opinión de la ciudadanía y de los técnicos pertinentes. Al cabo de tres meses, la propuesta ya adaptada pasará a la aprobación inicial, a la reglamentaria información pública y a la aprobación definitiva. ¿Cuántos meses va a durar, todavía, ese atribulado proceso?
El lector se extrañará de que me haya detenido en esta historia de trámites casi inútiles. Pero es esta historia la que permite derivar observaciones críticas, quizá más que el contenido del anteproyecto, sin duda lleno de propuestas plausibles. Esos largos años de incertidumbre han sido decisivos en el creciente descrédito de nuestros políticos del Gobierno y de la oposición: o no se han interesado realmente por el problema urbano más grave del país -por razones partidistas- o no han sido capaces ni siquiera de iniciar su gestión -por razones de ineficacia. La supresión de la Corporación barrió posibilidades y destruyó la unidad política de gestión y proyecto. Con tanta frustración acumulada es lógico que algunos ciudadanos desconfíen y exijan una recomposición de las instituciones y los instrumentos. Que pidan programas más precisos, que los políticos concreten calendarios y expliciten su interés por la metrópoli y lo sepan comunicar a la ciudadanía como un tema prioritario, urgente, indiscutible. De momento, es muy buen síntoma ese anteproyecto. Pero hay que insistir en él, aunque no acabe de ser asimilado con entusiasmo ni siquiera con entusiasmo crítico. Ésa es la transformación básica para la total reordenación territorial de Cataluña, la transformación a la que el Gobierno debe reclamar una profunda participación popular. Es más fácil entretenerse en la polémica de los túneles, en la denuncia de los fallos ferroviarios, en las insuficiencias aeroportuarias, en el detalle de ciertas infraestructuras, pero hay que tener presente que todo ello depende directamente de las grandes decisiones territoriales, la primera de las cuales es, precisamente, el Área Metropolitana de Barcelona. De momento no oigo el ruido de la polémica ni el rumor del diálogo en la política y la ciudadanía. ¿Y los medios de comunicación seguirán en sus silencios no comprometidos?
Espero que el Departamento de Política Territorial maneje adecuadamente ese anteproyecto y lo catapulte acompañado de un programa de gestión en la perspectiva de una nueva Corporación o un megaayuntamiento con altas responsabilidades políticas, elegido democráticamente, para gobernar una gran ciudad regida y reglamentada unitariamente.
Oriol Bohigas es arquitecto.

400 urbanizaciones se hallan en terrenos no urbanizables

El Ejecutivo destina 10 millones al año a mejoras
F. ARROYO - Barcelona - 26/06/2008
Cataluña ha sido, en materia de urbanismo, un país con leyes más que laxas. Tiene 900 pueblos, pero 2.300 urbanizaciones, algunas de ellas claramente alejadas de los núcleos urbanos históricos. Y lo que es peor, en al menos 400 casos, construidas sobre terrenos no urbanizables, es decir, en clara infracción de la legalidad vigente. Las ilegales son el reino del caos, pero algunas de las legalizadas no son el paraíso. Al contrario, carecen en muchos casos de elementos tan necesarios hoy como abastecimientos de agua, conducciones de saneamiento, alumbrado público o asfalto en las calles.
El 70% de las 400 urbanizaciones ilegales son anteriores a 1975, año en el que falleció el último dictador de España, Francisco Franco. Hasta esa fecha, propietarios sin escrúpulos parcelaban, vendían, cobraban y desaparecían dejando un reguero de perjudicados, muchos ellos de economías humildes, que acababan por edificar ellos mismos sus viviendas, solos o con la ayuda de un amigo más o menos apañado.
El Gobierno catalán ha decidido elaborar un anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consell Executiu y que será remitido ahora al Parlament. Se trata, explicó ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, de intervenir en las más necesitadas de estas urbanizaciones con inversiones directas o líneas de crédito tanto a los municipios como a los parcelistas, sobre todo en aquellos casos en que se trata de propietarios de edad avanzada que han convertido la casita en primera residencia.
Quedan excluidas de estas ayudas las urbanizaciones manifiestamente ilegales, salvo que los municipios decidan legalizarlas.
El objetivo del plan, equivalente a la ley de barrios que está renovando los núcleos históricos degradados, es conseguir una inversión de unos 10 millones de euros anuales, que se destinarán a unas 20 urbanizaciones por año.
La primera medida tiene carácter experimental. El Ejecutivo catalán ha firmado convenios en pruebas con Alpicat, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Juncosa del Monmell, Masquefa, Lliçà d'Amunt, Maçanet de la Selva, Mediona, Vacarisses y Vidreres. Estos convenios suman 2,9 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las 10 localidades.
Barcelona, con 1.142 urbanizaciones, es la provincia con más núcleos de este tipo. En Girona hay 560 y en Tarragona 550. En ellas viven más de 625.000 personas. El 60% de estas urbanizaciones carece de infraestructuras de saneamiento, el 61% tiene calles sin asfaltar y el 62% carece de alumbrado público.
Estas urbanizaciones produden, en opinión de Joaquim Nadal, un consumo desaforado e irracional de suelo y un incremento de la movilidad obligada, ya que estos núcleos carecen, en su inmensa mayoría de transporte público.
En los casos en los que sea posible, el Ejecutivo promoverá que las urbanizaciones dejen de crecer, de forma que no sean ocupados los terrenos aún libres de cemento. En total, hay unas 330.000 parcelas, la mitad edificadas, en las 2.300 urbanizaciones catalanas.

16 junio 2008

Noticias del sector inmobiliario 13/06/2008

los apuros para pagar la casa reducen los divorcios drásticamente
20 minutos, viernes 13 jun 08

la crisis está ayudando a mantener unidos a cientos de matrimonios con problemas de convivencia que aún así deciden seguir juntos para hacer frente a los apuros económicos. durante el primer trimestre de 2008 se han registrado 4.496 divorcios en madrid, un 22,4% menos que en el mismo periodo en 2007, cuando se rompieron 5.796 matrimonios, según el consejo general del poder judicial (cgpj)


el gobierno quiere suprimir los sorteos de vpo y configurar uno nuevo
el economista, jueves 12 jun 08

la ministra de vivienda, beatriz corredor, asegura que el sistema de sorteo en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas (vpo) es "intrínsecamente injusto" y abogó por otro de "baremación". precisó que "aunque siempre habrá un sorteo, porque habrá muchos más demandantes que viviendas, la baremación introduce un elemento de justicia social"


el informe más negativo hasta la fecha alerta que la crisis puede durar siete años y los precios caer entre un 20 y 30%
soitu.es, martes 10 jun 08

la consultora r.r. de acuña & asociados ha elaborado el informe más pesimista hasta la fecha sobre el sector inmobiliario. advierte de un "proceso de contracción" de entre siete y ocho años, de gigantescas pérdidas para las inmobiliarias, de una reducción del 49% y el 66% de la construcción de viviendas para 2008 y 2009, de una caída de precios real de 20-30%, de un pib negativo para 2009 en españa y de una tasa de desempleo de casi el 12% para el próximo ejercicio

la banca española, bien pertrechada ante la crisis
financial times, miércoles 11 jun 08

la sequía de liquidez ha reducido la concesión de préstamos en españa y está dificultando a los bancos pagar o refinanciar los títulos con garantía hipotecaria. en el punto álgido del boom inmobiliario, los bancos españoles obtenían hasta un 40% de su financiación en el extranjero y a la vez acumularon fondos de activos que podrían utilizarse como garantía para acceder a los fondos del bce si los mercados monetarios se cerraban. ahora cuentan con tres líneas de defensa frente a un incremento de la morosidad: buena capitalización, exceso de provisiones contra los créditos en mora y una tremenda eficiencia. la morosidad actual tendría que triplicarse antes de que los bancos tuvieran que hacer más provisiones gracias a que durante los buenos tiempos el banco de españa obligó a los bancos a realizar reservas

inmobiliarias acusan a greenpeace de hundir los precios de la manga
el país, lunes 9 jun 08

un grupo de promotores inmobiliarios y propietarios de pisos de la manga del mar menor (murcia) reclamarán en los tribunales cientos de millones a la organización ecologista greenpeace. la acusan de "hundir los precios hasta un 50%" tras mostrar unos fotomontajes de cómo quedará la manga con la subida prevista del nivel del mar por el cambio climático

el 8,8% de las hipotecas en estados unidos se encuentra en procedimiento de embargo
the new york times, domingo 8 jun 08

el 8,8% de los préstamos hipotecarios en vigor en eeuu a finales del pasado mes de marzo estaban retrasados en el pago de las mensualidades o se encontraban ya inmersos en procedimientos de embargo, según datos de la asociación de banqueros hipotecarios. eso significa que alrededor de 4,8 millones de hipotecas se enfrentaban a serios problemas en los pagos, un 7,9% más que a finales del año 2007
el dueño del piso de los cinco euros cancela el sorteo al no poder pagar a hacienda
20 minutos, martes 10 jun 08

miguel marina, que saltó a la fama hace unas semanas por sortear su piso de ciempozuelos por cinco euros, ha suspendido el sorteo de su casa y devolverá el dinero a todos los participantes al no poder hacer frente a las tasas de 48.000 euros que tenía que pagar antes de iniciar el concurso al organismo nacional de loterías y apuestas del estado

los agentes de la propiedad calculan que ha cerrado el 60% de las inmobiliarias
elconfidencial.com, sábado 7 jun 08

el presidente del consejo general de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria (cgcoapi), santiago baena, señaló que el 60% de las inmobiliarias ha cerrado ya y que todavía queda "un poco de ajuste" en el sector. respecto a la situación inmobiliaria, baena comentó que se está produciendo un "ajuste", que calificó de "durísimo" pero negó que se trate de una "crisis"

las inversiones en centros comerciales caen un 25% respecto a 2007
spanish real estate, jueves 12 jun 08

los inversores sólo han llevado a cabo cuatro operaciones en el segmento de centros comerciales durante el primer semestre del año, lo que supone menos de un 25% de las realizadas durante el pasado año (17) y seis veces menos que en todo 2006 (24), según el 'informe de mercado de centros comerciales' de aguirre newman

los promotores dicen que la apuesta exclusiva por las vpo no acabará con la crisis del sector
cinco días, sábado 07 jun 08

una apuesta exclusiva por las viviendas de protección oficial (vpo) no acabará con la crisis que atraviesa el sector de la construcción, ya que, entre otras cosas, "no existe suelo preparado y urbanizado para ello", según la federación andaluza de promotores inmobiliarios

Los parques eólicos de más de 10 MW serán adjudicados mediante concurso | Las plantas solares de más de 6 hectáreas estarán en recintos de promoción

FONT: LA VANGUARDIA 13/06/2008.

Los parques eólicos de más de 10 MW serán adjudicados mediante concurso. Las plantas solares de más de 6 hectáreas estarán en recintos de promoción pública.


Catalunya dispondrá dentro de muy poco de una nueva normativa que regulará la implantación de la energía renovable. El Govern catalán ya ha pactado el decreto que debe dar un empujón a las energías limpias y hacer que Catalunya salga del furgón de cola que ocupa en esta materia. La normativa establecerá los requisitos que deben reunir los nuevos parques eólicos y las plantas fotovoltaicas de producción eléctrica. Los parques eólicos de más de cinco aerogeneradores o con una potencia de más de 10 MW deberán ser implantados en zonas reservadas para el desarrollo de esta energía y serán adjudicados mediante concurso público. De la misma manera, las plantas solares fotovoltaicas (huertas solares) de más de seis hectáreas deben estar respaldadas por un plan especial urbanístico que deberá promover la Administración. Los proyectos que se presentan deben ir acompañados de un estudio de integración paisajística.

Actitud expectante en todo el sector
La nueva normativa es vista con relativo optimismo por el sector. "Siempre que haya reglas claras, estaremos a favor", dice Ramon Carbonell, presidente de EolicCat. Carbonell pide que se simplifiquen los trámites y, aunque no se atreve a pronosticar si el sistema de concurso será bueno o malo para la energía eólica, se muestra esperanzado. El decreto señala que se delimitarán las zonas de desarrollo eólico, pero no concreta cuándo, por lo que algunas voces temen que si no se hace simultáneamente puede darse un parón en los proyectos. También piden que se actualice el mapa eólico (caducó el año pasado) y que no se discriminen a los parques de menos de 10 MW, que estarán fuera de las zonas prioritarias. "No sólo vamos a garantizar la conexión de los grandes parques, sino también de los pequeños", replica Frederic Ximeno. "Debe facilitarse la tramitación de los parques solares. Tenemos que conseguir una tramitación ágil y una amplia implantación de esta energía. No debería haber impedimentos", dice Miquel Cabré, subdirector general de Altstom-Ecotècnia.


El Gobierno catalán impulsa esta regulación cuatro años después de que el ex conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, hiciera esta promesa. Para llegar a este punto, se ha tenido que producir una larguísima negociación entre los departamentos de Economía (energía), Medi Ambient y Política Territorial, que han aplicado ópticas diferentes. Mientras tanto, en estos años, la energía eólica y fotovoltaica han experimentado un gran desarrollo fuera de Catalunya (catapultado por las primas), en contraste con la situación vivida en esta comunidad, que sólo aporta un 2,5% de la potencia eólica y un 5% de la solar fotovoltaica. Uno de los objetivos del decreto es mejorar los trámites actuales, pues la normativa en vigor (del 2002) ha demostrado graves carencias. Por ejemplo, se han autorizado parques eólicos sin garantizar su conexión a la red eléctrica y, en segundo lugar, ha aparecido una nueva normativa que obligaba a evaluar el impacto visual y paisajístico, lo que ha sido hasta ahora la barrera más temida por los promotores. La nueva regulación integrará los diversos procedimientos (energía, ambiental y urbanístico) y señalará el lugar en que los promotores podrán aprovechar el viento. Para ubicar estos parques eólicos se delimitarán unas zonas de desarrollo específico y se aprobará una orden con las bases del concurso. "Los promotores tendrán garantizado que la electricidad producida la pueden conectar a la red", declaró Frederic Ximeno, director general de Polítiques Ambientals. Para conseguir la autorización, los proyectos deberán superar la declaración de impacto ambiental o la idoneidad urbanística, entre otros trámites. La nueva reglamentación no afectará a los parques que ya han obtenido la luz verde. Ahora, Catalunya tiene 16 parques eólicos (376,44 MW, que sumados a los ya autorizados (1.494,77 MW) y en información pública suman más de 2.600 MW garantizados mientras que Pla d´Energia prevé disponer de 3.500 MW eólicos en el 2015. "Queremos ordenar las instalaciones eólicas, que han sufrido fuertes retrasos y facilitar a los promotores que puedan hacer la tramitación en un plazo máximo de 14 a 16 meses. Y respeto a las huertas solares, queremos fijar criterios claros", dice Agustí Maure, director general de Energia. "El éxito del nuevo plan dependerá de si la Administración es capaz de sortear la oposición que puedan presentar los ayuntamientos y de su capacidad para negociar con Red Eléctrica y conseguir la conexión de los aproximadamente 1.500 MW que se precisan", explica Josep Puig, profesor de Energía de la UAB. Para las plantas fotovoltaicas, la norma exigirá un estudio de integración paisajística, y será obligatorio restituir los terrenos una vez acabada su actividad.

La actual crisis alimentaria no es coyuntural

FONT: LA VANGUARDIA 12/06/2008

Lester Brown, fundador del "Worldwatch Institute"

Brown explica en Pekín que ya ha comenzado el "pánico alimentario" entre los más dependientes, y cree que la situación de India es "la más crítica" por el agotamiento de sus acuíferos

El investigador estadounidense Lester Brown, fue el primero en apuntar que la urbanización de China crearía un problema alimentario mundial. El retroceso de la superficie cultivable en beneficio del asfalto, ciudades e infraestructuras, acabaría primero con la autosuficiencia alimentaria de éste país. Luego, las nuevas necesidades de importaciones de grano de la nación más poblada del mundo, crearían un problema de escasez global.
Los chinos se le lanzaron a la garganta. Demostraron, con números, que esa tesis era errónea y algunos hablaron de la conocida malevolencia occidental. En 1998, la cosecha china fue abundante, pero durante los cinco años siguientes fue inferior al consumo y ya hubo que importar. Hoy China es el principal importador mundial de soja -en parte para hacer lugar a cultivos, de maíz y trigo, más productivos- y reconoce en la salvaguardia de su superficie agraria uno de los problemas más delicados. En 2003, Brown fue hecho miembro honorífico de la Academia de Ciencias China. Ayer, el fundador (en 1974) del glorioso Worldwatch Institute de Washington y del Earth Policy Institute (2001), volvió a Pekín, donde se entrevistó con el viceministro de medio ambiente, Pan Yue, un activo abogado de las tesis de Brown en China. "Por desgracia", dice, "me hicieron muchas preguntas, sin que yo pudiera formularles las mías", explicó a un grupo de periodistas extranjeros, ante los que hizo un repaso de los problemas alimentarios globales del futuro más inmediato. A diferencia de 1997, a Brown ahora si se le escucha en China.

Los glaciares del Himalaya se están fundiendo a un ritmo más rápido que en cualquier otra parte del mundo. Esos glaciares alimentan los principales ríos de Asia (Yangztze, Ganges, Brahmaputra, Irrawady, Mekong…) y garantizan su caudal durante la época seca. Sin el aporte de su glaciar, el Ganges, por ejemplo, perdería el 70% de su caudal en época seca, y con el Río Amarillo pasaría algo parecido. Muchos de los ríos de Asia se convertirían en algo parecido a las rieras mediterráneas; ríos de estación que llevan agua cuando llueve.

El problema es que el 80% de la cosecha china y el 60% de la india, dependen de la irrigación.¿Qué pasará con sus poblaciones, siendo China el primer productor mundial de grano e India el segundo (Estados Unidos, el tercero)?. "Lo que pase con el trigo y el arroz en China e India, es asunto que importa a todo el mundo", dice Brown, según el cual, "el estrés vinculado a la crisis alimentaria aumentará el número de estados fallidos en el mundo". Uno de ellos, Pakistán, es potencia nuclear, advierte.

Lo que está ocurriendo actualmente es, "la inflación global de precios alimentarios más grave de la historia; arroz, trigo, maíz, con precios doblados y hasta triplicados, lo nunca visto". En siete de los últimos ocho años, el consumo global de grano ha excedido la producción, lo que quiere decir que los stocks globales están bajando. Nunca habían estado tan bajos. "A diferencia de otras crisis del pasado, la actual escasez no es coyuntural, sino tendencial", y eso tanto por razones de demanda como de suministro; "por un lado, cada vez más gente que consume más, cada año añadimos 70 millones de personas. Y tenemos quizá 4000 millones que quieren subir en la cadena alimentaria, consumir más productos que precisan mucho grano; más leche y más carne. Por el otro, un masivo aumento de la demanda de grano dedicada a fabricar biocombustibles". Aunque se suele pensar que el nuevo apetito de una población china, cada vez menos pobre, es lo determinante, eso sólo responde de un incremento de 2 millones de toneladas al año. A su lado, Estados Unidos dedica 20 millones de toneladas anuales a producir etanol. La crisis de la producción global de grano se debe a varios motivos. Algunos de los principales se derivan de la escasez de agua. El nivel de las aguas subterráneas está bajando en casi todo el mundo a causa de la sobreextracción. "En Arabia Saudí en 1976 se dieron cuenta de que eran muy vulnerables a un embargo alimentario, así que perforaron 800 metros hasta encontrar agua y ser autosuficientes en trigo. Treinta años después, su acuífero se está agotando y su producción de gano disminuye un 1,8% anualmente, y la previsión es cesarla para 2016. Lo mismo está pasando en Yemen. En India los acuíferos están bajando en casi todos los estados. El Banco Mundial estima que el 15% de la producción de grano indio (el alimento de 170 millones) es resultado de la sobreextracción de agua, y por definición, la sobreextracción es algo coyuntural, porque el agua termina por agotarse".

Otro motivo es la disminución de superficie cultivable por crecimiento de la urbanización, y otro el agotamiento del recurso a nuevas técnicas para incrementar la productividad. "Los japoneses, que son los productores de arroz más eficientes del mundo, dicen que se ha tocado techo tecnológico". El calentamiento global se añade a la situación; "por cada grado de incremento de temperatura, se espero cerca de un 10% de descenso en productividad", dice Brown.

"Lo que solemos olvidar es que la agricultura mundial, tal como existe hoy, evolucionó por un periodo de 11.000 años de considerable estabilidad climática, y que cuando el clima comienza a cambiar, la agricultura comienza a caer junto con su medio ambiente".

La crisis de escasez ha creado un "pánico alimentario" entre los países importadores de grano. La actitud de exportadores como Rusia, Argentina o Vietnam, restringiendo o prohibiendo sus ventas en reacción a la situación, aun incrementa más el fenómeno. Yemen, que depende en un 80% de importaciones, está intentando negociar en estos momentos un acuerdo de trigo a largo plazo con Australia. Filipinas padece una situación similar e intenta negociar un acuerdo a cinco años con Vietnam. Libia (90% de dependencia) está arrendando 100.000 hectáreas en Ucrania para lograr un suministro estable. Egipto está intentando un acuerdo similar. Corea del Sur busca hacer lo mismo pero en Siberia Oriental. India intenta arrendar tierra en Uruguay y Paraguay. China ya ha arrendado tierras en Kazajstán y estudia hacerlo en Birmania y otros lugares… "Es un capítulo completamente nuevo en el mundo, nunca habíamos visto algo así antes", dice Brown. A nivel global vamos a presenciar situaciones insólitas, explica el Profesor. En el norte de China se está explotando el acuífero más profundo, que cuando se acaba, ya no se recupera. Por ejemplo, en el escenario de una ulterior caída de la producción de grano en China, la solución será que ésta se dirija a Estados Unidos, primer exportador mundial de trigo y maíz, lo que impulsaría los precios. "Para Estados Unidos será tentador prohibir la exportación como hizo en el pasado, pero China tiene gran cantidad de valores de Estados Unidos, prácticamente es su banquero", dice, ilustrando posibles dilemas. La situación no tiene salidas "nacionales", sino que precisa, "decisiones globales". Cuatro de ellas son claras y deberán responder a estas preguntas; "¿Cómo combatir el calentamiento global?, ¿cómo impedir el empobrecimiento de grandes sectores de la población mundial?, ¿cómo controlar el aumento de la población?, y ¿cómo restablecer los sistemas naturales degradados?". A corto plazo, India es "el país más crítico", por su dependencia de la sobreexplotación de su acuífero, mientras que China deberá concentrarse en la eficiencia de su utilización de las aguas. En los dos países más poblados del mundo, el agua está en el centro. Brown, que fue funcionario de la administración de Estados Unidos, dice que ya estamos ante cambios institucionales importantes, incluso en Estados Unidos. "Wall Street", por ejemplo, "está dando la espalda al carbón", dice. Sin embargo, la crisis global será muy difícil de resolver sin un cambio de valores, especialmente de los valores de Wall Street. En su única consideración sociopolítica, Brown recuerda que en su país, "ninguno de los cambios importantes comenzó en Washington". Todo, desde el movimiento por los derechos civiles, hasta la campaña contra el tabaquismo, "nació desde abajo". Con los cambios que requiere la actual crisis pasará lo mismo, sugiere

Una inmobiliaria denunciada por acoso inmobiliario deberá reformar el edificio

FONT: LA VANGUARDIA 13/06/2008

El juez obliga a una filial de Sacyr-Vallehermoso a efectuar una desratización, rehabilitar las instalaciones de agua, gas y luz y aplicar un tratamiento anti-termitas Los vecinos disponen de un contrato antiguo por el cual pagan 150 euros de alquiler al mes

Barcelona. (EFE).- Un juez de Barcelona ha condenado a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio, situado en la calle Enric Granados de Barcelona, ya que se encuentra en un estado muy deteriorado, como lo atestigua la presencia de ratas.
Tras casi cuatro años de demandas y recursos judiciales interpuestos por ambas partes, el juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona ha condenado finalmente a Inmuebles en Renta SA, filial del grupo Sacyr-Vallehermoso, a acometer a una reforma estructural del bloque, desratizar el edificio, rehabilitar las instalaciones de agua, gas y luz y aplicar un tratamiento anti-termitas.El juzgado obliga asimismo a los vecinos a permitir la entrada de los operarios que lleven a cabo las obras -la inmobiliaria había denunciado que se oponían a su presencia-, si bien les reconoce su derecho a reclamar la reducción de la renta si su piso está más de 40 días en obras.El bloque está situado en el número 147 de la calle Enric Granados, donde un grupo de ocho vecinos, en su mayoría ancianos -de los que uno ya ha fallecido-, denunciaron que sufrían "métodos de extorsión" y "presión psicológica" por parte de la inmobiliaria, que adquirió el edificio hace seis años, para echarlos del inmueble.Los inquilinos tienen contratos de renta antigua y pagan por el alquiler una media de 150 euros al mes. Según los vecinos, la inmobiliaria levantó cuatro sobre-techos sin cubrirlos y mantenía abandonados los pisos superiores, sin el más mínimo mantenimiento.Además, la rotura y no reparación de un desagüe de los bajos del edificio llevó una plaga de ratas que invadió todo el inmueble, según pudo comprobar un perito judicial que inspeccionó el edificio. Según los vecinos, la inmobiliaria, tras comprar el bloque, pidió al ayuntamiento que lo declarara en ruina para poder derribarlo, lo que el consistorio denegó. Ahora, tras la sentencia judicial, tendrá que reformarlo a fondo.

14 junio 2008

El Ayuntamiento ha perdido más de 20 pleitos por las 'botellonas'

FONT: Diario de Sevilla 1/06/2008
La mayoría de las denuncias se presentaron antes de que entrara en vigor la ley 'antibotellón' · Los vecinos aplauden el último fallo, que obliga a la administración local a pagar 24.000 euros de multa
El Ayuntamiento de Sevilla acumula más de 20 sentencias condenatorias en las que la Justicia culpa al gobierno municipal de no tomar medidas contra las concentraciones urbanas que producen ruido. El juzgado de lo Contencioso número 5 ha sido el último en dar la razón a los ciudadanos. En este caso, a una vecina que llevaba tres años soportando los efectos de la movida juvenil. La mayoría de estas demandas se interpusieron antes de que entrara en vigor la ley antibotellón, a finales de 2006.
Así lo señala el letrado Joaquín Herrera, miembro de la asociación Juristas contra el Ruido y abogado de Concepción Barrios, vecina de la Ronda Histórica a la que el Consistorio tendrá que indemnizar con 24.000 euros por no actuar contra la botellona durante tres años. Según este abogado "es presumible que después de esta sentencia sean más vecinos los que se animen a denunciar las grandes molestias que sufren". Para este abogado, "los tribunales están poniendo las cosas en su sitio, ya que nadie se atrevía a colgarle el cascabel al gato, en este caso, el Ayuntamiento".
Este tipo de demandas se presentan en los juzgados de lo Contencioso donde -según Herrera- se procede a "una revisión de los actos administrativos para comprobar si, en este caso el ayuntamiento, está actuando correctamente para preservar el derecho al descanso del ciudadano". Aunque esta sentencia cuenta con más de una veintena de precedentes, es la primera vez que se condena a la Administración local a pagar una cifra tan alta. La más elevada que se ha concedido hasta ahora en España.
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras, el gobierno municipal da la callada por respuesta, a espera de recibir la sentencia condenatoria. El que sí ha hablado ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. José Chamizo es consciente de los daños que producen ciertas concentraciones. "El ruido deja muchas secuelas, hay personas que han perdido el control de los nervios, por este motivo la sentencia se ha dictado en una dirección adecuada".
Chamizo puntualiza que "tampoco se puede indemnizar a todo el mundo. Para evitar este gasto los ayuntamientos deben agilizar los trámites que habiliten un recinto como botellódromo y dotarlos de los recursos necesarios". Una gestión de la que ya se está encargando el consistorio hispalense, que ha anunciado que el próximo otoño ya estará en funcionamiento el botellódromo -rebautizado con el nombre de Seviocio- en la bancada de la Expo. Este recinto se inaugurará con más de un año de retraso, después de que se anunciara su apertura para mayo de 2007.
El Defensor del Pueblo también se ha percatado de cómo en algunos lugares la confrontación entre el derecho al descanso y el de ocio se ha ido solucionando, "aunque, eso sí, no se ha resuelto del todo".
Los representantes vecinales también han aplaudido esta decisión judicial. Dolores Dávila, presidenta de la Plataforma por el derecho al descanso, ha precisado que la cuantía de 24.000 euros "no es excesiva si se tiene en cuenta la cantidad de años que esta vecina ha tenido que soportar los daños del botellona". Dávila es consciente de que "ese dinero procede de los impuestos que pagamos los sevillanos, por lo que desde la plataforma pedimos al alcalde y su gobierno que actúen de oficio, que para eso tienen competencia, y clausuren aquellos bares que no cumplen el horario de cierre ".
La oposición política también se ha manifestado. Juan Miguel Luque, concejal del PP, ha lamentado "que la multa saldrá de los bolsillos de los sevillanos, que tienen que abonar la ineficacia del Ayuntamiento". Luque señala que la falta de previsión del actual gobierno municipal se puede comprobar en "la carencia de un modelo de ocio para los jóvenes".
Por ahora ni la Delegación de Medio Ambiente ni la de Seguridad y Convivencia han querido hacer declaraciones. Entre otras razones, alegan que cuando se inició este trámite judicial eran otros ediles (del PSOE) los que estaban al frente de ellas.

Cataluña prohibirá la construcción de pisos de menos de 40 metros

Font: El País 30/05/2008

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Cataluna/prohibira/construccion/pisos/metros/elpepuespcat/20080530elpcat_3/Tes

Un decreto frena la sobreocupación, excepto si hay "lazos de parentesco"
JAUME BAUZÀ - Barcelona - 30/05/2008

La manera de construir en Cataluña cambiará significativamente a muy corto plazo. El decreto sobre las condiciones de habitabilidad de la vivienda y la cédula de habitabilidad, uno de los reglamentos que servirán para desarrollar la Ley de la Vivienda que entró en vigor el pasado 9 de abril, salió ayer a exposición pública. Con este nuevo instrumento legal, la Generalitat prohibirá la construcción de pisos de menos de 40 metros cuadrados, combatirá por primera vez la sobreocupación y los llamados pisos patera, y establecerá cuáles son las condiciones mínimas que deben tener las futuras viviendas para ser declaradas legalmente habitables.
Los nuevos pisos deberán tener salón, cocina, ducha y una lavadora
En 20 metros podrán vivir hasta dos personas, más si son familiares
"Toda vivienda tiene que ser apta para la ocupación de dos personas, y tiene que constar, como mínimo, de un salón-comedor, un equipo de cocina, una cámara higiénica, un equipo de lavado de ropa, prever una solución para el secado natural de la ropa, y tener una superficie útil no inferior a 40 metros cuadrados", reza el documento en uno de sus apartados. La normativa actual, que permitía la construcción de viviendas de un mínimo de 30 metros cuadrados, quedará derogada a partir de la aprobación del decreto, aunque en el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda no se atreven a dar una fecha. A los inmuebles que no cumplan con estas mínimas condiciones no se les concederá la cédula de habitabilidad.
Seguirán siendo legales los pisos de menos de 40 metros cuadrados construidos con anterioridad a la aprobación del decreto, pero se frenará la sobreocupación que en muchos casos deriva en la creación de pisos patera. El documento establece una relación directa entre la superficie útil de la vivienda y el número de personas que la pueden habitar. Por ejemplo, en un piso de 20 metros cuadrados no se podrán alojar más de dos personas; en uno de 30 metros cuadrados sólo podrán vivir hasta tres personas, y así sucesivamente.
Esta regla, sin embargo, recoge una excepción que puede generar polémica. Se exceptúan "las unidades de convivencia vinculadas por lazos de parentesco, si el exceso de ocupación no comporta incumplimientos manifiestos de las condiciones exigibles de salubridad e higiene y no genera problemas graves de convivencia con el entorno", según recoge la ley. La Generalitat entiende que hay parentesco entre los cónyuges, las personas ligadas por relación de consanguinidad y las uniones legales de pareja.
Es la primera vez que Cataluña se dota de un instrumento legal potente para acabar con los pisos patera, una práctica muy extendida sobre todo entre los inmigrantes que viven hacinados. La normativa catalana considera la sobreocupación una falta "muy grave" y estipula multas de hasta 900.000 euros al "promotor y responsable de la sobreocupación de una vivienda que ponga en riesgo la seguridad de las personas".
Pero la efectividad de la ley dependerá de los medios que se desplieguen para hacerla cumplir, y es ahí donde surgen las dudas. La normativa catalana no prevé la creación de un cuerpo específico de inspectores que vigile la sobreocupación, así que todo quedará en manos de los ayuntamientos, como hasta ahora, cuando es la Guardia Urbana la que acude a estos inmuebles a petición de los vecinos y se limita a tomar declaración a los infractores.
En todo caso, el artículo 108 de la Ley de la Vivienda establece que la persona o personas encomendadas para alguna misión de inspección recibirá "la condición de agente de la autoridad".

Licencia sui generis

Font: El blog de espúblico.

http://www.administracionpublica.com/content/view/544/1/

Ignacio Pérez Sarrión
12.06.2008

Leía en un periódico del pasado mes de abril que la construcción del Templo de la Sagrada Familia de Barcelona no tiene licencia de obras por ser un proyecto "sui generis", manifestaciones que efectuó al parecer el responsable de urbanismo del Ayuntamiento, que explicó la situación legal de la emblemática obra barcelonesa. Señalaba que el templo lleva 125 años construyéndose e indicó que el Ayuntamiento no va a hacer ningún requerimiento a nadie. Más claro agua. Así pues no tiene licencia de obras. Y si la tuviera no hay que decir que habría caducado, tempus fugit. Llama la atención porque en un país tan absolutamente reglamentista como el nuestro estamos ante una situación no prevista y que no parece que encuentre amparo legal en excepción alguna. Quién le iba a decir al genial Gaudí que en 2008 su obra aun iba a estar sin terminar y encima sin licencia como el típico pirata anarco-inmobiliario.
Caso pues no previsto, que a los íntimamente puristas les puede hacerse llevar las manos a la cabeza. Las obras dependen de un Patronato cuyo Presidente manifestó que las obras "no son convencionales, como un bloque de pisos, porque el proyecto se va haciendo sobre la marcha". Además, al parecer cuando empezaron, manifiesta que fue legalmente y no se situaban en realidad en Barcelona sino en la localidad de "Sant Martí de Provençals, que aun no estaba unido a la ciudad (desconozco si era pueblo, barrio o qué).
Los responsables del Patronato señalan que existe una autorización implícita ya que “el silencio administrativo de 125 años es una autorización implícita”. Toma ya. Supongo que aplican para sí el argumento que define el dicho castellano que el que calla otorga. Y el Responsable del Ayuntamiento ha indicado que el Consistorio, sin embargo, seguirá sin hacer ningún tipo de requerimiento a la Sagrada Familia por construir sin licencia, ni tampoco por haber construido unos pilares que invaden parte de la acera de la calle Mallorca y que la Junta Constructora del monumento de Gaudí "desarrolla unos trabajos que no se ajustan a una obra normal y no pasa nada”. Al ser un equipamiento singular no está sujeto a los planteamientos urbanísticos que regulan el uso del suelo. Y toda esta movida ha derivado de que el propio Patronato se opone a las obras del AVE, si no se hacen más informes sobre la seguridad del monumento.
El Arquitecto anda muy preocupado porque “No se puede decir que no hay riesgo. Quien diga que no pasará nada es un temerario". Indica que tiene el Templo una estructura singular y característica y por ello "no hay experiencia" previa sobre el riesgo que puede suponer el paso del túnel por sus inmediaciones. El paso de los trenes generará "vibraciones" que no garantizarán la seguridad ni en el templo ni en la propia obra "en caso de movimiento sísmico o un accidente por causas naturales".
Si algún estudioso o erudito se dedicase a examinar la situación jurídico-administrativa de las obras, posiblemente debería tomar varias cajas de aspirinas para aliviar su dolor de cabeza, porque es verdaderamente compleja, curiosa y supongo que difícilmente resoluble si no es vía aprobación de ley específica. Ya se sabe, la ley casi todo lo puede y por qué no, haría la correspondiente excepción que a todo el mundo dejaría más tranquilo. Porque ¿qué tendría que hacer el Ayuntamiento, parar las obras, sancionar al Patronato, derribar lo construido sin licencia como se exigiría a cualquier constructor? ¿qué ocurriría en caso de accidente grave, qué responsabilidades habría y de quién? Posiblemente el edificio estará protegido patrimonialmente, pero se trata de unas obras sin terminar, supongo que sin certificado fin de obra y sin muchas otras cosas. Estamos ante un claro ejemplo de que realmente el derecho no lo puede prever ni regular todo. Ha imperado el seny o sentido común, pragmatismo, pero no estaría mal regular la situación. Por si los disgustos.

Los ingresos por urbanismo de los ayuntamientos caen más de un 60%

Font: Diario de Sevilla. 14/06/2008.
Muchos municipios sevillanos están subiendo las tasas, vendiendo patrimonio y reduciendo el personal que tienen contratado para afrontar la nueva situación económica
El parón de la construcción sigue causando víctimas colaterales, entre ellas, los ayuntamientos donde los ingresos económicos derivados del urbanismo y el boom inmobiliario (impuesto de construcción, licencia de obras y las plusvalías que se pagan cada vez que se compra y se vende un inmueble) han caído en picado. Entre un 60% y un 70% en un año, según datos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), cuyo presidente, Francisco Toscano, admite que ha agravado la ya precaria situación financiera de los consistorios.
La crisis tiene ya repercusión ciudadana.
Estos ingresos y los procedentes de los aprovechamientos medios (el valor monetario del 10% del suelo al que tiene derecho el ayuntamiento en cualquier zona que se urbaniza por primera vez) han engrosado más de la mitad de algunos presupuestos -en Espartinas llegaron al 75%-, que deben reajustarse. Muchos están subiendo los impuestos y tasas, como Mairena del Aljarafe, que ha tenido que pedir créditos para pagar las nóminas. Se están reduciendo la periodicidad de servicios y actividades y recortando subvenciones a entidades -como en Bollullos- y, lo que suele ser más polémico, despidiendo a personal, con ejemplos recientes en Valencina y en Almensilla.
En Huévar y Burguillos se han producido retrasos en el cobro. Y los municipios que se citan son sólo ejemplos. Los gobiernos locales coinciden al relacionar estos problemas con la desaceleración económica: se venden y construyen menos viviendas y los bancos financian menos promociones y créditos hipotecarios. Los del PP, además, culpan a la Junta, por los cambios legislativos en materia urbanística que han propiciado, desde su perspectiva, una inseguridad jurídica absoluta y una moratoria de hecho en los PGOU.
Hay casos puntuales, como Burguillos, con el PGOU en vigor, que culpa de sus problemas a la "campaña de desprestigio" del PP, en la oposición. En Valencina, donde ha habido un cambio de gobierno, se responsabiliza a la gestión de sus predecesores. Pero el presidente del Famp, recuerda que casi todos los ayuntamientos -pequeños y grandes, metropolitanos y rurales- han buscado en el urbanismo una balón de oxígeno ante la necesidad financiar los servicios que prestan, que son cada vez más y más costosos, frente a una población exigente y para los que ni el Estado ni la Junta le traspasan el suficiente dinero, por lo que insistió en que es necesario revisar la financiación, a la vez que se mostró confiando en que las medidas para impulsar la vivienda protegida reactiven la construcción.
Mientras tanto, los problemas, se han evidenciado ya en numerosos municipios, sobre todo del área metropolitana. En el resto admiten una clara tendencia a la baja. Incluso en Dos Hermanas, que no tiene deudas y sí ingresos por el IAE de importantes empresas, el presupuesto está congelado desde hace prácticamente tres años. En Écija tuvo un sustancial receso con respecto a 2007.
espartinas
Ha sido uno de los pocos ayuntamientos del Aljarafe que aprobó su presupuesto dentro del plazo que fija la ley, antes de final de año, y fue también de los primeros en admitir que tenía un problema y en tomar medidas. Su presupuesto de 2008 es un 27% menor que el del año pasado (ha pasado de 22 millones a 16), si bien la existencia de remanentes de tesorería del ejercicio de 2007 (5,3 millones para gastos generales y 12,6 millones para inversiones concretas) han evitado una caída más drástica. Con todo, desde hace meses ha tenido que implantar tasas por servicios antes gratuitos (escuelas deportivas y transporte escolar). No ha despedido a personal contratado directamente por el Ayuntamiento (150 personas), pero el que pertenecía a sociedades mixtas ha pasado a la empresa privada. El hotel infantil-guardería se ha privatizado con las antiguas trabajadoras. La piscina se ha dado en concesión administrativa a una sociedad que ha asumido al personal. El Ayuntamiento también ha dejado de organizar directamente ferias y eventos. También se han enajenado algunas parcelas y locales municipales.
valencina
El nuevo gobierno socialista ha iniciado un expediente de regulación de empleo, que afecta a 32 trabajadores, el 25% de la plantilla, según afirma, aunque la UGT asegura que llega al 50%. A esta medida, se ha unido el incremento en un 21% de los impuestos y el ahorro de costes por prestación de servicios a los ciudadanos. En este caso, culpan de la situación a la gestión del anterior gobierno, que casi duplicó los gastos de personal, mientras que se está pendiente de una auditoría para conocer el destino de parte de lo ingresado por convenios urbanísticos, el dinero que adelantan las promotoras por la reclasificación de sus suelos con el PGOU, que la Junta no ha avalado.
bollullos
El presupuesto de 2008 (6,2 millones de euros) se ha reducido en más de un 57% con respecto a 2007. De momento, el Ayuntamiento que dirige el popular Antonino Gallego no ha hablado abiertamente de despidos pero sí de que equipamientos emblemáticos, como el pabellón cubierto, no van a poder hacerse porque no hay dinero. Los impuestos que paga todo el mundo (como IBI) sólo han subido el IPC, pero sí se han encarecido los de las delegaciones de Cultura, Festejos y Deporte y se han suprimido las ayudas municipales al transporte. Gallego tiene interpuesto un recurso contencioso-administrativo al POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta que veta los crecimientos urbanísticos que conlleven un incremento de la población y el suelo urbano del 30 y el 40%, respectivamente.
almensilla
Es otro de los ayuntamientos que pueden servir de ejemplo de lo que está pasando con las arcas municipales, en el que ya se han anunciado despidos a cuenta de los recortes por el urbanismo. El alcalde, el socialista Carlos Ufano, augura una caía "drástica" en los presupuestos. No se va a renovar el contrato a 24 trabajadores, el 38% de la plantilla e, incluso, se va a reducir el número de políticos que cobran por su dedicación al Ayuntamiento. El primer edil volverá a su plaza como profesor y los tres miembros de su equipo que cobraban 700 euros por media jornada la perderán. Sólo quedarán dos con dedicación exclusiva. La oposición ha denunciado una "abusiva" subida de impuestos.
huévar
A principio de la década, el presupuesto del Huévar del Aljarafe se duplicó durante varios ejercicios, coincidiendo con el aterrizaje en su término de la plataforma logística de Mercadona, que lo situó como un referente empresarial y que atrajo a otros inversores. Ahora, con el PGOU todavía en trámite y sin posibilidad de modificaciones puntuales -salvo excepciones de la Junta- para poner más suelo en carga, los ingresos han caído. El presupuesto de 2008 no está aprobado, pero la plantilla ha sufrido importantes retrasos en el cobro de sus nóminas.
burguillos
El personal de sus sociedades municipales ya ha sufrido retrasos de algunas semanas en el cobro de sus salarios, que se vincula con la falta de liquidez por la ausencia de ingresos procedentes del urbanismo. Sólo en el primer trimestre del año, los ingresos por impuestos de obras y licencias han caído un 40% con respecto al mismo periodo del año anterior. El delegado de Hacienda, José Antonio Santos, ya ha puesto en marcha medidas, como la reducción del capítulo de gastos corrientes (suministros, teléfonos, etcétera) y ha bajado en este caso algunos impuestos para atraer a empresas que se asienten en el suelo industrial que tiene disponible.

El Parlamento Europeo hará otro informe sobre los abusos urbanísticos en la Comunitat

Font: Las Provincias 27/05/2008

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080527/local/valenciana/parlamento-europeo-hara-otro-200805271431.html

Será el tercer informe sobre el urbanismo valenciano y de otras regiones españolas que se vote en pleno
En su última resolución, aprobada en junio de 2007, la Eurocámara ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".
Los eurodiputados todavía no han decidido si antes de elaborar el informe envían una nueva misión a la Comunitat Valenciana, que sería la cuarta. Los parlamentarios ya han escuchado a mucha gente y tienen información suficiente, aseguran.

El Parlamento Europeo elaborará un nuevo informe sobre los abusos urbanísticos en España, y especialmente en la Comunidad Valenciana, al considerar que no se han corregido los problemas denunciados por ciudadanos de varios Estados miembros ante la Eurocámara relacionados con el impacto medioambiental de los proyectos de urbanización y sus efectos sobre el derecho a la propiedad. Los coordinadores de los grupos políticos de la comisión de Peticiones del Parlamento decidieron hoy que la ponente del nuevo informe será la eurodiputada verde danesa Margrete Auken.


Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo informe podría votarse en el pleno del Parlamento a principios del año que viene, según informaron fuentes parlamentarias. Será el tercer informe sobre el urbanismo valenciano y de otras regiones españolas que se vote en pleno.

En su última resolución, aprobada en junio de 2007, la Eurocámara ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".

La propuesta de elaborar un nuevo informe partió del vicepresidente de la comisión de Peticiones, el laborista británico Michael Cashman, después de un debate de dos horas celebrado en abril sobre alrededor 40 quejas contra el urbanismo valenciano en el que participaron muchos denunciantes. Entre los planes urbanísticos que se debatieron se encuentran los de Catral, Parcent, Rojales, o Monver en Alicante, el de Porxinos en Riba-roja donde se situará la nueva ciudad deportiva del Valencia , o los que afectan a Alzira y al parque natural de la Albufera.

Los eurodiputados todavía no han decidido si antes de elaborar el informe envían una nueva misión a la Comunidad Valenciana, que sería la cuarta. Las fuentes consultadas consideraron no obstante que los parlamentarios ya han escuchado a mucha gente y tienen información suficiente sobre los problemas.

La comisión de Peticiones todavía debe recibir el visto bueno formal de la conferencia de presidentes de comisiones parlamentarias y de la conferencia de presidentes de grupos políticos para seguir adelante con su proyecto de informe sobre el urbanismo en España. Las fuentes consultadas explicaron que "normalmente" estos órganos respaldan las propuestas de informes que les llegan de las comisiones parlamentarias, y que es poco probable que rechacen la propuesta de la comisión de Peticiones.